Acorralan al ISSSTE

Estamos hablando de la instalación y operación de una red privada de telecomunicaciones internas para el organismo, en redundancia de la que mantenía bajo la operación de Teléfonos de México

Empresa Alberto Barranco El Universal 12 Marzo 2010

De aprobarse un recurso de inconformidad de la firma de telecomunicaciones Axtel ante el órgano de control interno del ISSSTE, éste tendría que dar marcha atrás en el otorgamiento de un contrato multimillonario a favor a Bestel, filial de Televisa, por más que éste entró en vigor con el mes que corre

Estamos hablando de la instalación y operación de una red privada de telecomunicaciones internas para el organismo, en redundancia de la que mantenía bajo la operación de Teléfonos de México.

El planteamiento central de la empresa reclamante apunta a que las bases de la licitación se confeccionaron como traje a la medida de la empresa ganadora, quien peleó con la razón social Operbes, al imponer requisitos técnicos y operativos sólo cubribles por ella.

Lo curioso del caso es que planteado el recurso el 15 de febrero pasado, es decir 10 días antes de hacerse público el resultado de la licitación, el órgano de control interno se negó a suspender ésta, alegando que de hacerlo “la operatividad del instituto se colapsaría al no contar con los elementos tecnológicos que se están solicitando, dado que los enlaces actuales no soportarían las aplicaciones requeridas para la operación de las unidades médicas”.

Bestel o Bestel, pues, tras colocarse en el callejón al resto de participantes al abrirse un lapso de sólo tres días, dos de ellos inhábiles, entre el de hacerse público el resultado de la licitación y operarse el contrato.

El alegato del órgano de control interno habla incluso de que “se corre el riesgo de que las funciones sustantivas del Instituto sean afectadas o suspendidas, con el consiguiente impacto a los derechohabientes, lo que desencadenaría una serie de eventos que paralizarían al Instituto a nivel nacional”.

El Apocalipsis, pues.

Sin embargo, se abrió la posibilidad de que el resto de los participantes en la licitación, es decir Teléfonos de México y Televisa, plantearan sus opiniones respecto a la objeción de Axtel, en su calidad de terceros interesados.

La rendija, pues, quedó abierta, por más que el contrato ya fue otorgado.

Entre las objeciones más simples planteadas por Axtel figura un inexplicable cambio de fechas en las actas de las reuniones de aclaraciones convocadas por el ISSSTE. Una de ellas, por ejemplo, se realizó el 5 de febrero, concluyendo a las 22 horas con 55 minutos, no obstante lo cual se anotó que ésta se había realizado el 4 de febrero, agotándose a las 11 horas con 55 minutos.

El problema es que ahora el ISSSTE debe demostrar cómo es que desahogó en 55 minutos cerca de mil 500 preguntas planteadas, por más que una buena parte no obtuvo respuesta.

Al objetarse la maniobra, la respuesta fue que los funcionarios estaban en su derecho de plasmar el día y la hora que quisieran.

Más allá, se objeta el que la convocante haya modificado, a petición de Bestel, las bases de licitación sobre la marcha, lo que agravó la discriminación hacia el resto de los competidores.

En paralelo, se aduce que la convocatoria está viciada de nulidad si se analiza bajo el tamiz de los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos; se establecen requerimientos que limitan la libre participación al no existir en el mercado cinco probables proveedores que cumplan con los requisitos estipulados.

Entre éstos se señala que los participantes en el supuesto concurso deberían contar con interconexión para intercambio de tráfico de internet (peering) con el principal proveedor nacional, en al menos dos ciudades, además de tener una capacidad de al menos dos Gbps.

Más allá, se plantea que el Centro de Datos de Telecomunicaciones deberá ser propiedad del licitante, además de características imposibles de cumplir por Teléfonos de México y Axtel.

Los requisitos no son congruentes con las bases de licitación, dado que éstas hablaban originalmente de una capacidad de un Gbps, por más que se alega que va a incrementarse considerablemente el tráfico del ISSSTE.

Además, pareciera excesivo que se incluya la exigencia de que los licitantes sean propietarios del inmueble en que se instale el centro de datos, dado que el contrato es por 34 meses.

¿Afectaba, pues, que el inmueble fuese rentado, exhibiéndose el contrato respectivo por el lapso?

El caso es que el ISSSTE se negó en las escasas juntas de aclaraciones a permitir una visita a sus instalaciones para elaborar en forma adecuada las propuestas, lo que viola el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones. Tampoco hubo respuesta a exigencias de información adicional.

Total, se quedó intacto el derecho de pataleo… por más que éste se coartó de entrada con argumentos desmedidos que apuntaban a la catástrofe.

¿Se atreverá el órgano de control interno a salirse del guión?

Balance General

La noticia es que el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia está gestionando que la Suprema Corte de Justicia atraiga el expediente de la solicitud de amparo que le rechazó un tribunal colegiado en materia laboral, frente a una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declara rota la relación entre su sección 65 y la empresa Mexicana de Cananea.

La alternativa ha impedido el desalojo violento de los trabajadores que resguardan las instalaciones de la mina de cobre en huelga desde hace 30 meses.

Como recordará usted, el argumento utilizado por la autoridad laboral para declarar nula la relación entre la principal productora de cobre del país y su sindicato, con base en un informe de la Secretaría de Economía, hablaba de un saqueo a las instalaciones que impedía la operación normal de la empresa, lo que se desmintió cuando los propios mineros prendieron satisfactoriamente las máquinas y equipos.

Por lo pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo concurso convocó el sindicato, ha señalado que no puede intervenir hasta el sí o no de la Corte.

Matan filantropía

Mientras en la Cámara de Diputados panistas y priístas desnudan su podedumbre moral, cientos de organizaciones de la sociedad civil hacen esfuerzos desesperados por impedir que entre en vigor el primer día de mayo la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.

De acuerdo a ésta, las instancias que realicen labores de filantropía estarán obligadas a cubrir el Impuesto sobre la Renta a tasa de 30% cuando reciban ingresos que excedan del 10% de sus percepciones vía donativos deducibles de impuestos.

El problema es que en promedio sólo 24% de los recursos provienen de donativos deducibles. El otro 70 llega por distintas vías.

De acuerdo a su aserto, de mantenerse intacta la ruta, adiós filantropía en México.

TMM prepaga

La noticia es que, pese a la adversa economía del país, el grupo Transportación Marítima Mexicana está adelantando pagos del principal de una deuda adquirida entre 2007 y 2008, vía una emisión de Certificados Bursátiles, a cuyo flujo pudo adquirir 33 barcos más para engrosar su flota.

La emisión fue de 9 mil millones de pesos, cubriéndose en tres etapas.

De acuerdo a lo pactado, el pago del principal se realizaría en una sola exhibición al vencimiento de los papeles en el 2028.

Sin embargo, se ubicó la posibilidad de prepago, coyuntura que está aprovechando la firma encabezada por José Serrano Segovia.