Respuesta local a una situación particular

Respuesta local a una situación particular

Panorama Norteamericano Eduardo Valle El Universal 20 de febrero de 2010

La grave y compleja situación de violencia y destrucción en Ciudad Juárez les reventó en la cara a los tres órdenes de gobierno.

El 7 de febrero, luego de escribir sobre la creciente esquizofrenia institucional, concluía esta columna: “Es inútil; no escuchan”. Ello fue parcialmente reconocido por el presidente Calderón en su primera visita de febrero a la ciudad, cuando se enfrentó al no programado pero sí lúcido y valiente reclamo de una mujer, madre de dos hijos asesinados. Ella rechazó la salida del Presidente y de su gobierno: “pleito entre pandillas”. Se matan entre ellos, ¿para qué investigar y procurar justicia? Son pandilleros, sicarios. La indignada madre exigió que el Estado cumpla con su deber, justicia para todos: “Para mis hijos y los otros jóvenes”.

Unos días después, el Presidente regresó a la ciudad: para oír a representantes y avanzar en la respuesta del gobierno federal. Pero a esa ceremonia no fueron invitados los serios y esforzados activistas Marisela Ortiz, Elizabeth Flores y Gustavo de la Rosa, este hombre citado aquí hace quince días. Son voces incómodas porque tienen propuestas concretas y buena memoria. Con autoridad moral y profesional le dicen a las autoridades: “Estaban advertidas”.

Pareciera que el Presidente y su gabinete de seguridad ahora sí quieren oír, aunque sea selectivamente. Puede ser, pero hasta aquí la respuesta de los gobernantes es puntual frente a una circunstancia particular: la de Juárez. En los otros múltiples espacios de la frontera con EU, la política general del “topón” continúa, y se está degenerando, con tortura y arbitrariedades crecientes. ¿Un ejemplo?: Tamaulipas, donde la situación está llegando a sus límites por la indignación de la población.

Pareciera que a algunos mandos del “orden y la ley” se les paga para cometer actos de tal estúpida naturaleza y así lograr que la acción y la imagen de las Fuerzas Armadas sea repudiada de inmediato por grupos ciudadanos. Veamos un ejemplo extraordinario: el 3 de febrero los jóvenes Gustavo A. Vásquez Ortiz y José Alberto Ramírez Gaytán fueron localizados en las oficinas de la Procuraduría General de la República. Estaban muy golpeados. Un día antes, el contraalmirante responsable ahí de la Marina-Armada había asegurado a sus familiares que los jóvenes serían puestos a disposición de la autoridad judicial y que no serían golpeados. Fueron detenidos porque “se encontraban cerca del lugar donde ocurrió una balacera y tenían un radio”. Golpeados y todo, en la PGR fueron casi de inmediato liberados.

Pero el 8 de febrero, en la ciudad de Reynosa, se produjo un durísimo enfrentamiento entre narcotraficantes y elementos de las Fuerzas Armadas. Murieron tres presuntos delincuentes y tres “civiles”. Cuatro soldados resultaron heridos. Unos cuantos días después se denunciaba que Luis Octavio Quinto Ramos —pasante de abogado y graduado como policía municipal—, el ingeniero Pedro Reyes Ramírez —del Departamento de Telecomunicaciones de Pemex— y Arturo Hinojosa Chávez estaban detenidos en la casa de arraigo de la SIEDO y fueron arrestados, golpeados y heridos por militares y marinos. “Pasaron cerca del lugar de un tiroteo”, fue la primera explicación oficial.

Los familiares de Gustavo A. Vásquez presentaron una queja ante la CNDH. El 10 de febrero arribaron a Matamoros el visitador adjunto Adrián Hernández y el jefe de departamento Carlos González Hernández, a recabar la información indispensable. Unas horas después, los marinos incursionaban en forma ilegal en los domicilios de Vásquez y Ramírez Gaytán; y de nueva cuenta los detenían. ¡Intentarán vincularlos con el enfrentamiento en Reynosa? No sé si estos cinco hombres, torturados y golpeados (hay pruebas), se encuentren bajo arraigo en el DF. Pero sí sé lo que exigen maestros (Vásquez es hijo de un querido profesor ya fallecido) y otras personas de bien: “Respeto a los jóvenes mencionados; su libertad inmediata. Le recordamos al señor presidente Calderón que siempre ha pregonado actuar con base a derecho”: lo mismo vale para los detenidos en Reynosa.

Y luego algunos se preguntan por qué se desvanecen las reclamaciones a los asesinos y se denuncia al gobierno.