Auge del neocaciquismo en los estados

Controles a gobernadores

Por Eduardo R. Huchim (*) Diario de Yucatan 22-marzo-2010

El desencanto ciudadano con la democracia electoral que permitió la alternancia partidaria en el poder, se evidencia con la medición hecha en 2009 por Latinobarómetro en 18 países de América Latina. El resultado indica que en México sólo 30% de los encuestados consideró más importante la democracia, mientras la mayoría prefirió el desarrollo económico aunque ésta no existiera. El promedio de preferencia democrática en AL fue de 44% y los más altos índices (Dominicana y Uruguay) rebasaron el 60%.

Esta insatisfacción ciudadana está explícitamente considerada en las iniciativas de reforma política del PRI y del DIA (PRD, PT y Convergencia) y de forma implícita en la presidencial. El DIA sostiene con acierto que “si bien el poder se ha pluralizado, no se ha democratizado a cabalidad”, ya que los ciudadanos carecen de un cauce de “plena participación en las decisiones que directamente impactan su vida”.

¿Responden las iniciativas de reforma política a la necesidad de avanzar a un nuevo estrato de evolución democrática? Sí, pero todavía con insuficiencias que hacen incompleto el conjunto de propuestas. He aquí algunos asuntos que, desde mi perspectiva y sin ánimo de exhaustividad, son imprescindibles: a) La esperada regulación de medios electrónicos que garantice pluralismo y equidad para los actores políticos y privilegie los intereses sociales por encima de los particulares. b) La reducción real del financiamiento público de los partidos políticos y, al menos, las grandes líneas para una ley de partidos.

c) Autonomía constitucional para la Auditoría Superior de la Federación y atribuciones que maximicen sus tareas de fiscalización tanto en el ámbito federal como en el estatal.

d) Creación de consejos ad hoc, plurales e imparciales, que se hagan cargo (o al menos propongan candidatos) de los nombramientos de las direcciones (unipersonales o colegiadas) de los órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Federal de Acceso a la Información.

e) Normas para frenar la concentración del poder de los gobernadores, a fin de impulsar la real vigencia de la división de poderes y la rendición de cuentas en los estados y municipios.

Quisiera detenerme en este último punto y la mejor forma de hacerlo es citar el certero diagnóstico que Diego Valadés hizo en su ponencia presentada en el Senado el 25 de enero de 2010: “La ausencia de un partido hegemónico nacional ha trasladado un enorme poder de decisión a los gobernadores, quienes ya no ocultan su control sobre los aparatos políticos en sus respectivas entidades. El neocaciquismo es una realidad en ascenso. La renovación institucional que se promueva debe tener alcance nacional, no sólo federal; de otra manera se estará fomentando que la concentración del poder en los estados siga creciendo y que se convierta en una amenaza impune para las libertades públicas…” Los gobernadores, en efecto, se han erigido en modernos señores feudales, en caciques sin contrapesos (en la época del partido hegemónico tenían sobre sí el peso enorme del Presidente) y, con matices, concentran las decisiones importantes de los tres poderes y de los órganos autónomos estatales. También con matices, en los estados se está asesinando a la democracia —y no hay hipérbole al afirmar esto—, porque los titulares de los ejecutivos frecuentemente operan ilegalmente y con dineros del erario para comprar e inducir el voto. Ninguna reforma política será realmente trascendente si excluye la implantación de instrumentos de control y rendición de cuentas en los estados, donde la transferencia de recursos se ha multiplicado. La mayor no-responsabilidad del país es la que atañe a los ejecutivos estatales. Gobiernan de la forma que su discrecionalidad les aconseja, manejan a su arbitrio los recursos públicos… y no rinden cuentas a nadie, porque las que entregan a los congresos y contralorías subordinados a ellos no pueden tomarse en serio.

¿Qué hacer ante esa dramática realidad que la clase política parece no querer ver? Es necesario diseñar controles efectivos que obliguen a los gobernadores a una genuina rendición de cuentas ante instancias federales y locales. Es correcta la propuesta del DIA en ese sentido, para añadirle al artículo 116 constitucional la disposición de que los estados deben tener entidades de fiscalización dotadas de independencia. De las entidades federativas depende en gran medida la calidad de nuestra democracia, y hasta ahora ésta navega ahí en aguas arcaicas. Por eso, el auge del neocaciquismo debe ser frenado.— México, D.F.

omnia08@gmail.com ————— *) Periodista