Salud para ciudadanos de 1ª y 2ª clases

Salud para ciudadanos de 1ª y 2ª clases

Gilberto Balam Pereira PorEsto 9 de febrero de 2010

Los funcionarios del país, desde los secretarios de Estado hasta el personal de enlace, son privilegiados con un sistema de salud privado a costa del erario, en claro desdén al servicio médico público y a espaldas de millones de mexicanos quienes a duras penas obtienen un mínimo beneficio. En México hay dos servicios de salud: uno para millones de trabajadores comunes y otro para 96 mil 254 funcionarios. Ambos se sostienen con recursos públicos. Mientras que un funcionario cobija a toda su familia en exclusivos hospitales, el 90% derechohabientes del IMSS y del ISSSTE se enfrenta a un servicio deplorable, más que todo por la escasez de medicamentos.

La población económicamente activa (PEA) es de 42.5 millones de personas, de los cuales 21 millones 432 mil tienen seguridad social; 18 millones 721 mil del IMSS y 2 millones 516 mil en el ISSSTE, 140 mil de Pemex y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM),

El 50% de la PEA carece de este derecho pese a que la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al sistema de salud a los 120 millones de mexicanos, independientemente de si trabajan o no.

Entre los 21 millones de derechohabientes hay un abismo: los empleados comunes reciben pésima atención médica, en un sistema donde las mujeres mueren por parto o cáncer cérvico-uterino, los hombres por diabetes, los niños por infecciones respiratorias y desnutrición.

Es el perfil de las 25 mil quejas que cada año recibe la Comisión Nacional de Arbitraje por negligencias y maltrato médicos.

Los funcionarios públicos son beneficiarios de ese mismo sistema médico social, pero mejor optan por atenderse donde la atención médica implica confort, visitas diarias por dos o tres especialistas, habitación privada, visitas sin horario, teléfono, televisión, dieta saludable y una confortable cama para un familiar de guardia permanente. Así evitan una larga espera, el tedio, la frustración por falta de medicinas, malos tratos y negligencia. Esto último queda para los millones de derechohabientes que cotizan puntualmente.

En este sentido debemos reconocer la existencia de mexicanos de primera y segunda clase.

El Ejecutivo Federal se hace al occiso con esta injusticia y desigualdad de atención médica y protege mejor a sus funcionarios quienes contratan servicios de salud privados y hasta en el extranjero, a cargo del erario, lo que es completamente inmoral y corrupto.

De acuerdo con el “Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal” es el jefe del Ejecutivo quien decide los beneficios de los funcionarios y su personal de enlace “en un marco de austeridad y transparencia”. Mentira y demagogia.

Fecal, el espurio, autorizó cuatro seguros para su gente: de servicios médicos, de vida, de incapacidad total y permanente y de desempleo, para mandos medios y altos de la Presidencia, Consejería Jurídica, Secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados. Con ello dio continuidad a la prebenda de Fox para que la alta burocracia evite el deficiente sistema de seguridad social público. Tan sólo el seguro de servicios médicos implica una partida de más de 1 mil millones de pesos que anualmente la SHCP destina bajo el rubro “Seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades participantes de la administración pública federal. Los beneficiados de la SHCP son 96 mil 254 funcionarios, 53 mil 285 cónyuges o concubinas, 106 mil 766 hijos y 7 mil 86 padres.

Proporcionalmente, el servicio médico de CADA funcionario, su cónyuge y cada uno de sus hijos cuesta a los contribuyentes casi 400 pesos diarios. La póliza mensual de cada secretario de Estado y cada uno de sus familiares cuesta alrededor de 400 salarios mínimos mensuales por persona (unos 20 mil pesos), o sea, lo que 10 obreros cobran durante casi un año de trabajo.

Las categorías de los funcionarios tienen mínimas diferencias: subsecretarios, directores generales, directores de áreas, jefes de departamento y enlaces.

El contrato que diseñó la SHCP implica privilegios para otros personajes vinculados a las altas esferas del poder.

Por ejemplo, para las bases dependientes de estos privilegiados, Hacienda estipula que la empresa contratada integre un grupo de hospitales adicionales a los que tuviera en convenio, entre los cuales pidió a la empresa Metlife que incluya al Hospital San José de Zamora, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, cuñado de Fox, uno de tantos familiares beneficiados por los expoliadores Fox-Sahagún.

Pero los gobiernos panistas no se olvidan de los ciudadanos de segunda, les han dejado un paradigma de fraude y demagogia, el tristemente célebre Seguro Popular que es una tremenda tomadura de pelo que para nada sirve. En una ocasión los senadores denunciaron esta burda mentira asistencial del SP, pero hace tiempo que en el campo de la salud el Senado no da señales de existencia. Y el programa Oportunidades cuenta cada vez con menos familias “beneficiadas”, que de por sí son un número reducido y el beneficio también.