Ni un paso atrás en la defensa de los derechos laborales y del SME

José Martinez Cruz 01 de abril de 2010

Rebelión

 

La huelga política nacional del 16 de marzo de 2010 fue una demostración de protesta contra el gobierno calderonista y en defensa de los trabajadores electricistas y mineros en diversas partes de México. En el Estado de Morelos se llevaron a cabo acciones solidarias y de lucha en diversos municipios, destacando Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan, Jojutla, Jiutepec y Tepoztlán. En 25 estados de la república se multiplicaron acciones de protesta. En el centro del país centradas en la defensa del SME. En el norte sobre todo en apoyo a los mineros.
El SME y los mineros no están solos. Brigadas callejeras, mitines a puerta de fabrica, paros por tiempo delimitado en oficinas, interrupciones de tráfico, bloqueos intermitentes, volanteo a través de semáforos informativos, y sobre todo colocación de banderas de huelga rojinegras en lugares públicos, zócalos y fachadas de oficinas gubernamentales o centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. Fueron miles de personas en todo el país que expresaron de esta manera su descontento e inconformidad contra la política del gobierno calderonista.

Nos comprometimos a impulsar este movimiento solidario y asumimos ese compromiso. No somos pesimistas ni catastrofistas en la lucha, apostamos a construir un movimiento unitario, capaz de superar aislamientos y acciones asiladas, de tal manera que podamos construir un verdadero movimiento social masivo que logre echar atrás las políticas autoritarias y represivas, privatizadoras y neoliberales del gobierno. Nunca hemos pensado que sea una tarea fácil. No nos hacemos ilusiones del espontaneísmo ni apostamos a que otros hagan la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros y de nosotras. Con esa convicción, nos comprometemos a fondo en la lucha y llamamos a más fuerzas a contribuir en esta lucha. Sumando, construyendo, fortaleciendo. La solidaridad desde abajo es fundamental para lograr los cambios que el pueblo demanda urgentemente.

Sabemos y es nuestro análisis, que en el lucha nada esta definido de antemano, que el resultado siempre será un reto. Por eso es que apostamos de cara al futuro a luchar por lo que nos corresponde, por nuestros derechos, por un empleo y un salario digno, por una vida digna, pero también por la justicia, la libertad y la igualdad que nos merecemos como seres humanos. Y por eso es que nos acicatea la conciencia ver el crecimiento de la miseria, del desempleo, de las precaria condiciones de vida de la mayoría mientras los más ricos siguen regodeándose en la miseria de las masas desposeídas. No lo aceptamos, no lo vamos a permitir. Es un compromiso con el momento en que nos toca vivir, luchar por transformar esa realidad que nos causa tanto mal.

También hacemos un público reconocimiento de nuestros errores, limitaciones y contradicciones que enfrentamos en el seno del movimiento y en nuestras organizaciones, porque sabemos que no se ha logrado superar el gremialismo y los intereses sectoriales o parciales para defender los intereses comunes a nuestra clase social explotada y oprimida. Cuando el pueblo en su conjunto se levante contra el capital y sus secuaces, no habrá poder humano que nos impida ejercer nuestros derechos.

Nuestro balance implica observar los alcances, limitaciones, dificultades organizativas que enfrentamos. Es claro que hay un enorme descontento social, pero también falta mucho para organizar todo ese descontento. Lo sabemos y lo pudimos constatar el 16 de marzo cuando no todas las fuerzas organizadas salieron a las calles ni tampoco paralizaron la producción. Hicimos un balance de nuestras debilidades. Aún son muchas. Lo reconocemos abiertamente. Pero que quede claro a los dueños del poder, que nuestras debilidades no son debido a falta de conciencia ni de convicción de que ellos son los culpables de la crisis que padecemos, sino debilidades organizativas y políticas por no lograr aún concentrar todas nuestras fuerzas en alcanzar nuestros objetivos y superar la falta de sincronía en nuestras acciones. Sabemos que la estrategia gubernamental del terror logra paralizar la protesta de algunos sectores sociales, pero no impide que continúe deteriorándose la vida social en su conjunto y tampoco impide que el descontento siga acumulándose en una año de tanto significado histórico como el de los centenarios que se nos trata de expropiar al pueblo trabajador que siempre ha estado en las primeras trincheras de la Independencia y de la Revolución o en la lucha social actual.

Desde la Comision Independiente de Derechos Humanos nos hemos comprometido con las organizaciones del Pacto y la Asamblea de Resistencia en esta lucha en defensa de los derechos laborales, sociales, colectivos. Entre los principales resolutivos de estas instancias estan los siguientes: las jornadas del 10 de abril en apoyo a las luchas campesinas y el Primero de Mayo por el Día Internacional de la Clase Obrera, que más allá del significado histórico, abre la oportunidad de grandes jornadas de lucha en contra de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, contra la militarización y la criminalización de los movimientos sociales, por la revocación del mandato de Calderón (consulta nacional del 22 al 25 de mayo) y en defensa del SME y los mineros, en defensa de la educación pública, contra el feminicidio y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por la tierra, el agua y el aire, por las jubilaciones y pensiones y tantas demandas que el pueblo tiene para lograr una vida digna.

El 10 de abril, conmemorando el asesinato del General Emiliano Zapata en 1919, recibiremos las caravanas campesinas provenientes desde Chiapas y los acompañaremos en su recorrido hacia la ciudad de México por toda la zona oriente de Morelos, y desde ahora estamos convocando a la realización de una gran manifestación el primero de Mayo que salga desde el IMSS de Plan de Ayala y recorra las principales avenidas hasta el zócalo de Cuernavaca, en jornadas de lucha que apuntan a sumar fuerzas precisamente para conseguir la reinstalación de los 18 mil electricistas que no han aceptado su liquidación y la solución a huelgas como la de Cananea que ya tiene 3 años y que es un verdadero parte aguas en la historia sindical y laboral como lo fue en 1906 como precursora de la revolución mexicana.

Las organizaciones que formamos parte del Pacto y la Asamblea en Morelos, expresamos toda nuestra solidaridad con estas luchas y denunciamos toda la represión que se ha dado por parte de la PFP por ordenes de Calderón contra el SME y exigimos un alto a la represión y solución a las demandas de electricistas y mineros, así como salimos a las calles el 16 de marzo, lo haremos el 10 de abril y el Primero de Mayo, y someteremos a consulta la salida de Calderón los días 22. 23 y 24 de mayo.

En este sentido, como lo expreso la Union de Jurista de Mexico, también consideramos innecesaria, regresiva y perjudicial para la economía y los trabajadores es la iniciativa de reforma laboral calderonista, que el pasado 18 de marzo presentaron formalmente diputados y senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto del diputado José Gerardo de los Cobos Silva, atendiendo las recomendaciones del secretario de trabajo federal y del Presidente de llevar a cabo una reforma laboral, con el supuesto fin de modernizar el texto legal, elevar la productividad y competitividad empresarial y combatir el grave desempleo que afecta al país. 

Esta iniciativa que intenta la modificación, adición o supresión de cuando menos 429 artículos de los 1010 que actualmente componen la Ley Federal del Trabajo, forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos de las dos últimas décadas han venido impulsando para cumplir los mandatos y encargos de los organismos internacionales en el sentido de adelgazar la responsabilidad social del Estado, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCN), y facilitar con ello la entrada de capitales y la utilización a gran escala de la abundante y barata mano de obra del pueblo de México en beneficio de los magnates capitalistas. 

Esta propuesta que se suma a más de 320 iniciativas entregadas a lo largo de los últimos 22 años, retoma la forma y los criterios generales de las que exhibieron con anterioridad las bancadas del PRI y del PAN, especialmente el llamado proyecto Abascal, dado el 12 de diciembre de 2002, al presentar una iniciativa compuesta de dos tipos o bloques de modificaciones: las cosméticas y las de fondo, con el ofrecimiento de no modificar el texto constitucional, lo cual constituye una verdadera burla, al legislar una reforma laboral de la ley secundaria y ejercer al mismo tiempo políticas públicas de facto que violan el constitucionalismo social heredado del constituyente de 1917 y los derechos laborales adquiridos.  

Las intenciones de fondo de la reforma son la parte más peligrosa y perjudicial, ya que repercuten regresivamente en los derechos individuales y colectivos vigentes, involucionando los principios sociales y tutelares del derecho mexicano del trabajo, al anular la estabilidad en el empleo, mediante la inclusión de nuevas modalidades de contratación a prueba, por temporada y capacitación inicial, pretender legalizar la subcontratación precaria (outsourcing) e incorporar la multihabilidad laboral o “mil usos”, además de plantear la supresión del escalafón por antigüedad y competencias. 

También, da cuenta de ello, la propuesta de establecer el banco y pago por horas, limitar el pago de salarios caídos y vincular la capacitación solamente al aumento de la productividad, dejando de lado el desarrollo integral del trabajador como ser humano, todo ello, para incentivar la gran inversión y ganancias capitalistas a cambio de explotar más el trabajo subordinado y propiciar el aumento de empleos mal pagados y sin derechos. 

En materia colectiva simplemente se busca debilitar y eliminar a los sindicatos y el ejercicio de huelga, dando mayores beneficios a los patrones y atribuciones a las autoridades del trabajo para impedir la organización sindical y el derecho de huelga, además, de que al flexibilizar las formas de contratación y las condiciones generales de trabajo se debilitaría la llamada contratación colectiva, dejando los derechos laborales a la regulación del mercado, a la negociación individual y a la voluntad de las partes, con el consiguiente perjuicio para la clase trabajadora, perdiéndose el carácter social y tutelar de la ley laboral y el fácil acceso de los trabajadores a la justicia, al fijar que solamente licenciados en derecho podrán patrocinar a las y los trabajadores en la defensa de sus derechos. 

- El autor es coordinador de Comunicacion de la Comision Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. y miembro del Comité Politico del PRT en México.