Por Guillermo Fabela Quiñones 
PorEsto 7 de abril de 2010
Apuntes
Muy a destiempo, obligado por presiones de la Casa Blanca en Washington, Felipe Calderón propuso a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y al Código Penal Federal, que tiene como finalidad sancionar a empresas que incurran en prácticas monopólicas.
Asombra que lo haga un día después que la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) pidió a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), “hacer lo necesario, tan pronto como sea posible”, para que Teléfonos de México (Telmex) ofrezca tarifas competitivas en 70 zonas telefónicas del país. Puntualiza el organismo estadounidense que la empresa telefónica mexicana logró obtener un amparo judicial que le permitió mantener su hegemonía en esas zonas donde no tiene competencia y cobra tarifas hasta 10 veces más altas que en zonas reguladas por la Cofetel.
Es clara la dedicatoria de la reforma propuesta por el inquilino de Los Pinos, que en otras circunstancias hubiera sido muy bien recibida por la sociedad en su conjunto. En cambio, al cuarto año de su sexenio, cuando es evidente su falta de posibilidades reales para negociar nada, menos aún iniciativas fundamentales para la nación, no lo es. En primer lugar porque no pasará, debido a ser una reforma muy incompleta que no negoció previamente en el Congreso, y en segundo porque se trata de una orden de la Casa Blanca orientada a favorecer sobre todo a consumidores de Estados Unidos. Que es una prioridad nacional contar con una telefonía competitiva, acorde con la capacidad del mercado nacional, nadie lo pone en duda, pero hay que hacerlo de modo que la afectación a Telmex no beneficie a otros monopolios, particularmente a Televisa y a Televisión Azteca.
En este caso sería peor el remedio que la enfermedad, por las consecuencias que tendría para la sociedad nacional fortalecer aún más a empresas monopólicas que han demostrado una voracidad insaciable, además de un poder real para influir en el rumbo de la nación, de manera favorable a sus intereses y a un sistema social y cultural que afecta gravemente el sano desarrollo de la población mayoritaria. La falta de especificidad de la iniciativa de Calderón se presta para que PEMEX, por ejemplo, sea vista como empresa monopólica, inaceptable en el marco normativo de la reforma, sueño largamente acariciado por la oligarquía y apetecido por la burocracia dorada, que aspira a quedarse con una buena rebanada del pastel que significaría la privatización completa de la paraestatal.
Otra cosa muy distinta sería que Calderón hubiera presentado esta iniciativa al comienzo del sexenio, pero dentro de una estrategia integral que la avalara y le diera sentido a una acción de política económica de largo alcance. En las actuales condiciones del país, cuando el gobierno federal es una instancia devaluada como nunca antes en el pasado, es un absurdo suponer que tiene capacidad para enfrentar y corregir prácticas monopólicas, por muy necesaria que sea esta medida. Más bien, se antoja como una presión contra Carlos Slim ordenada por la Casa Blanca para dar entrada al mercado de la telefonía a empresas transnacionales estadounidenses. Que esto propiciaría una reducción en las tarifas, puede ser. Sin embargo, México tendría que pagar un precio demasiado alto, al quedar aún más expuesto a presiones de otros grupos monopólicos, que al paso del tiempo tendrían el camino libre para aumentar las tarifas como les diera la gana. Recuérdese el caso histórico y paradigmático de Chile, en tiempos de Salvador Allende, cuando la ITT fue el brazo que armó el golpe de Estado.
Mientras no se modifique desde sus raíces la política económica vigente, la preponderancia de los monopolios permanecerá intocada. Sólo habría cambios de empresas, no de las prácticas de mercado. Los monopolios son consustanciales al neoliberalismo, se retroalimentan mutuamente, de ahí que sea un mero espejismo engañoso suponer que acabando con el monopolio de Slim las cosas habrían de cambiar en beneficio de los consumidores. Tal vez nos fuera peor con el duopolio televisivo metido de lleno en el mercado de la telefonía, porque se acrecentaría su capacidad para presionar no sólo al mercado, sino al Estado en su totalidad. Por eso es válido señalar que la iniciativa de Calderón para “ponerle dientes” a la Cofetel, no sea más que un acto demagógico tendente a quedar bien con la Casa Blanca. Aunque, de acuerdo con hechos anteriores, a Calderón le encantaría poderle cobrar cuentas a Slim.
(gmofavela@hotmail.com)
PorEsto 7 de abril de 2010Apuntes
Muy a destiempo, obligado por presiones de la Casa Blanca en Washington, Felipe Calderón propuso a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y al Código Penal Federal, que tiene como finalidad sancionar a empresas que incurran en prácticas monopólicas.
Asombra que lo haga un día después que la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) pidió a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), “hacer lo necesario, tan pronto como sea posible”, para que Teléfonos de México (Telmex) ofrezca tarifas competitivas en 70 zonas telefónicas del país. Puntualiza el organismo estadounidense que la empresa telefónica mexicana logró obtener un amparo judicial que le permitió mantener su hegemonía en esas zonas donde no tiene competencia y cobra tarifas hasta 10 veces más altas que en zonas reguladas por la Cofetel.
Es clara la dedicatoria de la reforma propuesta por el inquilino de Los Pinos, que en otras circunstancias hubiera sido muy bien recibida por la sociedad en su conjunto. En cambio, al cuarto año de su sexenio, cuando es evidente su falta de posibilidades reales para negociar nada, menos aún iniciativas fundamentales para la nación, no lo es. En primer lugar porque no pasará, debido a ser una reforma muy incompleta que no negoció previamente en el Congreso, y en segundo porque se trata de una orden de la Casa Blanca orientada a favorecer sobre todo a consumidores de Estados Unidos. Que es una prioridad nacional contar con una telefonía competitiva, acorde con la capacidad del mercado nacional, nadie lo pone en duda, pero hay que hacerlo de modo que la afectación a Telmex no beneficie a otros monopolios, particularmente a Televisa y a Televisión Azteca.
En este caso sería peor el remedio que la enfermedad, por las consecuencias que tendría para la sociedad nacional fortalecer aún más a empresas monopólicas que han demostrado una voracidad insaciable, además de un poder real para influir en el rumbo de la nación, de manera favorable a sus intereses y a un sistema social y cultural que afecta gravemente el sano desarrollo de la población mayoritaria. La falta de especificidad de la iniciativa de Calderón se presta para que PEMEX, por ejemplo, sea vista como empresa monopólica, inaceptable en el marco normativo de la reforma, sueño largamente acariciado por la oligarquía y apetecido por la burocracia dorada, que aspira a quedarse con una buena rebanada del pastel que significaría la privatización completa de la paraestatal.
Otra cosa muy distinta sería que Calderón hubiera presentado esta iniciativa al comienzo del sexenio, pero dentro de una estrategia integral que la avalara y le diera sentido a una acción de política económica de largo alcance. En las actuales condiciones del país, cuando el gobierno federal es una instancia devaluada como nunca antes en el pasado, es un absurdo suponer que tiene capacidad para enfrentar y corregir prácticas monopólicas, por muy necesaria que sea esta medida. Más bien, se antoja como una presión contra Carlos Slim ordenada por la Casa Blanca para dar entrada al mercado de la telefonía a empresas transnacionales estadounidenses. Que esto propiciaría una reducción en las tarifas, puede ser. Sin embargo, México tendría que pagar un precio demasiado alto, al quedar aún más expuesto a presiones de otros grupos monopólicos, que al paso del tiempo tendrían el camino libre para aumentar las tarifas como les diera la gana. Recuérdese el caso histórico y paradigmático de Chile, en tiempos de Salvador Allende, cuando la ITT fue el brazo que armó el golpe de Estado.
Mientras no se modifique desde sus raíces la política económica vigente, la preponderancia de los monopolios permanecerá intocada. Sólo habría cambios de empresas, no de las prácticas de mercado. Los monopolios son consustanciales al neoliberalismo, se retroalimentan mutuamente, de ahí que sea un mero espejismo engañoso suponer que acabando con el monopolio de Slim las cosas habrían de cambiar en beneficio de los consumidores. Tal vez nos fuera peor con el duopolio televisivo metido de lleno en el mercado de la telefonía, porque se acrecentaría su capacidad para presionar no sólo al mercado, sino al Estado en su totalidad. Por eso es válido señalar que la iniciativa de Calderón para “ponerle dientes” a la Cofetel, no sea más que un acto demagógico tendente a quedar bien con la Casa Blanca. Aunque, de acuerdo con hechos anteriores, a Calderón le encantaría poderle cobrar cuentas a Slim.
(gmofavela@hotmail.com)
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