Julián Andrade PorEsto 1 abril 2010
El triángulo dorado es quizá la zona más candente del narcotráfico en México y desde hace mucho tiempo. Ahí se juntan Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Es un lugar de producción y trasiego, de donde se envía la droga a distintos puntos de la frontera con Estados Unidos. Muchos barones de las drogas viven o han vivido en esa región.
De ahí eran los 10 niños y jóvenes asesinados en Pueblo Nuevo, Durango, la tarde del domingo. Venían de cobrar la beca que les otorga el gobierno para poder seguir con sus estudios. Al parecer no se detuvieron, iban en una camioneta, ante un retén ilegal en plena sierra.
Todo apunta a una masacre perpetrada por el crimen organizado. Diversos informes señalan que la zona es controlada por el Cártel de Sinaloa.
Cuando ocurren hechos como éstos lo primero que hay que preguntarse es ¿dónde está el gobierno?
Si le creemos al alcalde de Pueblo Nuevo, Daniel Delgado Meraz, las autoridades locales y federales los han dejado a su suerte. Hay un toque de queda decretado por el miedo, ya que la población es conminada a no salir por las tardes y menos en las noches.
Los narcotraficantes colocan puntos de revisión y deciden quién tiene derecho a circular por el lugar. Es la ley del revólver.
¿De qué tamaño es la extensión que controlan? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay informes al respecto?
El primer deber de todo gobierno es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Poco importa lo demás, si el derecho a la vida es vulnerado con frecuencia.
Si es verdad que una de las estrategias del gobierno federal radica en la recuperación de territorios, es evidente que en el Triángulo Dorado queda mucho por hacer.
La apuesta, supongo, debe ser por devolverle la libertad a la gente ahí donde el crimen organizado y la violencia se la han arrebatado.
En las últimas semanas, desde los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, por no hablar de los dos alumnos del Tecnológico de Monterrey, ha ido quedando claro que las víctimas merecen que se investigue. Ya no funciona el argumento de que estaban metidas en el crimen organizado, porque esto no puede saberse o de plano es una distorsión de lo que está ocurriendo.
La autoridad tiene que elaborar un discurso sustentado en pruebas, asumiendo que todo crimen debe ser aclarado. Las ejecuciones en Pueblo Nuevo son un buen ejemplo de lo que no debe ocurrir, por la barbarie que las propicia y por el nivel de descomposición social que pueden generar.
Es probable que la violencia aumente en los próximos días en Durango y sobre todo en la zona donde el conflicto entre bandas del narcotráfico es más intenso.
Lo que no puede ser es que impere la ley del revólver y que cada semana nos dediquemos a contar los muertos.
julian.andrade@razon.com.mx
El triángulo dorado es quizá la zona más candente del narcotráfico en México y desde hace mucho tiempo. Ahí se juntan Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Es un lugar de producción y trasiego, de donde se envía la droga a distintos puntos de la frontera con Estados Unidos. Muchos barones de las drogas viven o han vivido en esa región.
De ahí eran los 10 niños y jóvenes asesinados en Pueblo Nuevo, Durango, la tarde del domingo. Venían de cobrar la beca que les otorga el gobierno para poder seguir con sus estudios. Al parecer no se detuvieron, iban en una camioneta, ante un retén ilegal en plena sierra.
Todo apunta a una masacre perpetrada por el crimen organizado. Diversos informes señalan que la zona es controlada por el Cártel de Sinaloa.
Cuando ocurren hechos como éstos lo primero que hay que preguntarse es ¿dónde está el gobierno?
Si le creemos al alcalde de Pueblo Nuevo, Daniel Delgado Meraz, las autoridades locales y federales los han dejado a su suerte. Hay un toque de queda decretado por el miedo, ya que la población es conminada a no salir por las tardes y menos en las noches.
Los narcotraficantes colocan puntos de revisión y deciden quién tiene derecho a circular por el lugar. Es la ley del revólver.
¿De qué tamaño es la extensión que controlan? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay informes al respecto?
El primer deber de todo gobierno es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Poco importa lo demás, si el derecho a la vida es vulnerado con frecuencia.
Si es verdad que una de las estrategias del gobierno federal radica en la recuperación de territorios, es evidente que en el Triángulo Dorado queda mucho por hacer.
La apuesta, supongo, debe ser por devolverle la libertad a la gente ahí donde el crimen organizado y la violencia se la han arrebatado.
En las últimas semanas, desde los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, por no hablar de los dos alumnos del Tecnológico de Monterrey, ha ido quedando claro que las víctimas merecen que se investigue. Ya no funciona el argumento de que estaban metidas en el crimen organizado, porque esto no puede saberse o de plano es una distorsión de lo que está ocurriendo.
La autoridad tiene que elaborar un discurso sustentado en pruebas, asumiendo que todo crimen debe ser aclarado. Las ejecuciones en Pueblo Nuevo son un buen ejemplo de lo que no debe ocurrir, por la barbarie que las propicia y por el nivel de descomposición social que pueden generar.
Es probable que la violencia aumente en los próximos días en Durango y sobre todo en la zona donde el conflicto entre bandas del narcotráfico es más intenso.
Lo que no puede ser es que impere la ley del revólver y que cada semana nos dediquemos a contar los muertos.
julian.andrade@razon.com.mx
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