Legalizar las drogas y la guerra al narco

Las acciones vandálicas y violentas se han expandido escandalosamente en distintas ciudades del país

Tintero económico Alejandro Villagómez El Universal 9 Abril 2010

La violencia asociada al narcotráfico se ha ido incrementando paulatinamente en nuestro país, alcanzando en fechas recientes niveles dramáticos, no sólo por la cantidad de muertes y ejecuciones entre los mismos narcotraficantes, sino porque el número de víctimas inocentes también ha aumentado

Las acciones vandálicas y violentas se han expandido escandalosamente en distintas ciudades del país. En este marco, el tema de la legalización de la droga regresa recurrentemente a la mesa de las discusiones como una acción que contribuya a la solución del problema. Notar que hago referencia al término “una acción”, ya que la intensidad y magnitud del problema probablemente requiera de acciones múltiples, unas de corto plazo y de carácter represivo o disuasivo y otras con una visión de mediano y largo plazo en un esquema de solución integral.

En el campo de la teoría económica, el tema de la legalización de la droga como solución a este problema se ha discutido desde hace ya muchas décadas, siendo Milton Friedman uno de los principales defensores, aunque no el único, ya que existe una amplia lista de economistas reconocidos en la academia, en el gobierno y en organismos internacionales que también abogan por esta solución.

Hace algunos años se le encargó a un profesor de Harvard, Jeffrey Miron, encabezar un grupo de trabajo que analizara este tema para Estados Unidos, aunque con un énfasis en su impacto fiscal, reporte que fue apoyado por al menos 500 reconocidos economistas. Hace pocos meses, Miron comentaba en una entrevista a CNN que la prohibición crea violencia porque empuja a que el mercado de las drogas sea subterráneo. Esto significa que compradores y vendedores, no pueden resolver sus disputas mediante canales legales o arbitraje, por lo que terminan utilizando vías violentas. Señalaba que la violencia fue común en la industria del alcohol, cuando fue prohibido, pero no antes o después de este periodo.

La violencia es la norma en los mercados de apuestas ilegales, no en los legales. La violencia es rutina cuando la prostitución está prohibida, no cuando se permite. La violencia es resultado de las políticas que crean mercados negros y no de las características propias de los bienes o actividades en cuestión. La única forma de reducir la violencia, por lo tanto, es legalizando las drogas. Mirón añadía que, de manera fortuita, la legalización es la política correcta por otras razones adicionales. La prohibición de las drogas corrompe a los políticos y a los encargados de hacer cumplir el orden al poner a la policía, jueces y políticos en una posición que hace peligrar las ganancias de un comercio ilegal. Es por esta razón que el soborno, la amenaza y el secuestro son elementos comunes en las industrias prohibidas. Y remataba señalando que la historia reciente de México ilustraba dramáticamente este hecho.

Como señalé antes, ésta es una visión compartida por muchos economistas y expertos en políticas públicas y cuya fundamentación descansa en sólidos planteamientos teóricos y empíricos. Un punto central es que la legalización debería transformar el tema de las drogas de un problema legal y de violencia a uno de salud pública, que es como debiera ser considerado y tratado. Algo similar a lo que sucede con el alcohol y el tabaco. Incluso, esto permitiría que los gobiernos pudieran regular su comercio y obtener recursos fiscales que fueran utilizados para educar a la población sobre los riesgos de estas drogas así como sufragar los gastos derivados del tratamiento de los adictos.

Este tipo de argumentos son los que sustentaron las declaraciones de los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; Colombia, César Gaviria y México, Ernesto Zedillo hace poco más de un año en el sentido de descriminalizar la tenencia de mariguana e incluso la legalización de estas sustancias. Estas declaraciones las hicieron en su calidad de líderes de una Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que pretendía impulsar un cambio de paradigmas en el combate a las drogas.

No intento argumentar que esta acción es una solución mágica a un problema tan complicado como el que estamos tratando. De hecho, no existen este tipo de soluciones. Pero se cuenta con suficientes estudios y argumentos que apuntan a que constituye parte de una solución integral. No obstante, existen múltiples obstáculos, incluso sólo para su discusión amplia y abierta. Ya declaró el Secretario de Salud que no está de acuerdo con esta propuesta y seguramente el presidente Calderón está en esa misma posición.

Sin embargo, en algo tiene razón el Presidente cuando declaró hace algunos días a CNN que esta acción no tiene sentido si no es adoptada simultáneamente por Estados Unidos. Este también es un punto central que ha sido planteado y discutido en el pasado. Si en algún momento se considera esta propuesta como una acción legal, su efectividad dependerá de que sea adoptada por ambos países, e incluso, considerar la participación de Canadá en un acuerdo amplio y tripartito.

Estoy consciente de que éste es un tema muy polémico, pero creo que sería útil considerar de manera abierta todas las posibles acciones que pudieran contribuir a una solución de largo plazo.