miércoles, 24 de marzo de 2010

Salud, presupuestos y vidas humanas

Miguel Pulido Jiménez y Jimena Ávalos Capín 23 de Marzo de 2010

En un país como el nuestro, seguramente muchas personas se preguntan si los tribunales y juzgados son lugares en los que se encuentre justicia. Muchas más sufren violaciones a sus derechos sin alzar la voz. Pero quedarse callado ante la injusticia no es del estilo de Rubén Valdéz. Los 18 años que lleva viviendo con VIH han sido plenos de desventuras con nuestro sistema de salud pública y lo han llevado a reivindicar lo que le corresponde: el disfrute del más alto nivel posible de salud.
Esta exigencia no es un capricho de Rubén, es un derecho que le asiste a él y a las 220 mil personas que viven con VIH en México derivado de múltiples compromisos jurídicos internacionales. Pero es también una invitación para que México comience a asemejarse a un auténtico Estado de derecho.
Rubén contrajo el VIH en 1992 y a partir de 2001 recibe atención médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Es aquí donde cientos de pacientes se realizan pruebas de laboratorio para monitorear su condición y les brindan consultas médicas. Desde 2005 y ante la falta de presupuesto para medicamentos y pruebas de laboratorio, los pacientes se organizaron en un comité de usuarios para exigir la adecuada asignación de los recursos.
Las dificultades que representa pelear contra un sistema de salud propenso a ignorar las necesidades de la población llevó al Comité a identificar las necesidades mínimas de gasto en centros hospitalarios especializados. Es esta voz experta la que alzaron en octubre de 2009 cuando el Ejecutivo federal presentó su Proyecto para el Presupuesto de Egresos con una asignación de sólo 7 millones de pesos para la atención y prevención de VIH/SIDA en el INER. Con la agudeza que presta el vivir entre la vida y la muerte, los integrantes del Comité denunciaron que la técnica de presupuestación del gobierno federal es arbitraria, sobre todo si consideramos que para ese mismo rubro el año anterior se designaron 25 millones y que para el 2010 las necesidades mínimas son 45 millones de pesos.
El Comité y varias organizaciones pidieron revertir este atraco al derecho a la salud, pero los diputados asignaron sólo 17 millones. La consecuencia de esa reducción será el aumento de la mortalidad de los pacientes debido a la escasez de medicamentos para tratar enfermedades oportunistas (que son las que finalmente provocan la muerte) y a la carestía de recursos para realizar pruebas de laboratorio e imagenología. La muerte dejará de ser un asunto de atención médica para convertirse en un asunto de especulación estadística.
¿Qué recursos le queda a alguien como Rubén ante este injusto recorte presupuestario? La respuesta es sencilla: muy pocos. Sin embargo, Rubén decidió agotar todas las posibles vías de acción. Es por ello que en estos momentos un Tribunal Colegiado de Circuito se topa con una demanda de amparo poco ortodoxa. En ella se le pide al Poder Judicial federal que por ser el presupuesto una norma de carácter y efectos generales, quede sujeto al control constitucional.
Como el caso del INER lo demuestra, una reducción presupuestaria produce consecuencias sobre la vida y dichas consecuencias son personales y directas. Si consideramos que este recorte al gasto en salud se realizó sin la mediación de justificación suficiente, el debate es si esa afectación personal y directa causada por una autoridad es susceptible de protección judicial.
En lo jurídico, se trata de exigir el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado México. En pleno uso de su soberanía, nuestro Estado prometió usar hasta el máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud y no tomar medidas regresivas. También se comprometió a proteger de manera inmediata el derecho a la salud de quienes más lo necesitan. La demanda de amparo de Rubén abre el debate para saber si en México las decisiones presupuestarias están exentas del respeto a los derechos humanos.
Como sociedad, se trata de preguntarse si en los tribunales además de expedientes, rituales ancestrales y un lenguaje encriptado, también se puede encontrar justicia. Hasta el momento muchas personas se han quedado calladas o con la duda. Rubén ya ha resuelto que él no.
Director Adjunto y Abogada de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Fuente: http://www.derechoasaber.org.mx/editorial_completa.php?id=563

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