Registro de celulares: la estulticia como política

Por Ernesto Villanueva PorEsto 22-marzo-2010

Uno de los méritos de los gobernantes mexicanos es encontrar un problema a cada solución. No podía ser la excepción con la creación de Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), una ocurrencia de cómo se gasta más el dinero público para resolver menos los problemas de la sociedad. En efecto. Veamos.

Primero. El 9 de febrero del 2009, el Congreso de la Unión aprobó una conspicua reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones con lo que dio vida al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y amplió la burocracia en la Secretaría de Gobernación. De esta forma, los usuarios de teléfonos celulares debían (deben) registrar su equipo y chip en las compañías telefónicas que les otorgan el servicio, so pena de que les sea suspendido el servicio y sin posibilidad de reactivación. Se ha venido aplicando al transcurso del 2009 hasta el 11 de abril de este año. Esta decisión legislativa tiene un propósito loable: facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y a la delincuencia organizada. El quid del asunto reside en saber si esas medidas podrán ser los medios para llegar a los fines buscados. Esto, en realidad, no es así.

Segundo. No existe en el corto plazo factibilidad para que se adopte el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como un localizador con tecnología satelital, en virtud de que esa tecnología haría sumamente costoso el servicio celular en perjuicio paradójicamente de la mayoría de la sociedad. Si se lograra que el gobierno federal (con los impuestos suyos y míos) absorbiera el costo, otro problema igual o mayor es que para la eficacia del GPS se requiere de un sistema cartográfico actualizado que no posee México. Y no me refiero a las guías roji que todos conocemos y que nos sirven para ubicar calles, sino a los sistemas que incluyen los relieves del terreno y sean susceptibles de identificar si se trata de un terreno con un piso o de un edificio de 15 ó 40 pisos, que para los propósitos de seguridad hace una diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, sin reforma alguna, se utilizan las radio bases existentes para efectos de identificación aproximada, con menor nivel de precisión que el GPS, pero que ayuda cuando hay voluntad de hacer cumplir la ley en casos de secuestro o extorsión.

Tercero. Supongamos que lo anterior fuera posible y se reorientara el presupuesto, por ejemplo, de educación para adoptar un sistema GPS y un proceso permanente de cartografía en todo el país. Tampoco este esfuerzo presupuestal mayúsculo sería garantía alguna. Se deja de lado la inteligencia del crimen organizado. ¿Se imagina alguien a un delincuente llamando de su propio teléfono celular para pedir un rescate? Es absurdo. Lo que generalmente pasa es que se utilizan los propios teléfonos celulares de las víctimas o robados. De ahora en adelante, se podrá saber el domicilio y a quién pertenece el teléfono del cual se está hablando, pero ello no ofrece ningún elemento eficaz para combatir los delitos de alto impacto. Y así, las cosas seguirían exactamente igual.

Cuarto. Pero si lo anterior fuera poco, se parte del supuesto de que los delincuentes son débiles mentales y que para sus quehaceres delictivos usan los teléfonos celulares convencionales de Telcel, Movistar u otros similares. Se ignora de la existencia de la comunicación telefónica por Internet, que es mucho más segura y confiable para no ser rastreada. Se trata de sistemas como Skype o Vonage, por citar dos ejemplos. Además, obviamente, no requiere de número alguno. ¿Qué sucede además si el teléfono para el secuestro es europeo, norteamericano o de cualquier país distinto a México? Eso no es todo, los datos personales de los titulares de los celulares carecen de la mínima garantía de protección. Como se puede observar, el Registro Nacional servirá sólo como un mecanismo ineficaz para brindar seguridad sicológica a la población. En épocas electorales es entendible que el poder Legislativo busque reivindicar su imagen entre los gobernados, pero es injusto que se explote la ignorancia de nuestro pueblo en este tema tan sensible para todos, dándole gato por liebre. Más allá de cuestiones tecnológicas, que son siempre instrumentos al servicio de la persona, el problema reside en la cultura de la corrupción y la impunidad sin cuyo combate lo demás será siempre lo de menos. Hasta ahora, más del 50 por ciento de los usuarios de celulares. Desde el punto de vista formal, queda el amparo contra esta medida restrictiva de los datos personales y del derecho a la vida privada de los mexicanos. Lo que en realidad suceda es que será materialmente imposible que a los usuarios de servicios celulares se les elimine el servicio y se les imponga la sanción de que jamás tendrán un celular a su nombre. ¡Por favor! Estamos en México. ¿Si no se garantiza lo básico que es la seguridad pública, el espíritu remunerador del salario mínimo y un larguísimo etcétera, se va aplicar selectivamente la ley para afectar a los mexicanos, la industria nacional de los mexicanos y los empleos que generan, las comunicaciones y la libertad de expresión sin que haya por ningún lado ningún interés público superior que mínimamente justifique tal medida?

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