“Si no pueden, ¡renuncien!”
Ricardo Monreal Avila 
PorEsto 18 de febrero de 2010
Hace 15 meses, la voz angustiada de un padre que había perdido a su hijo a manos de secuestradores y de un ciudadano indignado por la impunidad que impera en el país, la voz de Alejandro Martí, se hizo eco de un reclamo ciudadano: “si no pueden, ¡renuncien!”, en alusión directa a las autoridades encargadas de garantizar seguridad e impartir justicia.
Desde esa fecha, nada nuevo ha pasado y, por supuesto, nadie ha renunciado a pesar de que la violencia y la inseguridad se han disparado a niveles nunca antes visto en la historia de este país.
El pasado martes compareció ante el Senado el llamado “gabinete de seguridad”: los secretarios de Gobernación, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y el Procurador General de la República. Y el reclamo ciudadano que expresó Martí volvió a resonar en el edificio de Xicoténcatl: “si no pueden, ¡renuncien!”.
Y no es para menos. Mientras comparecían los cinco funcionarios, de acuerdo con las estadísticas de la muerte, habrían sido ejecutados o desparecidos cinco ciudadanos en el país. Uno de ellos en Ciudad Juárez.
Este es el reloj de la muerte que se echó a andar hace tres años y que día tras día se mueve más rápido. En este mes de febrero, la guerra oficial habrá contabilizado 18 mil muertos y más de tres mil desaparecidos. En el 80% de los casos, ni averiguación previa existe.
La explicación de que todos estos muertos y desaparecidos se debe a “un ajuste de cuentas entre delincuentes”, a “un pleito entre criminales” o a “una guerra entre pandillas”, cayó por su propio peso en Ciudad Juárez.
Estos argumentos ya no los cree ni el gobierno, mucho menos los organismos internacionales de derechos humanos a quienes está llamando poderosamente la atención que México sea el primer país del mundo con más muertos civiles en las calles sin estar oficialmente en guerra.
Nunca como hoy, el gabinete de seguridad representado por estas cinco dependencias había tenido tanto presupuesto, y nunca como hoy la violencia está desatada.
El gasto militar en el mundo crece actualmente a un ritmo de 4%. En México, desde hace tres años, el crecimiento anual ha sido de 11% en promedio. Es decir, por las dependencias de seguridad no ha pasado la crisis.
Nunca como hoy, el gobierno federal había dispuesto de armas de todo tipo, desde las militares hasta las presupuestales, pasando por reformas constitucionales sumamente cuestionadas, y nunca como hoy la inseguridad crece y crece.
De los objetivos con que se justificó esta guerra, ninguno se ha cumplido. Hoy existen más territorios ocupados por los cárteles de la droga que hace tres años. Las redes del narcotráfico siguen intactas: la guerra ha golpeado a unos cárteles, pero ha dejado intocado a otros, mientras que las drogas se diversifican, se extienden a más ciudades y hasta bajan de precio por la sobreoferta. Hoy la violencia esta incontenible en las calles, y cada vez con mayor sadismo e impunidad. Hoy las adicciones se han disparado y están lejos de contenerse o disminuir.
Hace unos días, en su comparecencia ante la Comisión Permanente, el secretario de Seguridad Pública federal, dio las siguientes cifras escandalosas: el valor del mercado de drogas en México se duplicó en los últimos seis meses, al pasar de 431 millones a 811 millones de dólares. En el mismo lapso el consumo de cocaína se triplicó (1.5 millones de consumidores), el de mariguana creció 50% (tres millones de adictos) y el de anfetaminas aumentó 30%.
Es decir, el cáncer de las drogas, lejos de contenerse o reducirse ha hecho metástasis. La terapia aplicada, lejos de extinguir el tumor, lo ha propagado. ¿Puede haber pruebas más contundentes del fracaso de la guerra que estas cifras oficiales?
Hoy se habla de un complemento social en la estrategia seguida al día de hoy. De inversiones sociales y de participación ciudadana en las zonas dominadas por el crimen. Se nos dice que se trata de complementar el torniquete primario de los patrullajes militares y policiales, con quimioterapia social y radioterapia ciudadanas.
Pero el enfoque central sigue siendo exclusivamente militar y excesivamente policial. Se sigue creyendo que con más armas, más policías y más cárceles podrá haber menos delincuencia, menos pandillas y menos adictos en el país.
El experto en criminología de la Universidad de Ottawa, Irving Waller, describió así la preferencia del gobierno federal por las soluciones de fuerza y la adicción a los enfoques militaristas: “El gobierno de México actúa como un drogadicto: como una inyección no es suficiente, entonces se pone 20 y está esperando que funcione… Los patrullajes militares y policiacos nunca han servido y nunca servirán. Son un desperdicio de dinero, que debería estar utilizando en otros programas, como integrar a los jóvenes en opciones educativas y productivas”.
El principal apoyo de esta guerra era su aceptación en amplios grupos de la sociedad. Hoy día hasta este apoyo está minado. Seis de cada 10 ciudadanos piensan que el gobierno está perdiendo la guerra y que no tendrá un buen final.
Nadie, por cierto, pide que la suspendan. Sólo que cambien su estrategia fallida.
Cuando una terapia contra el cáncer propaga el mal, la responsabilidad es del terapista no de la medicina. Cuando una guerra reporta más daños colaterales que avances o beneficios directos, la responsabilidad es de los estrategas y los comandantes, no de la población.
Cada vez se empezará a hablar más de las responsabilidades de los dirigentes de esta guerra, y menos de los beneficios directos, por la sencilla razón de que éstos no existen.
Por sus crecientes daños colaterales, cada vez se empezará a evaluar esta cruzada en recintos internacionales, abiertos a la crítica y a la condena mundial, y menos en recintos nacionales, cerrados, cómodos y blindados como se ha convertido al Senado en esta ocasión.
Cada vez se escuchará con más fuerza el reclamo social y ciudadano, condenando la falta de resultados y el exceso de justificaciones: “Señores del gabinete de seguridad, si no pueden con el paquete, ¡renuncien!”.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
PorEsto 18 de febrero de 2010Hace 15 meses, la voz angustiada de un padre que había perdido a su hijo a manos de secuestradores y de un ciudadano indignado por la impunidad que impera en el país, la voz de Alejandro Martí, se hizo eco de un reclamo ciudadano: “si no pueden, ¡renuncien!”, en alusión directa a las autoridades encargadas de garantizar seguridad e impartir justicia.
Desde esa fecha, nada nuevo ha pasado y, por supuesto, nadie ha renunciado a pesar de que la violencia y la inseguridad se han disparado a niveles nunca antes visto en la historia de este país.
El pasado martes compareció ante el Senado el llamado “gabinete de seguridad”: los secretarios de Gobernación, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y el Procurador General de la República. Y el reclamo ciudadano que expresó Martí volvió a resonar en el edificio de Xicoténcatl: “si no pueden, ¡renuncien!”.
Y no es para menos. Mientras comparecían los cinco funcionarios, de acuerdo con las estadísticas de la muerte, habrían sido ejecutados o desparecidos cinco ciudadanos en el país. Uno de ellos en Ciudad Juárez.
Este es el reloj de la muerte que se echó a andar hace tres años y que día tras día se mueve más rápido. En este mes de febrero, la guerra oficial habrá contabilizado 18 mil muertos y más de tres mil desaparecidos. En el 80% de los casos, ni averiguación previa existe.
La explicación de que todos estos muertos y desaparecidos se debe a “un ajuste de cuentas entre delincuentes”, a “un pleito entre criminales” o a “una guerra entre pandillas”, cayó por su propio peso en Ciudad Juárez.
Estos argumentos ya no los cree ni el gobierno, mucho menos los organismos internacionales de derechos humanos a quienes está llamando poderosamente la atención que México sea el primer país del mundo con más muertos civiles en las calles sin estar oficialmente en guerra.
Nunca como hoy, el gabinete de seguridad representado por estas cinco dependencias había tenido tanto presupuesto, y nunca como hoy la violencia está desatada.
El gasto militar en el mundo crece actualmente a un ritmo de 4%. En México, desde hace tres años, el crecimiento anual ha sido de 11% en promedio. Es decir, por las dependencias de seguridad no ha pasado la crisis.
Nunca como hoy, el gobierno federal había dispuesto de armas de todo tipo, desde las militares hasta las presupuestales, pasando por reformas constitucionales sumamente cuestionadas, y nunca como hoy la inseguridad crece y crece.
De los objetivos con que se justificó esta guerra, ninguno se ha cumplido. Hoy existen más territorios ocupados por los cárteles de la droga que hace tres años. Las redes del narcotráfico siguen intactas: la guerra ha golpeado a unos cárteles, pero ha dejado intocado a otros, mientras que las drogas se diversifican, se extienden a más ciudades y hasta bajan de precio por la sobreoferta. Hoy la violencia esta incontenible en las calles, y cada vez con mayor sadismo e impunidad. Hoy las adicciones se han disparado y están lejos de contenerse o disminuir.
Hace unos días, en su comparecencia ante la Comisión Permanente, el secretario de Seguridad Pública federal, dio las siguientes cifras escandalosas: el valor del mercado de drogas en México se duplicó en los últimos seis meses, al pasar de 431 millones a 811 millones de dólares. En el mismo lapso el consumo de cocaína se triplicó (1.5 millones de consumidores), el de mariguana creció 50% (tres millones de adictos) y el de anfetaminas aumentó 30%.
Es decir, el cáncer de las drogas, lejos de contenerse o reducirse ha hecho metástasis. La terapia aplicada, lejos de extinguir el tumor, lo ha propagado. ¿Puede haber pruebas más contundentes del fracaso de la guerra que estas cifras oficiales?
Hoy se habla de un complemento social en la estrategia seguida al día de hoy. De inversiones sociales y de participación ciudadana en las zonas dominadas por el crimen. Se nos dice que se trata de complementar el torniquete primario de los patrullajes militares y policiales, con quimioterapia social y radioterapia ciudadanas.
Pero el enfoque central sigue siendo exclusivamente militar y excesivamente policial. Se sigue creyendo que con más armas, más policías y más cárceles podrá haber menos delincuencia, menos pandillas y menos adictos en el país.
El experto en criminología de la Universidad de Ottawa, Irving Waller, describió así la preferencia del gobierno federal por las soluciones de fuerza y la adicción a los enfoques militaristas: “El gobierno de México actúa como un drogadicto: como una inyección no es suficiente, entonces se pone 20 y está esperando que funcione… Los patrullajes militares y policiacos nunca han servido y nunca servirán. Son un desperdicio de dinero, que debería estar utilizando en otros programas, como integrar a los jóvenes en opciones educativas y productivas”.
El principal apoyo de esta guerra era su aceptación en amplios grupos de la sociedad. Hoy día hasta este apoyo está minado. Seis de cada 10 ciudadanos piensan que el gobierno está perdiendo la guerra y que no tendrá un buen final.
Nadie, por cierto, pide que la suspendan. Sólo que cambien su estrategia fallida.
Cuando una terapia contra el cáncer propaga el mal, la responsabilidad es del terapista no de la medicina. Cuando una guerra reporta más daños colaterales que avances o beneficios directos, la responsabilidad es de los estrategas y los comandantes, no de la población.
Cada vez se empezará a hablar más de las responsabilidades de los dirigentes de esta guerra, y menos de los beneficios directos, por la sencilla razón de que éstos no existen.
Por sus crecientes daños colaterales, cada vez se empezará a evaluar esta cruzada en recintos internacionales, abiertos a la crítica y a la condena mundial, y menos en recintos nacionales, cerrados, cómodos y blindados como se ha convertido al Senado en esta ocasión.
Cada vez se escuchará con más fuerza el reclamo social y ciudadano, condenando la falta de resultados y el exceso de justificaciones: “Señores del gabinete de seguridad, si no pueden con el paquete, ¡renuncien!”.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
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