Cueva de ladrones

Cueva de ladrones

PorEsto 21 Febrero 2010

MEXICO, D.F., 20 de febrero (UNIVERSAL).- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) solicitó a la Secretaría de Hacienda reintegrar a las arcas pública los más de 6 mil 800 millones de pesos que le fueron entregados por el Banco Mundial al gobierno federal para impulsar programas sobre el cambio climático.

En la revisión de la cuenta pública 2008, el órgano fiscalizador revisó el préstamo concedido por el Banco Mundial para política de desarrollo sobre el cambio climático contratado al gobierno de México, por 500 millones de dólares y el cual “no hay evidencia de que se hayan destinado efectivamente a ese rubro, ni a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas en lo que podría corresponder a política de desarrollo económico y social”.

La ASF revisó el 100% de los recursos contratados por Hacienda con el Banco mundial por 501 millones 250 mil dólares equivalentes a 6 mil 800 millones de pesos que debieron ser aplicados en proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente. Los 6 mil 895 millones 748 mil pesos comprenden las disposiciones y el pago de comisiones e intereses, la información presentada en los órganos colegiados de asesoría en materia de crédito público; la aplicación de los recursos por la Secretaría de Medio ambiente, la actuación de Nafin como agente financiero, y el registro contable de la Secretaría de Hacienda. “Se observó que los términos pactados en el contrato de préstamo, no definen los tiempos en los que se realizarían las reuniones para intercambiar puntos de vista sobre los logros avanzados durante la realización del programa, ni para elaborar los informes sobre su implementación, situación que obstaculiza la programación y evaluación del cumplimiento de los objetivos y las metas del programa y de las acciones pactadas en el contrato”, detalla el órgano fiscalizador, como parte de las conclusiones del capítulo de auditorías especiales.

De las cientos de auditorías que aplica la ASF a los entes elegidos para verificar el uso de los recursos públicos federales, así como el cumplimiento de metas y desempeño de los programas sociales o económicos, se realizan sólo 62 especiales a asuntos de coyuntura. Cuando el Banco Mundial entregó el crédito de 500 millones de dólares, los diputados de la pasada Legislatura lanzaron críticas a la conveniencia de éste y los espacios para su aplicación. “Se observó que el destino de los recursos consignados en el contrato no se vincula con la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos, inversión pública productiva; la regulación monetaria, con las operación de conversión, canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, o alguna emergencia declarada el presidente”, dice la ASF.

Así, la ASF concluyó que no hay documentos que comprueben en dónde quedaron los 6 mil 878 millones de pesos, como tampoco hay informes sobre los resultados esperados y mucho menos obtenidos.

El impacto monetario de las observaciones es del total del préstamo que se etiquetó como recuperaciones probables. La cifra de 6 mil 878 millones de pesos equivale al 50% de los recursos observados como irregulares en la administración de una decena de fondos federales que administran los estados de la República.

Fin a la impunidad

La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la perredista Esthela Damián Peralta, aseguró que las irregularidades detectadas en la cuenta pública 2008 no deben quedar impunes, por lo que se estará atenta de que el auditor Juan Manuel Portal interponga las quejas administrativas o penales necesarias en contra de cualquier servidor público que haya malversado e recursos.

“La sanción es lo que todos estamos esperando de la ASF que de pronto no nos sirve la cuantificación que se hace de la revisión de la cuenta pública 2008 si no se castiga a los responsables, si lo logramos, entonces la percepción del ciudadano cambia y sabe que si pasan cosas, si un mal servidor público no ejerce adecuadamente los recursos federales, habrá penas. Ahí es dónde tenemos que llegar y para mí ese es el objetivo central”, destacó. La Comisión se dividirá en cinco mesas de trabajo para revisar a fondo los resultados de la ASF y en abril próximo tener un dictamen final, sobre si se aprueba o no la administración del uso de recursos públicos en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón.

El pasado martes, el auditor Juan Manuel Portal entregó a los diputados federales los resultados de la revisión de la cuenta pública 2008, en la que se detectaron irregularidades por más de 16 mil millones de pesos en la administración de los fondos estatales para seguridad, salud, educación, desarrollo municipal y de infraestructura, además de miles de millones que se usaron erróneamente tanto en programas federales, como Procampo y Enciclomedia, así como en el desempeño de las áreas que aprueban subsidios de guarderías, e inversión en las estrategias de seguridad pública, entre otras.

Cabe recordar que en los últimos días se han publicado informes de la ASF que reflejan desvíos, mala aplicación de recursos, concentración de los apoyos en pocas manos y en síntesis el saqueo de las arcas públicas por altos funcionarios de las últimas administraciones federales. De 2001 a 2008 se mal utilizaron y se desviaron a fideicomisos, que nunca se auditan, 1 billón 300 mil millones de pesos. Lo mismo sucede en programas destinados al campo, cuyos cuantiosos recursos, 21 mil millones para uno de ellos, se concentran en unos cuantos grandes productores, entre los que destaca, por ejemplo el actual titular de Sagarpa, Javier Mayorga. (Nota de la Redacción)

En los últimos ocho años, la ASF ha recuperado más de 30 mil millones de pesos, que los entes auditados han tenido que devolver a las arcas públicas, aunque sin responsabilidad penal alguna. Damián Peralta dijo que se requieren de “muchos ojos” para cumplir con todo el proceso de fiscalización de una cuenta pública, desde detectar una irregularidad, resolverla y recuperar recursos públicos hasta sancionar administrativa o penalmente a quién haya malversado un peso de las arcas del país. “Necesitamos muchos ojos, muchas observaciones, pero sobre todo hay preguntas que tendríamos que formular para saber exactamente cuáles fueron los errores detectados, las denuncias penales de las que se están hablando y pliegos resarcitorios. Hay que ir al fondo del tema”, dijo.

La diputada del PRD dijo que impulsará ampliar las facultades de la ASF, aplicando las leyes que ya están vigentes y que no se ejercen, así como la actualización de normas secundarias que parecen letra muerta.