Pactos mafiosos

Alberto Aziz Nassif El Universal 9 Marzo 2010

Dos casos han llamado la atención de la opinión pública en los últimos días: uno es el informe sobre la Guardería ABC de Hermosillo, que realizaron dos magistrados por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus conclusiones muestran las deficiencias e irregularidades de una parte del mundo institucional de la seguridad social. El otro es el conocimiento público del acuerdo secreto entre PRI y PAN, que ha desatado un escándalo político. Este pacto no sólo sirve para observar el grado de decadencia política en el que está sumido el país, sino para conocer que cuando las élites políticas deciden conservar el poder al costo que sea, están dispuestos a pactar una abierta violación a los derechos políticos. Algo huele muy mal en esos dos partidos y en los gobiernos que representan. Estos dos casos son un buen mirador de la corrupción institucional y la irresponsabilidad pública de la clase política mexicana.

En nuestra Constitución está consagrado el derecho de asociación y comprende desde la formación de partidos y organizaciones, hasta la posibilidad de realizar alianzas. Esta garantía constitucional no es negociable por dos actores políticos, César Nava y Beatriz Paredes, que además tuvieron como testigos, es decir, como avales, a dos representantes del Estado, el secretario de Gobernación y el secretario de Gobierno del Estado de México, representantes respectivamente del presidente Calderón y del gobernador Peña Nieto. Este pacto secreto se hizo como lo hacen las mafias: se acuerda en secreto la violación de la legalidad y luego se niega. Este contrato de intercambios ilegales e ilegítimos: impuestos por impunidad, ingresos fiscales por violación al derecho de asociación, se hizo en secreto y al margen de los organismos de decisión de esos partidos. No en vano, cuando la sangre ha llegado al río, algunos integrantes de estos partidos no saben de qué forma distanciarse del pacto mafioso.

Es tan ridículo el acuerdo que, como suelen decir los abogados, sólo les faltó establecer cuál sería el ‘tribunal competente’ en caso de controversia, y qué ‘pena convencional’ se aplicaría en caso de incumplimiento. Pero esta historia no es nueva, prácticamente desde 1988 el PRI y el PAN hacen pactos, algunos más públicos y legales y otros más secretos e ilegales. Pero cancelar derechos de asociación, lo que deben decidir los partidos y los votantes, es un pacto mafioso. A Nava, Paredes, Gómez Mont, Calderón y Peña Nieto, hay que recordarles la máxima que dice: lo que pienses, no lo digas; lo que digas, no lo escribas; lo que escribas, no lo firmes; y lo que firmes, niégalo. Porque una vez que se hace público, el costo es muy alto y el escándalo es inevitable.

En el informe preliminar de la Guardería ABC se presenta un panorama grave que tiene diversos ingredientes, problemas legales para la subrogación del servicio de guarderías, que se han convertido en negocios y cotos de impunidad. Se trata de operaciones irregulares, en donde sólo unas cuantas cumplen con la legalidad, 0.3%; hay omisiones en la vigilancia sobre las condiciones de seguridad, que fue lo que ocasionó la muerte de 49 niños y niñas y las lesiones de otros 75 pequeños. Ante las omisiones, las condiciones peligrosas y los incumplimientos, deben fincarse responsabilidades al más alto nivel. ¿Quién va a responder por estas muertes?

Una de las diferencias entre los países democráticos y casos como el nuestro, es que existe responsabilidad pública, en cambio aquí en México hay una inercia para que haya simulación e impunidad, para que en todo caso la responsabilidad pública quede en el nivel más bajo. ¿Por qué pide perdón el director general de la Toyota ante el caso de una falla mecánica en ciertos modelos, a pesar de que él no es el responsable técnico? ¿Por qué renuncia en Francia un ministro de educación, cuando hay un conflicto grave y muere un estudiante en la calle, a pesar de que el ministro no lo asesinó? ¿Por qué renuncian diputados en Inglaterra cuando se les comprueban gastos ilegales? Por la sencilla razón de que hay responsabilidad pública, una rara especie que en México no se conoce.

Estos dos casos expresan no sólo una preocupante debilidad institucional, sino un severo déficit de responsabilidad pública y de impunidad. ¿Cómo se pueden mantener de forma legítima en sus puestos los que firmaron el pacto mafioso o los que autorizaron el funcionamiento subrogado e irregular de las guarderías? Sólo el subdesarrollo político, acentuado después de la transición, lo explica. Ambos casos son producto de una democracia vulnerada por una clase política irresponsable y cínica.

Investigador del CIESAS