Nuestra discriminación racial

Ricardo Bucio Mújica El Universal 22 de marzo de 2010

Desarrollo humano, exclusión educativa, acceso a la información pública, pobreza, mortalidad infantil, acceso a servicios públicos, a cargos de representación popular, ingresos per cápita, marginación, acceso a seguridad social, abusos de autoridad, analfabetismo, y acceso a la justicia, son algunos de los muchos indicadores en donde la población indígena en México tiene grandes desventajas frente a la población no indígena. La diferencia obedece, entre otros factores, al racismo que es parte de nuestra cultura nacional.

El 21 de marzo de 1960, en la comunidad de Sharpeville, Sudáfrica, la policía mató a 69 manifestantes contra las normas que prohibían los desplazamientos de las personas negras de las zonas rurales a las ciudades. En 1966 la ONU declaró esta fecha como el día internacional de la eliminación de la discriminación racial.

Muchas cosas han cambiado en Sudáfrica desde aquella masacre. Gracias a la lucha social y a los acuerdos políticos se derogaron las leyes del apartheid; y desde que Nelson Mandela llegó al poder la presidencia del país ha tenido una persona de raza negra. No es casualidad que haya sido en Durban, Sudáfrica, donde se celebró en 2001 la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, y quizá tampoco lo es que ahora podrá celebrarse el Mundial de Futbol, evento alrededor del cual también pesa la sombra del racismo.

En los 60 también se gestó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, país que hoy tiene a un presidente afroestadounidense. Ello es parte de un largo e inacabado proceso de creación y recreación de la identidad intercultural e interracial de ese país, proceso que está de manera permanente como tema en la agenda pública nacional y que ha tenido grandes costos políticos, sociales y económicos.

Nuestro país ha consagrado el derecho a la no discriminación por origen étnico o nacional desde el artículo primero de la Constitución, y la obligación de promover la igualdad de oportunidades de las personas indígenas en el artículo cuarto. Las leyes de segregación que hubo en Sudáfrica y en EU serían inconstitucionales en México. Y pareciera que por la igualdad formal reconocida en nuestra legislación no es relevante la desigualdad real, y que las enormes diferencias que existen entre grupos étnicos no son tan importantes como otros problemas nacionales. O incluso pareciera que no son problema, sino sólo expresión de la organización social que históricamente nos hemos dado.

Pareciera normal que nacer en la Tarahumara sea sinónimo de 17 años menos de esperanza de vida que nacer en Monterrey. Que la mayoría de las mujeres indígenas no tengan prestaciones laborales. Que nos alarmen más los actos contra los migrantes en EU o en Europa Occidental, o la xenofobia fruto del fortalecimiento de los nacionalismos en Europa del Este y en África, que la grave situación de los jornaleros agrícolas indígenas en México, o la coincidencia entre los municipios con población indígena y los municipios de muy alta marginación. Parecieran normales los prejuicios y abusos contra los migrantes centro y sudamericanos que causan heridas a la dignidad muy difíciles de sanar. Normal tener ciudadanos de primera y de segunda.

En nuestra sociedad tenemos el desafío de reconocer que el racismo está vigente y tiene carta de ciudadanía, y un reto creciente a la identidad nacional en un mundo global y en movimiento. En los países que han dado pasos desde una situación de discriminación racial exacerbada a una situación más igualitaria ha habido procesos muy complejos de reconocimiento social del problema y de su centralidad en la democracia, que han derivado en acciones estatales claras y enérgicas. Se ha discutido en los congresos, se ha debatido en la sociedad, se ha investigado, se ha votado en las urnas. Pero no se ha podido ignorar porque la viabilidad del país y de su democracia está en juego.

Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)