martes, 12 de enero de 2010

Dos mil jornaleros agrícolas varados en Nayarit

El mal tiempo arruinó cosechas; no tienen dinero para comer ni para volver a sus hogares


JESÚS NARVÁEZ ROBLES La jornada 12 de Enero de 2010
Santiago Ixcuintla, Nay., 11 de enero. Unos 2 mil jornaleros de diversos estados, que viajaron a campos sembrados de hortalizas en la zona costera de la entidad, se hallan sin trabajo, comida ni dinero, debido a que los cultivos se siniestraron por el mal tiempo, informó el ayuntamiento.
“No tenemos dinero ni para regresar a nuestros pueblos”, señaló Miguel Martínez, originario de Villa Hidalgo, Zacatecas, quien vive en un albergue para migrantes agrícolas en la comunidad Cañada de Tabaco, que también recibió a jornaleros de Oaxaca y Guerrero.
Martínez acudió este lunes a la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla para solicitar apoyo del gobierno. “Pedimos ayuda para conseguir trabajo en algún plantío o donde se pueda, ya que a eso venimos, a trabajar para poder vivir, y mientras conseguimos dónde hacer algo, estamos pidiendo que nos apoyen con despensas, porque no tenemos ni para comer, y si no hay manera de conseguir empleo, que nos ayuden a regresar”, dijo.
El jornalero explicó que trajo a su esposa y a dos hijos, y en el albergue donde se encuentran hay 40 habitaciones ocupadas por igual número de familias. “Ahí nadie tiene trabajo. Todos venimos a los campos de jitomate y tomatillo, pero los dueños perdieron todo por las lluvias y los que conservaron sus plantíos, nomás contratan a unos cuantos”, explicó.
Señaló que sobreviven “con 20 o 30 pesos que cada tres o cuatro días logramos conseguir en algún trabajo especial, en alguna parcela o casa particular”. Agregó que en aproximadamente un mes empezará la cosecha de frijol y “tal vez ahí puedan contratarnos, pero ¿qué hacemos mientras tanto?”
Sergio González García, presidente municipal de Santiago Ixcuintla, dijo que en Otates, la comunidad de esta zona de cultivos donde hay más jornaleros, se repartieron 200 despensas y se espera llevar más a Cañada de Tabaco y Villa Juárez, “pero no contamos con recursos para ayudar a todos. Estoy tratando de conseguir apoyo del gobierno del estado para pagar autobuses”.
En la plaza de Otates pernoctan por lo menos 150 personas, pues sólo algunos pueden rentar un cuarto o un corral, lo que cuesta hasta 700 pesos por mes.
En ese poblado “viven por lo menos 700 jornaleros y sus familias. Actualmente muchos están desempleados y a los que trabajan les pagan entre 65 y 70 pesos diarios; antes les pagaban más, pero como hay tantos pidiendo empleo, los patrones están contratando más gente, pero abaratando la mano de obra”, señalo el juez auxiliar (autoridad comunal) Juan Zavalza Flores.
Destacó que entre los jornaleros migrantes que están en Otates “hay indígenas huicholes que traen hasta dos o tres esposas, con todo y sus hijos. Para quienes no tienen empleo resulta imposible darles alojamiento y comida”.

Iniciativa ciudadana

Iniciativa ciudadana
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA a.m.com.mx 8 Enero 2010

De los 10 puntos de que consta el proyecto de reforma política del presidente Felipe Calderón, este es el que más nítidamente muestra no la voluntad de modificar las relaciones entre gobernante y gobernados, sino el hacer creer a estos últimos que se tiene presente su interés, como se insiste a lo largo del discurso del 15 de diciembre.
Incorporar la iniciativa ciudadana a nuestra legislación es inocuo. Proponerla equivale a ofrecer una golosina en vez de nutrientes a quien los necesita, un mero placebo ante el requerimiento de un remedio para la salud de una persona. Que los ciudadanos cuenten con la capacidad de presentar proyectos de ley es irrelevante.
En la legislación actual, esa posibilidad corresponde a los senadores y diputados federales, al Presidente de la República y a las legislaturas locales. En el proyecto calderoniano se agregan a esa lista el Poder Judicial (en el octavo punto del catálogo, al que nos referiremos en su oportunidad) y “los ciudadanos”. Puesto que nos hemos basado en esta revisión sumaria en lo dicho el 15 de diciembre, y no todavía en los documentos enviados a la Cámara de Senadores, desconocemos el grado de detalle a que llega el proyecto presidencial, y es en los pormenores correspondientes donde se puede encontrar alguna sustancia, si la tiene.
Dijo Calderón que al “incorporar la figura de Iniciativa Ciudadana” su propuesta “busca ampliar las libertades y garantías políticas de los ciudadanos” a fin de que “puedan incidir directamente en el proceso legislativo, ya que tendrán la facultad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión sobre los temas que son de su interés y que no necesariamente se encuentran en la agenda legislativa”.
Como de su denominación se desprende, la iniciativa es el primer paso del proceso legislativo. Contar con ella no garantiza en lo absoluto que el tema de que trate sea abordado en la Cámara en que se presente, y mucho menos que sea aprobado y se convierta en norma vigente cuando el Ejecutivo la promulgue y publique. En cada sesión de las cámaras, en la de Diputados especialmente, se presentan decenas de iniciativas, que sólo engruesan el rezago legislativo. No pocos miembros de ese poder parecen consumar su propósito de pertenecer al Congreso con el sólo hecho de presentar, por escrito meramente, o mejor aún desde la tribuna, un proyecto de ley. Lo hacen a sabiendas de la escasa viabilidad que su iniciativa tiene.
En los años del presidencialismo autoritario, era muy rara la ocasión en que los legisladores federales o las legislaturas estatales presentaran iniciativas, pese a estar dotados constitucionalmente de esa capacidad. Ésta parecía ser exclusiva del Presidente, que es todavía fuente principal de donde emanan proyectos. Que no todos tienen la suerte de ser atendidos por el Congreso se revela en otro punto, el noveno, del decálogo al que he venido refiriéndome esta semana: Calderón propone una regla para que el Poder Legislativo no se haga sordo ante ciertos proyectos suyos y se obligue a estudiarlos y manifestarse sobre ellos, so pena de que la iniciativa se convierta en ley sin intervención del Congreso.
Si el Presidente mismo ha padecido la desatención y el desinterés de las cámaras ante sus iniciativas, es iluso o engañoso pensar que se pueda dar un tratamiento diferente a la iniciativa ciudadana, que si bien existe en otras legislaciones adquiere sentido sólo si está rodeada de características que le den un peso mayor que el del papel en que se escriba (o del disco electromagnético en que se haga constar).
La práctica ha mostrado que el actual mecanismo hace innecesaria la iniciativa ciudadana. En el periodo más reciente de sesiones, el que terminó en diciembre pasado, fue aprobada en el Senado una iniciativa de reforma constitucional (al artículo 17) para dar curso a las “acciones colectivas”, como las que grupos de consumidores o usuarios enderecen contra un proveedor abusivo o fraudulento o contra el prestador de un servicio que no se atiene a los términos de su concesión o de la ley. Organizaciones civiles propugnaron esta reforma y la habían conseguido de modo insatisfactorio en una primera etapa, hasta que el senador Jesús Murillo la hizo suya y la llevó adelante. Cuando la enmienda se consume y entre en vigor, sin perjuicio del papel que jugó el legislador hidalguense podrá considerarse que surgió de una “iniciativa ciudadana” como la que Calderón quiere introducir en nuestro sistema constitucional.
Otro ejemplo que muestra cómo el papel de legisladores y ciudadanos se complementan en los términos constitucionales vigentes (es decir, sin necesidad de una reforma cosmética, de mero adorno, como la que se pretende) es el de la demorada legislación en materia de radio y televisión. Desde el año 2002, con enriquecimientos logrados en los años siguientes, agrupaciones civiles ofrecieron las bases para una reforma legislativa sobre aquel rubro, cuya necesidad se acentuó luego de la aprobación de la “Ley Televisa” y la declaración de inconstitucionalidad de algunos de sus artículos por la Suprema Corte de Justicia. Fue también una suerte de preiniciativa ciudadana hecha suya por legisladores. El que hasta la fecha no haya podido salir avante, muestra exactamente los escollos que tendría que librar la fórmula propuesta por Calderón y acaso su inocuidad.
En vez de esta vana propuesta tendría mayor sentido que Calderón propusiera el referéndum y otras formas de participación ciudadana.

Partidos políticos

Partidos políticos
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA a.m.com.mx 7 Enero 2010

En cuarto lugar, dijo el presidente Calderón hace tres semanas “se propone aumentar el número de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y acceda al financiamiento público. Se pasaría del 2% actual al 4%, con el fin de garantizar una mayor representatividad social de los partidos políticos como entidades de interés público que reciben cuantiosos recursos del erario”.
La propuesta no puede ser admitida o rechazada de plano, porque es al mismo tiempo plausible y objetable. Reformaría uno de los factores más eficaces en la redistribución del poder, que como se comprende fácilmente en un País en que prevaleció por largo tiempo un partido dominante casi único, ha sido asunto obligado en todo nuevo proyecto político nacional.
Dos peculiaridades ha adoptado el sistema mexicano de partidos. Por un lado, el de su registro ante la autoridad electoral. Hasta antes de 1946, como ocurre en el resto del mundo, era libre la formación de partidos y su función más evidente, la postulación de candidatos a cargos de elección. En cada contienda electoral, sobre todo las que incluían la sucesión presidencial, aparecían y desaparecían partidos y alianzas coyunturales. La ley de aquel año tendió a dar estabilidad a la competencia, por simulada que fuera, con partidos que mostraran su representatividad afiliando a un cierto número de ciudadanos. Eso facilitó al Poder Ejecutivo, que presidía el órgano electoral a través del secretario de Gobernación, ejercer control sobre los partidos. Cuatro décadas más tarde completó esa función mediante el financiamiento público que en 1996 se convirtió en la segunda particularidad del mecanismo partidario, no porque sólo en México se entreguen recursos estatales a los partidos, sino porque su cuantía y la virtual exclusión del financiamiento privado le confieren tal particularidad que se aproxima a una mera operación mercantil.
Entre 1946 y 1979 obtuvieron registro tres partidos, añadidos a los que existían previamente a aquella primera fecha (el PRI y el PAN), no porque satisficieran el requisito de agrupar a determinado número de militantes (que nunca lo consiguieron) sino porque eran piezas indispensables de la escenografía democrática. Por eso el Popular (luego apellidado Socialista), el Auténtico de la Revolución Mexicana y el Nacionalista de México fueron parte de una simulación que culminó con la entrega de curules cuando obtuvieron más del 1.5% de la votación total nacional, fingimiento que se disfrazó de interpretación del espíritu que no de la letra de la ley. Para auspiciar la competencia, en 1977 se introdujo el registro condicionado como vía de acceso más viable a la liza electoral, y también se escogió el 1.5% como cota a alcanzar para permanecer en la contienda. A pesar de que no era muy alta, no fueron pocos los partidos que aparecían y desaparecían de la escena, por no alcanzarla. Y lo mismo ocurrió cuando se la elevó a 2%, donde ahora se halla y que la propuesta presidencial pretende duplicar.
Hay razones para hacerlo, pues no es conveniente para la salud social y la de las finanzas públicas que se entregue dinero gubernamental a agrupamientos insolventes, no sólo ética sino también socialmente, pues no consiguen representar a un número importante de ciudadanos. El Partido de la Sociedad Nacionalista se convirtió en ejemplo de cómo un proyecto político se revela como un desvergonzado mercenarismo. Si se piensa en los trescientos y tantos millones con que la familia Riojas se retiró a la vida privada se antoja aplaudir toda iniciativa, incluida esta de Calderón, que impida o al menos dificulte obtener el registro para hacer negocio.
Pero en sentido contrario es indeseable que haya menos partidos de los que sean necesarios para comprender en su amplitud el abanico de las concepciones y aspiraciones políticas de la sociedad. El principio que en este punto movió a la reforma política por antonomasia, la de 1977, la de López Portillo y Reyes Heroles sigue siendo válido: que sea la sociedad, que sean los votantes los que determinen cuántos partidos han de contender entre sí. Pero cuando se estableció esa tesis no se surtía a los partidos con prerrogativas y gajes tan abundantemente enojosos como los que privan hoy. En este momento el ya muy obeso monto del financiamiento público hace imposible que de él participe un número de partidos mayor que el vigente, porque la fatiga del erario se agudizaría. Por lo tanto, para conciliar representatividad y libertad de participación se requiere reducir la munificencia estatal, de modo que una cantidad mucho menor destinada al financiamiento público alcance para muchos más partidos (y candidatos sin partido, si prosperara otro de los puntos propuestos por Calderón).
En la coyuntura actual, por lo demás, la reforma tendría destinatarios expresos, los dos partidos que el año pasado no llegaron al 4% que se busca imponer como requisito mínimo. Se trata de Convergencia y de Nueva Alianza, que en julio pasado alcanzaron cada uno porcentajes (alrededor de 3.40%) que los proscribirían de estar vigente la reforma planteada por Calderón. Suprimirlos ahora significaría afectar la posición de dos políticos de distinta manera poderosos. Convergencia es parte de proyecto de Andrés Manuel López Obrador, mientras que el Panal lo es de Elba Ester Gordillo. ¿Para eso se propone duplicar la cota?

Panacato

Astillero
Julio Hernández López La jornada 12 de Enero de 2010
■ Panacato
■ Activismo sotanero
■ Adopciones polémicas
■ Golpear a la izquierda

En los hechos ya está funcionando una especie de Partido Nacional Católico (Panacato). Esta organización política no busca la toma directa del poder, sino el ejercicio de presiones, chanta- jes y vetos que le ayuden a cerrar el paso a alternativas electorales molestas (en general, la izquierda; en particular, el PRD y sus imprecisas posibilidades de re- cuperación en 2012) y consolidar alianzas con las opciones que le son redituablemente cercanas, en este caso no el PAN desfondado que no parece tener futuro co- micial inmediato, sino la pragmática fuerza priísta que tiene nichos especialmente labrados en el pío corazón de líderes panacatos de altos vuelos como el púrpura doctor (en teología) N. (PRI)vera.
Los sigilosos cuadros directivos de la iglesia hecha partido han realizado una exitosa labor de cabildeo en todo el país para ir cercando, de la provincia a la capital, la insurrección chilanga que osó ampliar el periodo en que las mujeres pudiesen tomar la decisión soberana de interrumpir un embarazo no deseado. Obispos, arzobispos y cardenales, en su papel activo de terrenos hombres de poder, han realizado reuniones discretas con otros políticos definitorios para acordar votaciones en congresos estatales que cierren las puertas locales a las posibilidades de contaminación del ejemplo proveniente de la ciudad de México y para crear las condiciones procesales suficientes para tratar de echar abajo la normatividad capitalina mediante la interposición de recursos federales habilitados por el hecho de que la mayoría de las legislaturas locales se han pronunciado en un sentido adverso a lo aprobado por la asamblea del Distrito Federal.
Esa milagrosa demostración de práctico poder político abonó el camino para una segunda etapa de consolidación del antes citado Panacato, cuando el órgano legislativo de la capital del país aprobó la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo y, en un aceleramiento táctico que quiso quemar etapas, incluyó en esas nuevas disposiciones del estado civil de las personas la aún más polémica disposición de que esas bodas entre homosexuales tuviesen entre sus facultades la de adoptar pequeños. Fue este punto, el de las adopciones, el que permitió a los curas la toma de una nueva bandera incendiaria de conciencias conservadoras. Las llamadas bodas gay no hubieran causado tal revuelo duradero y trascendente en contra como el adelantadísimo paso de las adopciones.
De los cabildeos casi en secreto contra el aborto, los vaticanos cuadros directivos del Partido Nacional Católico han pasado a la ofensiva abierta con el pretexto de los citados prohijamientos. El presidente del comité nacional del Panacato, el antes mencionado doctor Rivera, ha hecho larga y encendida exposición de motivos mediante carta leída por uno de sus voceros en una de las principales sedes de esa organización política, la Catedral de la ciudad de México. En esencia, el cuasi senador vitalicio de nombre Norberto ha reiterado la doctrina de la supremacía del derecho divino sobre el terreno y de la justificada acción rebelde de los creyentes eclesiásticos contra las disposiciones legales emitidas por perversos políticos institucionales.
La guerra santa decretada por el poder episcopal tiene entre sus objetivos directos al jefe de Gobierno capitalino, el precandidato presidencial Marcelo Ebrard, al que un veto expreso y militante del partido católico le dejaría sin viabilidad, y a esa masa aún informe que constituye la izquierda electoral y en especial su vertiente numéricamente mayor, el PRD, cuyo dirigente formal, Jesús Ortega, ha anunciado necesaria retirada del escenario bélico buscado por la elite católica. De funcionar el golpe de aguas benditas, el Panacato habrá debilitado y chantajeado a la izquierda electoral y habrá cerrado filas con un priísmo al que cree predestinado al triunfo pinolero en 2012. No lo dice El Quijote, pero una extraña tradición impostora le ha adjudicado la frase de que con la iglesia se ha topado. Por lo pronto, los mexicanos se han topado con una reformulación apenas disimulada del Partido Católico Nacional que en mayo de 1911 fue fundado y tuvo a Gabriel Fernández Somellera como primer presidente y “Dios, Patria y Libertad” como lema. Di- cho PCN fue desaparecido por la fuerza de la nueva letra legal emitida en Querétaro en febrero de 1917. Pero ahora, en los tiempos vacíos de poder político civil, frente a las nimias y explicablemente timoratas celebraciones oficiales de bicentenarios y centenarios, con el pueblo asustado y angustiado ante ejecuciones sanguinarias cotidianas y crueldad fiscal y económica en su contra, los habilidosos jefes del poder con sotana creen llegado el momento de luchar abiertamente por una contrarreforma. ¡Cristo Rey nos tome confesados!
Astillas
La muerte de integrantes de la familia Saba se suma a otros accidentes aéreos en que la tecnología de punta es vencida o los factores humanos parecen haber fallado. Es de esperarse que las investigaciones federales del caso, iniciadas por la PGR, den suficiente luz sobre las causas de la tragedia. La relevancia económica de los fallecidos ha hecho que los medios de comunicación destaquen esas muertes de entre el cúmulo diario de pérdidas casi anónimas de vida; también se ha producido una cascada de loas a la actividad empresarial de miembros de esa poderosa familia, como el difunto, con una ausencia circunstancial de contexto y crítica a los factores de desigualdad económica que provocan la salvaje concentración de riqueza en unos cuantos... Y, mientras sigue la feria de oportunismos, desmemoria e inconsistencia ideológica de las “izquierdas” a la hora de postular candidatos a las gubernaturas que el dinero y las trampas elegirán este año, ¡hasta mañana, en esta columna que se niega a decir Heineken a la hora de brindar con cerveza, así sea para celebrar que México está en el séptimo lugar de la Base de Datos de la Felicidad en el Mundo!

Suicidio y narco, “opciones” de jóvenes por el fracaso educativo

El Estado abdicó de su responsabilidad de brindar elementos para el desarrollo: expertos
Suicidio y narco, “opciones” de jóvenes por el fracaso educativo

En 2008 al menos 349 mil 987, de entre 12 y 29 años, intentaron quitarse la vida

KARINA AVILÉS/II Y ÚLTIMA La jornada 12 de Enero de 2010
Para muchos jóvenes la educación no tiene sentido, pues no les garantiza acceder a mínimos de bienestar. Siete millones de ellos, conocidos como ninis porque “ni estudian ni trabajan”, son blanco potencial de la ilegalidad. Ante ese panorama, se ha gestado entre la juventud un fenómeno de desesperanza y frustración, pero también de malestar social, que de acuerdo con expertos ya deja sentir sus efectos.
La directora del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Priscila Vera, expresa que la falta de certidumbre sobre el futuro se ha traducido en deserción escolar, depresión y angustia. Inclusive, resalta, se vincula con la problemática del suicidio.
De hecho, el estudio Suicidio en jóvenes: hallazgos básicos, ENA 08, advierte que existe una “fuerte asociación entre la situación del desempleo y la falta de estudios con la conducta suicida no sólo en jóvenes, pero éstos resultan ser los más expuestos a la problemática suicida”.
Según el análisis, realizado por los especialistas Christiane Queda, Sergio Ramos, Ricardo Orozco, Ghilherme Borges, Jorge Villatoro y María Elena Medina Mora –esta última directora del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz–, 349 mil 987 jóvenes de entre 12 y 29 años intentaron suicidarse en 2008; casi la mitad de ellos habían cursado la secundaria. De dicha cifra, siete de cada 10 estaban sin trabajo.
La investigación resalta que seis de cada 10 que planearon suicidarse no estudiaban, principalmente los que tienen entre 18 y 29 años, y nueve de cada 10 de entre 18 y 24 años no trabajaban. La mayoría tenía escolaridad máxima de secundaria; en segundo lugar, bachillerato. En el país, cerca de 3 millones 321 mil 762 jóvenes de entre 12 y 29 años manifestaron tener al menos una idea suicida. Fue el estado de México donde se reportó el mayor número de personas con ese problema.
El especialista en jóvenes Alfredo Nateras apunta que el Estado y sus instituciones ya no dicen nada a los adolescentes, y no median en los conflictos y las tensiones sociales porque han abdicado de su responsabilidad de satisfacer los elementos básicos para el desarrollo. Así, la mayoría de ese sector de la población tiene cancelada la posibilidad de acceder a vivienda, al proyecto de vivir en pareja, a recreación, salud y educación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el país hay 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar el bachillerato pero no lo hacen, y 7.5 millones no siguen estudios profesionales. Datos de la Subsecretaría de Educación Superior establecen que en 2009 egresaron 430 mil, de los cuales 14 por ciento, esto es, más de 60 mil, están sin empleo.
En el nivel medio superior, subraya por su parte el subsecretario del ramo Miguel Székely, hay 900 mil egresados al año, de los cuales sólo 50 por ciento continúan la enseñanza superior. Otro 25 por ciento ingresan al mercado laboral, y el restante 25 por ciento no estudian ni trabajan.
Frente a ello, dice Aurora Loyo Brambila, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, las perspectivas de los jóvenes han cambiado necesariamente. Muchos “saben que van a vivir con precariedad, que no van a tener empleo fijo, una fuente de trabajo con garantías sociales y, por ello, estabilidad y recursos para acceder a ciertos satisfactores”, añade.
El ingreso mensual promedio de quienes terminaron la primaria y tienen entre 18 y 25 años es de 3 mil 314 pesos, y de quienes concluyeron la secundaria es de 3 mil 559. Para los que cuentan con bachillerato la diferencia no es tan grande, ya que su sueldo promedio asciende a 3 mil 975 pesos al mes, mientras quienes concluyeron estudios superiores ganan 6 mil 693, según estadísticas de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
“Ya no sabes ni para qué estudiaste”
Por momentos, confiesa Carlos González, egresado de la carrera de comunicación y periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, “ya no sabes ni para qué estudiaste”. El joven, de 24 años, ha vivido un vía crucis desde que concluyó sus estudios, en 2007, y ha tratado infructuosamente de obtener un empleo.
Ha recurrido a casi todo: una empresa de publicidad recién creada, donde el trabajo era vender a comisión discos de software; otra labor era concertar citas por teléfono para ofertar financiamientos para inmuebles; ferias del empleo, donde “ni atención te ponen”. Inclusive, fue a algo parecido “a un centro social de Únete a los Optimistas, donde había cubículos para cantar. Cuando llegas te dicen que compres productos, en este caso mil pesos en cremas, para que luego ganes mucho dinero”.
Sin embargo, la meta de Carlos González es ser locutor de radio. Considera que “quizá en provincia habría más oportunidad”, por lo que estaría dispuesto a irse de la capital del país en busca del empleo deseado.
Misael Granillo, alumno del segundo semestre de la carrera de mercadotecnia del Unitec, opina: “el estudio es simplemente para tener un documento que te avale, porque tengo la idea de que no voy a ejercer lo que aprendí en la licenciatura”.
Él debe trabajar para pagar su educación, y se ha presentado a entrevistas para laborar de vendedor de pisos, asistente, secretario particular, “cajero bancario” y asesor de Afore. Luego de que quedó sin trabajo un año y sin ningún horizonte, decidió iniciar un proyecto productivo para autoemplearse.
Ante esa falta de sentido en los aspectos educativo, laboral y de proyecto de vida, advierte Alfredo Nateras, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, para muchos jóvenes ha resultado más atractivo “acercarse a los terrenos de lo no legal y de la paralegalidad”.
De ahí que cuando a algunos se pregunta qué quieren ser, responden: “narco”. La causa es que el crimen organizado “cumple funciones sociales y simbólicas que el Estado no ofrece, como dar empleo, arreglar una escuela o hacerse cargo de la educación de jóvenes que coopta para que sirvan a sus intereses”.
Desde la perspectiva empresarial, el desempleo entre los jóvenes es visto con “terror”, porque “el adolescente es fogoso, irreflexivo y protesta”, señala Hugo Ítalo Morales, asesor laboral de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Viva la independencia

Marco Rascón La jornada 12 de Enero de 2010
Viva la independencia

Sorprendente y eficaz ha sido la táctica de la partidocracia para borrar todo aquello que la haga peligrar.
Escondidos en la supuesta defensa de los ingresos populares, ante el aumento a las gasolinas y la aplicación de los nuevos impuestos que ellos mismos aprobaron, la partidocracia en la Comisión Permanente del Congreso agarró como paquete completo el tema de la reforma política y la económica como coartada mediática para borrar toda posibilidad de reformas en favor de la independencia de los derechos ciudadanos.
Dicho anteriormente en este espacio, la propuesta de reforma política de Felipe Calderón fue lanzada desde la lógica de la debilidad y ya a estas alturas se le ve abandonada entre las pugnas electorales y la lucha doméstica de la partidocracia.
Si de impuestos se trata, es fácil decir que se defienden los ingresos de la mayoría, pero se es incapaz de indicar, aunque hay algunos que lo señalan, que el fondo no es un punto del IVA o la tasa del ISR, sino los que no pagan impuestos, como parte de los privilegios de pertenencia a la oligarquía mexicana. Para ellos, es más fácil la cortina de humo de un conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que establecer los verdaderos vínculos entre la política y la economía.
La entrada en la nueva década no podía ser distinta a la descomposición y los altos niveles demagógicos que hemos vivido en los últimos años. Nada en el país está resuelto y las efemérides por sí solas no podrán salvarnos, salvo el marco de dependencia, crisis, deterioro, decadencia, vacíos, corrupción y antidemocracia que existen en México a 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución.
Es impresionante cómo, desde los liderazgos actuales y las entrañas de los partidos, se vincula y desvincula lo político de lo económico, en un momento en que somos un país con leyes laxas y confusas, bajo un régimen de gran discrecionalidad en la aplicación de ellas.
Tanto en lo político como en lo económico esta realidad tiene un gran impacto, y hace que las disputas por el poder económico y el reacomodo de los monopolios influya en el debilitamiento de los derechos de los ciudadanos para elegir y ser elegidos.
Nos dejan pasmados las declaraciones contra el derecho a las candidaturas independientes, cuyo origen lo hizo la misma cerrazón del sistema de partidos y lo presenta como suyo el Poder Ejecutivo. Ante el embate abierto contra una demanda que abriría la lucha democrática y política, respaldada por un amplio cuestionamiento a la práctica de los políticos, es pasmosa también la debilidad de la sociedad para enfrentar el cinismo de los grupos y facciones, que han hecho de la política un patrimonio privado.
Hoy, desde los intereses fraccionales, hasta estar “en contra” es negocio. Se reacciona contra todo acuerdo para abaratar el mercado en otras mercancías que reparte el poder, como las exenciones fiscales, las concesiones, los programas sociales convertidos en base del clientelismo político. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los partidos y los grupos económicos unen en sagrada comunión lo político con lo económico. Ahí se van tejiendo no sólo las leyes escritas, sino también las reglas para la discrecionalidad en el cumplimiento.
Es por ello que ante la idea de una necesaria reforma política, llevada al rango de una reforma de Estado, el principal obstáculo son los protagonistas de la mismas reformas, pues en el fondo ninguna de estas fuerzas está dispuesta a perder privilegios frente a una ciudadanía cada vez más crítica, pero al mismo tiempo profundamente debilitada y desorganizada.
Frente a lo que puede ser un renovado grito por la independencia política, los derechos ciudadanos y las libertades democráticas, la partidocracia ya detectó dónde está el peligro y ante ello está reaccionando borrando de la agenda el tema de la reforma política, vinculado a la reforma económica, que demanda apertura y competencia.
En esta necesidad de luchar por la independencia y la libertad ciudadana, ante el incumplimiento de los partidos para crear representaciones legítimas, las redes sociales en expansión por la vía del avance tecnológico, principalmente la Internet, han sabido crear una nueva visión independiente, pero su talón de Aquiles ha sido su incapacidad para organizar fuerzas políticas que compitan con el actual sistema de partidos.
Esto se deriva en parte de la confusión que existe entre el cuestionamiento a la actuación de los políticos y la necesidad de hacer política, pues para ello se requiere de organización no sólo virtual en la web global, sino en la construcción de fuerzas locales y nacionales.
Hasta hoy, los únicos que han hablado a la hora de las reformas son las estructuras y los intereses que se oponen a ellas. Lo hacen en nombre del pueblo agraviado, pero al mismo tiempo buscan enmudecerlo y aplastarlo.
Que empiece la década gritando desde abajo ¡viva la independencia! Haciendo de esa disposición movimiento, organización y un programa desde abajo.

Entre el sueño y la realidad

René Drucker Colín La jornada 12 de Enero de 2010
Entre el sueño y la realidad
Tiene razón Calderón, los mexicanos no debemos hablar mal de nuestro país, ni podemos, ya que está claro que las estrategias para convertir a México en un país modelo se han planeado cuidadosamente en estos primeros tres años de su gestión. Por lo menos eso fue lo que viví en un sueño que tuve recientemente. Resulta pues que ese 32.6 por ciento de la PEA que estaba conformada por ambulantes y trabajadoras domésticas se redujo a sólo 2.6 por ciento, ya que casi todos los ambulantes lograron tener un trabajo digno, con sueldo digno en florecientes empresas mexicanas, y las trabajadoras domésticas pudieron regresar a su propio hogar para atender a sus hijos, y las que no, se convirtieron en institutrices y/o cocineras con todos los derechos laborales que la ley requiere. Las empresas que acogieron a los ambulantes y otros individuos de la sociedad lo pudieron hacer gracias a una visionaria estrategia gubernamental que generó una ayuda sin precedente y sin burocracia a las pequeñas y medianas empresas, que a su vez incorporaron las tecnologías más avanzadas para generar productos con valor agregado altamente competitivo que empezaron a inundar los mercados internacionales, en particular el chino, donde sus ambulantes, que aumentaron, vendían muchos productos hechos en México.
A raíz del inusitado aumento de empleo bien remunerado, ocurrieron varios fenómenos. La inseguridad y la criminalidad bajaron de manera sorprendente; el narcotráfico y la violencia asociada disminuyeron drásticamente, los secuestros casi desaparecieron y la calidad de vida de los mexicanos subió muchísimo. Desde luego, México se plantó entre los primeros 20 países en competitividad y el peso se fortaleció enormemente, aunque todavía había espacio para mejorar.
Gracias a un dinámico programa de fortalecimiento del agro, México empezó a ser cada vez más autosuficiente en su alimentación, ya que al pequeño agricultor se le enseñó a usar las nuevas técnicas de biotecnología, anularon a los intermediarios y éste sector logró aumentarse en forma geométrica y ellos empezaron a convertirse en pequeños empresarios que vendían a través de cooperativas bien manejadas directamente a los grandes centros de distribución. El nivel de vida del campesino cambió radicalmente y se disminuyó dramáticamente el flujo de ilegales a Estados Unidos. Esto llegó a tal grado, que el gobierno de Washington solicitaba urgentemente un plan de contratación para trabajadores mexicanos con todos sus derechos laborales. Por primera vez México controlaba una palanca de poder hacia los gringos.
Desde luego, con una visión extraordinaria del gobierno de Calderón, éste impulsó el desarrollo de la farmacéutica mexicana, con lo cual se generaron tres beneficios para nuestro país: el control sobre la salud de los mexicanos era mucho menos dependiente del exterior, se generaron muchos empleos con altos niveles de educación y se abarataron los medicamentos, lo cual permitió que el sector salud pudiera invertir sus recursos en dar mejor servicio y con mayor tecnología.
Desde luego, otra vez con gran visión, el gobierno aumentó significativamente el presupuesto a la educación pública, hizo desaparecer el sindicato, aumentó los salarios a los profesores y dio un decisivo impulso a las universidades públicas, con lo cual la matrícula se duplicó y así se aseguró el futuro del país a largo plazo, pues tendría una fuerza laboral educada y capacitada para enfrentar los retos de la nación. Acompañado a esto, se le dio un decisivo empujón a la ciencia y la tecnología, creciendo así el sistema científico nacional en forma espectacular, logrando vincularse exitosamente con el sector productivo que creció en forma impresionante, razón por la cual aumentó el empleo bien remunerado.
Asimismo, gracias a una reforma del Estado, que redujo drásticamente el control corrupto e ineficiente de los partidos políticos, se logró desvanecer a los eternos vividores de la política mexicana y sustituirlos por ciudadanos respetables e interesados en el futuro del país. Gracias a esto se logró desaparecer el financiamiento hacia los partidos políticos, se redujeron drásticamente los ingresos insultantes que tenían los políticos y se otorgaron sueldos más respetables. Con éstas y otras acciones se pudieron invertir más recursos en carreteras, ferrocarriles y medios de comunicación más efectivos y el sureste mexicano empezó a florecer, homogeneizando mejor al país entero.
Ciertamente, en el extranjero se empezó a hablar bien de México y floreció el turismo y, en lugar de tener sólo 22 millones de visitantes, se llegó a tener cerca de 50 millones; con esto se incrementaron drásticamente el empleo de servidores turísticos y los negocios asociados a esta importante industria mexicana.
México, sin dejar de tener problemas como todas las naciones, empezó a colocarse entre las naciones más respetadas, y la vida de la gran mayoría de los mexicanos se convirtió en un ejemplo para muchos otros ciudadanos de otros países que visitaban México. Con eso la vida cotidiana se enriqueció, dada la enorme interacción que los mexicanos podían tener con culturas, costumbres y formas de pensar provenientes de otras culturas y países. México se convirtió en un país digno de respeto y admiración y su población era siempre bienvenida donde fuera que estuviera.
En eso me desperté y en la transición entre el sueño y el despertar, pensé que efectivamente Calderón tenía razón, no podíamos hablar mal de México, hasta que me desperté completamente y me di cuenta de que todo era un sueño y que la realidad era otra totalmente diferente. Así que es difícil no quejarse y criticar a México y esta administración.

Hasta en los ceros hay clases

AGENDA CIUDADANA
Hasta en los ceros hay clases
Lorenzo Meyer 7 Ene. 10

Si hay alguien que debe obsesionarse por ir en busca del tiempo perdido -y encontrarlo-, es México

Hay de ceros a ceros

En un artículo reciente, el premio Nobel de economía 2008, el norteamericano Paul Krugman, se dolía porque, desde el punto de vista económico, al último decenio norteamericano ya se le podía dar por perdido. Para Krugman, estos 10 últimos años deberían entrar en la historia norteamericana como "El gran cero" (The New York Times, 28 de diciembre, 2009). Pues bien, ya somos por lo menos dos, pues para tiempo perdido, en México nos pintamos solos. Nuestro cero es hoy más, mucho más grande, que el norteamericano, pues no sólo se ha perdido el tiempo y las oportunidades en lo económico sino también en lo social y en lo político.

Para Krugman, los indicadores respecto de su país son tan claros como deprimentes. Por lo que hace a creación de empleo: cero (en realidad, el empleo en el sector privado es hoy menor que en el 2000). El ingreso familiar típico a precios constantes no sólo no creció sino disminuyó, y lo mismo pasó con el mercado accionario y con el precio de las viviendas, pues actualmente los propietarios con hipotecas deben más de lo que valen sus casas.

Nuestro tiempo perdido

Si en la misma línea de Krugman, en México nos ponemos a considerar lo que ha sucedido en los dos últimos siglos -y este año de bicentenario y centenario casi obliga a ello- nos daremos cuenta de que las pérdidas de tiempo histórico han sido varias y que eso explica, al menos parcialmente, nuestro subdesarrollo. Para empezar, están los dos decenios de lucha civil que implicaron la Independencia y la Revolución en el segundo decenio de cada uno de los dos últimos siglos. También hay que incluir al periodo que abarca del primero al segundo imperio en el siglo XIX, pues se trata de un tiempo caótico y en buena medida desperdiciado. Pero hay pérdidas más recientes y que, en comparación con las pasadas, son cada vez menos justificables.

Los críticos conservadores de Luis Echeverría y de José López Portillo llamaron a los dos sexenios que ambos presidieron "La docena perdida", pese a que desde el punto de vista de los indicadores económicos, especialmente del PIB, la mayoría no fueron tan malos años. La derecha empresarial fue particularmente dura con ese par de presidentes que cerraron lo que podemos llamar "el ciclo post revolucionario" de México. Desde ese ángulo, se les criticó su fin de sexenio y en general su "populismo", el no haber sido más duros con los opositores de izquierda -el empresariado regiomontano culpó públicamente a Echeverría por el intento de secuestro que le costó la vida a Eugenio Garza Sada en 1973, y que se atribuyó a la Liga Comunista 23 de septiembre. Desde esa perspectiva, se les reprochó a los dos presidentes la ineficacia del "Estado obeso" que ambos alimentaron a costa de un incremento de la deuda pública externa, su contribución a la inflación y también se les reprochó por criticar de manera indirecta a Estados Unidos y mantener una buena relación con la Cuba castrista. Desde la izquierda, la mirada resultó también severa, pero menos por ver esos dos sexenios como económicamente perdidos y más por la persistencia del autoritarismo, de la represión y de la corrupción.

Lo que siguió a la debacle económica de 1982 sí puede ser calificado como tiempo perdido por un sector mayor de la sociedad mexicana que tuvo que vivir con un salario que perdió poder de compra (desde entonces la parte del PIB correspondiente a los salarios empezó a disminuir de manera sistemática en beneficio del capital).

Desde la óptica del empresariado, la situación resultó contradictoria, pues si bien los pequeños y medianos empresarios sufrieron con las reformas neoliberales iniciadas a partir de 1984-1985 y radicalizadas durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, otros, los sobrevivientes y grandes, se beneficiaron. Las privatizaciones y la liberalización comercial fueron y son bien vistas por aquellos grupos, nacionales y extranjeros, que se beneficiaron con ellas y que hoy constituyen la columna vertebral del capitalismo en México (que no necesariamente mexicano). Estas grandes concentraciones de capital siguen pugnando por lograr que el Estado amplíe los espacios para el capital privado en los últimos reductos de la gran empresa estatal: el petróleo y la generación de energía eléctrica. Para ellos el tiempo perdido es el que tardan Pemex y la CFE en privatizarse.

La "reforma estructural" que prometió el neoliberalismo autoritario de Carlos Salinas y sus tecnócratas se topó con el desastre de 1995 y su principal producto: el Fobaproa; todo México pagó los platos rotos del mal manejo de la economía. Como un resultado de lo anterior se volvió a materializar la insurgencia electoral y esa vez sí logró sacar al PRI de Los Pinos. Con gran optimismo, muchos aceptaron la premisa del ganador de la elección de julio del 2000: con la democracia política encabezada por el PAN se pondría freno a la irresponsabilidad económica, a la demagogia y a la corrupción pública. Con un sector público encabezado por empresarios acostumbrados a la lógica del mercado y muy conocedores de nuestro gran socio comercial, Estados Unidos, el retorno del crecimiento económico casi estaba asegurado.

No fue así, no crecimos y el tiempo se volvió a perder. La corrupción siguió sin mostrar abatimiento. La supuesta lógica empresarial no fue otra cosa que el arraigo de eso que se ha llamado el capitalismo entre amigos (crony capitalism). Una consecuencia de ese tipo de arreglos entre las cúpulas política y económica fue la persistencia de las prácticas monopólicas y un retroceso significativo en la competitividad del país (en esta materia, México cayó al lugar 60 entre 132 países). La maldición de la petrolización se acentuó. El régimen panista en vez de intentar la reforma fiscal pospuesta desde los 1960 simplemente empleó los recursos petroleros para financiar el gasto corriente -¡el 40 por ciento!- y no molestar a nadie con una reestructuración del esquema impositivo. Al final de cuentas, el no hacer nada, el dejar que las inercias fueran las que dirigieran al país, llevó a que el principal indicador económico, el PIB, creciera en promedio anual en los últimos 10 años un magro 1.6 por ciento. Y si a esa cifra se le descuenta el crecimiento demográfico, entonces resulta que el crecimiento real promedio fue menor al 1 por ciento anual: el peor de América Latina.

El crecimiento económico por sí mismo no tiene mucho sentido, lo importante en México es asociar la producción de bienes y servicios con el bienestar y la equidad. Y es aquí donde la pérdida de oportunidades adquiere su mayor significado: el empleo formal ha disminuido (un indicador: en 16 carreras universitarias, en promedio sólo dos de cada 10 egresados han encontrado empleo en su área de especialidad, El Universal, 1o. de enero), la migración legal e ilegal a Estados Unidos creció al punto de convertirse, junto con la economía informal, en la válvula de escape que aminoró el estallido social, pero un país que tiene que depender de esos factores para mantener una estabilidad precaria no va por buen camino.

Los indicadores de pobreza nos cuentan que el tiempo ha corrido y la solución de nuestro gran problema social -histórico- sigue eludiéndonos. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, los recursos para combatir la pobreza se han casi quintuplicado entre el 2000 y el 2009, pero el resultado no ha correspondido en absoluto a ese aumento. Según cifras de CEPAL, la proporción de mexicanos que viven en algún tipo de pobreza ha pasado de representar el 53 por ciento en 1992 a 47.4 por ciento en 2008. Para este inicio de 2010, y por los duros efectos de la crisis económica, la CEPAL calculó que la proporción de pobres superará el 50 por ciento, es decir, casi seguimos donde estábamos.

Por todo lo anterior y otros factores más, a pocos debe de extrañar que en México el apoyo al sistema democrático no haya aumentado sino bajado. De acuerdo con Latinobarómetro, entre 1996 y 2009, el apoyo a la democracia en nuestro país disminuyó en 9 puntos. El desencanto y la frustración con la vida pública es la nota dominante en México.
Una recomendación que nosotros no podemos aceptar

Los norteamericanos, con su maltrecha pero enorme economía, quizá se pueden dar el lujo de hacer lo que propone Krugman: olvidar el decenio pasado y confiar en que el próximo sea mejor. Nosotros los mexicanos ni eso podemos hacer, pues en términos relativos hemos perdido más y por más tiempo. Olvidar y confiar no serían solución sino todo lo contrario: hay que identificar los errores, las estrategias fallidas y a los responsables para luego actuar en consecuencia. Eso le debemos al 1810 y al 1910 y hay que pagarlo.

kikka-roja.blogspot.com/ Kikka Roja

¿Qué celebramos?

¿Qué celebramos?
Javier Corral Jurado
El Universal 12 de enero de 2010
Desde hace cuatro meses se presenta en el Teatro “El Milagro”, en la ciudad de México, —con Gabriel Pascal y Daniel Giménez Cacho—, una serie de mesas redondas sobre las celebraciones que en este 2010 tendrán su mayor espacio de discusión. Al conmemorarse 200 años de la Independencia y 100 años de la Revolución, estos personajes lanzaron una provocación: ¿Qué celebramos?
Estoy de acuerdo con preguntarnos, ¿cuál es la significación para la Nación de estos dos movimientos sociales revolucionarios? ¿Qué dimensión daremos a las celebraciones? ¿Es posible que bajo las actuales condiciones políticas y económicas se engendre un nuevo estallido social?
Las celebraciones abren la oportunidad para que los historiadores nos ayuden a una comprensión más humana, racional y precisa de nuestra historia. Lo que sólo con la distancia del tiempo se puede realizar, sin apasionamiento de los bandos, sin el mesianismo con que hemos esperado al líder político de cada época, sin los mitos y las leyendas en torno de actores tan simples y trascendentes a la vez, que al endiosarlos los hemos sacado de contexto y se nos ha negado la enseñanza esencial: el hombre es él y su circunstancia.
Una buena desmitificación, quizá humanización del santoral patriótico y sus reales aportaciones es lo que se necesita para evaluar lo celebrado. No sólo sacar a los héroes del sentido casi religioso en que la historia los ha colocado, sino en un sentido también de rectificación. Muchas batallas y gestas, ni fueron todo lo victoriosas que se dice, ni fueron del todo épicas, y en esa magnificación se ha dejado de observar a las contrapartes, a los derrotados y los vencidos. Ni siquiera se reconoce que a los grandes liberales del siglo antepasado les enfrentaron grandes conservadores y, por ello, el debate fue nutrido y duradero.
Una primera y urgente forma de celebración es pues, ésta de evaluar objetivamente nuestro paso por la historia: reconocer avances, logros, pero también retardos y letargos en muchas de las instituciones que para la modernidad pensaron los independentistas y luego los revolucionarios.
Luego creo que ha de venir una segunda forma de celebración, una especie de ajuste de cuentas políticas, literalmente de saldos y deudas históricas con los postulados de las dos revoluciones centenarias, una revisión de conceptos, instituciones y distribución de competencias que a la luz del desarrollo político, social y económico ya no libran la batalla del tiempo.
Sobre todo la política, debiera empeñarse por realizar un análisis objetivo, crítico y constructivo a la vez de nuestro pasado histórico y su legado a nuestros días, una evaluación sincera de qué Nación somos, qué nos falta para ser auténtica República, qué tipo de democracia tenemos y cuál realmente queremos, qué debiéramos hacer para lograr que el sistema político sea representativo del pueblo soberano que titularon las Constituciones de 1824 y la de 1917.El Presidente de la República ha insistido en que el 2010 será el año del cambio. Lo dice con algarabía. En principio puede resultar hasta grotesco que él anuncie, tras nueve años de gobiernos del PAN, que ha llegado la hora de acometer las grandes transformaciones que el país necesita, ahora que menos posibilidades tenemos en el Congreso federal, sobre todo por la nueva mayoría que gobierna la Cámara de Diputados en manos de la coalición conformada por el PRI y la Tele-bancada del Partido Verde. Pero es indiscutible que ese impulso a un determinado paquete de reformas puede ser un gran punto de partida, si en efecto, está dispuesto a dialogar e ir convenciendo a los legisladores. Recorrer el país, explicando el detonante de cambios mayores que significarían las modificaciones constitucionales.
De hecho la iniciativa del Presidente sobre reelección de legisladores, iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, referéndum en materia constitucional, así como la segunda vuelta electoral, entre otras cuestiones, propone iniciar un debate sobre cómo fortalecer las instituciones “que nos ha legado nuestra historia, sin renunciar a ellas en aras de experimentos inciertos”.
Una nueva Constitución, o una reforma integral sería una celebración de lujo. Pero ante la falta de clase política dispuesta a una empresa de este tamaño, debiéramos buscar por lo menos reformas que impulsen otros cambios, o detonen reformas sucesivas que obliguen a la revisión del régimen político. Necesitamos asegurar mayor eficacia de nuestra democracia, precisamente para lo que está pensada en la independencia y soberanía: para la justicia y en la libertad.
De no entrarle a una reflexión crítica de las herencias y las asignaturas pendientes de nuestras dos revoluciones, la sola recordación tensará más el ambiente social, que si bien no se desenvuelve en las condiciones para un levantamiento armado, sí atraviesa un desánimo preocupante y a la vez una creciente decepción. Hay que procurar que la inconformidad se vuelva participación, y no irritación social. De la evaluación objetiva que hagamos de nuestros centenarios, dependerán las acciones que tomemos para festejarlos.
Diputado federal del PAN

Escuelas públicas, fábricas de gorditos

Escuelas públicas, fábricas de gorditos
Alejandro Calvillo Unna
El Universal 12 de enero de 2010
El Instituto Nacional de Salud Pública ha concluido que las escuelas públicas del país se han convertido en un ambiente obesigénico, es decir, en fábricas de obesos.
En 18 estados del país los congresos locales han tomado diversas resoluciones para que las escuelas dispongan de alimentos y bebidas que promuevan buenos hábitos alimentarios. Entre abril de 2006 y abril del 2009, en tan sólo tres años, la Cámara de Diputados recibió 46 iniciativas para regular la comida chatarra en les escuelas, su publicidad o para incorporar un etiquetado que advirtiera el riesgo de su consumo. En el mismo periodo, la Cámara de Senadores recibió 30 iniciativas similares.
Gracias al trabajo de cabildeo de Conméxico, la organización que agrupa a las empresas procesadoras de alimentos (Coca Cola, Pepsico, Kellog’s, Bimbo, Nestlé, etc.), ninguna de estas resoluciones e iniciativas ha tenido efecto.
Descrita desde el interior de Conméxico, su estrategia se basa en cuatro pasos: en el primero se recurre al presidente de la Comisión o Comisiones a que haya sido turnada la iniciativa, para argumentar las dificultades legales que el proyecto conllevaba. Este procedimiento logró éxitos con el diputado Ector Ramírez (PAN) quien presidió la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados en la legislación anterior. Ector Ramírez no sólo bloqueó las iniciativas sino que fue proactivo en sus declaraciones en contra de regular la presencia de la comida chatarra en las escuelas y la publicidad dirigida a los niños.
En el segundo paso, si se tienen dificultades con los presidentes de las comisiones, Conméxico se dirige al coordinador parlamentario respectivo y, en su caso, al coordinador del grupo mayoritario. En este sentido, en Oaxaca, se realizó una reunión con el diputado García Henestrosa (PAN) presidente de la Comisión de Salud Pública de la entidad, a la que Conmexico acudió con empresarios locales para mostrar su poder económico y hacerles ver los contras de la aprobación de los proyectos.
El tercer paso se da si el proyecto llega a ser aprobado por el Congreso, Conméxico recurre al Ejecutivo del Estado mostrando su poderío económico y buscando que vete el decreto del Congreso, como ocurrió en Baja California y Jalisco.
El cuarto paso se ejecuta si la presión de la opinión pública es importante y el Ejecutivo se ve obligado a publicar la iniciativa, entonces Conméxico se dirige a crear o fortalecer sus relaciones con las Secretarías de Educación y de Salud de la entidad, con el fin de que no apliquen las medidas. El quinto paso es la estrategia final, y una de las más utilizadas por Conméxico, consistente en lograr que los programas sean inaplicables, que sean técnicamente deficientes, de que no exista manera de identificar qué productos no deberían estar en las cooperativas, que no sean obligatorias las medidas, etc. En Sinaloa, la propia industria elaboró el programa.
La estrategia de Conméxico ha sido desarrollada por su director Jaime Zabludovsky, quien pertenece a lo que en Estados Unidos se les llama “especialistas en puertas giratorias” y que pasan de cargos públicos, donde sirvieron gratamente a los intereses de las empresas, a cargos al frente de empresas o gremios empresariales.
Así, la puerta giratoria gira y Zabludovsky, como otros funcionarios, pasa a servir a las empresas, conocedor de los tejes y manejes al interior del poder Ejecutivo y del Legislativo. Otro ejemplo es el de Enrique de la Madrid que fue legislador de donde salió para cabildear a favor de las empresas para promover la ley que diera entrada a los transgénicos y de nuevo volver como funcionario público a Sagarpa.
Conmexico no es una entidad monolítica. A su interior hay diversas posiciones. En un extremo, se encuentran Coca Cola y Pepsico que manejan el mercado de refrescos y parte importante del mercado de frituras, junto con Barcel de Bimbo. Existen otros asociados, como Danone, que no le prestan el mismo interés al mercado en las escuelas y tienen más intención de cabildear otros aspectos como evitar que se regule la publicidad que se dirige a niños, que podría evitar que Danone hiciera campañas como “para que tu hijo alcance la máxima altura”, o evitar que se implemente un etiquetado que evidencie el altísimo contenido de azúcar en sus productos. Unos y otros, al formar parte de Conméxico y destacan por su irresponsabilidad empresarial sobre el mayor problema de salud pública que vive el país.
La pelota está del lado del secretetario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien tiene en su manos detener el avance de la comida chatarra en las escuelas públicas. Sólo falta saber si servirá al interés público o al corporativo.
Director de El Poder del Consumidor, A.C., miembro del Consejo Consultivo del Consumo de Profeco y de Consumers International

Iglesias: ¿quién les dice que no se puede?

Iglesias: ¿quién les dice que no se puede?
Pedro Salazar Ugarte
El Universal 11 de enero de 2010
Los defensores de la laicidad llevamos meses duro y dale con nuestros temores y advertencias. La Iglesia católica, por su parte, lleva años tirando leña a la hoguera. Si nos descuidamos, los primeros podemos quedar atrapados en el eco de nuestras propias protestas y, en beneplácito de los jerarcas de la Iglesia, terminar relegados a la esquina en la que se acomoda a los “indignados de siempre”. Son tantos los frentes en los que la Iglesia acomoda sus baterías y tan profundo el silencio cómplice de las autoridades y de los dirigentes partidistas que las voces laicas estamos por padecer una crisis de virulenta afonía. Pero, por fortuna para nuestra causa, los argumentos en pro de la laicidad a veces llegan por vías insospechadas. Agradezco a otra asociación religiosa La Luz del Mundo su renovado caudal de voz a favor del Estado laico.
Que exista una disputa sobre hechos y dichos de nuestra historia no es nada nuevo. Tampocoque el diferendo tenga agenda y destinatarios: ¿cuántas batallas intelectuales no han tenido lugar para utilizar hechos históricos como aliados políticos? Así que el jaloneo de interpretaciones sobre la condición de excomunión (o, en su defecto, sacerdotal) en la que murió Miguel Hidalgo, no debería llamar la atención más allá de los círculos de los historiadores, los curiosos o los directamente interesados en el tema. Y, sin embargo, en los últimos días, al menos para quien esto escribe, el asunto ha cobrado un significado y una relevancia muy diferentes. Fue en este y otros diario, el pasado lunes, en donde el tema asomó un rostro preocupante. A propósito de ese tema, en un extenso desplegado, la Iglesia La Luz del Mundo A.R, desenvainó la espada en contra de la Iglesia católica acusándola de querer manipular la historia patria.
Dejo de lado los argumentos históricos que —con notable capacidad persuasiva y algunas citas pertinentes— utiliza la primera asociación religiosa para vapulear a la segunda. El que la jerarquía católica quiera retocar la historia para ajustarse la corbata ante el retrato del porvenir, no es nada nuevo. Y también advierto que mi reflexión no supone sugerir restricción alguna a la libertad de expresión. Lo importante es advertir el peligro que esta clase de manifestaciones públicas, en ciertos contextos y proviniendo de ciertas voces, puede esconder: la polarización es una bomba de tiempo, más aún en el contexto de creciente pluralidad religiosa en que vive el país. Por eso el irresponsable desplegado de La Luz del Mundo puede detonar un polvorín. Basta con pensar en las tensiones que ha generado la construcción de templos de dicha organización en el Bajío para calibrar el dato. Si las jerarquías de las diferentes iglesias cultivan el enfrentamiento, tarde que temprano cosecharemos violencia.
Por eso el Estado debe evitar que los ánimos y los discursos religiosos colonicen la esfera pública. Valga la insistencia: la tolerancia sólo es verdaderamente posible en el contexto de un Estado laico. Y ello supone, al menos, tres imperativos categóricos: a) un Estado imparcial ante las diferentes religiones y sus iglesias; b) iglesias que conviven sobre una base de respeto y que se dedican a los asuntos exclusivamente religiosos y; c) autoridades estatales decididas a contener las pulsiones hegemónicas, las tendencias sectarias y los protagonismos políticos de los dirigentes religiosos. La laicidad es algo más que esto pero es, por lo menos, esto.
De su vigencia efectiva depende, como la historia mundial enseña, la convivencia pacífica entre personas que piensan, legítimamente, distinto. Este es el argumento más poderoso para defender al Estado laico. Por ello, cuando la Iglesia católica intenta moldear las normas colectivas a la medida de sus dogmas; cuando los partidos políticos se doblegan ante las presiones de los curas; cuando los aspirantes a la Presidencia corren a tomarse la foto en el Vaticano; cuando el gobierno “mira hacia otro lado”; entre todos desfondan los presupuestos del Estado democrático (que, para ser tal, es necesariamente laico). Con ello, quiéranlo o no, abonan la violencia.
Después de los excesos de la Iglesia católica y de las omisiones y acciones de nuestra clase política, me pregunto ¿quién tiene autoridad para decir a los de La Luz del Mundo que su ocurrencia del desplegado, por lo que puede generar, no se vale…?
Investigador del IIJ-UNAM

Candidaturas independientes

Candidaturas independientes
Plaza Pública
Por Miguel Ángel Granados Chapa Diario de Yucatan 11/01/20


El hartazgo por la permanencia de un solo partido en el poder produjo la alternancia partidista, iniciada con el triunfo de Acción Nacional en la lucha por la gubernatura de Baja California, en 1989; seguida por la victoria perredista en el Distrito Federal y la pérdida de la mayoría priísta en la cámara de diputados en 1997, y llegada a su culminación en 2000 con el triunfo de Vicente Fox para “echar al PRI de los Pinos”.
 Ahora ese hartazgo se ha ampliado y comprende a todos los partidos. La insatisfacción respectiva se sostiene en innegables datos de la realidad y ha sido magnificada por una eficaz propaganda surgida de factores de poder contrarios a los partidos, que aspiran a sustituirlos sin atreverse a expresar ese propósito.

Tal inconformidad se concreta en la aspiración a contar con candidaturas independientes de los partidos, o candidaturas ciudadanas como también se les llama dentro de la estrategia de oponer a la sociedad con los partidos, como si a éstos no los integraran ciudadanos.
El anhelo es tan fuerte que dificulta percibir sus aspectos ilusorios, y por lo tanto en amplios círculos de la sociedad se le tiene como una panacea, como el instrumento idóneo para frustrar las trapacerías de los partidos, su egoísta afán de servirse sólo a si mismos..
A ese descontento se refirió el Presidente de la República al proponer que haya candidaturas independientes “para todos los cargos de elección popular”. Tal insatisfacción, según le parece, es causada por deficientes o sesgados “mecanismos de inclusión y representación puestos en práctica por los partidos políticos”.

Según el ritornelo con que adorna cada punto de su proyecto, Calderón aboga por ese género de candidaturas, a las que su partido se ha opuesto de modo sistemático —y que merecieron mordaces críticas en boca de dirigentes paradigmáticos como Carlos Castillo Peraza— para “ampliar los derechos de los ciudadanos”, para que su “participación…en la definición de los asuntos públicos sea una realidad”.
Asegura también que lo propone a fin de ampliar “los mecanismos para hacer efectiva la garantía constitucional de todos los ciudadanos a ser votados”.
No lo dijo en su discurso —quizá sea al contrario en la iniciativa correspondiente— pero en este último punto la propuesta se orienta a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó proceder de esa guisa al Estado mexicano, a raíz del litigio que planteó el ex canciller Jorge G. Castañeda, a quien no se concedió registro como candidato independiente a la Presidencia y acudió para remediar ese agravio a la justicia interamericana.
Lo hizo con éxito conceptual, no práctico, y por una deficiente defensa gubernamental, que pudo alegar que el derecho constitucional a ser votado no está afectado por restricción alguna y que simplemente requiere sea ejercido conforme a lo que estipulen las normas secundarias, como ocurre en todos los países.

A menos que se busquen sólo candidaturas testimoniales, la inclusión de las independientes en la legislación electoral no puede ser separada del financiamiento público.
Para que constituyan efectivamente alternativas frente a las postulaciones realizadas por los partidos, cuyas capacidades económicas no está previsto que esta reforma modifique, las candidaturas independientes deben contar con un régimen de financiamiento propio.
Es imposible pensar en que fuera público, porque no habría recursos suficientes para apoyar a los cientos o miles de aspirantes que entrarían a la liza electoral en pos de diputaciones, senadurías y la Presidencia de la República.
Si se les deja, en cambio, sujetos al financiamiento privado, la ilusión civil de contar con candidatos “independientes” quedaría por definición anulada, pues los ciudadanos que pretendieran esa condición quedarían sujetos al poder que los sostenga.
Estaríamos así frente al indeseable resultado de que el dinero privado, cualquiera que fuera su procedencia, determinara el curso de una elección.
Y surgirían o se agigantarían las posibilidades de que los recursos aplicados a un proceso de esta naturaleza tuvieran origen ilegal y se buscara lavarlos al mismo tiempo que conquistar una parcela de poder. Las candidaturas independientes serían las de los banqueros y la plutocracia en general, o de la delincuencia organizada.

En la situación menos grave las candidaturas independientes abrirían las puertas a la banalización de la política. Excéntricas o hábiles sobrarían personas pudientes que sufragarían sus propias campañas, por un protagonismo que requeriría explicación siquiátrica o para hacer propaganda a sus negocios.
Aunque no se consumó de modo formal, hemos conocido ya un caso de género semejante. Víctor González Torres, conocido por el mote del personaje que publicita sus farmacias, el Dr. Simi, gastó millones y anunciaba la erogación de otros muchos más para su propósito de ser postulado a la Presidencia de la República por Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Si se elimina el obstáculo de contar con un registro partidario imaginemos su próxima campaña y temamos desde ahora el riesgo de que la publicidad que pagaría sea eficaz al grado de llevarlo al poder Ejecutivo. Cierto que ya nos entrenamos con una vivencia semejante durante el sexenio de Vicente Fox, pero estaríamos en situación de sustituir las frágiles instituciones que nos rigen por muros falsos, mamparas y botargas, que formen la escenografía de una república de opereta.— México, Distrito Federal.

karina_md2003@yahoo.com.mx

México, políticamente reprobado

México, políticamente reprobado
Alberto Aziz Nassif
El Universal

Martes 12 de enero de 2010

Prácticamente todas las últimas mediciones sobre nuestra democracia muestran una situación crítica, no solamente en refierencia a los graves problemas de gobernabilidad y funcionamiento del sistema político, sino también sobre el bajo ánimo ciudadano con el que empezamos este año. México está políticamente reprobado.
Casi todos los días recibimos una mala noticia, el año que terminó fue particularmente expresivo sobre las malas noticias y este que inicia no parece que será diferente. El simple recuento se vuelve pesado y aburrido, pero hagamos un ejercicio con algunos de los nuevos indicadores. El estado de ánimo de los ciudadanos nos presenta un abierto desencanto con el mundo de los asuntos públicos. El registro sobre 2009 es terrible y la expectativa sobre el 2010 es bastante negativa. Lo más importante que piden los mexicanos, según la encuesta de Mitofsky, “¿Cómo se sienten los mexicanos?” es: conseguir trabajo, salir de la crisis, disminuir la inseguridad. Llama la atención que las demandas políticas y democráticas están por los suelos, a casi nadie parece interesarle tener un buen gobierno o eliminar la corrupción, o quizá se considera no hay remedio. El ejercicio se puede seguir en otra encuesta también de la misma casa encuestadora que publicó la revista Nexos de este mes sobre, “¿Qué país queremos ser?” La respuesta más contundente de este ejercicio de imaginación proyectiva, es la de que México se parezca a Estados Unidos, así lo consideran un 33.6% y la razón no es ideológica, sino pragmática, nos queremos parecer por “su economía” y porque allá hay empleo.
Sigamos con el ejercicio para establecer algunas comparaciones y ver si México está singularmente mal en su democracia y su legitimidad política, o si es un problema más generalizado que se observa en otros países. Justo en los días que Felipe Calderón hizo el anuncio de las reformas políticas, a mediados de diciembre pasado, se dio a conocer el resultado de la más reciente medición de Latinobarómetro, que cada año desde 1995 nos presenta el estado que guarda la democracia en América Latina. Hoy resulta particularmente mala la ubicación de nuestro país. México se vuelve casi una excepción por sus malos indicadores y se ubica en el grupo de los países con menos apoyos y expectativas democráticas de toda la región. Así, mientras el apoyo a la democracia aumenta en el continente, México es el que más baja y sin nuestro promedio de apoyo democrático entre 1995 y 2008 fue de 51%, en 2009 bajamos 9%, la caída más pronunciada junto a Ecuador y Argentina. A la pregunta de si la democracia es preferible, el promedio de la región es de 59% y México sólo llegó a 42%. En nuestro país sólo la mitad de la población considera que sin congreso y sin partidos no es posible la democracia, en ambos casos se trata de indicadores por debajo del promedio latinoamericano. Sólo una minoría de 30% considera que entre “democracia” y “desarrollo sin democracia”, es más importante la primera, mientras que el promedio de la región es de 44%. También México es una excepción porque mientras que la satisfacción democrática crece a pesar de que baja el PIB en la región, en nuestro país pasa lo contrario, la satisfacción llega sólo a 22%, cuando el promedio es de 33%. Las notas también son malas en preguntas sobre si la democracia soluciona problemas, si hay una distribución justa de la riqueza, si hay expectativa de superar la pobreza, todas las respuestas están por debajo del promedio. Lo mismo sucede con preguntas sobre si el voto es eficaz para cambiar las cosas en el futuro o si hay elecciones limpias, México está en último lugar con sólo 23 puntos. En las apreciaciones económicas la opinión es negativa, estamos a nivel de Honduras, quizá por ello un 80% de mexicanos considera que la crisis va para largo. A la pregunta de si el país progresa, el promedio de respuestas es de 44 puntos, Brasil tiene 68 y nosotros sólo llegamos a 14. En la calificación al presidente por su política frente a la crisis económica, México tiene sólo 32 puntos, frente a Chile que llega a 78 o Brasil que tiene 75 puntos porcentuales.
Con estos números nos podemos preguntar ¿cuánta reprobación, falta de legitimidad, poca satisfacción y preferencias autoritarias, aguanta nuestra democracia antes de que sea vaciada completamente de sentido? Este tipo de preguntas debería hacerse la clase política ala hora de hacer el análisis sobre cómo está gobernando el país. Los cambios son urgentes, pero no hay liderazgo, ni proyecto para dejar de ser una democracia reprobada.
Investigador del CIESAS