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Por Guillermo Fabela Quiñones PorEsto 9 de abril de 2010
Apuntes
Son varios los comentarios acerca de la preeminencia que le damos a la crítica por la crítica misma. Se afirma que criticamos nada más por criticar, porque no sabemos hacer otra cosa y ser muy cómodo aprovecharse de la libertad de expresión de que disfrutamos en México. Es obvio que se pierde la perspectiva de las cosas al opinar de ese modo, ya que lo cómodo es aplaudir a quien tiene el poder, pasando por alto señalamientos críticos, por justificados que estén, como sucede en la actualidad.
Sería un grave error no hacer uso de un derecho constitucional, inalienable, cuando hay tantas cosas que criticar del modo de ejercer el poder de una burocracia dorada, que con hechos demuestra no sólo una gran insensibilidad política y social, sino una total falta de voluntad para enfrentar los problemas que nos agobian, todos ellos creados por la terquedad de la oligarquía en mantener un estado de cosas absolutamente nocivo para la sociedad en su conjunto.
Claro que hemos propuesto medidas correctivas a problemas aberrantes, como el abandono en que se tiene al campo mexicano, sobre todo a partir de que Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional, y firmó un Tratado de Libre Comercio lesivo para los intereses de los campesinos mexicanos. Es obvia la necesidad de revertir medidas que sólo contribuyeron a debilitar la economía rural a niveles sin precedentes. Fue un gravísimo error acabar con las instituciones estatales que, como la Conasupo, Fertilizantes Mexicanos, Banrural y tantas otras más favorecían sanos equilibrios en el campo, a pesar de la corrupción persistente. Con todo, operaban en beneficio de la población rural que trabajaba y vivía en el campo, y los niveles de corrupción mantenían límites que no debían rebasarse.
Tal situación se acabó a partir de que los tecnócratas asumieron el poder del Estado, liquidaron las instituciones de apoyo a la economía rural y comenzaron a ver el campo como un agronegocio, sin más reglas que las fijadas por el mercado, es decir por quienes cuentan con más poder para emprender negocios en el campo sin ningún compromiso con el desarrollo social.
En la actualidad la Financiera Rural, entidad que sustituyó al Banrural, se dedica a financiar a empresarios del agro, sobre todo exportadores, en vez de apoyar a organizaciones campesinas realmente necesitadas de recursos. Esto explica el constante incremento de importaciones de granos y alimentos básicos, situación que apuntala nuestra dependencia del exterior en materia alimentaria, así como el abandono de tierras cada vez más costoso.
Es clara entonces la necesidad de cambiar este estado de cosas, volver a ver el campo como lo que es, el medio para asegurar una autosuficiencia alimentaria que evite la salida multimillonaria de divisas en la compra de alimentos, hecho que nulifica los ingresos que tenemos por la vía de las exportaciones petroleras y el turismo juntos, lo cual es una aberración incalificable. Resulta gravísimo que mientras los verdaderos productores del agro se vean obligados a abandonar sus parcelas y sus pueblos, por el otro se estén enriqueciendo a manos llenas, con recursos públicos, políticos y negociantes metidos a “productores rurales”, como el mismísimo titular de la Sagarpa, Francisco J. Mayorga Castañeda y su parentela más cercana.
¿Acaso es justificable que se aprovechen los cargos públicos para enriquecerse sin arriesgar nada? ¿Es correcto callar ante una realidad perjudicial para el país, nomás para que no se nos acuse de criticones? Si al grupo en el poder le molestan las críticas, el mejor camino para acallarlas sería haciendo las cosas con apego al orden constitucional, con un mínimo respeto al Estado de Derecho y a la sociedad en su conjunto.
El país ha retrocedido gravemente en los últimos cinco lustros, debido a que la clase política se olvidó de sus obligaciones básicas y miró el servicio público con una visión utilitaria, mezquina, voraz en suma. ¿Por qué hemos de solapar esta situación cuando nos hemos ganado, con miles de sacrificios, el derecho a ejercer nuestra libertad de opinión?
Es preocupante el escozor que causan críticas justificadas e irrefutables, porque el siguiente paso sería la cancelación de un derecho constitucional fundamental, al fin y al cabo ya estamos en ese camino, con el Ejército Mexicano patrullando las calles con el pretexto de combatir al crimen organizado. Así han empezado los regímenes totalitarios, criminalizando las protestas sociales y cercenando al periodismo crítico, acusándolo de ser enemigo de la patria, cuando los verdaderos enemigos son aquellos que ven al país únicamente como el entorno geográfico del que pueden aprovecharse con fines patrimonialistas, sin tener un solo compromiso ni nada que dar a cambio.
(gmofavela@hotmail.com)
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