El desacuerdo de fondo en la reforma laboral

Graciela Bensusán El Universal 30 Marzo 2010

Reducir el alcance de la reforma al ámbito de la Ley Federal del Trabajo sin tocar el artículo 123 constitucional, como lo hace la iniciativa presentada por diputados del PAN, no garantiza a los trabajadores el respeto de sus derechos fundamentales. Es una estrategia para conseguir el apoyo del PRI y su sector obrero a cambio de conservar las instancias tripartitas que impiden una auténtica representación sindical y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, y favorece de paso a los empleadores.

Aquí se condensa el desacuerdo entre las fuerzas sociales y políticas. No es un desacuerdo menor porque refleja un diagnóstico diferente de los problemas laborales que enfrenta el país, atribuidos en esta iniciativa de manera sobredimensionada a las deficiencias que presenta la legislación vigente. Sin embargo, no se puede eludir el debate ideológico y político que genera el cambio de reglas del juego que inciden en la distribución de los recursos de poder del gobierno, los sindicatos, los trabajadores y los empleadores y en el tipo de desarrollo y de democracia que se quiere promover.

Las reacciones desatadas al difundirse la iniciativa del PAN expresan este desacuerdo. Por una parte, está el diagnóstico de la exposición de motivos, basado en los índices del BM que colocan a México en una situación desfavorable porque tiene normas rígidas en materia de empleo. La prioridad entonces es flexibilizarlas con la ilusión de que se felicite al país por reducir la protección al trabajador. El secretario Javier Lozano argumentó que lo importante es tener empleo, no su calidad. De ahí que nada se diga respecto a cómo elevar los salarios mínimos que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Menos se tiene la adopción de un seguro de desempleo. Tampoco se explica por qué la productividad y la competitividad no han mejorado, si ya son mayoritarios los empleos precarios, se registra una alta tasa de rotación laboral y casi no hay huelgas. La receta es “formalizar” la informalidad. Este es el diagnóstico simplista que respaldan la OCDE y los empresarios pronosticando sin el menor fundamento, que esta reforma hará que el PIB esperado para el 2010 se incremente en tres puntos porcentuales.

En contra de esta perspectiva, están los cuestionamientos que se han hecho a los índices del BM como fundamento para adoptar políticas públicas: no captan la complejidad de las leyes, ignoran los beneficios de la protección laboral, se contraponen al esfuerzo de la OIT a favor del trabajo decente y las ventajas de contar con interlocutores representativos para aumentar al mismo tiempo la flexibilidad, la productividad y la calidad del empleo. Estudios elaborados por la OIT y la Cepal han mostrado el drástico deterioro de los indicadores laborales generados por las reformas de los 90, inspiradas en las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este fracaso llevó al BID en 2004 a relativizar las ventajas de los contratos temporales y a varios países de la región a restaurar la protección en materia de despidos y derechos colectivos. Ello ocurrió a la par que la política macroeconómica colocó en el centro la generación de empleo formal y protegido, los sindicatos recuperaron o fortalecieron su capacidad de interlocución, aumentaron los salarios y se amplió el mercado interno. Se lograron paralelamente altas tasas de crecimiento y menores pérdidas en la reciente crisis.

La iniciativa del PAN no toma en cuenta estas experiencias y no resuelve problemas fundamentales lo que explica el rechazo del PRD, a pesar de que admiten la necesidad de una reforma e incluso avalarían aspectos puntuales de la misma dentro de un nuevo esquema. Los cambios que propone el PAN en materia de derechos colectivos y su combinación con una menor estabilidad laboral cerrarán aún más el paso a la formación de sindicatos independientes. No favorecerán la reconstrucción de la obsoleta estructura sindical, respecto de lo cual no sólo no se ofrece remedio alguno, sino que se amplían sus posibilidades. Esto es lo que les resulta inaceptable.

No se contempla la creación de un registro público con total autonomía para encargarse de la inscripción de los sindicatos, la toma de nota de las directivas y el depósito de los contratos colectivos. Se restringe la libertad de los trabajadores para escoger la mejor manera de defender sus intereses al mantener una tipología sindical restrictiva y crear obstáculos para el funcionamiento de sindicatos gremiales. Se aumentan los requisitos para lograr la contratación colectiva y ejercer el derecho de huelga y las facultades de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para intervenir en estos procesos, imponiendo el arbitraje obligatorio después de sesenta días. Se prohíben las cláusulas de exclusión por separación, sin incluir reglas y procedimientos eficaces para sancionar a los empleadores y resarcir a los trabajadores del daño causado por prácticas antisindicales. ¿De qué servirá que los trabajadores puedan escoger sus dirigencias por voto secreto y directo, exigir la rendición de cuentas o negarse a pagar cuotas, si mucho antes los empleadores los obligarán a renunciar a los sindicatos como condición para conservar el empleo? Habrá que ver si estos cambios sobrevivirán a las condiciones que impondrían los legisladores del PRI para respaldar la iniciativa.

Más que inquietarnos por el clima político adverso a la reforma debido a las alianzas y campañas electorales, lo urgente es compatibilizar estos contrastantes diagnósticos y encontrar una respuesta equilibrada a los problemas laborales que enfrenta el país, tomando en cuenta las experiencias vividas en América Latina y menos los indicadores del BM.

Analista laboral