¿Mucho pedir?

¿Mucho pedir?

JAIME SÁNCHEZ SUSARREY a.m.com.mx 6 Marzo 2010

1.- La guerra contra el crimen organizado no puede ser tipificada como una política de Estado. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de una política de Estado cuando el Presidente de la República asume toda la responsabilidad, pero los gobernadores ninguna. Tampoco se puede hablar de una política de Estado cuando las principales fuerzas políticas no respaldan con acuerdos y medidas específicas la decisión del Jefe del Estado. Y, por último, no se puede hablar de una política de Estado cuando no existe una estrategia de largo plazo para enfrentar el problema.

2.- La participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado debería ser un hecho excepcional. Se trata del último de los recursos y sólo en situaciones de emergencia. De hecho, las acciones del Ejército y la Marina están violando el artículo 129 de la Constitución que establece: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar”. El malestar que expresó hace unas semanas el Secretario de la Defensa proviene, sin duda, de que el Congreso no ha cambiado la legislación y deja a los militares en una situación insostenible.

3.- Felipe Calderón no fue el primer Presidente en recurrir al Ejército para combatir el narcotráfico. La participación de las Fuerzas Armadas data de los gobiernos priístas. Pero en este caso la cantidad transformó la calidad. El empleo masivo del Ejército y la Marina constituye un parteaguas. Y el problema no es si Calderón tuvo o no razón al tomar esa decisión. El problema está en que ni el Presidente ni el resto de la clase política asumieron que sólo podía ser una medida extrema y por un tiempo definido. De ahí la ausencia de una estrategia para regresar, en el mediano plazo, a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

4.- Ahora, el Estado y el Gobierno de la República se encuentran en una situación límite. A tres años de la ofensiva militar no se han alcanzado los dos objetivos fundamentales que se fijó Felipe Calderón: recobrar territorios y contener la violencia. Más grave aún. No se ha logrado siquiera hacer retroceder a los cárteles en zonas estratégicas, como la frontera norte, y en ciudades de primera importancia como Tijuana, Juárez y Reynosa, para no hablar de lo que ocurre en Michoacán y Sinaloa.

5.- La vieja sentencia nietzschana: “lo que no te mata, te fortalece”, podría aplicarse hoy al crimen organizado. Mientras los cárteles disponen de enormes recursos (el departamento de Estado de los Estados Unidos calcula que en México se lavan alrededor de 25 mil millones de dólares anuales) y se pertrechan con todo tipo de armas en cantidades ilimitadas, el Ejército y la Marina parecen haber llegado al límite de sus reservas. Según algunas versiones, el Secretario de la Defensa ha advertido que de los 100 mil efectivos con que cuentan el Ejército y la Marina 96 mil se encuentran ya combatiendo al crimen organizado.

6.- La irresponsabilidad de la clase política tiene consecuencias desastrosas. Los números no mienten. México es uno de los países que cuenta con mayor número de policías por cada mil habitantes (4.84). Sólo lo superan Italia (5.5) y Panamá (5). Estados Unidos (3.26) y Chile (1.8) están muy por debajo. El problema está en que los 350 mil policías (estatales y municipales) que existen en nuestro País están al margen del combate al crimen organizado. ¿Por qué? Por tres razones: primero, porque el narcotráfico está tipificado como un delito federal y los gobernadores se excusan. Segundo, porque muchas policías estatales han sido infiltradas o corrompidas. Y tercero, porque al menos la mitad de las 2 mil 022 corporaciones municipales tienen menos de 20 elementos y su capacitación y equipamiento es pésimo. Amén de que los ayuntamientos son los eslabones más vulnerables del Estado mexicano.

7.- El futuro ya nos alcanzó. La estrategia del Gobierno de la República está entrampada y nada indica que las cosas mejorarán en el mediano plazo. El tiempo corre en contra del Estado en su conjunto. Los riesgos de corrupción de tropas y mandos son y serán cada vez mayores. Y otro tanto se puede decir de los abusos y los excesos que pueden cometer los militares. Es evidente, sin embargo, que la retirada inmediata de las tropas equivaldría a una capitulación que dejaría desprotegidos a los territorios y sus habitantes.

8.- La irresponsabilidad es mayúscula. Se desperdiciaron tres largos años y no hay forma de recuperar ese tiempo. Sin embargo, el jueves pasado hubo un signo alentador. La Conferencia Nacional de Gobernadores anunció que el próximo 22 de marzo fijará su posición sobre la posibilidad de fusionar las policías municipales con las estatales bajo un solo mando. Ésta puede y debe ser la primera medida para avanzar en la modernización y homogenización de 32 cuerpos policiacos, uno por cada entidad. No es la solución definitiva, pero sería un paso muy importante en la dirección correcta.

9.- Los recursos materiales y humanos para sacar al Ejército de las calles existen. Basta con profesionalizar y capacitar a los 423 mil policías federales, estatales y municipales en activo. No es un trabajo imposible ni tiene por qué llevarse décadas. Todo depende de que la clase política actúe responsablemente. El problema de fondo, sin embargo, seguirá siendo la ambigüedad. La conformación de mejores cuerpos policiacos en los estados servirá de poca cosa si los gobernadores no asumen plenamente sus responsabilidades. ¿Es mucho pedir? ¿Acaso no les pagamos una fortuna para que hagan su tarea?