Localización de centros de acopio en el DF
La jornada 14 de enero de 2010
Embajada de la República de Haití en México
Presa Don Martín No. 53, colonia Irrigación, CP 11500. Delegación Miguel Hidalgo, México, DF Tel: 5557-2065
Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas
Presidente Masaryk 29, colonia Chapultepec Morales, CP 11570. Delegación Miguel Hidalgo. Tel: 5263-9762
Cruz Roja Mexicana
Juan Luis Vives No. 200, segundo piso, colonia Los Morales-Polanco, CP 11510. Tels. 1084-4505 y 1084- 4506
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Prolongación Xochicalco, esquina Repúblicas, colonia Santa Cruz Atoyac. Delegación Benito Juárez.
Sede del Gobierno del Distrito Federal
Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Plaza de la Constitución.
Sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
Universidad 1449, pueblo de Axotla. Delegación Álvaro Obregón (cerca del Metro Viveros).
Delegación Iztacalco
Explanada de la demarcación.
Cuentas Bancarias Embajada de Haití
Cuenta Protección Civil de Haití en el Banco HSBC, con número 4042482604 y clabe interbancaria 021180040424826046.
Cruz Roja Mexicana
Cuenta número 0404040406, Bancomer (sucursal 683). Clabe 012180004040404062.
UNICEF
Cuenta número 1976039404 de Banamex. Número de referencia 0001001619, sucursal 197, a nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Clabe 002180019760394046.
jueves, 14 de enero de 2010
Acopio en la Cruz Roja
Acopio en la Cruz Roja
La jornada 14 de enero de 2010
La Cruz Roja Mexicana abrió su centro de acopio para recibir ayuda humanitaria destinada a los damnificados por el terremoto ocurrido en Haití el pasado martes. La institución informó que ayer mismo viajó a la isla un equipo de 20 personas expertas en rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria, evaluación de daños y logística.
Los mexicanos podrán colaborar con una lista específica de alimentos, medicamentos no caducados, material e insumos médicos, y entregarlos en la sede nacional de la Cruz Roja, ubicada en Juan Luis Vives número 200, esquina con Homero, colonia Los Morales-Polanco, en un horario de 8 a 20 horas.
El organismo abrió una cuenta bancaria para depósitos, que se enviarán a Haití por medio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El número de la cuenta es 0404040406, Bancomer (sucursal 683), Clabe 012180004040404062.
La jornada 14 de enero de 2010
La Cruz Roja Mexicana abrió su centro de acopio para recibir ayuda humanitaria destinada a los damnificados por el terremoto ocurrido en Haití el pasado martes. La institución informó que ayer mismo viajó a la isla un equipo de 20 personas expertas en rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria, evaluación de daños y logística.
Los mexicanos podrán colaborar con una lista específica de alimentos, medicamentos no caducados, material e insumos médicos, y entregarlos en la sede nacional de la Cruz Roja, ubicada en Juan Luis Vives número 200, esquina con Homero, colonia Los Morales-Polanco, en un horario de 8 a 20 horas.
El organismo abrió una cuenta bancaria para depósitos, que se enviarán a Haití por medio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El número de la cuenta es 0404040406, Bancomer (sucursal 683), Clabe 012180004040404062.
Independencia militar
Los Grandes Días
Manuel Mejido
Independencia militar
Organización Editorial Mexicana
14 de enero de 2010
* La derecha exige el envío de fuerzas de paz a México
* Es imposible que los cascos azules asistan al Ejército
* EU resolvió problemas más graves sin ayuda de nadie
Los panistas y la derecha bancaria, empresarial y religiosa han perdido la vergüenza. Ahora, pretenden que el Gobierno de la República solicite la intervención de las fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz (mejor conocidas como cascos azules), en Ciudad Juárez, considerada, y con mucha razón, la ciudad más peligrosa del mundo.
¿Acaso esas fuerzas de la reacción derechistas se sienten incapaces de imponer el orden en el país? Tienen razón en pensarlo porque la lucha emprendida por el presidente Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado hasta ahora ha sido un fracaso.
Para que se enteren los ineptos, vean los ciegos y oigan los sordos, México no está en guerra.
Cada vez que detienen, con la ayuda de los Estados Unidos, a algún capo de la droga, de los muchos que hay en México, proclaman que es el más importante, el más peligroso y el más sanguinario. En suma, engañan al pueblo haciéndolo creer que el país ha encontrado un nuevo rumbo, cuando en realidad desde el 1 de diciembre de 2006 hasta anteayer en la lista particular de Los Pinos había más 15 mil homicidios derivados de la delincuencia.
La última ocasión que los "cascos azules" participaron en la solución de un conflicto armado en una nación americana, ocurrió el 20 de enero de 1997 en la ciudad de Guatemala.
Luego de que el Gobierno del entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen y la Unidad Revolucionaria Nacional acordaran el cese al fuego, el 4 de diciembre de 1996 en Oslo, Noruega, el Consejo de Seguridad de la ONU envió a 188 uniformados (145 observadores militares y 43 oficiales de la policía civil de 18 países) a territorio guatemalteco para observar el cumplimiento de lo convenido entre ambas partes.
La misión, que duró de enero a abril de 1997, tuvo un costo de cuatro millones 570 mil 800 dólares (cuando en México la moneda estadunidense se cotizaba a ocho mil sesenta pesos, en promedio), gasto que fue aprobado y aportado por los países miembros de Naciones Unidas, con la excepción de México.
Tras el golpe de Estado en Haití para derrocar a Jean Bertrand Aristide (promovido por Estados Unidos y Francia) en febrero de 2004, incursionaron a la isla seis mil 700 "cascos azules". Según cifras de la ONU, hasta la fecha continúan en territorio caribeño casi 10 mil efectivos y se tiene programado su retiro para el próximo 10 de octubre.
El número de militares y observadores muertos registrados hasta noviembre del año pasado en Haití, asciende a 57 y el costo económico es de 611 mil 75 millones de dólares.
En 1948 los países miembros de la ONU acordaron la creación de un cuerpo militar que promoviera y supervisara el cese al fuego. Además, que vigilara el cumplimiento de los acuerdos de paz entre las naciones en conflicto, como lo hizo durante su primera participación ese año en el conflicto entre Egipto e Israel.
Políticos derechistas, que han sido incapaces de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad pública, proponen al Presidente Felipe Calderón solicitar a la ONU el envío de sus fuerzas de paz, principalmente a la zona fronteriza del norte.
El pasado lunes, diversos organismos empresariales exigieron al gobierno de la República pedir el envío de "cascos azules" a Ciudad Juárez, que se ha convertido en una de las entidades más inseguras, con el mayor número de asesinatos, secuestros, sobornos y extorsiones del mundo.
Ante la creciente ola de violencia que se vive en Juárez, más del 50 por ciento de las empresas quebraron, disminuyeron las inversiones, la industria maquiladora cerró sus fábricas y el desempleó se duplicó. Se volvió una región desolada.
La posibilidad de enviar fuerzas de paz a ese municipio es imposible porque, primero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe aprobarlos, lo cual resulta poco probable considerando que México se opuso, desde 1948, a la creación de ese cuerpo militar y nunca ha colaborado en ninguna misión.
Además, los "cascos azules" sirven, principalmente, para vigilar los acuerdos de paz entre el Gobierno de una nación y grupos armados, insurrectos o paramilitares. En el caso de la inseguridad mexicana, quienes pactarían un cese al fuego ¿el gobierno de la República y los narcotraficantes? ¿La Secretaría de Gobernación y los secuestradores? ¿La PGR y los delincuentes?
El pasado 12 de noviembre, luego de que la iniciativa privada de Ciudad Juárez solicitara formalmente a la administración calderonista la petición al organismo internacional para el envío de las fuerzas de paz, Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmó que: "solamente el consejo de Seguridad puede enviarlos a un territorio y generalmente bajo pedido de un Estado, que no veo justificado en México..."
Los periodistas estadunidenses, muy dados a utilizar las cifras, han señalado en diversas ocasiones que en México mueren más civiles, militares y policías que en la guerra de rapiña que sostiene Washington contra Irak.
México, siendo peligrosamente vecino de los Estados Unidos con una frontera de tres mil 153 kilómetros no puede violar su propia constitución para permitir la ingerencia de tropas extranjeras, por muy de la ONU que sean, dentro del territorio nacional.
Los Estados Unidos cuando han enfrentado los graves problemas raciales de los años 60, 70 y 80 y ahora contra el terrorismo internacional no han solicitado la ayuda de nadie para resolver sus problemas.
En la Unión Americana hay muchos peligros porque tiene abiertas dos guerras de rapiña una en Afganistán y otra en Irak que los convierte en blanco de todos los ataques que pueda hacer el terrorismo internacional. Sin embargo, no solicitan a nadie que intervenga con soldados dentro de sus fronteras. No son tan antipatriotas e inmorales como los Lorenzo de Zavala que todavía hay en México.
mejido@elsoldemexico.com.mx
Manuel Mejido
Independencia militar
Organización Editorial Mexicana
14 de enero de 2010
* La derecha exige el envío de fuerzas de paz a México
* Es imposible que los cascos azules asistan al Ejército
* EU resolvió problemas más graves sin ayuda de nadie
Los panistas y la derecha bancaria, empresarial y religiosa han perdido la vergüenza. Ahora, pretenden que el Gobierno de la República solicite la intervención de las fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz (mejor conocidas como cascos azules), en Ciudad Juárez, considerada, y con mucha razón, la ciudad más peligrosa del mundo.
¿Acaso esas fuerzas de la reacción derechistas se sienten incapaces de imponer el orden en el país? Tienen razón en pensarlo porque la lucha emprendida por el presidente Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado hasta ahora ha sido un fracaso.
Para que se enteren los ineptos, vean los ciegos y oigan los sordos, México no está en guerra.
Cada vez que detienen, con la ayuda de los Estados Unidos, a algún capo de la droga, de los muchos que hay en México, proclaman que es el más importante, el más peligroso y el más sanguinario. En suma, engañan al pueblo haciéndolo creer que el país ha encontrado un nuevo rumbo, cuando en realidad desde el 1 de diciembre de 2006 hasta anteayer en la lista particular de Los Pinos había más 15 mil homicidios derivados de la delincuencia.
La última ocasión que los "cascos azules" participaron en la solución de un conflicto armado en una nación americana, ocurrió el 20 de enero de 1997 en la ciudad de Guatemala.
Luego de que el Gobierno del entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen y la Unidad Revolucionaria Nacional acordaran el cese al fuego, el 4 de diciembre de 1996 en Oslo, Noruega, el Consejo de Seguridad de la ONU envió a 188 uniformados (145 observadores militares y 43 oficiales de la policía civil de 18 países) a territorio guatemalteco para observar el cumplimiento de lo convenido entre ambas partes.
La misión, que duró de enero a abril de 1997, tuvo un costo de cuatro millones 570 mil 800 dólares (cuando en México la moneda estadunidense se cotizaba a ocho mil sesenta pesos, en promedio), gasto que fue aprobado y aportado por los países miembros de Naciones Unidas, con la excepción de México.
Tras el golpe de Estado en Haití para derrocar a Jean Bertrand Aristide (promovido por Estados Unidos y Francia) en febrero de 2004, incursionaron a la isla seis mil 700 "cascos azules". Según cifras de la ONU, hasta la fecha continúan en territorio caribeño casi 10 mil efectivos y se tiene programado su retiro para el próximo 10 de octubre.
El número de militares y observadores muertos registrados hasta noviembre del año pasado en Haití, asciende a 57 y el costo económico es de 611 mil 75 millones de dólares.
En 1948 los países miembros de la ONU acordaron la creación de un cuerpo militar que promoviera y supervisara el cese al fuego. Además, que vigilara el cumplimiento de los acuerdos de paz entre las naciones en conflicto, como lo hizo durante su primera participación ese año en el conflicto entre Egipto e Israel.
Políticos derechistas, que han sido incapaces de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad pública, proponen al Presidente Felipe Calderón solicitar a la ONU el envío de sus fuerzas de paz, principalmente a la zona fronteriza del norte.
El pasado lunes, diversos organismos empresariales exigieron al gobierno de la República pedir el envío de "cascos azules" a Ciudad Juárez, que se ha convertido en una de las entidades más inseguras, con el mayor número de asesinatos, secuestros, sobornos y extorsiones del mundo.
Ante la creciente ola de violencia que se vive en Juárez, más del 50 por ciento de las empresas quebraron, disminuyeron las inversiones, la industria maquiladora cerró sus fábricas y el desempleó se duplicó. Se volvió una región desolada.
La posibilidad de enviar fuerzas de paz a ese municipio es imposible porque, primero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe aprobarlos, lo cual resulta poco probable considerando que México se opuso, desde 1948, a la creación de ese cuerpo militar y nunca ha colaborado en ninguna misión.
Además, los "cascos azules" sirven, principalmente, para vigilar los acuerdos de paz entre el Gobierno de una nación y grupos armados, insurrectos o paramilitares. En el caso de la inseguridad mexicana, quienes pactarían un cese al fuego ¿el gobierno de la República y los narcotraficantes? ¿La Secretaría de Gobernación y los secuestradores? ¿La PGR y los delincuentes?
El pasado 12 de noviembre, luego de que la iniciativa privada de Ciudad Juárez solicitara formalmente a la administración calderonista la petición al organismo internacional para el envío de las fuerzas de paz, Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmó que: "solamente el consejo de Seguridad puede enviarlos a un territorio y generalmente bajo pedido de un Estado, que no veo justificado en México..."
Los periodistas estadunidenses, muy dados a utilizar las cifras, han señalado en diversas ocasiones que en México mueren más civiles, militares y policías que en la guerra de rapiña que sostiene Washington contra Irak.
México, siendo peligrosamente vecino de los Estados Unidos con una frontera de tres mil 153 kilómetros no puede violar su propia constitución para permitir la ingerencia de tropas extranjeras, por muy de la ONU que sean, dentro del territorio nacional.
Los Estados Unidos cuando han enfrentado los graves problemas raciales de los años 60, 70 y 80 y ahora contra el terrorismo internacional no han solicitado la ayuda de nadie para resolver sus problemas.
En la Unión Americana hay muchos peligros porque tiene abiertas dos guerras de rapiña una en Afganistán y otra en Irak que los convierte en blanco de todos los ataques que pueda hacer el terrorismo internacional. Sin embargo, no solicitan a nadie que intervenga con soldados dentro de sus fronteras. No son tan antipatriotas e inmorales como los Lorenzo de Zavala que todavía hay en México.
mejido@elsoldemexico.com.mx
Lo notable de los notables
El agua del molino
Raúl Carrancá y Rivas
Lo notable de los notables
Organización Editorial Mexicana
14 de enero de 2010
Los cinco notables que intervienen en el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y en la posible extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro (no hay sentencia definitiva al respecto) han coincidido en lo fundamental, que sin duda alguna implica el reconocimiento de derechos también fundamentales de los trabajadores. En efecto, les piden a las partes que "reconozcan su voluntad de respetar las resoluciones FIRMES que sobre el particular emita el Poder Judicial de la Federación", que los trabajadores "se conduzcan en todo momento dentro los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos evitando actos de violencia que pongan en peligro el servicio de energía eléctrica" y que "el Gobierno Federal esté dispuesto a buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen a derivar de las resoluciones (FIRMES) del Poder Judicial de la Federación en el conflicto". Tres peticiones básicas que obligan al Secretario del Trabajo y Previsión Social a no seguir descalificando en tono violento (descalificándose él mismo como interlocutor viable en el conflicto), ni mucho menos a llamarla "aventura", la vía de legalidad que están siguiendo los trabajadores y su sindicato por medio de la interposición del juicio de amparo ante los tribunales federales, y que aún no se resuelve. Lo cierto es que el ambiente caldeado que se respira en la especie y que contribuye a los enfrentamientos con violencia (opiniones anticipadas en algunos medios de comunicación y falta de respeto al tiempo procesal en el que se registra el juicio de amparo interpuesto) se origina en el desconocimiento y hasta en el desdén del rango que la justicia debe tener en esta clase de asuntos. Por eso es tan importante que se reconozcan las resoluciones del Poder Judicial. Pero los cinco notables, y ello es sobremanera notable, han hablado de "resoluciones firmes", señalamiento que tiene dos vertientes: una, la de someterse en su momento a la "cosa juzgada"; y otra la de que no es razonable, ni prudente, ni tampoco político, anticipar vísperas.
Ahora bien, lo de buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados debe esperar a que haya "resoluciones (FIRMES) del Poder Judicial de la Federación en el conflicto", de acuerdo con los notables. ¿Por qué entonces las ofertas de opciones laborales, de conformación de franquicias, de fondos de ahorro, de prestaciones, previos a lo que resuelva el Poder Judicial, fijando incluso plazos y términos que se vencieron antes del 24 de diciembre pasado? Con la circunstancia de que el propio subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social ha dicho que esto, y cito textualmente, "deberá resolverse conforme a la ley", añadiendo que: "nosotros no podemos ir más allá de las facultades que expresamente tenemos conferidas como entidades de la administración pública federal". El hecho es que anteayer, martes 12 de enero, se venció el plazo para que la Secretaría de Gobernación respondiera a la propuesta de los cinco notables, siendo que lo hizo de una manera rara, a saber, convocando para el 15 del mes en curso al Sindicato Mexicano de Electricistas a una reunión "en la que no estarán presentes los cinco notables". ¿Por qué? La noticia se completa con el comunicado de que la Secretaría aceptó las condiciones de los notables para ser mediadores en el conflicto. ¿Entonces por qué no asisten a esa reunión? ¿Se aceptan sus condiciones pero no su mediación y participación en ella? Es extraño. Y más extraño aún y fuera del contexto legal el anuncio de que la Secretaría de Gobernación y la del Trabajo y Previsión Social "analizarán la viabilidad jurídica de entregar a los trabajadores con cargo a su liquidación la parte proporcional de su aguinaldo, de su fondo de ahorro y también la parte proporcional de su salario a los trabajadores que no la han cobrado". ¿Cuál viabilidad jurídica estando el asunto en las manos del Poder Judicial Federal, que es el único que decidirá en derecho? Además habida cuenta de que lo anterior lo pidieron los cinco notables "como resultado de las resoluciones firmes del Poder Judicial". Sin embargo y siendo que el caso se encuentra "sub íudice", lo evidente es que los trabajadores no debieron jamás ser privados de ninguna de sus prestaciones sociales y económicas; y haberlo hecho fue una violación de sus garantías constitucionales, por lo que en tal virtud interpusieron una demanda de amparo. Ahora bien, es de señalar un grave error de apreciación jurídica proveniente de la subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social. Se sostiene que la entrega de aguinaldos es una obligación patronal, pero que "mediante el Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro este organismo quedó ya sin patrón, sin contrato colectivo, por lo que en consecuencia el pago de aguinaldo que normalmente el patrón debe hacer antes del 20 de diciembre, ya no surte efectos". Aparte de la cuestión del patrón substituto es de lógica elemental que no se debe privar a ningún trabajador de sus derechos laborales si la extinción del caso está "sub íudice". Y éste es uno de los puntos que más inquietan y preocupan, porque el Decreto de extinción no lo es todavía de pleno derecho.
Raúl Carrancá y Rivas
Lo notable de los notables
Organización Editorial Mexicana
14 de enero de 2010
Los cinco notables que intervienen en el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y en la posible extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro (no hay sentencia definitiva al respecto) han coincidido en lo fundamental, que sin duda alguna implica el reconocimiento de derechos también fundamentales de los trabajadores. En efecto, les piden a las partes que "reconozcan su voluntad de respetar las resoluciones FIRMES que sobre el particular emita el Poder Judicial de la Federación", que los trabajadores "se conduzcan en todo momento dentro los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos evitando actos de violencia que pongan en peligro el servicio de energía eléctrica" y que "el Gobierno Federal esté dispuesto a buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen a derivar de las resoluciones (FIRMES) del Poder Judicial de la Federación en el conflicto". Tres peticiones básicas que obligan al Secretario del Trabajo y Previsión Social a no seguir descalificando en tono violento (descalificándose él mismo como interlocutor viable en el conflicto), ni mucho menos a llamarla "aventura", la vía de legalidad que están siguiendo los trabajadores y su sindicato por medio de la interposición del juicio de amparo ante los tribunales federales, y que aún no se resuelve. Lo cierto es que el ambiente caldeado que se respira en la especie y que contribuye a los enfrentamientos con violencia (opiniones anticipadas en algunos medios de comunicación y falta de respeto al tiempo procesal en el que se registra el juicio de amparo interpuesto) se origina en el desconocimiento y hasta en el desdén del rango que la justicia debe tener en esta clase de asuntos. Por eso es tan importante que se reconozcan las resoluciones del Poder Judicial. Pero los cinco notables, y ello es sobremanera notable, han hablado de "resoluciones firmes", señalamiento que tiene dos vertientes: una, la de someterse en su momento a la "cosa juzgada"; y otra la de que no es razonable, ni prudente, ni tampoco político, anticipar vísperas.
Ahora bien, lo de buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados debe esperar a que haya "resoluciones (FIRMES) del Poder Judicial de la Federación en el conflicto", de acuerdo con los notables. ¿Por qué entonces las ofertas de opciones laborales, de conformación de franquicias, de fondos de ahorro, de prestaciones, previos a lo que resuelva el Poder Judicial, fijando incluso plazos y términos que se vencieron antes del 24 de diciembre pasado? Con la circunstancia de que el propio subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social ha dicho que esto, y cito textualmente, "deberá resolverse conforme a la ley", añadiendo que: "nosotros no podemos ir más allá de las facultades que expresamente tenemos conferidas como entidades de la administración pública federal". El hecho es que anteayer, martes 12 de enero, se venció el plazo para que la Secretaría de Gobernación respondiera a la propuesta de los cinco notables, siendo que lo hizo de una manera rara, a saber, convocando para el 15 del mes en curso al Sindicato Mexicano de Electricistas a una reunión "en la que no estarán presentes los cinco notables". ¿Por qué? La noticia se completa con el comunicado de que la Secretaría aceptó las condiciones de los notables para ser mediadores en el conflicto. ¿Entonces por qué no asisten a esa reunión? ¿Se aceptan sus condiciones pero no su mediación y participación en ella? Es extraño. Y más extraño aún y fuera del contexto legal el anuncio de que la Secretaría de Gobernación y la del Trabajo y Previsión Social "analizarán la viabilidad jurídica de entregar a los trabajadores con cargo a su liquidación la parte proporcional de su aguinaldo, de su fondo de ahorro y también la parte proporcional de su salario a los trabajadores que no la han cobrado". ¿Cuál viabilidad jurídica estando el asunto en las manos del Poder Judicial Federal, que es el único que decidirá en derecho? Además habida cuenta de que lo anterior lo pidieron los cinco notables "como resultado de las resoluciones firmes del Poder Judicial". Sin embargo y siendo que el caso se encuentra "sub íudice", lo evidente es que los trabajadores no debieron jamás ser privados de ninguna de sus prestaciones sociales y económicas; y haberlo hecho fue una violación de sus garantías constitucionales, por lo que en tal virtud interpusieron una demanda de amparo. Ahora bien, es de señalar un grave error de apreciación jurídica proveniente de la subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social. Se sostiene que la entrega de aguinaldos es una obligación patronal, pero que "mediante el Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro este organismo quedó ya sin patrón, sin contrato colectivo, por lo que en consecuencia el pago de aguinaldo que normalmente el patrón debe hacer antes del 20 de diciembre, ya no surte efectos". Aparte de la cuestión del patrón substituto es de lógica elemental que no se debe privar a ningún trabajador de sus derechos laborales si la extinción del caso está "sub íudice". Y éste es uno de los puntos que más inquietan y preocupan, porque el Decreto de extinción no lo es todavía de pleno derecho.
La estrategia del gobierno es negociar con el crimen organizado: Buscaglia
El abogado, economista y académico llega a esa conclusión ante las acciones antinarco
La estrategia del gobierno es negociar con el crimen organizado: Buscaglia
■ Se pretende que antes de 2012 el cártel de Sinaloa se consolide y dé a cambio estabilidad
ALFREDO MÉNDEZ La jornada 14 de enero de 2010
Con las detenciones en los tres años recientes de narcotraficantes que son acérrimos rivales del poderoso cártel de Sinaloa y con la “imposibilidad” del Estado mexicano de recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán y de arrestar a Ismael El Mayo Zambada, principales líderes de esa agrupación criminal, “uno tiene necesariamente que llegar a la conclusión de que el gobierno mexicano está aplicando la estrategia de la negociación con el crimen organizado”, aseguró el abogado, economista y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo Buscaglia.
El objetivo del gobierno federal, según un análisis de este experto sobre el fenómeno de la criminalidad en el mundo, es que antes de concluir este sexenio se consolide el cártel de Sinaloa, para que el gobierno del presidente Felipe Calderón “se pueda sentar a negociar reducciones de violencia y reducciones de tráfico de bienes y servicios ilícitos, a fin de que termine su administración con la apariencia mediática de que triunfó en su errónea guerra al crimen”.
Apenas la semana pasada, el influyente diario británico The Economist publicó un reportaje en el que citó diversas críticas hechas por Buscaglia a la estrategia anticrimen puesta en marcha por Calderón, ante las sospechas de que el gobierno mexicano ha abrigado a El Chapo Guzmán, quien de acuerdo con la revista Forbes es uno de los hombres más ricos del mundo.
El problema de negociar con los narcotraficantes, desde el punto de vista de Buscaglia –quien accedió ayer a conversar ampliamente con La Jornada sobre sus críticas a la estrategia gubernamental–, es que “si lo haces desde un Estado débil como es el mexicano, si te sientas a negociar con ellos, tienes también que empezar a flexibilizar tus reglas del juego ante el grupo criminal”.
La consecuencia inmediata de esa negociación sería que “el grupo delictivo, ya fortalecido y convertido en un monstruo indestructible, capturaría aún más al Estado mexicano (incluido el núcleo político, intelectual, empresarial y financiero) hasta el punto de poder doblegarlo completamente”.
Según el académico del ITAM, aquellos líderes de opinión, ex funcionarios y empleados del gobierno mexicano que propagan la idea en los medios de comunicación de que la única manera de ganar a los cárteles de la droga es negociando con ellos, “son idiotas útiles”.
Durante 2009 se publicaron en México algunos libros –uno fue escrito por el ex vocero presidencial Rubén Aguilar y por el ex canciller mexicano Jorge Castañeda (El narco: la guerra fallida); otro lo redactó un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública federal identificado con el seudónimo de Tomás Borge (Maquiavelo para narcos)– que plantean la hipótesis de una negociación con los narcotraficantes para disminuir el poderío de los grupos criminales, supuestamente porque esa estrategia les ha funcionado a otros países.
“Yo uno este rompecabezas: funcionarios de la SSP federal, personajes de la vida política como el ex canciller (Jorge) Castañeda o el ex vocero del presidente (Vicente) Fox, o son idiotas útiles que se ponen a escribir de algo que no conocen ni han estudiado con rigor, o están en la nómina patrimonial de algún grupo criminal, porque de otra forma no puedo entender cómo una persona sensata esté diciendo que el Estado mexicano se tiene que sentar a negociar con los grupos criminales”, destacó Buscaglia en tono molesto.
El experto en temas de narcotráfico, quien ha sido asesor de la Organización de las Naciones Unidas en esa materia, refirió que la respuesta al crimen organizado “no debe darse mediante la negociación. Es falso que así lo haya hecho Colombia, como lo aseguran los voceros del gobierno.
“Para ganar la guerra a la criminalidad organizada hay que comenzar una verdadera limpieza a las estructuras policiacas, militares y de gobierno que están parcialmente capturadas por el narco”, destacó.
La estrategia del gobierno es negociar con el crimen organizado: Buscaglia
■ Se pretende que antes de 2012 el cártel de Sinaloa se consolide y dé a cambio estabilidad
ALFREDO MÉNDEZ La jornada 14 de enero de 2010
Con las detenciones en los tres años recientes de narcotraficantes que son acérrimos rivales del poderoso cártel de Sinaloa y con la “imposibilidad” del Estado mexicano de recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán y de arrestar a Ismael El Mayo Zambada, principales líderes de esa agrupación criminal, “uno tiene necesariamente que llegar a la conclusión de que el gobierno mexicano está aplicando la estrategia de la negociación con el crimen organizado”, aseguró el abogado, economista y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo Buscaglia.
El objetivo del gobierno federal, según un análisis de este experto sobre el fenómeno de la criminalidad en el mundo, es que antes de concluir este sexenio se consolide el cártel de Sinaloa, para que el gobierno del presidente Felipe Calderón “se pueda sentar a negociar reducciones de violencia y reducciones de tráfico de bienes y servicios ilícitos, a fin de que termine su administración con la apariencia mediática de que triunfó en su errónea guerra al crimen”.
Apenas la semana pasada, el influyente diario británico The Economist publicó un reportaje en el que citó diversas críticas hechas por Buscaglia a la estrategia anticrimen puesta en marcha por Calderón, ante las sospechas de que el gobierno mexicano ha abrigado a El Chapo Guzmán, quien de acuerdo con la revista Forbes es uno de los hombres más ricos del mundo.
El problema de negociar con los narcotraficantes, desde el punto de vista de Buscaglia –quien accedió ayer a conversar ampliamente con La Jornada sobre sus críticas a la estrategia gubernamental–, es que “si lo haces desde un Estado débil como es el mexicano, si te sientas a negociar con ellos, tienes también que empezar a flexibilizar tus reglas del juego ante el grupo criminal”.
La consecuencia inmediata de esa negociación sería que “el grupo delictivo, ya fortalecido y convertido en un monstruo indestructible, capturaría aún más al Estado mexicano (incluido el núcleo político, intelectual, empresarial y financiero) hasta el punto de poder doblegarlo completamente”.
Según el académico del ITAM, aquellos líderes de opinión, ex funcionarios y empleados del gobierno mexicano que propagan la idea en los medios de comunicación de que la única manera de ganar a los cárteles de la droga es negociando con ellos, “son idiotas útiles”.
Durante 2009 se publicaron en México algunos libros –uno fue escrito por el ex vocero presidencial Rubén Aguilar y por el ex canciller mexicano Jorge Castañeda (El narco: la guerra fallida); otro lo redactó un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública federal identificado con el seudónimo de Tomás Borge (Maquiavelo para narcos)– que plantean la hipótesis de una negociación con los narcotraficantes para disminuir el poderío de los grupos criminales, supuestamente porque esa estrategia les ha funcionado a otros países.
“Yo uno este rompecabezas: funcionarios de la SSP federal, personajes de la vida política como el ex canciller (Jorge) Castañeda o el ex vocero del presidente (Vicente) Fox, o son idiotas útiles que se ponen a escribir de algo que no conocen ni han estudiado con rigor, o están en la nómina patrimonial de algún grupo criminal, porque de otra forma no puedo entender cómo una persona sensata esté diciendo que el Estado mexicano se tiene que sentar a negociar con los grupos criminales”, destacó Buscaglia en tono molesto.
El experto en temas de narcotráfico, quien ha sido asesor de la Organización de las Naciones Unidas en esa materia, refirió que la respuesta al crimen organizado “no debe darse mediante la negociación. Es falso que así lo haya hecho Colombia, como lo aseguran los voceros del gobierno.
“Para ganar la guerra a la criminalidad organizada hay que comenzar una verdadera limpieza a las estructuras policiacas, militares y de gobierno que están parcialmente capturadas por el narco”, destacó.
El mundo con Haití; SIEDO investiga a escoltas de Adame, el gobernador se esconde
Vanguardia Política
Aurora Berdejo
14 de enero de 2010
* El mundo con Haití; SIEDO investiga a escoltas de Adame, el gobernador se esconde
En momentos en que el mundo ha mostrado su solidaridad para con el pueblo de Haití, víctima de una tragedia que deja al descubierto que es el país más pobre de América Latina, la Dirección Estadunidense Antidrogas, (DEA) -vía su administradora Michele M. Leonhart-, se sumó a la felicitación que hiciera inicialmente el embajador de ese país en México, Carlos Pascual al gobierno de Felipe Calderón por la captura de Teodoro González Simental (a) "el Teo", al tiempo que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la oposición cuestionó fuertemente la efectividad de la estrategia que contra el narcotráfico implementó desde los inicios de su administración el presidente y con el viraje que pretende dar ahora con el repliegue de las Fuerzas del Ejército, primero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La discusión se tornó política en lo que será el antecedente del ambiente que privará cuando el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna comparezca ante Comisiones el próximo martes, donde seguramente hablará de lo que a ojos de la administración calderonista son importantes logros en una estrategia que a su vez, defenderán legisladores del PAN como Carlos Alberto Pérez quien hizo ayer un llamado a la oposición para que sus preguntas al titular de la SSP "no tengan tintes partidistas", pero él sí lanzó su propio petardo al hacer hincapié en que las Fuerzas Armadas están en la calle a petición de gobernadores y presidentes municipales.
En el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, salieron a relucir las escalofriantes cifras. El petista Ricardo Monreal señaló que en el 2006 se registraron siete mil quinientas ejecuciones, con lo que en esta cruenta lucha se establece un muy desafortunado record mundial, pero también abordó un tema que no se puede soslayar al advertir que en las entidades donde habrá elecciones en este año, "el crimen organizado estará presente".
Lo cierto es que en el rubro de la seguridad, la población en general quiere ver resultados en esta sangrienta lucha, pero hay que poner atención en que como lo dijo en la tribuna el diputado perredista Víctor Manuel Castro Cosio, ser registra una inflitración policíaca por parte de los carteles, aceptada por el panismo. Ahí está el caso de los dos escoltas del gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, que son investigados por la SIEDO por sus presuntos nexos con el cartel Arturo Beltrán Leyva, muerto en un operativo.
El mandatario estatal de plano se esconde ante este embarazoso expediente, actitud que igualmente asumió por el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, quien daba protección al narco. Es más, por aquellos lares se comenta que incluso podría ser llamado a cuentas el exgobernador, Sergio Estrada Cajigal, ahora expanista, pero que en su momento sostuvo una relación con Nadia Esparragoza, hija del narcotraficante, Juan Esparragoza (a) "el Azul", lo que le costó la "cabeza" a todo el gabinete del exmandatario estatal y él se salvó por la protección que le ofrecieron en su momento Vicente Fox y Santiago Creel. Ahora, en la entidad morelense se habla de la posible salida de Adame Castillo del Palacio de Gobierno. ¿Será?
Este debate no hizo de lado el Punto de Acuerdo que propuso el diputado del PVEM, Pablo Escudero y que se votó de urgente y obvia resolución en el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE a establecer una mesa de diálogo de alto nivel en la que participen, además los dirigentes nacionales de los partidos políticos y los presidentes de las Comisiones de Gobernación, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con objeto de estar en posibilidad de brindarle una solución consensuada e integral al proyecto de creación de la cédula de identidad ciudadana, propuesto por el Ejecutivo federal, que sin duda se ha convertido en un tema por demás controvertido.
* LA SECCIÓN DE ADRIANA
*** En Pemex se asegura que Jordy Herrera Flores, recién nombrado Director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, va a limpiar todo los presuntos malos manejos que dejó su antecesor Roberto Ramírez Soberón. Es un secreto a voces que Luis Córdova Frontana, Gerente Comercial de PGPB, es el brazo derecho de Ramírez Soberón, por lo que el primero ha seguido en "tratos" con el monopolio gasero Zeta Gas, de triste memoria. Hay voces dentro de la paraestatal que señalan a Córdova Frontana porque es él quien maneja todos los negocios de Ramírez Soberón, tales como asignar contratos a diestra y siniestra, negociando para beneficiar a su tutor en asuntos como la programación y entrega de gas en las terminales de las gaseras, las cuales de antemano, según se sabe, ya estaban arregladas, siempre a brindado apoyo a dos o tres de sus principales benefactores. Todos los funcionarios de PGPB esperan que ahora sí, el nuevo director, Herrera Flores, ponga fin a las componendas que dejó Ramírez Soberón.
*** Durante el primer trimestre de gestión del gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa se confirmaron tres nuevas inversiones extranjeras correspondientes a los sectores automotriz y aeroespacial. Asimismo, iniciaron operaciones 19 empresas más entre las que se cuentan inversiones de capitales nacionales y extranjeros; se realizaron cuatro ampliaciones de importantes industrias en el estado y todas estas inversiones permitieron la creación de dos mil 462 empleos al tiempo que la inversión conjunta, alcanzó poco más de 865 millones de pesos.
*** Con el 68% de respaldo de consejeros de la cámara Rodrigo Alpizar Vallejo precandidato a la Presidencia Nacional de CANACINTRA se compromete con todos los industriales a ejecutar y cumplir el encargo de manera incluyente que permita el trabajo en equipo entre Ramas, Sectores y Delegaciones.
aurora_berdejo@yahoo.com.mx
Aurora Berdejo
14 de enero de 2010
* El mundo con Haití; SIEDO investiga a escoltas de Adame, el gobernador se esconde
En momentos en que el mundo ha mostrado su solidaridad para con el pueblo de Haití, víctima de una tragedia que deja al descubierto que es el país más pobre de América Latina, la Dirección Estadunidense Antidrogas, (DEA) -vía su administradora Michele M. Leonhart-, se sumó a la felicitación que hiciera inicialmente el embajador de ese país en México, Carlos Pascual al gobierno de Felipe Calderón por la captura de Teodoro González Simental (a) "el Teo", al tiempo que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la oposición cuestionó fuertemente la efectividad de la estrategia que contra el narcotráfico implementó desde los inicios de su administración el presidente y con el viraje que pretende dar ahora con el repliegue de las Fuerzas del Ejército, primero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La discusión se tornó política en lo que será el antecedente del ambiente que privará cuando el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna comparezca ante Comisiones el próximo martes, donde seguramente hablará de lo que a ojos de la administración calderonista son importantes logros en una estrategia que a su vez, defenderán legisladores del PAN como Carlos Alberto Pérez quien hizo ayer un llamado a la oposición para que sus preguntas al titular de la SSP "no tengan tintes partidistas", pero él sí lanzó su propio petardo al hacer hincapié en que las Fuerzas Armadas están en la calle a petición de gobernadores y presidentes municipales.
En el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, salieron a relucir las escalofriantes cifras. El petista Ricardo Monreal señaló que en el 2006 se registraron siete mil quinientas ejecuciones, con lo que en esta cruenta lucha se establece un muy desafortunado record mundial, pero también abordó un tema que no se puede soslayar al advertir que en las entidades donde habrá elecciones en este año, "el crimen organizado estará presente".
Lo cierto es que en el rubro de la seguridad, la población en general quiere ver resultados en esta sangrienta lucha, pero hay que poner atención en que como lo dijo en la tribuna el diputado perredista Víctor Manuel Castro Cosio, ser registra una inflitración policíaca por parte de los carteles, aceptada por el panismo. Ahí está el caso de los dos escoltas del gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, que son investigados por la SIEDO por sus presuntos nexos con el cartel Arturo Beltrán Leyva, muerto en un operativo.
El mandatario estatal de plano se esconde ante este embarazoso expediente, actitud que igualmente asumió por el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, quien daba protección al narco. Es más, por aquellos lares se comenta que incluso podría ser llamado a cuentas el exgobernador, Sergio Estrada Cajigal, ahora expanista, pero que en su momento sostuvo una relación con Nadia Esparragoza, hija del narcotraficante, Juan Esparragoza (a) "el Azul", lo que le costó la "cabeza" a todo el gabinete del exmandatario estatal y él se salvó por la protección que le ofrecieron en su momento Vicente Fox y Santiago Creel. Ahora, en la entidad morelense se habla de la posible salida de Adame Castillo del Palacio de Gobierno. ¿Será?
Este debate no hizo de lado el Punto de Acuerdo que propuso el diputado del PVEM, Pablo Escudero y que se votó de urgente y obvia resolución en el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE a establecer una mesa de diálogo de alto nivel en la que participen, además los dirigentes nacionales de los partidos políticos y los presidentes de las Comisiones de Gobernación, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con objeto de estar en posibilidad de brindarle una solución consensuada e integral al proyecto de creación de la cédula de identidad ciudadana, propuesto por el Ejecutivo federal, que sin duda se ha convertido en un tema por demás controvertido.
* LA SECCIÓN DE ADRIANA
*** En Pemex se asegura que Jordy Herrera Flores, recién nombrado Director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, va a limpiar todo los presuntos malos manejos que dejó su antecesor Roberto Ramírez Soberón. Es un secreto a voces que Luis Córdova Frontana, Gerente Comercial de PGPB, es el brazo derecho de Ramírez Soberón, por lo que el primero ha seguido en "tratos" con el monopolio gasero Zeta Gas, de triste memoria. Hay voces dentro de la paraestatal que señalan a Córdova Frontana porque es él quien maneja todos los negocios de Ramírez Soberón, tales como asignar contratos a diestra y siniestra, negociando para beneficiar a su tutor en asuntos como la programación y entrega de gas en las terminales de las gaseras, las cuales de antemano, según se sabe, ya estaban arregladas, siempre a brindado apoyo a dos o tres de sus principales benefactores. Todos los funcionarios de PGPB esperan que ahora sí, el nuevo director, Herrera Flores, ponga fin a las componendas que dejó Ramírez Soberón.
*** Durante el primer trimestre de gestión del gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa se confirmaron tres nuevas inversiones extranjeras correspondientes a los sectores automotriz y aeroespacial. Asimismo, iniciaron operaciones 19 empresas más entre las que se cuentan inversiones de capitales nacionales y extranjeros; se realizaron cuatro ampliaciones de importantes industrias en el estado y todas estas inversiones permitieron la creación de dos mil 462 empleos al tiempo que la inversión conjunta, alcanzó poco más de 865 millones de pesos.
*** Con el 68% de respaldo de consejeros de la cámara Rodrigo Alpizar Vallejo precandidato a la Presidencia Nacional de CANACINTRA se compromete con todos los industriales a ejecutar y cumplir el encargo de manera incluyente que permita el trabajo en equipo entre Ramas, Sectores y Delegaciones.
aurora_berdejo@yahoo.com.mx
Teatro y política
Olga Harmony La jornada 14 de enero de 2010
Teatro y política
En este 2010 en que coinciden bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, el teatro estará expuesto a una serie de celebraciones incoloras, un poco como estampitas de clase de primaria, en el peor de los casos. En el mejor, y esto es un tanto utópico, podría recuperar su vocación de espacio de discusión y de somera muestra de lo que somos y queremos, aunque ésta es una estrella de muchas puntas, algunas de las cuales pueden clavarse –ya ha ocurrido– en una supuesta revisión crítica del pasado desde el punto de vista de la derecha. Excepto los muy cínicos o muy hedonistas, todos o casi requerimos de modelos éticos y sociales: Juárez, como icono de laicismo y más ahora ante la brutal embestida de jerarcas religiosos; Zapata y también Cárdenas como modelos de un agrarismo que se ha perdido, como tantos signos de nuestra identidad, pisoteados por el neoliberalismo, aunque no se deponga una sana y desinteresada discusión crítica. Muchos nos preguntamos qué tan ajenos a esta discusión pueden permanecer nuestros escenarios.
El teatro político ha ido perdiendo terreno en los decenios recientes. Muchos dramaturgos, tanto de los estados y en menor medida del DF, escriben sobre hechos de violencia social aislados, como la producida por el narcotráfico o el asesinato de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, aunque sin contextualizarlas excepto en el caso de los dramas de la emigración hacia Estados Unidos, cuyas causas de desempleo, bajos salarios y destrucción del campo mexicanos sí llegan a describirse. Es significativo el paso del santo popular Jesús Malverde –al que muchos conocimos gracias a El jinete de la Divina Providencia de Óscar Liera–, a guardián de narcotraficantes y personajes similares, hecho que Armando Partida achaca a la descomposición social que sufre el país, en lo que tiene razón aunque cabe preguntarse la causa primigenia de tal hecho, que podemos encontrar en los abusos de quienes gobiernan (o pretenden que lo están haciendo) y en la desinformación y la apatía de la mayoría de los ciudadanos, aunque se dan buenas señales de que esto se está superando y la dramaturgia no lo refleja todavía.
Si revisamos las carteleras teatrales de los años recientes encontraremos que, fuera de los casos inscritos en circunstancias específicas arriba señaladas, (narcotráfico, mujeres asesinadas) se ha representado muy poco teatro político, alguno como referencia a las efemérides de este año, entre las que cabe destacar por su calidad teatral y su profundidad ideológica la reflexión ética de David Olguín, La lengua de los muertos, que se extiende más allá de los hechos narrados hasta abarcar toda posibilidad de política. La mayoría de los dramaturgos y dramaturgas jóvenes parecen darse cuenta de que todo orden social está trastocado y reproducen esta percepción con obras, muchas veces delirantes, de profecías apocalípticas o textos herméticos que repiten de alguna manera el “absurdo” de la época de guerra fría y que es una manera de entender el caótico país en que se ubican, lo que permite subsistir al teatro como espejo deformado de la realidad.
Sí se han dado algunos montajes políticos en el año que terminó, como fue el de Los lobos, del dramaturgo argentino Luis Agustoni en adaptación de Héctor Bonilla, pero la autocensura hizo que el adaptador y director planteara el hecho de corrupción antes del año 2000, como si los gobiernos panistas fueran impolutos La crítica inmediata abandonó la escena desde que Casa de Teatro suspendió su teatro de emergencia aunque sabido es que nuestro público siempre ha estado ávido de vengarse, así sea de manera sustituta y mediante ácidas representaciones, de quienes considera que lo agraviaron como fue en la época revolucionaria en que los precarios escenarios no se cerraron, y con posteridad en la gran tradición carpera que posiblemente ha sido sustituida por el cabaret, aunque en éste –quizá por razón del horario y el cover– se ha perdido el sentido popular de sus antecesoras. Veremos si el año de los centenarios es un buen periodo para la renovación de un teatro político no panfletario.
Teatro y política
En este 2010 en que coinciden bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, el teatro estará expuesto a una serie de celebraciones incoloras, un poco como estampitas de clase de primaria, en el peor de los casos. En el mejor, y esto es un tanto utópico, podría recuperar su vocación de espacio de discusión y de somera muestra de lo que somos y queremos, aunque ésta es una estrella de muchas puntas, algunas de las cuales pueden clavarse –ya ha ocurrido– en una supuesta revisión crítica del pasado desde el punto de vista de la derecha. Excepto los muy cínicos o muy hedonistas, todos o casi requerimos de modelos éticos y sociales: Juárez, como icono de laicismo y más ahora ante la brutal embestida de jerarcas religiosos; Zapata y también Cárdenas como modelos de un agrarismo que se ha perdido, como tantos signos de nuestra identidad, pisoteados por el neoliberalismo, aunque no se deponga una sana y desinteresada discusión crítica. Muchos nos preguntamos qué tan ajenos a esta discusión pueden permanecer nuestros escenarios.
El teatro político ha ido perdiendo terreno en los decenios recientes. Muchos dramaturgos, tanto de los estados y en menor medida del DF, escriben sobre hechos de violencia social aislados, como la producida por el narcotráfico o el asesinato de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, aunque sin contextualizarlas excepto en el caso de los dramas de la emigración hacia Estados Unidos, cuyas causas de desempleo, bajos salarios y destrucción del campo mexicanos sí llegan a describirse. Es significativo el paso del santo popular Jesús Malverde –al que muchos conocimos gracias a El jinete de la Divina Providencia de Óscar Liera–, a guardián de narcotraficantes y personajes similares, hecho que Armando Partida achaca a la descomposición social que sufre el país, en lo que tiene razón aunque cabe preguntarse la causa primigenia de tal hecho, que podemos encontrar en los abusos de quienes gobiernan (o pretenden que lo están haciendo) y en la desinformación y la apatía de la mayoría de los ciudadanos, aunque se dan buenas señales de que esto se está superando y la dramaturgia no lo refleja todavía.
Si revisamos las carteleras teatrales de los años recientes encontraremos que, fuera de los casos inscritos en circunstancias específicas arriba señaladas, (narcotráfico, mujeres asesinadas) se ha representado muy poco teatro político, alguno como referencia a las efemérides de este año, entre las que cabe destacar por su calidad teatral y su profundidad ideológica la reflexión ética de David Olguín, La lengua de los muertos, que se extiende más allá de los hechos narrados hasta abarcar toda posibilidad de política. La mayoría de los dramaturgos y dramaturgas jóvenes parecen darse cuenta de que todo orden social está trastocado y reproducen esta percepción con obras, muchas veces delirantes, de profecías apocalípticas o textos herméticos que repiten de alguna manera el “absurdo” de la época de guerra fría y que es una manera de entender el caótico país en que se ubican, lo que permite subsistir al teatro como espejo deformado de la realidad.
Sí se han dado algunos montajes políticos en el año que terminó, como fue el de Los lobos, del dramaturgo argentino Luis Agustoni en adaptación de Héctor Bonilla, pero la autocensura hizo que el adaptador y director planteara el hecho de corrupción antes del año 2000, como si los gobiernos panistas fueran impolutos La crítica inmediata abandonó la escena desde que Casa de Teatro suspendió su teatro de emergencia aunque sabido es que nuestro público siempre ha estado ávido de vengarse, así sea de manera sustituta y mediante ácidas representaciones, de quienes considera que lo agraviaron como fue en la época revolucionaria en que los precarios escenarios no se cerraron, y con posteridad en la gran tradición carpera que posiblemente ha sido sustituida por el cabaret, aunque en éste –quizá por razón del horario y el cover– se ha perdido el sentido popular de sus antecesoras. Veremos si el año de los centenarios es un buen periodo para la renovación de un teatro político no panfletario.
Empujando a la derecha en Latinoamérica
Ángel Guerra Cabrera La jornada 14 de enero de 2010
Empujando a la derecha en Latinoamérica
Estados Unidos y las oligarquías locales se han embarcado en un proyecto de restauración derechista en América Latina con el uso de variados recursos, legales e ilegales, mediáticos, de inteligencia y guerra sicológica, militares y económicos, entre otros. Aunque iniciado en tiempos de Bush es en el primer año de la presidencia de Obama que ha tomado una gran dimensión al socaire de sus vacilaciones, concesiones y retrocesos frente a la feroz embestida de la extrema derecha estadunidense. No habían pasado seis meses de su investidura y cinco de su promesa en la cumbre de Puerto España de cambiar la política hacia sus vecinos del sur y se tragaba el golpe de Estado contra Manuel Zelaya del que en un principio llegó a decir que era el único presidente de Honduras que reconocía. Al esquema restaurador no escapa gobierno o fuerza popular cuyas políticas choquen, en mayor o menor grado, con las de Washington o los intereses de las oligarquías.
Por consiguiente, incluye a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pero también a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Nicaragua. Son sus herramientas principales la reactivación de la IV Flota, el golpe de Estado en Honduras y la instalación de las bases yanquis en Colombia, Panamá y las ya existentes en las Antillas Holandesas y América Central así como la maquinaria de terror mediático de los periódicos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa y las cadenas televisivas.
Se trata de revertir el ascenso de la ola popular alzada en el continente contra las políticas neoliberales y en torno a los gobiernos que decidieron desacatar frontalmente las directivas del Consenso de Washington e iniciar trasformaciones sociales profundas; intimidar, presionar y acabar también con los demás gobiernos progresistas por moderados que sean, así como con los movimientos populares a la vez que alebrestar a una derecha alicaída por las derrotas que venía sufriendo desde la elección de Hugo Chávez. Es lo que hemos visto desde el ataque yanqui-uribista a Ecuador, aumentado exponencialmente después del cuartelazo en Honduras y el convenio sobre las bases en Colombia. Viene a la mente una de las Reflexiones de Fidel Castro cuando afirmó que antes que Obama concluya su mandato ”habrá de seis a ocho gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del imperio”.
El objetivo principal del proyecto restaurador es destruir a la revolución bolivariana puesto que ésta y su líder Hugo Chávez constituyen un baluarte decisivo de la lucha antimperialista, la solidaridad y la integración continentales, que las elites de Estados Unidos y la región sueñan con quitar del medio y provocar un efecto dominó desde Ecuador y Bolivia hasta Cuba. Las violaciones del espacio aéreo venezolano por naves de guerra estadunidenses procedentes de Curazao, reiniciadas a fines de 2009 y principios de 2010, forman parte de la escalada de provocaciones y globos de ensayo montados por Washington contra Caracas, al igual que los vaticinios de las últimas semanas sobre el inminente “fin del ciclo de Chávez”, coincidentes con una intensificación del lenguaje golpista en los mayoritarios medios de difusión contrarrevolucionarios de Venezuela.
Paralelamente, continúa el ataque de la prensa reaccionaria argentina contra la presidenta Cristina Fernández tomando como pretexto las decisiones sobre el Banco Central que legítimamente ha adoptado. A la vez, una feroz campaña mediática contra el proyecto de programa de derechos humanos del gobierno de Lula ha creado una crisis política cuyo propósito es desgastarlo y por carambola debilitar a su candidata a la presidencia, Dilma Rosseuf. Como se puede apreciar es disímil el grado de radicalidad de los gobiernos que disgustan a Washington pero de lo que no hay duda es que todos ellos en conjunto han coadyuvado a crear y sostener el cuadro político actual de independencia latinoamericana, incluyendo al de Uruguay y actitudes como la de Michelle Bachelet cuando como presidenta de la Unasur facilitó la condena del golpe “cívico” impulsado por Washington contra Evo Morales.
Por todo ello, es un deber de las fuerzas populares y antimperialistas, sin por ello renunciar a su independencia crítica, la denuncia y el combate vigoroso a los intentos desestabilizadores de Estados Unidos y las derechas locales contra los gobiernos que no se les pliegan y contribuyen a la unidad e integración continental.
Empujando a la derecha en Latinoamérica
Estados Unidos y las oligarquías locales se han embarcado en un proyecto de restauración derechista en América Latina con el uso de variados recursos, legales e ilegales, mediáticos, de inteligencia y guerra sicológica, militares y económicos, entre otros. Aunque iniciado en tiempos de Bush es en el primer año de la presidencia de Obama que ha tomado una gran dimensión al socaire de sus vacilaciones, concesiones y retrocesos frente a la feroz embestida de la extrema derecha estadunidense. No habían pasado seis meses de su investidura y cinco de su promesa en la cumbre de Puerto España de cambiar la política hacia sus vecinos del sur y se tragaba el golpe de Estado contra Manuel Zelaya del que en un principio llegó a decir que era el único presidente de Honduras que reconocía. Al esquema restaurador no escapa gobierno o fuerza popular cuyas políticas choquen, en mayor o menor grado, con las de Washington o los intereses de las oligarquías.
Por consiguiente, incluye a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pero también a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Nicaragua. Son sus herramientas principales la reactivación de la IV Flota, el golpe de Estado en Honduras y la instalación de las bases yanquis en Colombia, Panamá y las ya existentes en las Antillas Holandesas y América Central así como la maquinaria de terror mediático de los periódicos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa y las cadenas televisivas.
Se trata de revertir el ascenso de la ola popular alzada en el continente contra las políticas neoliberales y en torno a los gobiernos que decidieron desacatar frontalmente las directivas del Consenso de Washington e iniciar trasformaciones sociales profundas; intimidar, presionar y acabar también con los demás gobiernos progresistas por moderados que sean, así como con los movimientos populares a la vez que alebrestar a una derecha alicaída por las derrotas que venía sufriendo desde la elección de Hugo Chávez. Es lo que hemos visto desde el ataque yanqui-uribista a Ecuador, aumentado exponencialmente después del cuartelazo en Honduras y el convenio sobre las bases en Colombia. Viene a la mente una de las Reflexiones de Fidel Castro cuando afirmó que antes que Obama concluya su mandato ”habrá de seis a ocho gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del imperio”.
El objetivo principal del proyecto restaurador es destruir a la revolución bolivariana puesto que ésta y su líder Hugo Chávez constituyen un baluarte decisivo de la lucha antimperialista, la solidaridad y la integración continentales, que las elites de Estados Unidos y la región sueñan con quitar del medio y provocar un efecto dominó desde Ecuador y Bolivia hasta Cuba. Las violaciones del espacio aéreo venezolano por naves de guerra estadunidenses procedentes de Curazao, reiniciadas a fines de 2009 y principios de 2010, forman parte de la escalada de provocaciones y globos de ensayo montados por Washington contra Caracas, al igual que los vaticinios de las últimas semanas sobre el inminente “fin del ciclo de Chávez”, coincidentes con una intensificación del lenguaje golpista en los mayoritarios medios de difusión contrarrevolucionarios de Venezuela.
Paralelamente, continúa el ataque de la prensa reaccionaria argentina contra la presidenta Cristina Fernández tomando como pretexto las decisiones sobre el Banco Central que legítimamente ha adoptado. A la vez, una feroz campaña mediática contra el proyecto de programa de derechos humanos del gobierno de Lula ha creado una crisis política cuyo propósito es desgastarlo y por carambola debilitar a su candidata a la presidencia, Dilma Rosseuf. Como se puede apreciar es disímil el grado de radicalidad de los gobiernos que disgustan a Washington pero de lo que no hay duda es que todos ellos en conjunto han coadyuvado a crear y sostener el cuadro político actual de independencia latinoamericana, incluyendo al de Uruguay y actitudes como la de Michelle Bachelet cuando como presidenta de la Unasur facilitó la condena del golpe “cívico” impulsado por Washington contra Evo Morales.
Por todo ello, es un deber de las fuerzas populares y antimperialistas, sin por ello renunciar a su independencia crítica, la denuncia y el combate vigoroso a los intentos desestabilizadores de Estados Unidos y las derechas locales contra los gobiernos que no se les pliegan y contribuyen a la unidad e integración continental.
La ley, el cardenal y sus cómplices
Octavio Rodríguez Araujo La jornada 14 de enero de 2010
La ley, el cardenal y sus cómplices
Si les das el pie agarran la mano. Esto es lo que han hecho las iglesias que han dicho que sólo obedecen a Dios. El documento leído en nombre de Norberto Rivera es realmente una pieza de antología (mal redactada) que parece rescatada de la Edad Media. Dice así en una de sus partes: “Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10)
Las implicaciones del texto citado son realmente una regresión a tiempos que todos, ilusamente, creímos superados hace mucho tiempo. Lo que sugiere la cita es que dichos “pastores” se han declarado en rebeldía ante las leyes que nos hemos dado, en este caso, los mexicanos. Según ese documento nuestras leyes no tienen validez alguna si se contraponen a Dios, cualquier cosa que esto signifique. Y digo esto último no por falta de respeto a quienes son religiosos, sino porque la voluntad de Dios, si acaso existe, depende de quienes dicen conocerla y que se consideran sus representantes y voceros nada más porque sí, porque ellos se asumen como tales sin sentirse obligados a demostrarlo.
A estos curas atrasados, a la vez que prepotentes y soberbios, se les hace muy fácil descalificar nuestras leyes y, no conformes con ello, llamar a desobedecerlas. Si el gobierno tuviera los pantalones que dice tener para acabar con el narcotráfico ya habría usado la ley contra ellos, traficantes de la supuesta voluntad de Dios por el simple hecho de que no están de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo ni con el aborto. Por lo pronto, el artículo 130 constitucional establece que “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”. En el inciso e de este artículo se dice: “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.” (Las cursivas son mías.)
Lo dicho en nombre del cardenal Rivera es suficiente para que se les cancele su agrupación religiosa y todas aquellas que dicen o digan que anteponen la supuesta voluntad de Dios, del dios que sea, a nuestras leyes vigentes. ¿Se valdrá, por ejemplo, que en mi automóvil me pase los altos porque Dios no me dijo que los respetara?
Subordinar o querer subordinar la Constitución general al catecismo Ripalda o a la Biblia o al Corán o lo que sea que represente un texto denominado sagrado, es una violación de dicha Constitución y del Estado laico que nos hemos dado los mexicanos (y que quieren revertir los curas). ¿No dice nuestra Constitución que en México hay libertad de cultos y de creencias? Esto quiere decir que cada quien cree en lo que le da la gana, o no cree y, por lo tanto, observa o no los valores de su iglesia, si la tiene, siempre y cuando se someta, como ciudadano, a las leyes vigentes en el país. Los curas quisieron tener derechos, y los tienen gracias a Carlos Salinas y sus reformas legislativas, pero al lograrlos también adquirieron obligaciones, como individuos y como organizaciones. Y una de estas obligaciones es acatar la legislación y no llamar a desobedecerla sin caer en subversión y, eventualmente, en asociación delictuosa. En caso de que esto suceda, y ya sucedió con el texto leído en la Catedral Metropolitana el domingo pasado, que les caiga el peso de la ley, comenzando por Rivera Carrera y sus cómplices ortodoxos y evangélicos que hicieron causa común con dicho propósito. Si los grupos guerrilleros que actúan al margen de la ley y llaman a proceder en contra de las instituciones de la República son perseguidos y acosados por las “fuerzas del orden”, ¿qué espera la Secretaría de Gobernación para hacer lo mismo con estos sedicentes “pastores del pueblo de Dios” alebrestados, que expresamente llaman a no respetar la ley y las instituciones? ¿O la ley es para unos pero no para todos?
Si los “pastores del pueblo de Dios” están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no los casen; nada los obliga. Gracias a hombres de visión moderna y no a curas oscurantistas, desde la Reforma existe, como matrimonio, la unión que se establece en nuestras leyes y que lleva a cabo un representante del Estado. En el caso de la Iglesia católica ni siquiera tendrían que preocuparse pues sus sacerdotes deben ser célibes, sean o no homosexuales e incluso pederastas. En referencia al aborto, tampoco tienen problema, que excomulguen a las mujeres católicas que lo practiquen y ya. ¿Dónde está la dificultad?
El matrimonio es una institución obsoleta y crecientemente en desuso. ¿Por qué se necesitaría que un funcionario civil sancione la unión de dos personas? ¿Tiene más validez que el simple deseo de una unión para hacer vida en común y, eventualmente, tener hijos propios o adoptados? Unirse ante Dios es todavía peor, pues primero habría que probar su existencia o, en caso de existir, que ese dios instituyó el matrimonio y no los hombres que hablan en su nombre sin carta poder. Entiendo que los homosexuales y las lesbianas quieran ganar el derecho al matrimonio y a adoptar hijos, es una estrategia para ser reconocidos ante la ley (que ya lo son según el artículo primero constitucional), pero en realidad no necesitan sanción alguna de un funcionario del Estado o de un ministro de cualquier culto religioso. La unión libre, denominada concubinato, también está reconocida por la ley, en este caso en el Código Civil federal. El concubinato, si bien se ve el asunto, es la forma más avanzada de unión entre dos personas que quieren constituir un hogar o una familia, puesto que es libre y sin necesidad de sanción por parte de persona ajena a la pareja. Pero este es otro asunto.
La ley, el cardenal y sus cómplices
Si les das el pie agarran la mano. Esto es lo que han hecho las iglesias que han dicho que sólo obedecen a Dios. El documento leído en nombre de Norberto Rivera es realmente una pieza de antología (mal redactada) que parece rescatada de la Edad Media. Dice así en una de sus partes: “Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10)
Las implicaciones del texto citado son realmente una regresión a tiempos que todos, ilusamente, creímos superados hace mucho tiempo. Lo que sugiere la cita es que dichos “pastores” se han declarado en rebeldía ante las leyes que nos hemos dado, en este caso, los mexicanos. Según ese documento nuestras leyes no tienen validez alguna si se contraponen a Dios, cualquier cosa que esto signifique. Y digo esto último no por falta de respeto a quienes son religiosos, sino porque la voluntad de Dios, si acaso existe, depende de quienes dicen conocerla y que se consideran sus representantes y voceros nada más porque sí, porque ellos se asumen como tales sin sentirse obligados a demostrarlo.
A estos curas atrasados, a la vez que prepotentes y soberbios, se les hace muy fácil descalificar nuestras leyes y, no conformes con ello, llamar a desobedecerlas. Si el gobierno tuviera los pantalones que dice tener para acabar con el narcotráfico ya habría usado la ley contra ellos, traficantes de la supuesta voluntad de Dios por el simple hecho de que no están de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo ni con el aborto. Por lo pronto, el artículo 130 constitucional establece que “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”. En el inciso e de este artículo se dice: “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.” (Las cursivas son mías.)
Lo dicho en nombre del cardenal Rivera es suficiente para que se les cancele su agrupación religiosa y todas aquellas que dicen o digan que anteponen la supuesta voluntad de Dios, del dios que sea, a nuestras leyes vigentes. ¿Se valdrá, por ejemplo, que en mi automóvil me pase los altos porque Dios no me dijo que los respetara?
Subordinar o querer subordinar la Constitución general al catecismo Ripalda o a la Biblia o al Corán o lo que sea que represente un texto denominado sagrado, es una violación de dicha Constitución y del Estado laico que nos hemos dado los mexicanos (y que quieren revertir los curas). ¿No dice nuestra Constitución que en México hay libertad de cultos y de creencias? Esto quiere decir que cada quien cree en lo que le da la gana, o no cree y, por lo tanto, observa o no los valores de su iglesia, si la tiene, siempre y cuando se someta, como ciudadano, a las leyes vigentes en el país. Los curas quisieron tener derechos, y los tienen gracias a Carlos Salinas y sus reformas legislativas, pero al lograrlos también adquirieron obligaciones, como individuos y como organizaciones. Y una de estas obligaciones es acatar la legislación y no llamar a desobedecerla sin caer en subversión y, eventualmente, en asociación delictuosa. En caso de que esto suceda, y ya sucedió con el texto leído en la Catedral Metropolitana el domingo pasado, que les caiga el peso de la ley, comenzando por Rivera Carrera y sus cómplices ortodoxos y evangélicos que hicieron causa común con dicho propósito. Si los grupos guerrilleros que actúan al margen de la ley y llaman a proceder en contra de las instituciones de la República son perseguidos y acosados por las “fuerzas del orden”, ¿qué espera la Secretaría de Gobernación para hacer lo mismo con estos sedicentes “pastores del pueblo de Dios” alebrestados, que expresamente llaman a no respetar la ley y las instituciones? ¿O la ley es para unos pero no para todos?
Si los “pastores del pueblo de Dios” están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no los casen; nada los obliga. Gracias a hombres de visión moderna y no a curas oscurantistas, desde la Reforma existe, como matrimonio, la unión que se establece en nuestras leyes y que lleva a cabo un representante del Estado. En el caso de la Iglesia católica ni siquiera tendrían que preocuparse pues sus sacerdotes deben ser célibes, sean o no homosexuales e incluso pederastas. En referencia al aborto, tampoco tienen problema, que excomulguen a las mujeres católicas que lo practiquen y ya. ¿Dónde está la dificultad?
El matrimonio es una institución obsoleta y crecientemente en desuso. ¿Por qué se necesitaría que un funcionario civil sancione la unión de dos personas? ¿Tiene más validez que el simple deseo de una unión para hacer vida en común y, eventualmente, tener hijos propios o adoptados? Unirse ante Dios es todavía peor, pues primero habría que probar su existencia o, en caso de existir, que ese dios instituyó el matrimonio y no los hombres que hablan en su nombre sin carta poder. Entiendo que los homosexuales y las lesbianas quieran ganar el derecho al matrimonio y a adoptar hijos, es una estrategia para ser reconocidos ante la ley (que ya lo son según el artículo primero constitucional), pero en realidad no necesitan sanción alguna de un funcionario del Estado o de un ministro de cualquier culto religioso. La unión libre, denominada concubinato, también está reconocida por la ley, en este caso en el Código Civil federal. El concubinato, si bien se ve el asunto, es la forma más avanzada de unión entre dos personas que quieren constituir un hogar o una familia, puesto que es libre y sin necesidad de sanción por parte de persona ajena a la pareja. Pero este es otro asunto.
Rivera y Ratzinger
Adolfo Sánchez Rebolledo La jornada 14 de enero de 2010
Rivera y Ratzinger
La batalla en torno a la recién aprobada ley que legaliza el matrimonio y la adopción entre y por parejas del mismo sexo, nos ha dejado ver, una vez más, la dependencia ideológica de Acción Nacional respecto de la Iglesia católica, pero también el oportunismo de sus figuras nacionales, incluyendo al jefe del partido, al secretario de Gobernación y al mismo Presidente. Ante la imposibilidad de conseguir el apoyo de la tercera parte de los diputados capitalinos que hacen falta para promover una acción de inconstitucionalidad y a la espera de que sea la Procuraduría General de la República quien elabore la argumentación “estrictamente jurídica y política” (César Nava), el cardenal Norberto Rivera se ha trazado la misión de castigar electoralmente a los promotores de la ley, sin el menor respeto por los fundamentos del Estado laico, contenidos en la Constitución y en la propia Ley de Asociaciones Religiosas. El discurso del cardenal ha venido subiendo de tono hasta el punto de decir, por boca del vocero de la arquidiócesis, que “nosotros –es decir, los clérigos– tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10), palabras que desencadenaron un racimo de condenas instántaneas, incluido el deslinde del senador Madero y de Arturo Farela, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas.
La actitud del PAN, concentrada en la defensa de la “libertad de expresión” del cardenal, a cargo de César Nava, presagia que en este caso, como en la despenalización del aborto, intentará poner en marcha una operación para aislar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del DF movilizando a la opinión pública desde el púlpito y los medios, al tiempo que el gobierno deja caer el peso del Estado sobre las instituciones, legislativas y judiciales, que eventualmente se ocupen del tema. Esta reacción, claramente basculada hacia la derecha, no es nueva, ni mucho menos, pero ayuda a comprender mejor los mecanismos y la división del trabajo en el seno de la coalición gobernante. Así, mientras la jerarquía agita las aguas, desafiando el orden constitucional, el PAN procura un perfil neutro, deslavado, más abogadil que doctrinario, bajo el cual se oculta el pragmatismo de la derecha en el poder, pero también, hay que subrayarlo, la escasez de argumentos para elaborar una impugnación que no sea la repetición mecánica de los principios dictados por el Vaticano. Los panistas creen que si se da el caso, la Suprema Corte podría asirse de algunos tecnicismos para invalidar las reformas aprobadas en el DF (o, al menos, no llamar “matrimonio” a las uniones de hecho y prohibir la adopción), sin necesidad de entrar al fondo de la cuestión que radica, justamente, en que el Estado laico no puede hacerse cargo de la universalidad y menos de la obligatoriedad de la visión de “índole moral o religiosa” que, legítimamente, sostienen las distintas iglesias en relación con estos temas.
Cuando Norberto Rivera asegura que detrás de la reforma existe una persecución ideológica o que “Nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su doctrina, cumplir con el mandato del Señor (…) por defender el vínculo sagrado del matrimonio (…) se burlan de los valores cristianos y de nuestras creencias más sagradas”, distorsiona la realidad, evade el tema de los derechos de los homosexuales en general y pasa por alto la situación real de la familia en México (y en el mundo). En rigor, exige que la sociedad y el Estado acepten como propias, verdaderas y obligatorias sus consideraciones morales, como si la reforma sobre la naturaleza civil del matrimonio limitara de algún modo la libertad religiosa. Esa intolerancia es, justamente, la que cuestiona el laicismo que rescató para el Estado, mediante un difícil y conflictivo proceso, siempre impugnado por la Iglesia católica, prerrogativas como el registro y el matrimonio civil que aún hoy muchos católicos conservadores desdeñan.
Hoy no es distinto: la derecha mexicana está lejos de aceptar en sus términos constitucionales el laicismo, a pesar de que la reforma de 1992 canceló las aristas más agudas y “resolvió” las viejas discrepancias entre la Iglesia católica y el Estado. Pero en las cuestiones concernientes a la moral pública, sigue atada a las prescripciones papales en estas materias. Rechaza la despenalización del aborto, se opone a una verdadera educación sexual y, ahora, enfrenta con todas sus armas la extensión del matrimonio a parejas formadas por individuos del mismo sexo. Valga recordar, por ejemplo, las indicaciones del entonces cardenal Ratzinger (2003) para atender el “preocupante” asunto de “las uniones homosexuales, que en algunos casos incluyen también la habilitación para la adopción de hijos”, un texto que escribe justamente con el fin de iluminar “la actividad de los políticos católicos (…) cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema”. Es evidente que tanto en Roma como en México, este nuevo capítulo de la secularización tomó por sorpresa a los políticos de la derecha convencional, obligando al Vaticano a retomar la iniciativa. No repetiré aquí las argumentaciones del ahora Papa, pues todas ellas se pueden leer ímplicitas en las inflamadas homilías del cardenal Rivera, pues éstas se centran por igual en la premisa de que el matrimonio “ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades (…) de que el hombre, a imagen de Dios, ha sido creado varón y hembra” (Gn 1, 27), para cumplir con la máxima bíblica de “sed fecundos y multiplicaos” (Gn 1, 28).
Sin embargo, hay un elemento en el que la Iglesia se muestra inflexible y aparece poco en las argumentaciones de los panistas contra la actual reforma: la furia contra el ejercicio de la homosexualidad (no hablemos de la pederastia en este momento). Raztinger es categórico: “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”. Y, tras explicar los elementos doctrinales, concluye: “El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso”. De eso se trata. Sin embargo, el Vaticano sabe que no siempre puede ganar todas las batallas de un solo golpe y da a los políticos católicos la libertad de adoptar ciertas formas de tolerancia al mal. La cita, un poco larga, vale la pena: “En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitæ, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública”, con la condición de que sea “clara y notoria a todos” su “personal absoluta oposición” a leyes semejantes y “se haya evitado el peligro de escándalo”.
¿Y el gobierno, qué piensa?
Rivera y Ratzinger
La batalla en torno a la recién aprobada ley que legaliza el matrimonio y la adopción entre y por parejas del mismo sexo, nos ha dejado ver, una vez más, la dependencia ideológica de Acción Nacional respecto de la Iglesia católica, pero también el oportunismo de sus figuras nacionales, incluyendo al jefe del partido, al secretario de Gobernación y al mismo Presidente. Ante la imposibilidad de conseguir el apoyo de la tercera parte de los diputados capitalinos que hacen falta para promover una acción de inconstitucionalidad y a la espera de que sea la Procuraduría General de la República quien elabore la argumentación “estrictamente jurídica y política” (César Nava), el cardenal Norberto Rivera se ha trazado la misión de castigar electoralmente a los promotores de la ley, sin el menor respeto por los fundamentos del Estado laico, contenidos en la Constitución y en la propia Ley de Asociaciones Religiosas. El discurso del cardenal ha venido subiendo de tono hasta el punto de decir, por boca del vocero de la arquidiócesis, que “nosotros –es decir, los clérigos– tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10), palabras que desencadenaron un racimo de condenas instántaneas, incluido el deslinde del senador Madero y de Arturo Farela, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas.
La actitud del PAN, concentrada en la defensa de la “libertad de expresión” del cardenal, a cargo de César Nava, presagia que en este caso, como en la despenalización del aborto, intentará poner en marcha una operación para aislar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del DF movilizando a la opinión pública desde el púlpito y los medios, al tiempo que el gobierno deja caer el peso del Estado sobre las instituciones, legislativas y judiciales, que eventualmente se ocupen del tema. Esta reacción, claramente basculada hacia la derecha, no es nueva, ni mucho menos, pero ayuda a comprender mejor los mecanismos y la división del trabajo en el seno de la coalición gobernante. Así, mientras la jerarquía agita las aguas, desafiando el orden constitucional, el PAN procura un perfil neutro, deslavado, más abogadil que doctrinario, bajo el cual se oculta el pragmatismo de la derecha en el poder, pero también, hay que subrayarlo, la escasez de argumentos para elaborar una impugnación que no sea la repetición mecánica de los principios dictados por el Vaticano. Los panistas creen que si se da el caso, la Suprema Corte podría asirse de algunos tecnicismos para invalidar las reformas aprobadas en el DF (o, al menos, no llamar “matrimonio” a las uniones de hecho y prohibir la adopción), sin necesidad de entrar al fondo de la cuestión que radica, justamente, en que el Estado laico no puede hacerse cargo de la universalidad y menos de la obligatoriedad de la visión de “índole moral o religiosa” que, legítimamente, sostienen las distintas iglesias en relación con estos temas.
Cuando Norberto Rivera asegura que detrás de la reforma existe una persecución ideológica o que “Nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su doctrina, cumplir con el mandato del Señor (…) por defender el vínculo sagrado del matrimonio (…) se burlan de los valores cristianos y de nuestras creencias más sagradas”, distorsiona la realidad, evade el tema de los derechos de los homosexuales en general y pasa por alto la situación real de la familia en México (y en el mundo). En rigor, exige que la sociedad y el Estado acepten como propias, verdaderas y obligatorias sus consideraciones morales, como si la reforma sobre la naturaleza civil del matrimonio limitara de algún modo la libertad religiosa. Esa intolerancia es, justamente, la que cuestiona el laicismo que rescató para el Estado, mediante un difícil y conflictivo proceso, siempre impugnado por la Iglesia católica, prerrogativas como el registro y el matrimonio civil que aún hoy muchos católicos conservadores desdeñan.
Hoy no es distinto: la derecha mexicana está lejos de aceptar en sus términos constitucionales el laicismo, a pesar de que la reforma de 1992 canceló las aristas más agudas y “resolvió” las viejas discrepancias entre la Iglesia católica y el Estado. Pero en las cuestiones concernientes a la moral pública, sigue atada a las prescripciones papales en estas materias. Rechaza la despenalización del aborto, se opone a una verdadera educación sexual y, ahora, enfrenta con todas sus armas la extensión del matrimonio a parejas formadas por individuos del mismo sexo. Valga recordar, por ejemplo, las indicaciones del entonces cardenal Ratzinger (2003) para atender el “preocupante” asunto de “las uniones homosexuales, que en algunos casos incluyen también la habilitación para la adopción de hijos”, un texto que escribe justamente con el fin de iluminar “la actividad de los políticos católicos (…) cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema”. Es evidente que tanto en Roma como en México, este nuevo capítulo de la secularización tomó por sorpresa a los políticos de la derecha convencional, obligando al Vaticano a retomar la iniciativa. No repetiré aquí las argumentaciones del ahora Papa, pues todas ellas se pueden leer ímplicitas en las inflamadas homilías del cardenal Rivera, pues éstas se centran por igual en la premisa de que el matrimonio “ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades (…) de que el hombre, a imagen de Dios, ha sido creado varón y hembra” (Gn 1, 27), para cumplir con la máxima bíblica de “sed fecundos y multiplicaos” (Gn 1, 28).
Sin embargo, hay un elemento en el que la Iglesia se muestra inflexible y aparece poco en las argumentaciones de los panistas contra la actual reforma: la furia contra el ejercicio de la homosexualidad (no hablemos de la pederastia en este momento). Raztinger es categórico: “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”. Y, tras explicar los elementos doctrinales, concluye: “El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso”. De eso se trata. Sin embargo, el Vaticano sabe que no siempre puede ganar todas las batallas de un solo golpe y da a los políticos católicos la libertad de adoptar ciertas formas de tolerancia al mal. La cita, un poco larga, vale la pena: “En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitæ, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública”, con la condición de que sea “clara y notoria a todos” su “personal absoluta oposición” a leyes semejantes y “se haya evitado el peligro de escándalo”.
¿Y el gobierno, qué piensa?
Lo que realmente busca la Iglesia
Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez
■ Lo que realmente busca la Iglesia
■ En su seno ya se ven santos legisladores
El debate que la jerarquía católica ha impuesto en los días recientes, a raíz de que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma que legaliza las bodas entre personas del mismo sexo y permite la adopción de menores por esas uniones, parece no ser nada más un pleito por echar abajo ese precepto legal, sino un esfuerzo, quizá el más serio de los últimos tiempos, por insertarse de lleno y legalmente en la vida política del país.
Sabido era que la mayoría de las acciones que hoy pueden ejecutar las parejas del mismo sexo ya se realizaban, y aunque eran objeto de la crítica sacerdotal, no escalaban niveles de escándalo. Pero esta vez, fortalecidos por el matrimonio Televisa-Iglesia, cuyo vástago, Enrique Peña Nieto, se apresta a tomar el poder, se han lanzado a conquistar los terrenos perdidos.
Era, aseguran algunos analistas, el momento preciso, y los diputados de la Asamblea del DF se pusieron de pechito. Ganar o perder el debate no cambiará en nada la realidad. Quienes quieran hacer vida en pareja lo harán con o sin la legalización de la unión, y los que quieran adoptar a un niño, seguramente podrán realizarlo con la ayuda de un buen abogado, porque ninguna ley prohíbe, hasta donde sabemos, a homosexuales o lesbianas ese acto. Así que nada cambiará.
Sin embargo, lo que tratan de mostrar los jerarcas religiosos es hasta qué punto el Estado resiste su vida laica. Y decimos el Estado para referirnos a todos los que componemos, en cualquier instancia, el país. Porque el gobierno, este gobierno como el pasado, ha jugado a la política de la mano de los sacerdotes.
Existen muchos que aseguran que es desde el poder civil –hoy más desde el priísmo– desde donde se busca romper el acuerdo legal por medio del cual hasta nuestros días se mantiene la convivencia civilizada entre lo que es de Dios y lo que es del césar, aunque cada vez que se puede los curas toman la palabra para mostrar sus afinidades políticas.
De esa manera, que no se mal entienda, nos aseguran algunos miembros de la Iglesia católica que no están de acuerdo con que los curas se conviertan en santos senadores o diputados, que es, a fin de cuentas, lo que están buscando.
Así que no hay que confundir. El ataque que la Iglesia católica ha desatado en contra de las autoridades del Distrito Federal, más bien pretende presionar al gobierno de Calderón para que de una vez le dé el paso que le permita actuar, con toda impunidad, en política desde el púlpito o desde la curul.
Hizo bien el secretario de Gobernación al advertir que los curas pueden hacer uso libre de todas sus expresiones. Lo grave, muy grave, es que el mismo funcionario, atado a los prejuicios de su jefe, no pudo, no quiso o no supo señalar, al mismo tiempo, que la ley no se cambia por las presiones de la jerarquía católica y que los curas pueden decir misa, pero no les competen los asuntos de la ley civil.
Y es eso, la falta de apego a la ley, lo que ha soltado los rumores, ciertos o no, de que en el alegato sobre el matrimonio y la adopción, por parte de los de un mismo sexo, es el simple telón que protege las no muy sanas intenciones del alto clero. ¿Será?
De pasadita
Es cierto, las medidas que dio a conocer el gobierno de Marcelo Ebrard para aminorar el golpe del gasolinazo no son, ni con mucho, la bocanada de aire que permita a los ciudadanos del DF respirar tranquilos. Pero tampoco son los panistas quienes puedan levantar la crítica. No después de que aún no sabemos a ciencia cierta qué se hizo con la millonada que llegó al país por la venta del petróleo en el sexenio pasado y al principio de éste. No después de saber que los salarios de quienes trabajan hasta arriba de la burocracia son la coladera por donde se van otros muchos millones. Y menos aún si tenemos en cuenta la opacidad con la que se conduce el calderonismo. ¡Vaya desvergüenza!
Miguel Ángel Velázquez
■ Lo que realmente busca la Iglesia
■ En su seno ya se ven santos legisladores
El debate que la jerarquía católica ha impuesto en los días recientes, a raíz de que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma que legaliza las bodas entre personas del mismo sexo y permite la adopción de menores por esas uniones, parece no ser nada más un pleito por echar abajo ese precepto legal, sino un esfuerzo, quizá el más serio de los últimos tiempos, por insertarse de lleno y legalmente en la vida política del país.
Sabido era que la mayoría de las acciones que hoy pueden ejecutar las parejas del mismo sexo ya se realizaban, y aunque eran objeto de la crítica sacerdotal, no escalaban niveles de escándalo. Pero esta vez, fortalecidos por el matrimonio Televisa-Iglesia, cuyo vástago, Enrique Peña Nieto, se apresta a tomar el poder, se han lanzado a conquistar los terrenos perdidos.
Era, aseguran algunos analistas, el momento preciso, y los diputados de la Asamblea del DF se pusieron de pechito. Ganar o perder el debate no cambiará en nada la realidad. Quienes quieran hacer vida en pareja lo harán con o sin la legalización de la unión, y los que quieran adoptar a un niño, seguramente podrán realizarlo con la ayuda de un buen abogado, porque ninguna ley prohíbe, hasta donde sabemos, a homosexuales o lesbianas ese acto. Así que nada cambiará.
Sin embargo, lo que tratan de mostrar los jerarcas religiosos es hasta qué punto el Estado resiste su vida laica. Y decimos el Estado para referirnos a todos los que componemos, en cualquier instancia, el país. Porque el gobierno, este gobierno como el pasado, ha jugado a la política de la mano de los sacerdotes.
Existen muchos que aseguran que es desde el poder civil –hoy más desde el priísmo– desde donde se busca romper el acuerdo legal por medio del cual hasta nuestros días se mantiene la convivencia civilizada entre lo que es de Dios y lo que es del césar, aunque cada vez que se puede los curas toman la palabra para mostrar sus afinidades políticas.
De esa manera, que no se mal entienda, nos aseguran algunos miembros de la Iglesia católica que no están de acuerdo con que los curas se conviertan en santos senadores o diputados, que es, a fin de cuentas, lo que están buscando.
Así que no hay que confundir. El ataque que la Iglesia católica ha desatado en contra de las autoridades del Distrito Federal, más bien pretende presionar al gobierno de Calderón para que de una vez le dé el paso que le permita actuar, con toda impunidad, en política desde el púlpito o desde la curul.
Hizo bien el secretario de Gobernación al advertir que los curas pueden hacer uso libre de todas sus expresiones. Lo grave, muy grave, es que el mismo funcionario, atado a los prejuicios de su jefe, no pudo, no quiso o no supo señalar, al mismo tiempo, que la ley no se cambia por las presiones de la jerarquía católica y que los curas pueden decir misa, pero no les competen los asuntos de la ley civil.
Y es eso, la falta de apego a la ley, lo que ha soltado los rumores, ciertos o no, de que en el alegato sobre el matrimonio y la adopción, por parte de los de un mismo sexo, es el simple telón que protege las no muy sanas intenciones del alto clero. ¿Será?
De pasadita
Es cierto, las medidas que dio a conocer el gobierno de Marcelo Ebrard para aminorar el golpe del gasolinazo no son, ni con mucho, la bocanada de aire que permita a los ciudadanos del DF respirar tranquilos. Pero tampoco son los panistas quienes puedan levantar la crítica. No después de que aún no sabemos a ciencia cierta qué se hizo con la millonada que llegó al país por la venta del petróleo en el sexenio pasado y al principio de éste. No después de saber que los salarios de quienes trabajan hasta arriba de la burocracia son la coladera por donde se van otros muchos millones. Y menos aún si tenemos en cuenta la opacidad con la que se conduce el calderonismo. ¡Vaya desvergüenza!
El gran engaño
Astillero
Julio Hernández López La jornada 14 de enero de 2010
El gran engaño
Vacunas, negocio y daño
OMS, políticos y laboratorios
“Conspiración” confirmada
Los sueños pinoleros de salvación del mundo están en riesgo de quedar reducidos a un típico acto de corrupción trasnacional farmacéutica, que habría “presionado” a la supuestamente beatífica Organización Mundial de la Salud (OMS) para que exagerara los riesgos de la influenza ahora llamada A/H1N1 y empujara a “los políticos de la mayoría de los países a reaccionar inmediatamente y firmar acuerdos comerciales para adquirir vacunas contra la nueva gripe y gastar millones de dólares para responder”.
La confirmación preventiva de las extendidas dudas de los mexicanos respecto a las extremosas políticas sanitarias ordenadas por la administración calderónica ha sido hecha por el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg (epidemiólogo especializado en enfermedades pulmonares y en medicina ambiental), quien ha promovido una moción, luego aprobada por unanimidad, para que la OMS explique lo que es considerado como “uno de los mayores escándalos médicos del siglo”, pues se estima que la citada organización sanitaria global “cooperó” con grandes firmas farmacéuticas para “redefinir el nivel pandémico y reducir el umbral de alarma”, con lo que propició un gran negocio privado.
Wodarg dijo a L’ Humanité (una versión en español está en http://bit.ly/89Wzi1 y, en inglés, en http://bit.ly/7d S0Dy) respecto a los diagnósticos oficiales que adjudicaron gravedad a la A/H1N1: “Sí, es una gripe lo que hay, de lo más normal. No causa más que una décima parte de las muertes causadas por la gripe estacional clásica. Lo único que importaba, y todo lo que llevó a la gran campaña de pánico a la que hemos asistido, es que constituía una oportunidad de oro para los representantes de los laboratorios que sabían que sería el premio gordo en caso de declaración de pandemia”. Bruno Odent preguntó: “¿Cómo ha sido posible un proceso de este tipo en el seno de la OMS?”, y Wodarg respondió: “Un grupo de personas de la OMS está estrechamente asociado con la industria farmacéutica”. El médico alemán cita ejemplos de nexos de laboratorios como Novartis, Glaxo y Baxter con directivos del organismo mundial y denuncia que “estas grandes empresas tienen ‘su gente’ en los aparatos y se mueven rápidamente para que se tomen las buenas decisiones políticas. Es decir, aquellas que les permiten bombear el dinero de los contribuyentes al máximo”. La investigación considera la posibilidad de que los gobiernos sean presionados por sus ciudadanos para que rindan cuentas sobre estos grandes negocios: “Los estados podrían de hecho cogerse a esto para revisar los contratos firmados en condiciones, digamos que no muy limpias. Si se puede demostrar que es la influencia de las empresas lo que dio lugar a la iniciación del proceso, entonces habrá que presionarlas para que pidan que se les rembolse”.
El proceso de indagaciones europeas tiene especial significación en México, donde Felipe Calderón aprobó –el 9 de marzo de 2009– un acuerdo con Sanofi Aventis (mientras los mexicanos se distraían con Carla Bruni) para que invirtiera 100 millones de euros en construir instalaciones para producir vacunas contra la influenza; luego, el apresurado Calderón recibió en abril la visita del estadunidense Barack Obama, y enseguida colocó a México en situación de alarma extrema, con el tapabocas como instrumento gráfico de confirmación de presuntos riesgos mortales y una población sometida a técnicas de control social mediante el miedo. El proceso de “explicaciones” de la administración felipista fue hecho por un político habilitado como secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos (ex diputado federal panista y ex presidente del consejo electoral de Guanajuato, ahora buscador de la candidatura a gobernador de esa entidad). El burdo montaje, las exageraciones evidentes, los enredos ante cámaras y micrófonos (el médico Córdova se volvió una estrella de Televisa jamás cuestionada a fondo) y el contraste diario del tamaño del problema frente a las dimensiones apocalípticas anunciadas generaron un escepticismo que ahora ha desembocado en la resistencia generalizada a inyectarse las vacunas sospechosas, que ya han costado una fortuna del erario y que, de mantenerse los estilos porcentuales de asignación de contratos, habrá generado comisiones enormes para los funcionarios participantes en esos enjuagues sanitarios.
El destape de este escándalo mortal demuestra, por otra parte, que la crítica y el escepticismo son ingredientes necesarios para abordar los actos de un gobierno federal que bajo el estigma del fraude electoral de origen practica otras trampas y saqueos. Los espacios que, como esta columna, advirtieron en cuestión de horas los riesgos del engaño y la magnificación para fines de control social y beneficio pinolero, fueron confrontados con el crucifijo supuestamente santificado de la OMS impoluta e intachable y con la descalificación (de facturado uso sexenal), consistente en adjudicar toda duda o denuncia al uso alucinado de teorías de la conspiración. Calderón y Córdova, en otro México, en otros tiempos, deberían responder política y judicialmente por lo hecho durante esos tiempos sombríos; por los daños profundos hechos a la economía ya en picada y a la salud de los mexicanos convertidos en campo experimental y cuerpo de negocio para beneficio de bandas insanas.
Astillas:
A El Teo lo detuvo el nuevo gobierno, el de la DEA, que con tecnología intrusiva guió a sus peones nativos a la captura de un capo que, según el semanario Zeta, de Tijuana, ya estaba en declive, mientras otro personaje, apodado El Muletas, se preparaba económicamente para asumir el relevo... De Ciudad Juárez salen sin gloria contingentes de soldados para que entren en acción 2 mil policías federales... La presunta gallardía del IFE para cerrar el paso al negocito de la cédula de identidad quedó en arreglo tras bambalinas... ¿Los discursos “izquierdistas” del rector Narro serán parte de la campaña que pretende posicionar al ex rector De la Fuente como opción presidencial “de izquierda”?... ¡Hasta mañana!
Julio Hernández López La jornada 14 de enero de 2010
El gran engaño
Vacunas, negocio y daño
OMS, políticos y laboratorios
“Conspiración” confirmada
Los sueños pinoleros de salvación del mundo están en riesgo de quedar reducidos a un típico acto de corrupción trasnacional farmacéutica, que habría “presionado” a la supuestamente beatífica Organización Mundial de la Salud (OMS) para que exagerara los riesgos de la influenza ahora llamada A/H1N1 y empujara a “los políticos de la mayoría de los países a reaccionar inmediatamente y firmar acuerdos comerciales para adquirir vacunas contra la nueva gripe y gastar millones de dólares para responder”.
La confirmación preventiva de las extendidas dudas de los mexicanos respecto a las extremosas políticas sanitarias ordenadas por la administración calderónica ha sido hecha por el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg (epidemiólogo especializado en enfermedades pulmonares y en medicina ambiental), quien ha promovido una moción, luego aprobada por unanimidad, para que la OMS explique lo que es considerado como “uno de los mayores escándalos médicos del siglo”, pues se estima que la citada organización sanitaria global “cooperó” con grandes firmas farmacéuticas para “redefinir el nivel pandémico y reducir el umbral de alarma”, con lo que propició un gran negocio privado.
Wodarg dijo a L’ Humanité (una versión en español está en http://bit.ly/89Wzi1 y, en inglés, en http://bit.ly/7d S0Dy) respecto a los diagnósticos oficiales que adjudicaron gravedad a la A/H1N1: “Sí, es una gripe lo que hay, de lo más normal. No causa más que una décima parte de las muertes causadas por la gripe estacional clásica. Lo único que importaba, y todo lo que llevó a la gran campaña de pánico a la que hemos asistido, es que constituía una oportunidad de oro para los representantes de los laboratorios que sabían que sería el premio gordo en caso de declaración de pandemia”. Bruno Odent preguntó: “¿Cómo ha sido posible un proceso de este tipo en el seno de la OMS?”, y Wodarg respondió: “Un grupo de personas de la OMS está estrechamente asociado con la industria farmacéutica”. El médico alemán cita ejemplos de nexos de laboratorios como Novartis, Glaxo y Baxter con directivos del organismo mundial y denuncia que “estas grandes empresas tienen ‘su gente’ en los aparatos y se mueven rápidamente para que se tomen las buenas decisiones políticas. Es decir, aquellas que les permiten bombear el dinero de los contribuyentes al máximo”. La investigación considera la posibilidad de que los gobiernos sean presionados por sus ciudadanos para que rindan cuentas sobre estos grandes negocios: “Los estados podrían de hecho cogerse a esto para revisar los contratos firmados en condiciones, digamos que no muy limpias. Si se puede demostrar que es la influencia de las empresas lo que dio lugar a la iniciación del proceso, entonces habrá que presionarlas para que pidan que se les rembolse”.
El proceso de indagaciones europeas tiene especial significación en México, donde Felipe Calderón aprobó –el 9 de marzo de 2009– un acuerdo con Sanofi Aventis (mientras los mexicanos se distraían con Carla Bruni) para que invirtiera 100 millones de euros en construir instalaciones para producir vacunas contra la influenza; luego, el apresurado Calderón recibió en abril la visita del estadunidense Barack Obama, y enseguida colocó a México en situación de alarma extrema, con el tapabocas como instrumento gráfico de confirmación de presuntos riesgos mortales y una población sometida a técnicas de control social mediante el miedo. El proceso de “explicaciones” de la administración felipista fue hecho por un político habilitado como secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos (ex diputado federal panista y ex presidente del consejo electoral de Guanajuato, ahora buscador de la candidatura a gobernador de esa entidad). El burdo montaje, las exageraciones evidentes, los enredos ante cámaras y micrófonos (el médico Córdova se volvió una estrella de Televisa jamás cuestionada a fondo) y el contraste diario del tamaño del problema frente a las dimensiones apocalípticas anunciadas generaron un escepticismo que ahora ha desembocado en la resistencia generalizada a inyectarse las vacunas sospechosas, que ya han costado una fortuna del erario y que, de mantenerse los estilos porcentuales de asignación de contratos, habrá generado comisiones enormes para los funcionarios participantes en esos enjuagues sanitarios.
El destape de este escándalo mortal demuestra, por otra parte, que la crítica y el escepticismo son ingredientes necesarios para abordar los actos de un gobierno federal que bajo el estigma del fraude electoral de origen practica otras trampas y saqueos. Los espacios que, como esta columna, advirtieron en cuestión de horas los riesgos del engaño y la magnificación para fines de control social y beneficio pinolero, fueron confrontados con el crucifijo supuestamente santificado de la OMS impoluta e intachable y con la descalificación (de facturado uso sexenal), consistente en adjudicar toda duda o denuncia al uso alucinado de teorías de la conspiración. Calderón y Córdova, en otro México, en otros tiempos, deberían responder política y judicialmente por lo hecho durante esos tiempos sombríos; por los daños profundos hechos a la economía ya en picada y a la salud de los mexicanos convertidos en campo experimental y cuerpo de negocio para beneficio de bandas insanas.
Astillas:
A El Teo lo detuvo el nuevo gobierno, el de la DEA, que con tecnología intrusiva guió a sus peones nativos a la captura de un capo que, según el semanario Zeta, de Tijuana, ya estaba en declive, mientras otro personaje, apodado El Muletas, se preparaba económicamente para asumir el relevo... De Ciudad Juárez salen sin gloria contingentes de soldados para que entren en acción 2 mil policías federales... La presunta gallardía del IFE para cerrar el paso al negocito de la cédula de identidad quedó en arreglo tras bambalinas... ¿Los discursos “izquierdistas” del rector Narro serán parte de la campaña que pretende posicionar al ex rector De la Fuente como opción presidencial “de izquierda”?... ¡Hasta mañana!
Sube 53.5% cartera vencida de créditos bancarios para vivienda
Llega al nivel más alto en seis años: 15 mil 812 millones de pesos, informa el BdeM
Sube 53.5% cartera vencida de créditos bancarios para vivienda
■ Desempleo y pérdida en la capacidad de pago de las familias por la crisis, telón de fondo
■ El año pasado las instituciones limitaron el financiamiento al consumo y del rubro hipotecario
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR La jornada 14 de enero de 2010
La cartera vencida entre usuarios de créditos bancarios para la compra de vivienda llegó a 15 mil 812 millones de pesos, el nivel más alto en seis años y que implicó un crecimiento anual de 53.5 por ciento, indicó información del Banco de México.
La tasa de crecimiento de la morosidad en el sector hipotecario fue 10 veces superior al aumento de la cartera de préstamos en este segmento, evolución que reflejó que la caída en el empleo y la pérdida en la capacidad de pago de las familias acusa los efectos de la crisis económica.
En el último año, el sistema bancario comercial otorgó créditos para la compra de vivienda por 14 mil 957 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. En el mismo periodo, la cartera vencida entre los usuarios préstamos para la compra de vivienda aumentó en 5 mil 513 millones de pesos. Para efectos comparativos, uno de cada tres pesos de préstamos hipotecarios cayó en cartera vencida en los últimos 12 meses.
Hasta noviembre pasado, el más reciente mes para el que existe información estadística, la cartera vencida de la banca comercial en créditos a la vivienda se situó en 15 mil 812.2 millones de pesos, 53.5 por ciento más que en el mismo mes de 2008 y poco más del doble de la reportada en noviembre de 2007, cuando se situó en 7 mil 276.8 millones de pesos, según los datos del banco central.
Se dispara el desempleo a un máximo en 15 años
La crisis económica, que en México tuvo, entre otras expresiones, el aumento del desempleo a un nivel máximo en 15 años y un mayor deterioro en el poder de compra de los salarios, llevó a los bancos privados a limitar el préstamo al consumo, en especial en tarjetas de crédito, y a disminuir la oferta de financiamiento para la compra de vivienda.
En el primer caso, la cartera vencida entre los usuarios de créditos al consumo, que repuntó en la primavera de 2008, comenzó a disminuir hacia mediados de 2009. En noviembre pasado, se situó en 29 mil 976 millones de pesos, cifra menor en 27 por ciento a la del mismo mes de 2008, que fue de 41 mil 194 millones de pesos y representaba el mayor monto registrado desde 1994.
Sin embargo, junto con el aumento del desempleo y el deterioro en el poder de compra de los salarios, la cartera vencida en préstamos a la vivienda ha ido en aumento en el último año, aun cuando la banca mantuvo la oferta de financiamiento hipotecario.
El crédito a la vivienda creció de 312 mil 544 millones de pesos en noviembre de 2008 a 327 mil 501 millones en el mismo mes de 2009, lo que representó un crecimiento de 4.7 por ciento, según los datos del banco central. Un año antes, entre 2007 y 2008, la cartera de crédito hipotecario había aumentado a una tasa de 12.8 por ciento.
En 2008 y 2009, los años en que estalló y se agudizó la crisis económica, los salarios han tenido incrementos menores al repunte de la inflación, lo que implica que han ocurrido pérdidas reales en el poder de compra. En el primer caso, los salarios contractuales, una referencia en el mercado de trabajo, se incrementaron 0.57 puntos menos que la inflación del periodo, en tanto que en 2009 la remuneración se elevó 0.92 puntos menos que el crecimiento promedio de los precios.
Sube 53.5% cartera vencida de créditos bancarios para vivienda
■ Desempleo y pérdida en la capacidad de pago de las familias por la crisis, telón de fondo
■ El año pasado las instituciones limitaron el financiamiento al consumo y del rubro hipotecario
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR La jornada 14 de enero de 2010
La cartera vencida entre usuarios de créditos bancarios para la compra de vivienda llegó a 15 mil 812 millones de pesos, el nivel más alto en seis años y que implicó un crecimiento anual de 53.5 por ciento, indicó información del Banco de México.
La tasa de crecimiento de la morosidad en el sector hipotecario fue 10 veces superior al aumento de la cartera de préstamos en este segmento, evolución que reflejó que la caída en el empleo y la pérdida en la capacidad de pago de las familias acusa los efectos de la crisis económica.
En el último año, el sistema bancario comercial otorgó créditos para la compra de vivienda por 14 mil 957 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. En el mismo periodo, la cartera vencida entre los usuarios préstamos para la compra de vivienda aumentó en 5 mil 513 millones de pesos. Para efectos comparativos, uno de cada tres pesos de préstamos hipotecarios cayó en cartera vencida en los últimos 12 meses.
Hasta noviembre pasado, el más reciente mes para el que existe información estadística, la cartera vencida de la banca comercial en créditos a la vivienda se situó en 15 mil 812.2 millones de pesos, 53.5 por ciento más que en el mismo mes de 2008 y poco más del doble de la reportada en noviembre de 2007, cuando se situó en 7 mil 276.8 millones de pesos, según los datos del banco central.
Se dispara el desempleo a un máximo en 15 años
La crisis económica, que en México tuvo, entre otras expresiones, el aumento del desempleo a un nivel máximo en 15 años y un mayor deterioro en el poder de compra de los salarios, llevó a los bancos privados a limitar el préstamo al consumo, en especial en tarjetas de crédito, y a disminuir la oferta de financiamiento para la compra de vivienda.
En el primer caso, la cartera vencida entre los usuarios de créditos al consumo, que repuntó en la primavera de 2008, comenzó a disminuir hacia mediados de 2009. En noviembre pasado, se situó en 29 mil 976 millones de pesos, cifra menor en 27 por ciento a la del mismo mes de 2008, que fue de 41 mil 194 millones de pesos y representaba el mayor monto registrado desde 1994.
Sin embargo, junto con el aumento del desempleo y el deterioro en el poder de compra de los salarios, la cartera vencida en préstamos a la vivienda ha ido en aumento en el último año, aun cuando la banca mantuvo la oferta de financiamiento hipotecario.
El crédito a la vivienda creció de 312 mil 544 millones de pesos en noviembre de 2008 a 327 mil 501 millones en el mismo mes de 2009, lo que representó un crecimiento de 4.7 por ciento, según los datos del banco central. Un año antes, entre 2007 y 2008, la cartera de crédito hipotecario había aumentado a una tasa de 12.8 por ciento.
En 2008 y 2009, los años en que estalló y se agudizó la crisis económica, los salarios han tenido incrementos menores al repunte de la inflación, lo que implica que han ocurrido pérdidas reales en el poder de compra. En el primer caso, los salarios contractuales, una referencia en el mercado de trabajo, se incrementaron 0.57 puntos menos que la inflación del periodo, en tanto que en 2009 la remuneración se elevó 0.92 puntos menos que el crecimiento promedio de los precios.
¿Estado light-co?
¿Estado light-co?
Alfonso Zárate
El Universal 14 de enero de 2010
“Creo que lo más parecido que hay en el mundo al Anticristo es el papa. Es el único que tiene los rasgos que son contrarios a los de Cristo”. Fernando Savater.
En México está en curso una cruzada que se propone una revancha histórica: someter a las instituciones públicas, laicas por definición, a la autoridad eclesial; imponer a la República, dogmas religiosos que sólo corresponden a las creencias personales de su feligresía.
Un alto clero que desde hace siglos cayó en la tentación del poder terrenal y cuya manera de vivir —el boato, la opulencia y sus nombramientos excelsos: “reverentísimos” y “eminentísimos”— constituyen el rechazo más contundente a la prédica de su fundador, es el mismo que ha desplegado una operación política a nivel de las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional (Beatriz Paredes y los gobernadores, principalmente) para imponer un retroceso en materia de libertades que niega la palabra de Cristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Poniendo en práctica viejos usos del poder —albazos legislativos, “línea” a los legisladores, arreglos en lo oscurito— una mayoría priísta y panista, pero también de otros partidos, ha aprobado en 18 entidades las contrarreformas que hoy criminalizan los abortos y que, en algunos extremos, sancionan con prisión a las madres que interrumpen su embarazo aun en casos de violación, de riesgo para su vida o de defectos congénitos graves del embrión.
La interrupción del embarazo —una decisión siempre difícil para una madre— afecta, antes que a nadie, a quien(es) toma(n) tal determinación; el aborto no es un método anticonceptivo sino una solución de última instancia, que tiene que ver con derechos fundamentales de las mujeres.
Los estudios sobre los abortos muestran que la primera causa para abortar es económica: a muchas mujeres con muchos hijos y en condiciones de pobreza extrema, el embarazo no deseado las deja ante una decisión difícil. En otros casos, se trata de mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual, incluso menores de edad a quienes se obligaría a tener a los niños producto de ese crimen horrendo que es la violación. Pero están también los casos en los que la decisión se adopta debido a la malformación del producto o porque está en riesgo la vida de la madre.
Quienes están penalizando el aborto ponen en riesgo la vida de miles de mujeres que no contarán con las condiciones hospitalarias adecuadas para hacerlo y, por otra parte, están favoreciendo que vengan al mundo seres no deseados y que los resultantes sean, muchas veces, niños golpeados e incluso, abandonados y sin instituciones que puedan acogerlos.
Lo que está ocurriendo es una grave regresión. Las presiones de los sectores más conservadores de la Iglesia católica son enormes. ProVida y otros grupos similares están muy activos. El respeto debido a todas las creencias reclama reconocer que si desde un punto de vista religioso la interrupción del embarazo es inaceptable, entonces los creyentes adopten las medidas que correspondan dentro de su fe; pero lo que resulta inadmisible es la pretensión de convertir preceptos de la esfera estrictamente religiosa, en leyes de carácter general, es decir, aplicables lo mismo a católicos que judíos, cristianos o agnósticos.
México vivió un paso decisivo a la modernidad hace 150 años: la separación de la Iglesia y el Estado. Pero ahora, en pleno siglo XXI constatamos un esfuerzo, exitoso en muchos lados, de retrotraer la historia.
Fuga hacia adelante, esta ofensiva, por otro lado, busca, también, tender una cortina de humo sobre los casos de pederastia, los pecados dentro del alto clero.
En este tiempo signado por el descrédito y erosión de las instituciones —los partidos políticos, el IFE, el Tribunal Electoral de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, la Iglesia católica, “una de las instituciones más conservadoras, rituales, verticales y antidemocráticas de la contemporaneidad”, como la define Juan Luis Hernández, pone su cuota.
Está en curso la revancha de la ultraderecha: los valores religiosos van imponiéndose y nuestro Estado laico deviene Estado light-co.
Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario
Alfonso Zárate
El Universal 14 de enero de 2010
“Creo que lo más parecido que hay en el mundo al Anticristo es el papa. Es el único que tiene los rasgos que son contrarios a los de Cristo”. Fernando Savater.
En México está en curso una cruzada que se propone una revancha histórica: someter a las instituciones públicas, laicas por definición, a la autoridad eclesial; imponer a la República, dogmas religiosos que sólo corresponden a las creencias personales de su feligresía.
Un alto clero que desde hace siglos cayó en la tentación del poder terrenal y cuya manera de vivir —el boato, la opulencia y sus nombramientos excelsos: “reverentísimos” y “eminentísimos”— constituyen el rechazo más contundente a la prédica de su fundador, es el mismo que ha desplegado una operación política a nivel de las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional (Beatriz Paredes y los gobernadores, principalmente) para imponer un retroceso en materia de libertades que niega la palabra de Cristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Poniendo en práctica viejos usos del poder —albazos legislativos, “línea” a los legisladores, arreglos en lo oscurito— una mayoría priísta y panista, pero también de otros partidos, ha aprobado en 18 entidades las contrarreformas que hoy criminalizan los abortos y que, en algunos extremos, sancionan con prisión a las madres que interrumpen su embarazo aun en casos de violación, de riesgo para su vida o de defectos congénitos graves del embrión.
La interrupción del embarazo —una decisión siempre difícil para una madre— afecta, antes que a nadie, a quien(es) toma(n) tal determinación; el aborto no es un método anticonceptivo sino una solución de última instancia, que tiene que ver con derechos fundamentales de las mujeres.
Los estudios sobre los abortos muestran que la primera causa para abortar es económica: a muchas mujeres con muchos hijos y en condiciones de pobreza extrema, el embarazo no deseado las deja ante una decisión difícil. En otros casos, se trata de mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual, incluso menores de edad a quienes se obligaría a tener a los niños producto de ese crimen horrendo que es la violación. Pero están también los casos en los que la decisión se adopta debido a la malformación del producto o porque está en riesgo la vida de la madre.
Quienes están penalizando el aborto ponen en riesgo la vida de miles de mujeres que no contarán con las condiciones hospitalarias adecuadas para hacerlo y, por otra parte, están favoreciendo que vengan al mundo seres no deseados y que los resultantes sean, muchas veces, niños golpeados e incluso, abandonados y sin instituciones que puedan acogerlos.
Lo que está ocurriendo es una grave regresión. Las presiones de los sectores más conservadores de la Iglesia católica son enormes. ProVida y otros grupos similares están muy activos. El respeto debido a todas las creencias reclama reconocer que si desde un punto de vista religioso la interrupción del embarazo es inaceptable, entonces los creyentes adopten las medidas que correspondan dentro de su fe; pero lo que resulta inadmisible es la pretensión de convertir preceptos de la esfera estrictamente religiosa, en leyes de carácter general, es decir, aplicables lo mismo a católicos que judíos, cristianos o agnósticos.
México vivió un paso decisivo a la modernidad hace 150 años: la separación de la Iglesia y el Estado. Pero ahora, en pleno siglo XXI constatamos un esfuerzo, exitoso en muchos lados, de retrotraer la historia.
Fuga hacia adelante, esta ofensiva, por otro lado, busca, también, tender una cortina de humo sobre los casos de pederastia, los pecados dentro del alto clero.
En este tiempo signado por el descrédito y erosión de las instituciones —los partidos políticos, el IFE, el Tribunal Electoral de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, la Iglesia católica, “una de las instituciones más conservadoras, rituales, verticales y antidemocráticas de la contemporaneidad”, como la define Juan Luis Hernández, pone su cuota.
Está en curso la revancha de la ultraderecha: los valores religiosos van imponiéndose y nuestro Estado laico deviene Estado light-co.
Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario
Tema inagotable
Tema inagotable
Rosario Ibarra
El Universal 14 de enero de 2010
Con las manos entumecidas inicio estas líneas. El frío azota al mundo entero, según las noticias y lo creo a pie juntillas porque en el estado norteño en el que me encuentro, el hielo cubre las cimas de las montañas y el viento que por allí pasa, baja en ráfagas gélidas que me traen recuerdos lejanos y dolorosos.
La marca imborrable de la primera muestra de conmiseración que brotó de mi espíritu, me llegó a la memoria en cuanto empecé a escribir y siempre que el frío se aposenta en donde vivo, no puedo sacudirme la tristeza que me invade al pensar en todos los seres humanos que no pueden defenderse del crudo aliento del invierno.
No puedo olvidar aquellos piececitos descalzos de los pequeños tarahumaras que pisaban el hielo en la acera de la calle Morelos, donde vivía en Chihuahua, ni las “casas” de los miles de pobres que cubren la mayor parte de la superficie del país… ¿casas? ¡Qué digo casas!... covachas, techos de cartón de la “utilería” de la miseria… el drama doloroso de nuestra endurecida patria.
Y junto a todo ello, sin falta, me obliga el desenvolvimiento de los hechos, a recordar la lucha que miles de jóvenes que ansiaban cambiar las condiciones de esas miserables vidas, iniciaron en Madera, Chihuahua, y más tarde en todo México, por la sordera y la mudez de los gobiernos, que no quisieron escuchar sus voces limpias, ni establecer un mínimo intento siquiera de diálogo y lo único en lo que pensaron fue en la represión, brutal, criminal, ilegal, violatoria de los preceptos constitucionales que decían respetar y defender… ¡Hipócritas, mendaces!
Soldados y policías se encargaron de la infamante tarea. El secuestro oficial se dejó sentir en todo México, émulos los gobiernos priístas de los sátrapas del llamado Cono Sur, poblaron las cárceles públicas de presos políticos y los soldados encerraron en cárceles clandestinas a miles de jóvenes, hombres y mujeres, tras las torturas que sufrían en las oficinas de la nefasta e ilegal Dirección Federal de Seguridad (DFS). El Campo Militar Número Uno, la Base Naval de Icacos, en Acapulco, el Campo Militar al que apodan “La Joya”, cerca de Torreón, fueron al parecer, los más poblados de compañeros ilícitamente detenidos y maltratados, pero no son los únicos, hay muchísimos más, sobre todo en las instalaciones militares… Y la horrenda palabra, el aterrador vocablo, cruzó fronteras y se hizo el pan amargo de cada día en el suelo de la que Martí llamó “Nuestra América”… El apóstol, el dulce poeta cubano, no conoció el calificativo siniestro: desaparecido y tampoco el plural terrorífico de los 90 mil desaparecidos en América Latina, como dicen en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero por los que poco o nada se hace en el enorme organismo que mejor sería llamarlo OGU, es decir Organización de Gobiernos Unidos… ¿O no? Porque allí se encuentran los representantes de todos los gobiernos en los que el secuestro oficial, es decir la desaparición forzada de personas, ese llamado “crimen de lesa humanidad”, se ha llevado a cabo desde hace muchos años y —al menos en México, con dolor lo digo— no se ha detenido… las desapariciones siguen y ahora abarcan un área más amplia y quienes dan las órdenes desde el ámbito gubernamental al Ejército y a las policías son los representantes del PAN que ahora está en el gobierno… pero ningún gobernante del PRI o del PAN ha sido detenido y llevado a juicio por tan grave crimen.
Nuestra lista de desapariciones en la época del priísmo es y seguirá siendo ampliamente conocida y nuestro reclamo por la vida y la libertad de todos, no ha podido ser acallado ni lo será jamás. Hemos sumado a esa lista, los nombres de los desaparecidos de este llamado “gobierno de transición” y hemos denunciado al señor Fox por la desaparición de Hilario Vega Zamarripa, secretario general de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; de su hermano David Fernando, comisionado nacional del STPRM; del cuñado de ambos, Víctor Manuel Mendoza Román, y de varios jubilados y empleados de Pemex, así como de un ex alcalde de Cadereyta Jiménez, NL.
Falta agregar a esta lista los nombres de los desaparecidos en este sexenio, en el que —con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico— han sido secuestrados y siguen desaparecidos muchos jóvenes trabajadores y estudiantes, adultos pertenecientes, algunos a cuerpos policiacos, a corporaciones de tránsito, trabajadores administrativos de oficinas públicas.
Sin que sus familiares encuentren respuesta a sus reclamos ante las autoridades responsables de su detención, que el gobierno, queriendo evadir su responsabilidad, dice que se trata de levantones del narco.
¡Falso!, ya que se cuenta con matrículas de patrullas y vehículos policiacos y militares que efectuaron las detenciones.
Llena de dolor a muchos hogares este tema inagotable.
Dirigente del comité ¡Eureka!
Rosario Ibarra
El Universal 14 de enero de 2010
Con las manos entumecidas inicio estas líneas. El frío azota al mundo entero, según las noticias y lo creo a pie juntillas porque en el estado norteño en el que me encuentro, el hielo cubre las cimas de las montañas y el viento que por allí pasa, baja en ráfagas gélidas que me traen recuerdos lejanos y dolorosos.
La marca imborrable de la primera muestra de conmiseración que brotó de mi espíritu, me llegó a la memoria en cuanto empecé a escribir y siempre que el frío se aposenta en donde vivo, no puedo sacudirme la tristeza que me invade al pensar en todos los seres humanos que no pueden defenderse del crudo aliento del invierno.
No puedo olvidar aquellos piececitos descalzos de los pequeños tarahumaras que pisaban el hielo en la acera de la calle Morelos, donde vivía en Chihuahua, ni las “casas” de los miles de pobres que cubren la mayor parte de la superficie del país… ¿casas? ¡Qué digo casas!... covachas, techos de cartón de la “utilería” de la miseria… el drama doloroso de nuestra endurecida patria.
Y junto a todo ello, sin falta, me obliga el desenvolvimiento de los hechos, a recordar la lucha que miles de jóvenes que ansiaban cambiar las condiciones de esas miserables vidas, iniciaron en Madera, Chihuahua, y más tarde en todo México, por la sordera y la mudez de los gobiernos, que no quisieron escuchar sus voces limpias, ni establecer un mínimo intento siquiera de diálogo y lo único en lo que pensaron fue en la represión, brutal, criminal, ilegal, violatoria de los preceptos constitucionales que decían respetar y defender… ¡Hipócritas, mendaces!
Soldados y policías se encargaron de la infamante tarea. El secuestro oficial se dejó sentir en todo México, émulos los gobiernos priístas de los sátrapas del llamado Cono Sur, poblaron las cárceles públicas de presos políticos y los soldados encerraron en cárceles clandestinas a miles de jóvenes, hombres y mujeres, tras las torturas que sufrían en las oficinas de la nefasta e ilegal Dirección Federal de Seguridad (DFS). El Campo Militar Número Uno, la Base Naval de Icacos, en Acapulco, el Campo Militar al que apodan “La Joya”, cerca de Torreón, fueron al parecer, los más poblados de compañeros ilícitamente detenidos y maltratados, pero no son los únicos, hay muchísimos más, sobre todo en las instalaciones militares… Y la horrenda palabra, el aterrador vocablo, cruzó fronteras y se hizo el pan amargo de cada día en el suelo de la que Martí llamó “Nuestra América”… El apóstol, el dulce poeta cubano, no conoció el calificativo siniestro: desaparecido y tampoco el plural terrorífico de los 90 mil desaparecidos en América Latina, como dicen en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero por los que poco o nada se hace en el enorme organismo que mejor sería llamarlo OGU, es decir Organización de Gobiernos Unidos… ¿O no? Porque allí se encuentran los representantes de todos los gobiernos en los que el secuestro oficial, es decir la desaparición forzada de personas, ese llamado “crimen de lesa humanidad”, se ha llevado a cabo desde hace muchos años y —al menos en México, con dolor lo digo— no se ha detenido… las desapariciones siguen y ahora abarcan un área más amplia y quienes dan las órdenes desde el ámbito gubernamental al Ejército y a las policías son los representantes del PAN que ahora está en el gobierno… pero ningún gobernante del PRI o del PAN ha sido detenido y llevado a juicio por tan grave crimen.
Nuestra lista de desapariciones en la época del priísmo es y seguirá siendo ampliamente conocida y nuestro reclamo por la vida y la libertad de todos, no ha podido ser acallado ni lo será jamás. Hemos sumado a esa lista, los nombres de los desaparecidos de este llamado “gobierno de transición” y hemos denunciado al señor Fox por la desaparición de Hilario Vega Zamarripa, secretario general de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; de su hermano David Fernando, comisionado nacional del STPRM; del cuñado de ambos, Víctor Manuel Mendoza Román, y de varios jubilados y empleados de Pemex, así como de un ex alcalde de Cadereyta Jiménez, NL.
Falta agregar a esta lista los nombres de los desaparecidos en este sexenio, en el que —con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico— han sido secuestrados y siguen desaparecidos muchos jóvenes trabajadores y estudiantes, adultos pertenecientes, algunos a cuerpos policiacos, a corporaciones de tránsito, trabajadores administrativos de oficinas públicas.
Sin que sus familiares encuentren respuesta a sus reclamos ante las autoridades responsables de su detención, que el gobierno, queriendo evadir su responsabilidad, dice que se trata de levantones del narco.
¡Falso!, ya que se cuenta con matrículas de patrullas y vehículos policiacos y militares que efectuaron las detenciones.
Llena de dolor a muchos hogares este tema inagotable.
Dirigente del comité ¡Eureka!
El ABC de la reforma política
El ABC de la reforma política
Miguel Carbonell
El Universal 14 de enero de 2010
Las cartas están sobre la mesa. Las tres principales fuerzas políticas coinciden en que el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión se dedicará a analizar, discutir y en su caso aprobar una reforma del Estado que le dé un rostro nuevo a la forma de hacer política en México. Pero no debemos confundirnos: no se trata de un tema que interese solamente a los políticos profesionales. En realidad lo que se discute es algo que tiene que ver con el modelo de país que queremos. Lo que decida el Congreso nos interesa y nos afecta a todos.
Algunas de las claves para seguir el proceso de discusión son las siguientes:
a) ¿Qué se discute? El presidente Calderón hizo llegar su iniciativa el pasado 15 de diciembre. Tanto el PAN como el PRI están trabajando sus respectivas propuestas. Se trata de una batería de cambios a la Constitución federal.
b) ¿Dónde se discute? La iniciativa de Calderón fue remitida al Senado, que será el órgano legislativo en el que se concentrarán las discusiones iniciales. Sin embargo, lo que apruebe el Senado deberá ser luego aprobado también por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos locales. La ruta es larga y puede resultar azarosa, pero la definición primera —la más relevante— está en la cancha del Senado.
c) ¿Porqué es importante? El Estado mexicano sigue funcionando, en ciertos sectores, como hace medio siglo. No ha evolucionado; se ha quedado estático. ¿Se imaginan si lo mismo se aplicara a nuestra economía o a nuestra sociedad? ¿Sería eso deseable? Pues tampoco lo es respecto de la forma en que se gobierna. Debemos dotar de herramientas distintas, más modernas y eficaces, a nuestros poderes públicos. Debemos definir con precisión qué le toca hacer a cada uno de ellos y cuál es la ruta para que lleve a cabo sus tareas.
d) ¿Dónde está el núcleo duro de la discusión? La parte más importante de la iniciativa del presidente Calderón y, por lo que han declarado, de las que están preparando el PRI y el PRD, se refiere a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa relación debe conducirse con una lógica distinta, con incentivos para la cooperación y no para el enfrentamiento, con ventanas que abran el diálogo y no que lo cierren.
e) ¿Dónde se podrá seguir el debate? La ventaja de las nuevas tecnologías y de la era de la transparencia es que podemos seguir las discusiones políticas desde muchos espacios. Uno de ellos será el Canal del Congreso. El periodo ordinario comienza el 1 de febrero próximo. Anticipo, sin embargo, que la discusión será muy robusta en los nuevos ámbitos de discusión ciudadana, como lo son los blogs políticos y redes sociales como Twitter. La sociedad tiene mucho que aportar.
f) ¿Cuánto tiempo tienen para aprobar las modificaciones? Aunque no hay un tiempo prefijado de antemano, se estima que deberá quedar resuelto antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril. Eso sería lo ideal para poder procesarlos antes de la avalancha de procesos electorales locales en las 12 entidades federativas que tendrán renovación de sus poderes durante este año.
g) ¿Qué no es la reforma del Estado? En las discusiones por venir no se van a incluir temas relativos a políticas públicas sustantivas. La reforma del Estado no tiene que ver, en principio, con política fiscal, con reforma laboral, con el tema de los monopolios, con la política de infraestructura, etcétera. Siendo temas vitales para el país, creo que se deberían discutir después, una vez que se resuelva el modelo de Estado democrático que deseamos.
La reforma del Estado es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos solamente de los políticos. La sociedad civil, los medios de comunicación y los académicos tenemos también una responsabilidad. Se trata de definir la forma en que queremos que trabajen quienes nos gobiernan. El objetivo final es robustecer el proceso de asentamiento y maduración de una democracia como la mexicana que todavía es sumamente frágil. Hagamos de la reforma del Estado una oportunidad para sumar y no para dividir, un espacio de diálogo para la generosidad y la imaginación, no para la mezquindad y el cálculo cortoplacista. Depende de todos.
www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
Miguel Carbonell
El Universal 14 de enero de 2010
Las cartas están sobre la mesa. Las tres principales fuerzas políticas coinciden en que el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión se dedicará a analizar, discutir y en su caso aprobar una reforma del Estado que le dé un rostro nuevo a la forma de hacer política en México. Pero no debemos confundirnos: no se trata de un tema que interese solamente a los políticos profesionales. En realidad lo que se discute es algo que tiene que ver con el modelo de país que queremos. Lo que decida el Congreso nos interesa y nos afecta a todos.
Algunas de las claves para seguir el proceso de discusión son las siguientes:
a) ¿Qué se discute? El presidente Calderón hizo llegar su iniciativa el pasado 15 de diciembre. Tanto el PAN como el PRI están trabajando sus respectivas propuestas. Se trata de una batería de cambios a la Constitución federal.
b) ¿Dónde se discute? La iniciativa de Calderón fue remitida al Senado, que será el órgano legislativo en el que se concentrarán las discusiones iniciales. Sin embargo, lo que apruebe el Senado deberá ser luego aprobado también por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos locales. La ruta es larga y puede resultar azarosa, pero la definición primera —la más relevante— está en la cancha del Senado.
c) ¿Porqué es importante? El Estado mexicano sigue funcionando, en ciertos sectores, como hace medio siglo. No ha evolucionado; se ha quedado estático. ¿Se imaginan si lo mismo se aplicara a nuestra economía o a nuestra sociedad? ¿Sería eso deseable? Pues tampoco lo es respecto de la forma en que se gobierna. Debemos dotar de herramientas distintas, más modernas y eficaces, a nuestros poderes públicos. Debemos definir con precisión qué le toca hacer a cada uno de ellos y cuál es la ruta para que lleve a cabo sus tareas.
d) ¿Dónde está el núcleo duro de la discusión? La parte más importante de la iniciativa del presidente Calderón y, por lo que han declarado, de las que están preparando el PRI y el PRD, se refiere a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa relación debe conducirse con una lógica distinta, con incentivos para la cooperación y no para el enfrentamiento, con ventanas que abran el diálogo y no que lo cierren.
e) ¿Dónde se podrá seguir el debate? La ventaja de las nuevas tecnologías y de la era de la transparencia es que podemos seguir las discusiones políticas desde muchos espacios. Uno de ellos será el Canal del Congreso. El periodo ordinario comienza el 1 de febrero próximo. Anticipo, sin embargo, que la discusión será muy robusta en los nuevos ámbitos de discusión ciudadana, como lo son los blogs políticos y redes sociales como Twitter. La sociedad tiene mucho que aportar.
f) ¿Cuánto tiempo tienen para aprobar las modificaciones? Aunque no hay un tiempo prefijado de antemano, se estima que deberá quedar resuelto antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril. Eso sería lo ideal para poder procesarlos antes de la avalancha de procesos electorales locales en las 12 entidades federativas que tendrán renovación de sus poderes durante este año.
g) ¿Qué no es la reforma del Estado? En las discusiones por venir no se van a incluir temas relativos a políticas públicas sustantivas. La reforma del Estado no tiene que ver, en principio, con política fiscal, con reforma laboral, con el tema de los monopolios, con la política de infraestructura, etcétera. Siendo temas vitales para el país, creo que se deberían discutir después, una vez que se resuelva el modelo de Estado democrático que deseamos.
La reforma del Estado es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos solamente de los políticos. La sociedad civil, los medios de comunicación y los académicos tenemos también una responsabilidad. Se trata de definir la forma en que queremos que trabajen quienes nos gobiernan. El objetivo final es robustecer el proceso de asentamiento y maduración de una democracia como la mexicana que todavía es sumamente frágil. Hagamos de la reforma del Estado una oportunidad para sumar y no para dividir, un espacio de diálogo para la generosidad y la imaginación, no para la mezquindad y el cálculo cortoplacista. Depende de todos.
www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
Acciones colectivas, ya casi
Acciones colectivas, ya casi
Daniel Gershenson
El Universal 14 de enero de 2010
En unas cuantas semanas la Iniciativa de Acciones Colectivas impulsada por una amplia coalición de asociaciones civiles, magistrados, académicos, figuras públicas y especialistas en la materia desde el año 2006 (a la que le hemos dedicado varias entregas en EL UNIVERSAL), librará el último escollo legislativo después del voto unánime de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara alta, el 10 de diciembre pasado.
Nuestro pasado es prólogo. El plazo que dio inicio hace más de tres años, está por cumplirse a nuestro favor. Estas dos frases resumen la certeza de que por fin —y pronto— se van a abrir puertas de acceso a la justicia largamente clausuradas. Termina un ciclo histórico: vivimos un breve compás de espera, con el inicio de este nuevo año que acarrea múltiples significados y que nos invita a reflexionar sobre el futuro deseable. Se atisba, entre nubarrones, una rendija de oportunidad. No debemos desaprovecharla.
Pronto, diputados y senadores federales reiniciarán sus periodos de sesiones con una gran cantidad de asignaturas pendientes. La reforma del Estado propuesta por el Presidente de la República no es la menos relevante, pero pocos asuntos serán tan cruciales como la culminación de un proyecto concebido para fortalecer a la sociedad civil ante autoridades de gobierno o proveedores públicos y privados. Una idea a la que le ha llegado su hora, aunque con algunas décadas de retraso.
La reforma constitucional al artículo 17 (que, recordemos, otorga representación y legitimidad a organismos no gubernamentales y grupos ciudadanos para emprender este tipo de juicios), fue aprobada sin un solo pronunciamiento en contra y cero abstenciones. Situación prácticamente inédita en nuestra historia reciente.
Ahora, la pelota está en cancha de los diputados. Ellos y ellas tendrán que votar la enmienda, pero también incorporarle un entramado que permita que estos procesos se lleven a cabo sin limitaciones que reduzcan su efectividad y poder de disuasión ante afectaciones contra los derechos humanos, el consumo, el medio ambiente, la salud, la competencia económica o un sinnúmero de esferas relacionadas.
Las Acciones Colectivas son un instrumento jurídico de primer orden: de uso cotidiano —y probada efectividad— en todo el continente, y en el mundo entero. De origen anglosajón, estas palancas para el cambio civilizado se adaptan con éxito a las necesidades de países diversos: permiten que decenas, miles o millones de usuarios agraviados recurran al Poder Judicial, y obtengan compensaciones (justas, y de distinta índole) en una única sentencia. Logran que sectores vulnerables combatan infinidad de abusos y malas prácticas en su contra; que lo hagan en igualdad de circunstancias, y con grandes oportunidades de que prevalezcan sus causas.
Nuestro grupo plural de trabajo ya tiene elaborado el mejor esquema de ley secundaria, que rescata aciertos y evita distorsiones ajenas, y que se inspira en ejemplos modelo de Colombia, Argentina, Brasil, Chile o Costa Rica: Estados que no le temen a la sociedad participativa, y que le otorgaron hace mucho tiempo su mayoría de edad sin cortapisas.
Bajo esta óptica, la Acción Colectiva permitirá que la autoridad judicial equilibre la balanza entre gobierno y gobernados, y que se corrijan errores que difícilmente van a ser enderezados con “soluciones” unilaterales de los poderes establecidos. Es un acto fundacional y de reivindicación ciudadana, que nos asigna el papel central de las transformaciones en México.
Muchísimo se ha resuelto, pero todavía falta un trecho para ganar la partida. Aún persisten voces aisladas, dispuestas a conservar privilegios indebidos y de garantizar que México sea —junto con Haití— la gran excepción latinoamericana. Un lugar donde siguen sin reconocerse legítimos derechos colectivos.
De persistir estas apuestas al inmovilismo, nos acercaremos sin remedio a aquellos arquetipos fallidos, donde el interés público sólo es un sueño inalcanzable. Historias de poder sin límite, con su amarga letanía de caudillos, callejones institucionales sin salida y un divorcio permanente entre la clase gobernante y la mayoría de la población. Máquinas infernales, aceitadas únicamente por la corrupción e impunidad.
En la batalla por las acciones colectivas en México, lo que empezó siendo un tema para iniciados se ha convertido ya en aspiración universal, con ejemplos concretos que anuncian cambios de fondo (profundos y positivos), en nuestro país. Demasiado está en juego, como para que se intente revertir un claro avance a favor del bien común.
Representantes de la sociedad civil, el gobierno y todos los partidos trabajan para su aprobación definitiva en fecha próxima, tanto a nivel federal como en todos los estados. Se dará entonces un paso gigantesco, y tendremos razones adicionales para celebrar nuestro doble onomástico. Más allá de recursos retóricos, habremos obtenido una victoria perdurable para los años y siglos por venir.
Twitter: @alconsumidorwww.alconsumidor.org
Cofundador y presidente de Alconsumidor, AC
Daniel Gershenson
El Universal 14 de enero de 2010
En unas cuantas semanas la Iniciativa de Acciones Colectivas impulsada por una amplia coalición de asociaciones civiles, magistrados, académicos, figuras públicas y especialistas en la materia desde el año 2006 (a la que le hemos dedicado varias entregas en EL UNIVERSAL), librará el último escollo legislativo después del voto unánime de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara alta, el 10 de diciembre pasado.
Nuestro pasado es prólogo. El plazo que dio inicio hace más de tres años, está por cumplirse a nuestro favor. Estas dos frases resumen la certeza de que por fin —y pronto— se van a abrir puertas de acceso a la justicia largamente clausuradas. Termina un ciclo histórico: vivimos un breve compás de espera, con el inicio de este nuevo año que acarrea múltiples significados y que nos invita a reflexionar sobre el futuro deseable. Se atisba, entre nubarrones, una rendija de oportunidad. No debemos desaprovecharla.
Pronto, diputados y senadores federales reiniciarán sus periodos de sesiones con una gran cantidad de asignaturas pendientes. La reforma del Estado propuesta por el Presidente de la República no es la menos relevante, pero pocos asuntos serán tan cruciales como la culminación de un proyecto concebido para fortalecer a la sociedad civil ante autoridades de gobierno o proveedores públicos y privados. Una idea a la que le ha llegado su hora, aunque con algunas décadas de retraso.
La reforma constitucional al artículo 17 (que, recordemos, otorga representación y legitimidad a organismos no gubernamentales y grupos ciudadanos para emprender este tipo de juicios), fue aprobada sin un solo pronunciamiento en contra y cero abstenciones. Situación prácticamente inédita en nuestra historia reciente.
Ahora, la pelota está en cancha de los diputados. Ellos y ellas tendrán que votar la enmienda, pero también incorporarle un entramado que permita que estos procesos se lleven a cabo sin limitaciones que reduzcan su efectividad y poder de disuasión ante afectaciones contra los derechos humanos, el consumo, el medio ambiente, la salud, la competencia económica o un sinnúmero de esferas relacionadas.
Las Acciones Colectivas son un instrumento jurídico de primer orden: de uso cotidiano —y probada efectividad— en todo el continente, y en el mundo entero. De origen anglosajón, estas palancas para el cambio civilizado se adaptan con éxito a las necesidades de países diversos: permiten que decenas, miles o millones de usuarios agraviados recurran al Poder Judicial, y obtengan compensaciones (justas, y de distinta índole) en una única sentencia. Logran que sectores vulnerables combatan infinidad de abusos y malas prácticas en su contra; que lo hagan en igualdad de circunstancias, y con grandes oportunidades de que prevalezcan sus causas.
Nuestro grupo plural de trabajo ya tiene elaborado el mejor esquema de ley secundaria, que rescata aciertos y evita distorsiones ajenas, y que se inspira en ejemplos modelo de Colombia, Argentina, Brasil, Chile o Costa Rica: Estados que no le temen a la sociedad participativa, y que le otorgaron hace mucho tiempo su mayoría de edad sin cortapisas.
Bajo esta óptica, la Acción Colectiva permitirá que la autoridad judicial equilibre la balanza entre gobierno y gobernados, y que se corrijan errores que difícilmente van a ser enderezados con “soluciones” unilaterales de los poderes establecidos. Es un acto fundacional y de reivindicación ciudadana, que nos asigna el papel central de las transformaciones en México.
Muchísimo se ha resuelto, pero todavía falta un trecho para ganar la partida. Aún persisten voces aisladas, dispuestas a conservar privilegios indebidos y de garantizar que México sea —junto con Haití— la gran excepción latinoamericana. Un lugar donde siguen sin reconocerse legítimos derechos colectivos.
De persistir estas apuestas al inmovilismo, nos acercaremos sin remedio a aquellos arquetipos fallidos, donde el interés público sólo es un sueño inalcanzable. Historias de poder sin límite, con su amarga letanía de caudillos, callejones institucionales sin salida y un divorcio permanente entre la clase gobernante y la mayoría de la población. Máquinas infernales, aceitadas únicamente por la corrupción e impunidad.
En la batalla por las acciones colectivas en México, lo que empezó siendo un tema para iniciados se ha convertido ya en aspiración universal, con ejemplos concretos que anuncian cambios de fondo (profundos y positivos), en nuestro país. Demasiado está en juego, como para que se intente revertir un claro avance a favor del bien común.
Representantes de la sociedad civil, el gobierno y todos los partidos trabajan para su aprobación definitiva en fecha próxima, tanto a nivel federal como en todos los estados. Se dará entonces un paso gigantesco, y tendremos razones adicionales para celebrar nuestro doble onomástico. Más allá de recursos retóricos, habremos obtenido una victoria perdurable para los años y siglos por venir.
Twitter: @alconsumidorwww.alconsumidor.org
Cofundador y presidente de Alconsumidor, AC
El estallido de todos tan temido II
El estallido de todos tan temido II
Detrás de la Noticia Ricardo Rocha
El Universal 14 de enero de 2010
El caso es que, hablando de asombros, la verdadera estupefacción es que en este 2010 en México podrá pasar cualquier cosa. Y que a todos nos debería de dar vergüenza estar hablando de esta posibilidad. A 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución estamos peor que entonces. Porque a las pérdidas económicas, de identidad y de territorio hemos de añadir una pesada carga de desilusiones, rabias y tristezas que venimos arrastrando desde hace dos siglos.
A ver: hoy somos más pobres que nunca, más desiguales que nunca, estamos peor que nunca y más enojados que nunca. Un reporte de Investigación en Demografía Global se pregunta: ¿dónde está el núcleo social de la cada vez mayor frustración económica? Y concluye que se localiza no en el 40% de la población clasificada como marginal —los más pobres de los pobres— sino en el 20% de quienes se aferran con uñas y dientes a la clase media y el 33% de la clase trabajadora que se funde con la pobreza a secas. Y añade un dato inquietante: hace un año las familias con una “mala situación económica” representaban el 48%; ahora, los que enfrentan deudas impagables, los que han tenido que restringir severamente sus gastos personales y familiares... los que viven furiosos cada día, alcanzan el 71%. Es ahí donde están los candidatos al estallido.
No hay señales en el horizonte con algún destello de esperanza. No se requiere de ninguna dosis de pesimismo para prever 12 meses de oscuridades: si en estos tres años de calderonismo se han generado seis millones de nuevos pobres, el pronóstico para este 2010 es que según las expectativas de analistas entrevistados por EL UNIVERSAL, se generarán apenas 241 mil empleos formales, de los por lo menos dos millones que requiere este país; para nadie es un secreto que actualmente hay un fuerte deterioro del mercado laboral mexicano y que se estima un entorno de todavía mayor pobreza debido al magro crecimiento de, si acaso, 3%; si a ello añadimos una inflación de entre 5 y 9%, la cosa estará todavía más peliaguda; súmele usted la baja en los niveles de vida por la disminución en el poder adquisitivo del dinero, los aumentos de impuestos y el alza generalizada en bienes y servicios; añádase una irrefrenable crispación social y el panorama se presenta más aterrador que la llegada a La pavorosa casa de Usher del economista Edgar Alan Poe.
Es más, yo soy de los que piensan que el miedo y la furia ya están aquí. En forma de una suma gigantesca de miniestallidos personales y familiares a lo largo y ancho de ciudades y pueblos en toda la nación. Tengo también la impresión de un estallido soterrado y sometido a la pesada tapa de la olla exprés. Con un gobierno que no sólo no ha encontrado soluciones definitorias, ni siquiera desfogues a la enorme presión social que se ha venido generando en estos años recientes. Por eso el miedo al estallido es a la vez un mea culpa de parte de los pocos privilegiados de los poderes político y económico en un país que se resiste a celebrar. Pero que está dispuesto a conmemorar.
Detrás de la Noticia Ricardo Rocha
El Universal 14 de enero de 2010
El caso es que, hablando de asombros, la verdadera estupefacción es que en este 2010 en México podrá pasar cualquier cosa. Y que a todos nos debería de dar vergüenza estar hablando de esta posibilidad. A 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución estamos peor que entonces. Porque a las pérdidas económicas, de identidad y de territorio hemos de añadir una pesada carga de desilusiones, rabias y tristezas que venimos arrastrando desde hace dos siglos.
A ver: hoy somos más pobres que nunca, más desiguales que nunca, estamos peor que nunca y más enojados que nunca. Un reporte de Investigación en Demografía Global se pregunta: ¿dónde está el núcleo social de la cada vez mayor frustración económica? Y concluye que se localiza no en el 40% de la población clasificada como marginal —los más pobres de los pobres— sino en el 20% de quienes se aferran con uñas y dientes a la clase media y el 33% de la clase trabajadora que se funde con la pobreza a secas. Y añade un dato inquietante: hace un año las familias con una “mala situación económica” representaban el 48%; ahora, los que enfrentan deudas impagables, los que han tenido que restringir severamente sus gastos personales y familiares... los que viven furiosos cada día, alcanzan el 71%. Es ahí donde están los candidatos al estallido.
No hay señales en el horizonte con algún destello de esperanza. No se requiere de ninguna dosis de pesimismo para prever 12 meses de oscuridades: si en estos tres años de calderonismo se han generado seis millones de nuevos pobres, el pronóstico para este 2010 es que según las expectativas de analistas entrevistados por EL UNIVERSAL, se generarán apenas 241 mil empleos formales, de los por lo menos dos millones que requiere este país; para nadie es un secreto que actualmente hay un fuerte deterioro del mercado laboral mexicano y que se estima un entorno de todavía mayor pobreza debido al magro crecimiento de, si acaso, 3%; si a ello añadimos una inflación de entre 5 y 9%, la cosa estará todavía más peliaguda; súmele usted la baja en los niveles de vida por la disminución en el poder adquisitivo del dinero, los aumentos de impuestos y el alza generalizada en bienes y servicios; añádase una irrefrenable crispación social y el panorama se presenta más aterrador que la llegada a La pavorosa casa de Usher del economista Edgar Alan Poe.
Es más, yo soy de los que piensan que el miedo y la furia ya están aquí. En forma de una suma gigantesca de miniestallidos personales y familiares a lo largo y ancho de ciudades y pueblos en toda la nación. Tengo también la impresión de un estallido soterrado y sometido a la pesada tapa de la olla exprés. Con un gobierno que no sólo no ha encontrado soluciones definitorias, ni siquiera desfogues a la enorme presión social que se ha venido generando en estos años recientes. Por eso el miedo al estallido es a la vez un mea culpa de parte de los pocos privilegiados de los poderes político y económico en un país que se resiste a celebrar. Pero que está dispuesto a conmemorar.
Entrevista a Wolfgang Wodarg, presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa
Gripe A: una psicosis organizada
Bruno Odent
L’Humanité Traducido para Rebelión por Caty R. 14-01-2010
El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, el alemán Wolfgang Wodarg, acusa a los lobbies farmacéuticos y a los gobiernos. Wodarg ha conseguido la creación de una comisión de investigación sobre el papel desempeñado por los laboratorios en la campaña de pánico en torno al virus.
Ex miembro del SPD, Wolfgang Wodarg es médico y epidemiólogo. Ha conseguido, por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, la creación de una comisión de investigación sobre el papel de las compañías farmacéuticas en la gestión de la gripe A que han llevado a cabo la OMS y los Estados.
¿Qué levantó sus sospechas sobre la influencia de los laboratorios en las decisiones que se tomaron con respecto a la gripe A?
Nos enfrentamos a un fracaso de las grandes instituciones nacionales encargadas de alertar sobre los riesgos y de responder en el caso de que aparezca una pandemia. En abril, cuando llegó la primera alarma de México, me sorprendieron mucho las cifras que avanzó la OMS para justificar la declaración de una pandemia. Inmediatamente me asaltaron las sospechas: las cifras eran muy pequeñas y el nivel de alarma muy elevado. No había ni mil enfermos y ya se hablaba de la pandemia del siglo. Y la alerta máxima declarada se basó en el hecho de que el virus era nuevo. Pero una característica de las enfermedades gripales es que se desarrollan muy deprisa, por medio de virus que cada vez toman formas diferentes y se instalan en nuevos huéspedes: animales, personas, etcétera. Nada nuevo. Todos los años aparece un nuevo «virus de la gripe». Realmente no había nada que justificase semejante grado de alarma. Esto ha sido posible debido a que la OMS, a principios de mayo, cambió su definición de «pandemia». Antes de esa fecha no sólo era necesario que la enfermedad se manifestase en varios países a la vez, sino que además tuviera consecuencias graves con un número de casos mortales mayor que el promedio habitual. En la nueva definición se eliminó esta parte y sólo se ha mantenido el criterio del ritmo de propagación de la enfermedad. Y se ha pretendido que el virus era peligroso porque las poblaciones no habían podido desarrollar defensas inmunitarias contra él. Lo cual es falso en el caso de este virus, porque pudimos observar que las personas de más de 60 años ya tenían anticuerpos. Es decir, que ya habían estado en contacto con virus análogos. Por otra parte, ésta es la razón de que prácticamente no haya habido personas de más de 60 años que hayan desarrollado la enfermedad. Y sin embargo es a las que se recomendó que se vacunaran rápidamente.
Entre las cosas que suscitaron mis sospechas están, por una parte, esa voluntad alarmista, y por otro lado ciertos hechos muy curiosos. Como por ejemplo la recomendación de la OMS de hacer las vacunaciones en dos dosis. Nunca se había hecho y no hay ninguna razón científica para hacerlo. Hubo también la recomendación de utilizar únicamente las vacunas especiales patentadas. Sin embargo no había ninguna razón para que no se añadieran, como se ha hecho todos los años, las partículas antivíricas específicas del nuevo virus H1N1 para «completar» las vacunas que se utilizan para la gripe estacional. No se hizo, sino que se optó por la utilización de materiales de vacunación patentados que los grandes laboratorios habían elaborado y fabricado para que estuvieran preparados en caso de que se desarrollase una pandemia. Y procediendo de esa forma no se dudó en poner en peligro a las personas vacunadas.
¿Qué peligro?
Para ir rápido en el suministro de los productos, en algunas vacunas se han utilizado adyuvantes cuyos efectos no se han testado suficientemente. En otras palabras: se han querido utilizar forzosamente los nuevos productos patentados en vez de poner a punto las vacunas según los métodos de fabricación tradicionales, mucho más simples y fiables, y más baratos. No hay ninguna razón médica para eso. Únicamente razones de mercado.
¿Cómo se puede justificar esto?
Para entenderlo hay que volver al episodio de la gripe aviar de 2005-2006. En aquella ocasión fue cuando se definieron los nuevos planes internacionales destinados a hacer frente a una alarma pandémica. Dichos planes se elaboraron oficialmente para garantizar una fabricación rápida de vacunas en caso de alerta. Eso dio lugar a una negociación entre las farmacéuticas y los Estados. Por un lado, los laboratorios se comprometieron a estar listos para elaborar los preparados, y por otra parte los Estados les garantizaban que les comprarían todo. Al final de ese singular mercadeo la industria farmacéutica no asumía ningún riesgo económico al comprometerse en las nuevas fabricaciones. Y se aseguraba de que le tocaría «el gordo» en el caso de que se declarase una pandemia.
¿No está de acuerdo con los diagnósticos establecidos y la gravedad, incluso potencial, de la gripe A?
En efecto, ésta es una gripe totalmente normal. No causa más que una décima parte de muertes que la gripe estacional clásica. Lo único que importaba, y que condujo a la formidable campaña de pánico a la que hemos asistido, es que la gripe constituía una oportunidad de oro para los representantes de los laboratorios, que sabían que les tocaría el premio gordo en caso de declaración de pandemia.
Estas acusaciones son muy graves. ¿Cómo ha sido posible semejante proceso en la OMS?
Un grupo de personas de la OMS está asociado de manera muy estrecha con la industria farmacéutica.
¿La investigación del Consejo de Europa también va a trabajar en esa dirección?
Queremos sacar a la luz todo lo que ha podido contribuir a esa enorme operación de intoxicación. Queremos saber quién ha decidido, sobre la base de qué pruebas científicas, y cómo se ha ejercido específicamente la influencia de la industria farmacéutica en la toma de decisiones. Y finalmente debemos presentar exigencias a los gobiernos. El objetivo de la comisión de investigación es que en el futuro ya no haya falsas alarmas de este tipo. Que la población pueda confiar en el análisis, la experiencia, las instituciones públicas nacionales e internacionales. Éstas actualmente están desacreditadas porque se ha vacunado a millones de personas con productos que presentan eventuales riesgos para su salud. No era necesario. Todo eso también ha desembocado en una considerable mala gestión del dinero público.
¿Tiene cifras concretas de la amplitud de esa mala gestión?
En Alemania son 700 millones de euros. Pero es muy difícil conocer las cifras exactas ya que ahora por un lado se habla de la reventa de vacunas a países extranjeros, y sobre todo porque las empresas, en nombre del principio del respeto del «secreto de los negocios», no comunican las cifras de los contratos firmados con los Estados y las eventuales cláusulas de indemnizaciones que figuran en ellos.
¿El trabajo de presión de los laboratorios sobre los Institutos Nacionales de Salud también se tratará en la investigación del Consejo de Europa?
Sí, nos fijaremos en la actitud de las instituciones como el Robert Koch de Alemania o el Pasteur de Francia, que son quienes en realidad deberían haber aconsejado a sus gobiernos de manera crítica. En algunos países las instituciones lo hicieron. En Finlandia o en Polonia, por ejemplo, se levantaron voces críticas para decir: «no tenemos necesidad de eso».
¿La enorme operación de intoxicación mundial no fue también posible porque la industria farmacéutica tenía «sus representantes» hasta en los gobiernos de los países más poderosos?
En los ministerios eso me parece obvio. No puedo explicarme cómo los especialistas, las personas más inteligentes que conocen de memoria la problemática de las enfermedades gripales, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Entonces, ¿qué ha pasado?
Sin llegar hasta la corrupción directa, que estoy seguro de que existe, los laboratorios tenían mil maneras de ejercer su influencia sobre las decisiones. Concretamente he podido comprobar, por ejemplo, que Klaus Stöhr, que era el jefe del departamento de epidemiología de la OMS en la época de la gripe aviar, y que por lo tanto preparó los planes destinados a hacer frente a una pandemia que he mencionado antes, entre tanto se convirtió en un alto ejecutivo de la empresa Novartis. Y existen vínculos parecidos entre Glaxo, Baxter, etcétera, y miembros influyentes de la OMS. Esas grandes empresas tienen a «los suyos» en los aparatos y se mueven con rapidez para que se tomen las decisiones políticas adecuadas. Es decir, aquéllas que les permiten bombear el máximo de dinero de los contribuyentes.
Pero si su investigación da resultado, ¿no será un apoyo a los ciudadanos para exigir a sus gobiernos que pidan las cuentas a esas grandes empresas?
Sí, tiene razón, ése es uno de los grandes objetivos vinculados a esta investigación. De hecho, los Estados podrían servirse de esto para impugnar los contratos firmados en términos, digamos, no muy limpios. Si se puede demostrar que la influencia de las empresas es lo que condujo a que se desencadenase el proceso, habrá que presionarlas y exigirles reembolsos. Pero ése es únicamente el coste económico, está también el coste humano, el de las personas a las que se vacunó con productos que no se habían testado suficientemente.
¿Entonces, qué tipo de riesgos han corrido, sin saberlo, las personas sanas que se vacunaron?
Repito que las vacunas se desarrollaron demasiado deprisa, ciertos coadyuvantes no se probaron lo suficiente. Pero hay algo más grave. La vacuna elaborada por la empresa Novartis se produjo en un biorreactor a partir de células cancerosas. Una técnica que no se había utilizado hasta ahora.
Obviamente no soy un especialista, pero, ¿cómo es posible pretender elaborar una vacuna a partir de células enfermas?
Normalmente se utilizan huevos de gallina para cultivar los virus. Porque es necesario trabajar sobre células vivas, ya que los virus sólo pueden multiplicarse de esta forma y por lo tanto, por definición, lo mismo las correspondientes preparaciones antivíricas. Pero ese procedimiento presenta un gran fallo, es lento, hace falta una gran cantidad de huevos. Y técnicamente es largo y complicado. Otra técnica potencialmente exitosa consiste en cultivar los virus en células vivas en los biorreactores. Para eso es necesario que las células crezcan y se dividan muy deprisa. Es parecido al procedimiento que se utiliza para el cultivo del yogurt que también se realiza, por otra parte, en un biorreactor. Pero en ese contexto la célula se altera en su entorno y su desarrollo de manera que crece como una célula cancerosa. Y es en esas células de alto rendimiento donde se cultivan los virus. Para fabricar la vacuna sólo hay que extraer el virus de esas células en las que se implantaron. Y entonces puede ocurrir que durante el proceso de fabricación de la vacuna queden restos de célula cancerosa en la preparación. Lo mismo que ocurre en la fabricación clásica con los huevos, se sabe que en el caso de vacunación contra la gripe clásica, entre los efectos secundarios pueden aparecer reacciones en las personas alérgicas a la albúmina, que se encuentra en la clara del huevo. Por lo tanto, no se puede excluir que las proteínas, restos de una célula cancerosa presentes en una vacuna fabricada en un biorreactor, puedan engendrar un tumor en una persona vacunada. Por lo tanto, según un auténtico principio de precaución, sería necesario que antes de que se autorizase el producto para el mercado, se tuviera la certeza al cien por cien de que esos efectos están totalmente excluidos.
¿Y eso no se ha hecho?
No se ha hecho. La AME (Agencia Europea del Medicamento), una institución bajo la responsabilidad del comisario europeo de Economía, establecida en Londres, que concede las autorizaciones para sacar al mercado las vacunas en Europa, dio luz verde a la comercialización de ese producto arguyendo, en esa ocasión, que esa forma de fabricación no constituía un riesgo «significativo». Eso fue apreciado de forma muy diferente por numerosos especialistas aquí, en Alemania, y por una institución independiente sobre medicamentos que, al contrario, alertó y expresó sus objeciones. Yo tomé esas advertencias en serio. Estudié el dossier e intervine en el marco de la Comisión de Salud del Bundestag, del que entonces formaba parte, para que la vacuna no se utilizase en Alemania. Manifesté que en realidad no me opongo a la elaboración de vacunas con esta técnica. Pero que en primer lugar debe existir una garantía total de inocuidad. Por lo tanto el producto no se ha utilizado en Alemania, donde el gobierno rescindió el contrato con Novartis.
¿Cómo se llama esa vacuna?
«Obta flu»
¿Pero eso quiere decir que en otros países europeos, como Francia, el producto se puede comercializar sin problemas?
Sí, el producto obtuvo la autorización de la AME y por lo tanto se puede utilizar en cualquier país de la Unión Europea.
¿Qué alternativas opina que se podrían avanzar para evitar otros escándalos de este tipo?
Es necesario que la OMS sea más transparente, que se sepa claramente quién decide y qué tipo de relación existe entre los participantes en la organización. También convendría que estuviese acompañada al menos de una cámara elegida, capaz de reaccionar de forma muy crítica, en la que todos puedan expresarse. El fortalecimiento del control público es indispensable.
¿No es la cuestión de la necesidad otro sistema capaz de manejar un asunto que afecta a un bien común de los ciudadanos de todo el mundo la que está aflorando?
¿Podemos seguir dejando la producción de vacunas y la gestión de esos productos a organizaciones cuyo objetivo es ganar el máximo posible de dinero? ¿O bien la producción de vacunas es un asunto de interés universal que los Estados deben controlar y poner en marcha ellos mismos? Esa es la razón por la que pienso que habría que abandonar el sistema de las patentes en las vacunas. Es decir, la posibilidad de una monopolización de la producción de vacunas por una gran empresa. Ya que esa posibilidad supone que se sacrifican miles de vidas humanas simplemente en nombre del respeto a esos derechos monopolistas. Usted tiene razón: esta reivindicación tiene, por lo menos para mí, el aspecto de la evidencia.
Fuente: http://www.humanite.fr/Grippe-A-Ils-ont-organise-la-psychose
Gripe A: una psicosis organizada
Bruno Odent
L’Humanité Traducido para Rebelión por Caty R. 14-01-2010
El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, el alemán Wolfgang Wodarg, acusa a los lobbies farmacéuticos y a los gobiernos. Wodarg ha conseguido la creación de una comisión de investigación sobre el papel desempeñado por los laboratorios en la campaña de pánico en torno al virus.
Ex miembro del SPD, Wolfgang Wodarg es médico y epidemiólogo. Ha conseguido, por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, la creación de una comisión de investigación sobre el papel de las compañías farmacéuticas en la gestión de la gripe A que han llevado a cabo la OMS y los Estados.
¿Qué levantó sus sospechas sobre la influencia de los laboratorios en las decisiones que se tomaron con respecto a la gripe A?
Nos enfrentamos a un fracaso de las grandes instituciones nacionales encargadas de alertar sobre los riesgos y de responder en el caso de que aparezca una pandemia. En abril, cuando llegó la primera alarma de México, me sorprendieron mucho las cifras que avanzó la OMS para justificar la declaración de una pandemia. Inmediatamente me asaltaron las sospechas: las cifras eran muy pequeñas y el nivel de alarma muy elevado. No había ni mil enfermos y ya se hablaba de la pandemia del siglo. Y la alerta máxima declarada se basó en el hecho de que el virus era nuevo. Pero una característica de las enfermedades gripales es que se desarrollan muy deprisa, por medio de virus que cada vez toman formas diferentes y se instalan en nuevos huéspedes: animales, personas, etcétera. Nada nuevo. Todos los años aparece un nuevo «virus de la gripe». Realmente no había nada que justificase semejante grado de alarma. Esto ha sido posible debido a que la OMS, a principios de mayo, cambió su definición de «pandemia». Antes de esa fecha no sólo era necesario que la enfermedad se manifestase en varios países a la vez, sino que además tuviera consecuencias graves con un número de casos mortales mayor que el promedio habitual. En la nueva definición se eliminó esta parte y sólo se ha mantenido el criterio del ritmo de propagación de la enfermedad. Y se ha pretendido que el virus era peligroso porque las poblaciones no habían podido desarrollar defensas inmunitarias contra él. Lo cual es falso en el caso de este virus, porque pudimos observar que las personas de más de 60 años ya tenían anticuerpos. Es decir, que ya habían estado en contacto con virus análogos. Por otra parte, ésta es la razón de que prácticamente no haya habido personas de más de 60 años que hayan desarrollado la enfermedad. Y sin embargo es a las que se recomendó que se vacunaran rápidamente.
Entre las cosas que suscitaron mis sospechas están, por una parte, esa voluntad alarmista, y por otro lado ciertos hechos muy curiosos. Como por ejemplo la recomendación de la OMS de hacer las vacunaciones en dos dosis. Nunca se había hecho y no hay ninguna razón científica para hacerlo. Hubo también la recomendación de utilizar únicamente las vacunas especiales patentadas. Sin embargo no había ninguna razón para que no se añadieran, como se ha hecho todos los años, las partículas antivíricas específicas del nuevo virus H1N1 para «completar» las vacunas que se utilizan para la gripe estacional. No se hizo, sino que se optó por la utilización de materiales de vacunación patentados que los grandes laboratorios habían elaborado y fabricado para que estuvieran preparados en caso de que se desarrollase una pandemia. Y procediendo de esa forma no se dudó en poner en peligro a las personas vacunadas.
¿Qué peligro?
Para ir rápido en el suministro de los productos, en algunas vacunas se han utilizado adyuvantes cuyos efectos no se han testado suficientemente. En otras palabras: se han querido utilizar forzosamente los nuevos productos patentados en vez de poner a punto las vacunas según los métodos de fabricación tradicionales, mucho más simples y fiables, y más baratos. No hay ninguna razón médica para eso. Únicamente razones de mercado.
¿Cómo se puede justificar esto?
Para entenderlo hay que volver al episodio de la gripe aviar de 2005-2006. En aquella ocasión fue cuando se definieron los nuevos planes internacionales destinados a hacer frente a una alarma pandémica. Dichos planes se elaboraron oficialmente para garantizar una fabricación rápida de vacunas en caso de alerta. Eso dio lugar a una negociación entre las farmacéuticas y los Estados. Por un lado, los laboratorios se comprometieron a estar listos para elaborar los preparados, y por otra parte los Estados les garantizaban que les comprarían todo. Al final de ese singular mercadeo la industria farmacéutica no asumía ningún riesgo económico al comprometerse en las nuevas fabricaciones. Y se aseguraba de que le tocaría «el gordo» en el caso de que se declarase una pandemia.
¿No está de acuerdo con los diagnósticos establecidos y la gravedad, incluso potencial, de la gripe A?
En efecto, ésta es una gripe totalmente normal. No causa más que una décima parte de muertes que la gripe estacional clásica. Lo único que importaba, y que condujo a la formidable campaña de pánico a la que hemos asistido, es que la gripe constituía una oportunidad de oro para los representantes de los laboratorios, que sabían que les tocaría el premio gordo en caso de declaración de pandemia.
Estas acusaciones son muy graves. ¿Cómo ha sido posible semejante proceso en la OMS?
Un grupo de personas de la OMS está asociado de manera muy estrecha con la industria farmacéutica.
¿La investigación del Consejo de Europa también va a trabajar en esa dirección?
Queremos sacar a la luz todo lo que ha podido contribuir a esa enorme operación de intoxicación. Queremos saber quién ha decidido, sobre la base de qué pruebas científicas, y cómo se ha ejercido específicamente la influencia de la industria farmacéutica en la toma de decisiones. Y finalmente debemos presentar exigencias a los gobiernos. El objetivo de la comisión de investigación es que en el futuro ya no haya falsas alarmas de este tipo. Que la población pueda confiar en el análisis, la experiencia, las instituciones públicas nacionales e internacionales. Éstas actualmente están desacreditadas porque se ha vacunado a millones de personas con productos que presentan eventuales riesgos para su salud. No era necesario. Todo eso también ha desembocado en una considerable mala gestión del dinero público.
¿Tiene cifras concretas de la amplitud de esa mala gestión?
En Alemania son 700 millones de euros. Pero es muy difícil conocer las cifras exactas ya que ahora por un lado se habla de la reventa de vacunas a países extranjeros, y sobre todo porque las empresas, en nombre del principio del respeto del «secreto de los negocios», no comunican las cifras de los contratos firmados con los Estados y las eventuales cláusulas de indemnizaciones que figuran en ellos.
¿El trabajo de presión de los laboratorios sobre los Institutos Nacionales de Salud también se tratará en la investigación del Consejo de Europa?
Sí, nos fijaremos en la actitud de las instituciones como el Robert Koch de Alemania o el Pasteur de Francia, que son quienes en realidad deberían haber aconsejado a sus gobiernos de manera crítica. En algunos países las instituciones lo hicieron. En Finlandia o en Polonia, por ejemplo, se levantaron voces críticas para decir: «no tenemos necesidad de eso».
¿La enorme operación de intoxicación mundial no fue también posible porque la industria farmacéutica tenía «sus representantes» hasta en los gobiernos de los países más poderosos?
En los ministerios eso me parece obvio. No puedo explicarme cómo los especialistas, las personas más inteligentes que conocen de memoria la problemática de las enfermedades gripales, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Entonces, ¿qué ha pasado?
Sin llegar hasta la corrupción directa, que estoy seguro de que existe, los laboratorios tenían mil maneras de ejercer su influencia sobre las decisiones. Concretamente he podido comprobar, por ejemplo, que Klaus Stöhr, que era el jefe del departamento de epidemiología de la OMS en la época de la gripe aviar, y que por lo tanto preparó los planes destinados a hacer frente a una pandemia que he mencionado antes, entre tanto se convirtió en un alto ejecutivo de la empresa Novartis. Y existen vínculos parecidos entre Glaxo, Baxter, etcétera, y miembros influyentes de la OMS. Esas grandes empresas tienen a «los suyos» en los aparatos y se mueven con rapidez para que se tomen las decisiones políticas adecuadas. Es decir, aquéllas que les permiten bombear el máximo de dinero de los contribuyentes.
Pero si su investigación da resultado, ¿no será un apoyo a los ciudadanos para exigir a sus gobiernos que pidan las cuentas a esas grandes empresas?
Sí, tiene razón, ése es uno de los grandes objetivos vinculados a esta investigación. De hecho, los Estados podrían servirse de esto para impugnar los contratos firmados en términos, digamos, no muy limpios. Si se puede demostrar que la influencia de las empresas es lo que condujo a que se desencadenase el proceso, habrá que presionarlas y exigirles reembolsos. Pero ése es únicamente el coste económico, está también el coste humano, el de las personas a las que se vacunó con productos que no se habían testado suficientemente.
¿Entonces, qué tipo de riesgos han corrido, sin saberlo, las personas sanas que se vacunaron?
Repito que las vacunas se desarrollaron demasiado deprisa, ciertos coadyuvantes no se probaron lo suficiente. Pero hay algo más grave. La vacuna elaborada por la empresa Novartis se produjo en un biorreactor a partir de células cancerosas. Una técnica que no se había utilizado hasta ahora.
Obviamente no soy un especialista, pero, ¿cómo es posible pretender elaborar una vacuna a partir de células enfermas?
Normalmente se utilizan huevos de gallina para cultivar los virus. Porque es necesario trabajar sobre células vivas, ya que los virus sólo pueden multiplicarse de esta forma y por lo tanto, por definición, lo mismo las correspondientes preparaciones antivíricas. Pero ese procedimiento presenta un gran fallo, es lento, hace falta una gran cantidad de huevos. Y técnicamente es largo y complicado. Otra técnica potencialmente exitosa consiste en cultivar los virus en células vivas en los biorreactores. Para eso es necesario que las células crezcan y se dividan muy deprisa. Es parecido al procedimiento que se utiliza para el cultivo del yogurt que también se realiza, por otra parte, en un biorreactor. Pero en ese contexto la célula se altera en su entorno y su desarrollo de manera que crece como una célula cancerosa. Y es en esas células de alto rendimiento donde se cultivan los virus. Para fabricar la vacuna sólo hay que extraer el virus de esas células en las que se implantaron. Y entonces puede ocurrir que durante el proceso de fabricación de la vacuna queden restos de célula cancerosa en la preparación. Lo mismo que ocurre en la fabricación clásica con los huevos, se sabe que en el caso de vacunación contra la gripe clásica, entre los efectos secundarios pueden aparecer reacciones en las personas alérgicas a la albúmina, que se encuentra en la clara del huevo. Por lo tanto, no se puede excluir que las proteínas, restos de una célula cancerosa presentes en una vacuna fabricada en un biorreactor, puedan engendrar un tumor en una persona vacunada. Por lo tanto, según un auténtico principio de precaución, sería necesario que antes de que se autorizase el producto para el mercado, se tuviera la certeza al cien por cien de que esos efectos están totalmente excluidos.
¿Y eso no se ha hecho?
No se ha hecho. La AME (Agencia Europea del Medicamento), una institución bajo la responsabilidad del comisario europeo de Economía, establecida en Londres, que concede las autorizaciones para sacar al mercado las vacunas en Europa, dio luz verde a la comercialización de ese producto arguyendo, en esa ocasión, que esa forma de fabricación no constituía un riesgo «significativo». Eso fue apreciado de forma muy diferente por numerosos especialistas aquí, en Alemania, y por una institución independiente sobre medicamentos que, al contrario, alertó y expresó sus objeciones. Yo tomé esas advertencias en serio. Estudié el dossier e intervine en el marco de la Comisión de Salud del Bundestag, del que entonces formaba parte, para que la vacuna no se utilizase en Alemania. Manifesté que en realidad no me opongo a la elaboración de vacunas con esta técnica. Pero que en primer lugar debe existir una garantía total de inocuidad. Por lo tanto el producto no se ha utilizado en Alemania, donde el gobierno rescindió el contrato con Novartis.
¿Cómo se llama esa vacuna?
«Obta flu»
¿Pero eso quiere decir que en otros países europeos, como Francia, el producto se puede comercializar sin problemas?
Sí, el producto obtuvo la autorización de la AME y por lo tanto se puede utilizar en cualquier país de la Unión Europea.
¿Qué alternativas opina que se podrían avanzar para evitar otros escándalos de este tipo?
Es necesario que la OMS sea más transparente, que se sepa claramente quién decide y qué tipo de relación existe entre los participantes en la organización. También convendría que estuviese acompañada al menos de una cámara elegida, capaz de reaccionar de forma muy crítica, en la que todos puedan expresarse. El fortalecimiento del control público es indispensable.
¿No es la cuestión de la necesidad otro sistema capaz de manejar un asunto que afecta a un bien común de los ciudadanos de todo el mundo la que está aflorando?
¿Podemos seguir dejando la producción de vacunas y la gestión de esos productos a organizaciones cuyo objetivo es ganar el máximo posible de dinero? ¿O bien la producción de vacunas es un asunto de interés universal que los Estados deben controlar y poner en marcha ellos mismos? Esa es la razón por la que pienso que habría que abandonar el sistema de las patentes en las vacunas. Es decir, la posibilidad de una monopolización de la producción de vacunas por una gran empresa. Ya que esa posibilidad supone que se sacrifican miles de vidas humanas simplemente en nombre del respeto a esos derechos monopolistas. Usted tiene razón: esta reivindicación tiene, por lo menos para mí, el aspecto de la evidencia.
Fuente: http://www.humanite.fr/Grippe-A-Ils-ont-organise-la-psychose
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