El “Chapo” Guzmán, el narco favorito de los panistas

El “Chapo” Guzmán, el narco favorito de los panistas

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MEXICO, DF., 7 de febrero.- En un reciente artículo el diario inglés The Economist hace un análisis del combate al narcotráfico en México por parte del gobierno de Felipe Calderón, y al revisar los operativos y detenciones que han realizado, da cuenta que al grupo de El Chapo Guzmán poco se le ha tocado, dando lugar a las sospechas de que es favorecido por el gobierno del PAN.

La versión de la protección gubernamental hacia el grupo de narcotraficantes de Sinaloa comandado por El Chapo no es nueva.

Desde que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se escapó de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande Jalisco, el 21 de enero de 2001, en pleno gobierno de Fox y a los pocos días de la inspección al penal que hiciera Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta sospecha de protección oficial ha ido creciendo.

Y es que, según reportes federales, al momento de su escape se dijo que El Chapo salió de su dormitorio, cruzó la terraza, el área de gobierno, la aduana y la zona restringida hasta la zona de ingreso al penal, sin que nadie lo viera. Supuestamente salió en un vehículo que nadie revisó.

Fue tan increíble el escape que hasta un corrido le hizo Valentín Elizalde – muerto por una ejecución del narco—, en el que cuenta que hasta un avión tenía preparado para llevarlo a Sinaloa.

La buena suerte ha estado desde entonces con la familia Guzmán. En junio de 2005, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario del Distrito Federal, negó a la PGR al menos 12 órdenes de aprehensión contra igual número de familiares y amigos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Ese mismo juez ordenó la liberación de Iván Archivaldo Guzmán en abril de 2008, luego de que detenido el 14 de febrero del 2005 acusado de lavado de dinero. También liberó a su prima Claudia Adriana Elenes Salazar, a quien se le imputaron diversos delitos, entre ellos narcotráfico.

A pesar de la recompensa de cinco millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos puso a la cabeza de El Chapo, el jefe del cartel de Sinaloa ha vivido relativamente en calma en estos años. Tanto que el 2 de julio de 2007 se casó en el municipio de Canelas, Durango, con una joven de 18 años, Emma Coronel Aizpuru, reina de la belleza de la región.

La boda fue todo un acontecimiento. Mucha gente lo supo, y difícilmente las autoridades hicieron algo para detenerlo. Feliz, El Chapo se casó y ha estado deambulando por diversas regiones de ese estado y en otras partes del país.

El 17de abril de 2009, el arzobispo de la arquidiócesis de Durango, Héctor González Martinez, declaró a diversos medios de esa entidad, entre ellos al diario Análisis Político, que el jefe del narco sinaloense estaba en el municipio de Guanaceví. “El Chapo vive más adelante de Guanaceví, por ahí vive, todos lo sabemos menos la autoridad”, dijo.

Ha sido tan evidente el halo protector del gobierno hacia Joaquín Guzmán que, a fines del año pasado, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, denunció públicamente que el cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo, recibe protección del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

El periódico británico hace alusión a la sospecha que circula, de que el gobierno de Felipe Calderón no jala parejo en su guerra contra los grupos del narcotráfico y que algunos de ellos, incluso, estarían siendo beneficiados, el de El Chapo, principalmente.

En su artículo cita un dato revelador proporcionado por el especialista Edgardo Buscaglia, quien ha sido asesor en la ONU. Según el profesor del ITAM, el cartel encabezado por El Chapo maneja el 45 por ciento del comercio de la droga en México y sólo 941 personas detenidas de las 53 mil 174 vinculadas con el narcotráfico es gente de El Chapo.

Aún más, los golpes más fuertes al narcotráfico mexicano han sido a las organizaciones adversas al cartel de Sinaloa. Esto es, a La Familia de Michoacán, los Arellano de Baja California, los Beltrán Leya del cartel de Juárez y Los Zetas.

“En el juego de la suma de cero del comercio de la droga, una pérdida representa una ganancia para el otro”, concluye el diario inglés, al hacer una observación nítida de la idea popular mexicana de que cada gobierno tiene a su cartel favorito y que en el caso de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, El Chapo es el beneficiado.

Más violencia está por venir: Edgardo Buscaglia

La Familia y Sinaloa, dos de las principales redes narcotraficantes de México, utilizan los centros de recuperación para conseguir más trabajadores. Los cárteles controlan instituciones que ya existen o comienzan unas nuevas de manera clandestina. Vulnerables, en proceso de desintoxicación y bajo amenaza de muerte, los jóvenes no tienen otra alternativa más que quedarse en un mundo del cual quieren salir.

Los poderosos cárteles de droga de México dirigen centros de rehabilitación y transformaron algunos de ellos en mataderos, además de obligar a los drogadictos recuperados a traficar o ejercer las funciones de sicarios. Las autoridades nacionales informaron que por lo menos dos de los seis grupos principales del país utilizaron este tipo de clínicas para beneficio propio. Incluso, uno de los cárteles abrió sus propias instituciones, donde les lavaban el cerebro a los adictos durante la rehabilitación, dándoles un ultimátum en cuanto se desprendían del hábito: o trabajaban para ellos o los asesinarían.

En la ciudad fronteriza que linda con la población texana de El Paso, 41 personas fueron asesinadas en matanzas en clínicas para la drogadicción en el último año y medio. Esas muertes fueron ocasionadas no solamente por el reclutamiento en esos centros, sino por razones más comunes como no pagar por las drogas o traicionar a un distribuidor. “Los centros de rehabilitación son una extensión del campo de batalla”, así lo definió Edgardo Buscaglia, un especialista mexicano en el mundo de la droga. “Ya no son refugios.” Buscaglia también considerá que el fenómeno resalta el fracaso gubernamental de encarar los males sociales, que son consecuencia del narcotráfico en México.

En Ciudad Juárez, con 1,3 millones de personas y unos 100.000 drogadictos, muchas de las clínicas carecen de licencia, y son dirigidas por antiguos drogadictos en viviendas dilapidadas, lo que facilita la infiltración de los traficantes. Víctor Valencia, ex secretario de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, que dimitió el domingo y podría postularse a la alcaldía de Ciudad Juárez, atribuye los ataques al cártel de Sinaloa. Indicó que sus miembros se inscribían en las clínicas sin licencia como pacientes, y que fácilmente, llegaban al control del centro captando o ahuyentando a los empleados, a los que amenazaban con matarlos.

Según Valencia, los miembros del cártel de Sinaloa buscados por la policía o por la banda rival de Juárez se escondían en los centros de rehabilitación.

Además, el cártel utilizó esas instituciones para atraer a los adictos, donde los obligaba a trabajar como narcotraficantes, o de lo contrario, serían asesinados.