Narcomantas y censura

Alejandro Gertz Manero El Universal 03 de marzo de 2010

La difusión mediática de las “narcomantas” que han aparecido en el país generó una airada reacción gubernamental, exigiendo que estos mensajes provocadores y efectistas no se difundieran con tanta profusión, mientras el propio gobierno propala pautas publicitarias con spots truculentos, donde se describen conductas criminales aberrantes y se condena a priori a presuntos delincuentes que no han sido juzgados, quebrantando así el “principio de inocencia” que tanto festinó la autoridad en sus recientes reformas penales.

Esta guerra mediática tan cuestionable se inició al principio del actual gobierno, cuando el Presidente le ordenó al ejército un despliegue masivo de las zonas territoriales que se estaban perdiendo para el estado de derecho; decisión que fue altamente publicitada y que obtuvo un gran apoyo popular, lo que llevó al Ejecutivo a comprometerse permanentemente en una política coyuntural y de emergencia, sustentada en la presencia militar masiva, que se complementó con un número importante de extradiciones de capos encarcelados y procesados, más las constantes detenciones de narcotraficantes vinculados con la exportación de droga a Estados Unidos, todo ello en razón de una colaboración más intensa con las autoridades de ese país.

Las conductas señaladas no son negativas por sí mismas, pero sí incompletas y parciales, ya que debieron insertarse sólo como parte circunstancial y de emergencia de una política integral para combatir la corrupción, la ineficiencia notoria y la inmensa impunidad que priva en esta materia en todo el país, lo cual no se hizo, dejando como eje del proyecto gubernamental la difusión masiva de tareas de emergencia que no pueden sostenerse por tiempo indefinido porque desgastan exponencialmente a las fuerzas armadas, que no están constituidas ni capacitadas para actuar como policías, y porque además multiplican la violencia brutal entre organizaciones criminales, que al no ser combatidas en sus actividades delictivas cotidianas han quedado intocadas en su accionar diario y en sus intereses económicos, exacerbando de esa manera sus enfrentamientos y disputas por el control de las plazas de narco menudeo y de toda la gama delincuencial, que siguen disfrutando con toda impunidad.

Ciudad Juárez, Reynosa y prácticamente toda la frontera, más las zonas tradicionales del delito y el narcotráfico, como Michoacán, Guerrero y el noreste del país, han sido los territorios que más han sufrido las secuelas de este proyecto superficial, mediático e incompleto, que ya pasó del apoyo comunitario inicial al repudio, al miedo y a la descalificación masiva y permanente, que ahora se exacerba con esta guerra mediática y la pretensión de acallarla y controlarla con más escándalo.

En este contexto es indispensable que el gobierno reflexione y no vea a los medios y a sus críticos como enemigos, principalmente si éstos están cumpliendo con sus tareas de informar y con el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pues al querer ocultar o soslayar lo que ocurre, solamente se genera el fenómeno paralelo del rumor y de la comunicación alternativa informal, como está ocurriendo de manera masiva en Reynosa y en otras partes del país, donde el internet y el Twitter se convierten en verdaderas catapultas mediáticas que no pueden ser controladas ni censuradas, y que magnifican la angustia y la justa indignación de la comunidad, generando mensajes que se salen de cauce y de proporción.

La tentación de acallar a la prensa ha dado siempre muy malos resultados, y cualquier gobierno que ha sucumbido en ese terreno lo ha pagado con creces, y esto se puede comprobar desde el siglo XIX, con el aberrante y persecutorio “Código de Lares”, hasta llegar a la censura corruptora, el control de papel de PIPSA y el manejo discrecional y amenazante de las concesiones electrónicas, todo lo cual no pudo evitar la descalificación histórica de la represión del 68 y de todas sus secuelas criminales.

Hay que tener muy presente que la prensa y los medios que exponen la verdad de lo que ocurre simplemente cumplen con su función y abren los caminos de la democracia y la dignidad ciudadana que las entidades políticas y electorales tratan de cerrar o de mistificar a toda costa. La prensa que oculta lo que realmente sucede en el país, o que difama, se traiciona a sí misma y se descalifica, al igual que cualquier gobierno que censura y que miente. Una autoridad que difunde sus logros con honradez y con ética siempre será respetada y obedecida, y el límite de la información mediática está en la verdad; los excesos y la censura por sí mismos acaban destruyéndose; no lo olvidemos, porque tenemos ejemplos de sobra, que así lo ratifican.

editorial2003@terra.com.mx

Doctor en Derecho