Constitución: entre la reformitis y la artritis

Constitución: entre la reformitis y la artritis

Ricardo Monreal Avila PorEsto 4 de febrero de 2010

Nuestra Constitución cumple sus primeros 93 años el próximo viernes, padeciendo dos riesgos de salud pública: la reformitis y la obsolecencia.

La primera alude a la práctica de someterla continuamente a reformas de todo tipo, mientras que la segunda se refiere al riesgo de convertir a la Constitución en letra muerta, en virtud de que esas reformas no se orientan a resolver los problemas de fondo del país, no generan los consensos ciudadanos necesarios para su observancia o simplemente introducen cambios inaplicables o inatendibles.

Reformitis y artritis normativa son en este sentido complementarias. Una conduce a la otra: se promueven reformas para adaptar la Constitución a las nuevas realidades (en sustancia, para imponer cada seis años un modelo de país al conjunto de los mexicanos), pero estos cambios en serie terminan por paralizarla. Son tantas las reformas promovidas, que ninguna de ellas acaba por ser aplicada consistentemente.

Es importante señalar que hacer cambios a una Constitución no es en sí una acción negativa. Habla de la capacidad de adecuación y adaptación de una Carta Magna a las realidades cambiantes de un país. Sin embargo, cambiar para inscribir en la Constitución un proyecto particular, una visión coyuntural o un modelo partidista de país, es abusar del noble recurso de las reformas, a grado tal de poder transfigurar su naturaleza esencial. Por ejemplo, ¿es válido promover una reforma constitucional para derogar la libertad de expresión en un país? ¿Se puede promover mediante una reforma constitucional la privatización de un recurso energético, cuando el constituyente original determinó su propiedad pública? Son dos casos concretos en nuestro país, que actualmente se están dirimiendo en la SCJN, con motivo de la reforma constitucional de 2007 y la reforma energética del 2008.

Dos Constituciones que con frecuencia se toman de ejemplo en el derecho comparado, son la de los Estados Unidos de América y el Common Law de Gran Bretaña. La primera tiene 223 años de vigencia y únicamente 27 enmiendas o adiciones. Por su parte, el Common Law de Gran Bretaña tiene una tradición de ocho siglos y es el único caso, junto con Israel, de una Constitución no codificada y casi no reformada: la Carta Magna (1215), la Declaración de los Derechos Fundamentales (1689) y el Acta de la Reforma (1832).

En 93 años, la Constitución ha tenido más de 500 reformas, adiciones o modificaciones, a través de 189 decretos, hasta el 24 de agosto del 2009. Los presidentes que más han acudido a este expediente son Ernesto Zedillo, con 78 modificaciones a la Constitución, Miguel de la Madrid con 61y Felipe Calderón con 55, tan sólo en su primer trienio.

El artículo que más se ha modificado en todos estos años es el 73 constitucional, relativo a las facultades del Congreso de la Unión, con el 13% de los cambios registrados en nuestra Carta Magna. En una primera etapa, los cambios tuvieron por objetivo trasladar facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo (especialmente, durante la etapa del llamado “presidencialismo imperial” o la época del partido prácticamente único). En las últimas dos décadas, en cambio, las reformas han caminado en sentido inverso, es decir, han buscado restituir, ampliar o añadir nuevas funciones al Poder Legislativo.

Con motivo de la grave crisis económica que golpea a nuestro país y del severo revés electoral que el partido en el gobierno, PAN, recibió en las elecciones federales del año pasado, el Ejecutivo federal ha presentado un decálogo de reformas, buscando retomar el rumbo y la iniciativa política.

Si consideramos que dicho decálogo implica sendas modificaciones constitucionales en el ámbito político, económico, energético, laboral, educativo, telecomunicaciones, social e institucional, esta administración se perfila de manera acelerada para ser una de las que mayores modificaciones a nuestra Carta Magna habrá promovido. Tan sólo la iniciativa de reforma política recién enviada al Congreso implica ocho modificaciones a la Constitución. Si consideramos que faltan nueve capítulos más y que cada uno podría contener un mínimo de cinco reformas en promedio, estaríamos hablando de al menos 45 nuevas iniciativas de reforma constitucional por venir. A este ritmo, las adiciones y modificaciones en este sexenio podrían rebasar la centena. Mayor fiebre de reformitis no habría sufrido nuestra Constitución en sus casi 100 años de vida.

De aquí surge una interrogante. ¿Qué es lo más conveniente: impulsar un decálogo de reformas jurídicas que siga parchando a la Constitución, con el riesgo de desnaturalizarla, o impulsar una nueva Constitución que refleje el actual orden político, social y económico de la nación? ¿Decálogo de reformas o nueva Constitución?, este es el dilema.

Una Constitución para los próximos cien años y no un decálogo de reformas para ganar la próxima elección es lo que necesita el país. Una Constitución para el próximo siglo deber ser capaz de establecer las reglas fundamentales de convivencia de los mexicanos en los diversos órdenes de la vida pública. Por ejemplo, mantener y ampliar el núcleo básico de las garantías individuales y de los derechos sociales, integrando derechos humanos de tercera generación. Reconocer el papel complementario del mercado y del Estado en la vida económica, proscribiendo la existencia de monopolios. Asimismo, tutelar los derechos medioambientales de las actuales y futuras generaciones. Garantizar el derecho al trabajo, conciliando el criterio de productividad con las garantías laborales ya reconocidas en la actual Constitución. De la misma manera, abrir paso a formas semiparlamentarias o parlamentarias para superar la actual parálisis de gobierno. Constitucionalizar el principio de seguridad ciudadana sobre el de seguridad del Estado que prevalece actualmente. Incorporar el principio del federalismo cooperativo sobre el de federalismo centralizado que se busca reforzar en estos días. De la misma manera, dar preeminencia a los mecanismos de la democracia directa sobre los de la democracia representativa o, peor aún, los de la partidocracia.

Por todo lo anterior, diseñar desde ahora una Constitución para los próximos cien años es la mejor manera de conmemorar el 93 aniversario de nuestra Carta Magna, el centenario de la Revolución Mexicana (de la cual es su reflejo normativo más acabado), pero sobre todo, el mejor antídoto contra la reformitis y la artritis que hoy amenazan a nuestra Ley Fundamental.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx