Defectos de fontaneria

Defectos de fontaneria

por Staff Derecho a Saber 17 de Febrero de 2010

Mauricio Merino Profesor investigador del CIDE) EL UNIVERSAL (Embargada para sitios de internet hasta las 24:00 horas locales) Fue el 13 de octubre de 2008 cuando Fundar —una organización civil dedicada, entre otras cosas, a la investigación presupuestal en México— dio a conocer la página www.subsidiosalcampo.org.mx, tras 18 meses de trabajo del equipo dirigido por Miguel Pulido. Gracias a ellos pudimos saber el destino exacto que habían tenido los recursos de Procampo durante quince años (más de 147 mil millones de pesos) y pudimos discutir, con mejores datos y argumentos, la regresiva concentración de esos dineros en los productores con más riqueza del país, así como los errores y las desviaciones en las que había caído esa política del Estado mexicano.

En noviembre de ese mismo año, EL UNIVERSAL publicó por primera vez que en las listas de beneficiarios (de Procampo) aparecen los apellidos de conocidos jefes de cárteles de la droga, de políticos, artistas y funcionarios que obtienen los apoyos destinados a fomentar la producción del agro y, desde entonces, empezó a ser evidente que tanto la integración de los padrones como la organización de esa política debía ser revisada a fondo y corregida. Pero, no sucedió nada. En febrero de 2009 —cuatro meses después de la publicación de la página electrónica que identificó a los millones de beneficiarios del subsidio— tuve la oportunidad de conversar con Gustavo Cárdenas, quien entonces era el coordinador general de apoyos directos al campo y él me dijo que, en efecto, la Sagarpa ya había tomado nota de los problemas que tenía el padrón de productores de Procampo, y que ese padrón se sometería a un proceso de depuración con el objetivo de convertirlo en un verdadero instrumento de control y no sólo en un listado de beneficiarios. Y en el mes de julio de ese mismo año, publiqué una primera versión de mis propias indagaciones sobre el curso que había tomado la política de subsidios al campo mexicano, advirtiendo sobre los riesgos de su desviación y de su captura por intereses diferentes a los de los campesinos de más bajos ingresos del país.

Algunos de mis datos fueron retomados en la serie de reportajes que escribieron ese mismo mes Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado para este diario y que generaron, en su momento, un amplio debate público sobre el destino y la utilidad de los subsidios otorgados al campo mexicano. Por esos mismos días, tanto el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, como el propio presidente Calderón, hablaron de la necesidad de depurar el padrón de productores y de destinar los subsidios, con mayor tino, a quienes más los necesitaran. El Presidente reconoció incluso que el gobierno había cometido un error al desviar el dinero destinado a los campesinos más pobres, hacia los agricultores más ricos. Y poco más tarde, nombró a un nuevo titular de la Sagarpa. Por mi parte, desde septiembre del 2009 publiqué que, en mis propias investigaciones sobre el contenido del padrón, había encontrado casi 300 nombres de funcionarios públicos vinculados con la operación del programa en el año 2008, que coincidían con el listado de beneficiarios y notifiqué de esa coincidencia a la Secretaría de la Función Pública para que se confirmara si se trataba de las mismas personas, si habían cobrado los subsidios y, en su caso, si estaban en falta administrativa.

Hoy sigo en espera de una respuesta legal definitiva por parte de la Función Pública —que prefirió transferir el tema a las contralorías de los estados—, pero gracias al nuevo trabajo de investigación de Evangelina Hernández y de Ignacio Alvarado, me entero de que la interpretación jurídica de la Sagarpa no coincide con la mía. Según el coordinador jurídico de la Secretaría, los funcionarios públicos que cobran subsidios de los mismos programas que operan no sólo obran de manera lícita —como lo hace el propio titular del ramo—, sino que de excluirlos se cometería un acto discriminatorio.

Pero yo sigo leyendo las prohibiciones absolutas que hay en las reglas de operación de la Sagarpa publicadas en diciembre del 2007 —y las que desde mucho antes aparecían en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos—, y sigo convencido de que los funcionarios públicos que trabajan para la Sagarpa no deberían estar en los padrones de beneficiarios del Procampo. Y con toda franqueza, me parece lamentable que este tema siga debatiéndose en las páginas del diario. ¿Cómo decirles a los funcionarios públicos, al menos, que no se ve bien que se beneficien personalmente de ese subsidio? ¿Cómo explicarles que, más allá de vueltas y retruécanos jurídicos y operativos, hay un defecto ético evidente? Lo dicho: tenemos un grave problema de fontanería.