Investigan pagos a miembros del SNTE

Alberto Cuenca El Universal 31 Marzo 2010
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Detectan irregularidades en la entrega de becas a familiares de sindicalizados

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en 2008 la Secretaría de Educación Pública (SEP) favoreció con pagos y apoyos indebidos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por comisiones sindicales con goce de sueldo que se otorgaron a 670 trabajadores, a pesar de que esas labores gremiales se deben realizar sin goce de sueldo.

El organismo fiscalizador estableció que la SEP habría incurrido en un “probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal por un monto de 134.1 millones de pesos, más los intereses generados desde que se dispuso del recurso hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”, según la auditoría correspondiente a la Cuenta Pública de ese año y que se entregó a la Cámara de Diputados en febrero pasado.

Pero en 2008, cuando Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación, el sindicato que encabeza Elba Esther Gordillo Morales recibió otros beneficios de parte de las autoridades, pues la ASF detectó en una segunda auditoría que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) otorgó 13 mil 544 becas por un monto total de 17 millones 325 mil pesos a hijos de trabajadores que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de que las autoridades educativas aceptaron durante la investigación que no existe convenio alguno con el gremio magisterial para sustentar la entrega de las becas, “pero cada año que se dan las negociaciones con el SNTE, en el pliego petitorio viene incluida de manera general la petición de incremento de becas”, acusó el órgano fiscalizador.  

La Auditoría Superior de la Federación también determinó que ese programa de becas y sus reglas de operación “promueven la desigualdad de oportunidades, son excluyentes y propician el favoritismo, limitando el derecho a la educación de estudiantes que por tener condición vulnerable no seguirán estudiando”, pues al dirigir la ayuda a los hijos de los trabajadores sindicalizados se deja de brindar atención a los grupos y regiones con mayor rezago educativo en el país o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.

La SEP se defiende

Al explicar los resultados de la auditoría, en particular los que se refieren al probable daño al erario por 134.1 millones de pesos, Guillermo Bernal Miranda, oficial mayor de la SEP, dijo que esa dependencia se encuentra en un proceso de recopilación de datos que les permita solventar las irregularidades señaladas por el órgano fiscalizador, pues tienen un plazo que vence en los primeros 10 días de abril para hacer las aclaraciones.

Aseguró que “lo que encontró la ASF es una presunción que no acaba por ser confirmada. No estamos en condiciones de negar el hallazgo; estamos en condiciones de aclararlo, y de ello derivará si nuestro argumento es válido o no. No podemos decir que la Auditoría Superior da un argumento falso”.

Afirmó que los argumentos de defensa de la SEP —para señalar que el pago a 670 trabajadores se realizó de manera legal— se sustentarán en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, particularmente en las disposiciones de esa norma relacionadas con el pago de servicios personales.

Caso podría llegar a la PGR

El oficial mayor no quiso abundar más sobre los argumentos que presentará para tratar de desvirtuar el resultado de la auditoría, pues dijo que aún está abierto el proceso, pero aceptó que si las pruebas de la Secretaría de Educación no satisfacen a la Auditoría Superior de la Federación, ese organismo tiene facultades para exigir el resarcimiento del daño económico por el pago hecho a los trabajadores, así como derivar el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR) si se considera que hubo una responsabilidad penal, o a la Secretaría de la Función Pública si esa responsabilidad es de tipo administrativo y da como resultado una inhabilitación.

—¿Eso no está descartado? —se le preguntó al oficial mayor.

—No; es un riesgo que todos los servidores públicos corremos —respondió.

Anomalías detectadas

Al revisar la Cuenta Pública 2008, la ASF constató que la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF realizó 30 mil 834 pagos con goce de sueldo a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales, de los que 542 son maestros y 128 personal administrativo.

Los pagos sumaron 134.1 millones de pesos y se dividieron de la siguiente manera: 113.4 millones de pesos al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; 9 millones 363 mil pesos a la Comisión Mixta de Escalafón, y 11 millones 300 mil pesos para la Sociedad Mutualista.

Debido a que esas comisiones sindicales se deben realizar sin goce de sueldo, la Auditoría Superior determinó que la Dirección de Personal —que depende de la Oficialía Mayor de la SEP— incumplió con el artículo 51 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la dependencia y con los manuales de administración y de procedimiento de la propia secretaría.

El reglamento mencionado —que data de 1946— establece que las comisiones de trabajo en el gremio no gozarán de salario y aún así la Secretaría de Educación pagó a los trabajadores.

Por lo anterior, la ASF inició un pliego de observaciones con el objetivo de que la SEP reintegre el dinero a la Tesorería de la Federación, “con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes”.

En el caso de las becas dadas a hijos de los sindicalizados, el órgano fiscalizador fue más allá, pues inició un proceso de responsabilidades administrativas para sancionar a los funcionarios responsables de haberlas autorizado, bajo el argumento de que el programa de becas y sus reglas de operación no se publicaron en su momento en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no tienen efectos jurídicos y, “además de ser excluyentes, propician el favoritismo y generan desigualdad de oportunidades”.