Torpeza gubernamental

Los Grandes Días

Manuel Mejido

Torpeza gubernamental

Organización Editorial Mexicana 9 de febrero de 2010

* Ciudad Juárez, ejemplo del fracaso en la política de seguridad

* Mil millones de pesos y diez mil policías no garantizan protección

* Según Calderón, el 90 por ciento de los muertos son delincuentes

La inseguridad, violencia e impunidad en Ciudad Juárez es un claro signo del desgaste de las estructuras del Estado, el fracaso de las leyes, la inmoralidad de los funcionarios públicos, la ineficiencia del gobierno y del temor social. La disputa entre políticos exhibe una nación corrompida hasta la médula y dividida no sólo por clases sociales sino por intereses partidistas.

Luego de que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza anunciara el viernes pasado el traslado de los poderes de la capital del estado a Ciudad Juárez, los elogios, descalificativos y cuestionamientos aumentaron. Unos cuantos lo consideran como una decisión electorera, otros advierten intenciones partidistas y algunos lo llaman populismo.

¿Qué debe ocurrir para que los aduladores, detractores o críticos trabajen en conjunto y honestamente por el bien de la sociedad, sin importar banderas partidistas?

Si lo que se requiere es una tragedia para simular ante el mundo que "los mexicanos son un pueblo solidario", nada es más trágico que el asesinato de 6 mil personas ocurridas en Juárez entre diciembre de 2006 y enero de 2010 y 16 mil 402 en el país.

Una década atrás, Ciudad Juárez fue símbolo del progreso, que la industria maquiladora trasnacional aprovechó para instalar en esa región sus plantas que asegurarían bonanza. Pero la mezcla de costumbres, hábitos y principios morales descompusieron el tejido social de los juarenses y los convirtió en un municipio violento, sanguinario y desamparado por sus autoridades.

Ante la ausencia de poderes, los narcotraficantes se disputaron el control de Juárez por ser un municipio fronterizo con Estados Unidos y, después, el asesinato de más de mil mujeres en 14 años puso a la región en la mira de las organizaciones no gubernamentales internacionales que exigen su esclarecimiento, sin que las autoridades resuelvan un solo caso.

Ahora, la disputa es entre los cárteles de la droga, que buscan reclutar al mayor número de adolescentes (la mayoría desempleados por las maquiladoras que abandonaron Juárez) para adiestrarlos como asesinos o para la transportación de sustancias ilegales a todo el mundo.

En Ciudad Juárez quedó demostrado que no se requiere más dinero para erradicar la violencia y acabar con la impunidad. Según cifras del alcalde priísta José Reyes Ferriz, para este año dispondrá de mil 35 millones de pesos, para un municipio con un millón 300 mil habitantes. Esa suma triplica a la ejercida en los últimos tres años.

Los soldados en la calles tampoco son garantía de seguridad. Uno de los primeros municipios a donde Felipe Calderón envió militares fue Ciudad Juárez. A la llegada del Ejército, aumentaron los asesinatos. Actualmente la vigilan cinco mil soldados, tres mil policías municipales y dos mil agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que de nada han servido.

Caminar por las peligrosas calles de Juárez es un riesgo permanente. Los empresarios se fueron y los pocos que quedan trabajan casi clandestinamente para evitar extorsiones, aunque esperan que pronto se resuelvan los problemas de seguridad.

Los turistas se extinguieron. Nadie quiere arriesgar su vida. La deserción en las escuelas aumentó porque los estudiantes son sacados de sus salones de clases por secuestradores, los maestros son asesinados y los padres de familia amenazados por los delincuentes.

En esas condiciones no se puede vivir. Sólo sobrevivir. A pesar de hechos tan evidentes, ninguna autoridad acepta su fracaso.

Ni el alcalde, ni el gobernador y, mucho menos el Presidente de la República admiten que sus políticas en Ciudad Juárez han sido equivocadas y que la inseguridad y la crispación social puede propagarse por todo el país.

Mientras César Nava, líder nacional del PAN, responsabiliza a las autoridades locales de la violencia, el priísta Manlio Fabio Beltrones acusa a la administración calderonista de imponer soluciones tardíamente. Todos contra todos y el crimen crece y crece.

Ante la vulnerabilidad de los cuerpos policíacos, ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, visitó Ciudad Juárez rodeado por un enorme operativo de seguridad. Se reunió con los padres de los 16 jóvenes asesinados el domingo 31 de enero, pero olvidó a los parientes de los 6 mil muertos en los últimos tres años y, mucho menos quiso visitar a los deudos de las mujeres asesinadas desde hace 14 años.

A pesar de que el 96 por ciento de los delitos perpetrados en el municipio permanecen impunes y sólo hay miles de víctimas y ningún culpable, el presidente Calderón aseguró a los periódicos estadunidenses Newsweek y Washington Post, que el 90 por ciento de los muertos estaban vinculados con el crimen organizado.

La violencia que padecen los juarenses no es únicamente por el próximo proceso electoral. Es un claro signo de la descomposición y quiebra moral. Lamentablemente no hay visos de pronta solución ni de buenas intenciones para ponerle remedio a ese caos por parte de los políticos y gobernantes.

mejido@elsoldemexico.com.mx