Guarderías ilegales

Guarderías ilegales

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA a.m.com.mx 3 Marzo 2010

En el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social impera un “desorden generalizado”. Casi todos los establecimientos donde se presta a los derechohabientes un servicio a cuyo costo contribuyen con sus cuotas, operan en la ilegalidad, por dos razones: una es que ese Instituto debe brindar directamente tal servicio o subrogarlo a patrones -algo que ocurre excepcionalmente- y carece de base legal para entregar su manejo a particulares; y la segunda es que éstos ofrecen el servicio sin cumplir los requisitos determinados por su contratante, cuya laxitud impide exigir apego estricto a sus normas.

Esa conclusión, que en otras sociedades produciría una estruendosa conmoción, es la médula, la nuez del informe preliminar presentado anteayer por miembros del Poder Judicial encargados de averiguar, más allá de los procedimiento penales en curso, qué pasó en la guardería ABC de Hermosillo en cuyo incendio del 5 de junio pasado murieron asfixiados o quemados 49 niñas y niños

En un determinante paso de lo que acaso sea la última investigación constitucional realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -porque el grupo senatorial priísta recogió la petición del propio tribunal de suprimir esa facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución- los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Monzón Sevilla, dieron fin a una diligente indagación que duró seis meses y en la que hallaron la existencia de un “desorden generalizado” en el sistema de guarderías del IMSS que se manifestó en la tragedia -crimen hay que llamarlo, por sus resultados- de la galería hermosillense. Tras escuchar el informe de ambos juzgadores, los ministros designaron a su colega Fernando Franco, para que a partir de ese reporte formule un dictamen que será presentado ante el pleno de la propia Corte.

Conforme a la Constitución, y las leyes del trabajo y del Seguro Social, hay sólo dos maneras de prestar el servicio de guarderías, una de las obligaciones centrales de régimen pagado por asalariados, empleadores y el Gobierno. Una es, directamente, a través del IMSS: y otra, mediante la subrogación. Del informe se infiere que no hay ninguna guardería manejada directamente por el Instituto, y sólo once, de un total de 1480, operan bajo el régimen de subrogación que permite a patrones establecer guarderías y recibir la reversión de las cuotas respectivas. Los 1469 establecimientos restantes, actualmente en operación, la basan en contratos de prestación de servicios que ninguna ley autoriza a suscribir.

Se alegará, se ha hecho así con anterioridad, que el alto costo del servicio prestado directamente por el IMSS hace imposible esa posibilidad. Y se plantea un falso dilema: o guarderías ilegales, o ninguna guardería. Se trata de un razonamiento insidioso, inadmisible. Aceptarlo ahora que una investigación del más alto tribunal ha desnudado la ilegalidad practicada en el órgano de la seguridad social equivale a permitir la contratación de médicos improvisados, sin la certificación necesaria, porque se puede pagarles salarios más bajos que los merecidos por el personal calificado conforme a la ley. Exponer la vida de los pacientes que resultaran atendidos por cirujanos chambones pero baratos es lo mismo que se hace en las guarderías, y que puede resultar en tragedias como las de ABC.

El IMSS debe prestar directamente tal servicio, o subrogarlo a patrones. Si sus finanzas no lo permiten, hay que arreglar las finanzas para que lo permitan. Renglones donde hacer ajustes saltan a la vista. En sus compras, el Instituto puede obtener mejores precios con sólo aplicarse a investigaciones de mercado que coloquen a los proveedores en sitio. Hace una semana la Comisión Federal de Competencia multó a empresas farmacéuticas que establecieron entre sí acuerdos para cobrar altos precios al IMSS por sus medicamentos. Es buen negocio hacerse pagar de más y luego destinar una breve porción del sobreprecio tramposamente fijado (ante el candor, la ineptitud o la corrupción del comprador), a cubrir las sanciones pecuniarias. Un sistema riguroso de adquisiciones haría innecesaria la intervención de la autoridad en materia de competencia y produciría pingües ahorros a la institución.

Se monta, además, una ilegalidad sobre otra ilegalidad. Los contratos carentes de base jurídica se incumplen. Estremece o indigna, pero no sorprende, saber que del gran universo de las guarderías, casi mil quinientas, sólo doce satisficieron los requisitos a la hora de contratar (cuando que debía ser la totalidad) y que once más los cubrieron ya estando en servicio. A todas las restantes se les permite trabajar, y se les paga el estipendio mensual, no obstante que incumplen al menos uno de los requisitos, algo insoportable en un régimen de estricta normatividad.

El lunes mismo, la dirección del IMSS salió al paso del informe de los magistrados. Con la pretensión de hacer creer que después de la tragedia y aun antes de que concluya la investigación constitucional ha buscado soluciones, da como novedoso lo que debería ser una rutina establecida: la inspección de todas las guarderías, y reduce al problema a la seguridad y su correlato, la protección civil. Ciertamente por insuficiencias en esa materia murieron las víctimas en el ABC. Pero es preciso que las guarderías ofrezcan un servicio eficaz a los derechohabientes y no sólo cumplan la obligación de entregar, cada jornada, con vida a niñas y niños.