El PRIAN al desnudo

Ricardo Monreal Avila PorEsto 11 Marzo 2010

Quienes suponían que el PRIAN era una metáfora o una construcción retórica de la izquierda, ahora tienen una prueba documentada y grafológica de su existencia nociva y de su proceder mafioso. Es el pacto entre el PRI y el PAN para intercambiar aumento de impuestos federales (petición del gobierno federal) por protección política en los estados gobernados por el PRI, especialmente Oaxaca y Estado de México. ¿En qué consistía esta protección? En que el PAN se comprometía a no formar bloques o alianzas opositoras con el PRD para competir contra el PRI.

Los promotores de este pacto de tinte mafioso dejaron sus huellas dactilares en un escrito firmado nada más y nada menos que por los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Beatriz Paredes y César Nava, respectivamente, acompañados como “testigos de honor” de dos funcionarios públicos: Fernando Gómez Mont Ureta, secretario de Gobernación, y Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno del Estado de México. Los cuatro estamparon sus firmas en un documento que ya forma parte de la galería de pactos, tratados y acuerdos nocivos de la historia de México, como los suscritos por Antonio López de Santa Anna para ceder más de la mitad del territorio nacional, o como los Tratados de Bucareli en 1929 para obtener el reconocimiento de los Estados Unidos a cambio de dejar entrar a las petroleras norteamericanas a suelo mexicano.

El acuerdo entre PAN y PRI, además de inmoral (porque no les importó castigar a 108 millones de mexicanos, con más cargas fiscales, desempleo y pobreza, con tal de salvaguardar sus privilegios particulares y partidistas), es inconstitucional de pies a cabeza. Veamos porqué.

Los funcionarios federales sólo pueden realizar aquellas funciones que expresamente les mandata la Constitución (artículo 124). Ni en la Carta Magna ni en el texto vigente de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente en ninguna de las 32 funciones que el artículo 27 asigna expresa y puntualmente a la Secretaría de Gobernación, aparece el de fungir como “testigo de honor” de pacto alguno entre fuerzas políticas. Mucho menos, el de promover, atestiguar, avalar o sancionar alianzas o pactos electorales, ya que esto, en todo caso, es competencia exclusiva del IFE.

La presencia del secretario de Gobernación del gobierno federal y del secretario de Gobierno del Estado de México, con sus respectivas firmas estampadas en el pacto suscrito entre los dirigentes nacionales del PRI y el PAN el 30 de octubre del 2009, pudo haber quedado en una extralimitación de funciones o competencias. Pero esa falta deviene en violación y atropello grave de la Constitución, cuando la contraprestación de ese pacto para evitar alianzas electorales entre partidos con ideologías “contrarias” en una entidad federativa, fue la aprobación de una Ley de Ingresos cuyo diseño y contenido es facultad exclusiva, intransferible e inalienable de un poder distinto al Ejecutivo, el Congreso de la Unión (artículos 73 y 74). Es decir, al fungir como “testigos de honor” de un pacto donde esencialmente se intercambiaron impuestos federales por protección política local, los secretarios de Gobierno de la Federación y del Estado de México no sólo se extralimitaron en sus funciones, sino que usurparon las de otro poder constitucional.

Ahora bien, el hecho de que este acuerdo se haya firmado en la sede oficial de la Secretaría de Gobernación, en día y hora hábil (y no, por ejemplo, en el Café La Habana, testigo mudo de muchos pactos de honor entre la clase política, a deshoras de oficina, hasta los años ochenta), le otorga a los funcionarios federal y estatal algo más que el rango de simples observadores o fisgones de ocasión. Ambos fungieron como “albaceas”, o personas encargadas de cumplir y vigilar el cumplimiento de la última voluntad de lo pactado, a grado tal de rebasar el papel de testigos de ocasión.

Esto fue especialmente notorio en el caso del secretario Gómez Mont, quien en su carta de renuncia al PAN argumentó explícitamente la existencia de “razones que me veo obligado a no revelar por discreción profesional”, siendo la profesión públicamente acreditada en ese momento la de Secretario de Gobernación y no la de “testigo de honor”, la cual por cierto ni a profesión llega.

Que el Secretario de Gobernación haya atestiguado con su presencia y su firma un pacto político que, por su forma y fondo, es violatorio de la Constitución, lo ubica de lleno en el supuesto del artículo 109, fracción I de la Carta Magna: “Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Artículo 110: “Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

Por último, en caso de ser cierta la versión de que no informó a su jefe de lo que fue “testigo de honor”, es decir, del intercambio de impuestos federales por protección política local, esta omisión constituye otra causal grave de responsabilidad, ya que redundó en perjuicio de “los intereses públicos fundamentales”, porque el valor del negocio público que se cocinó en Bucareli ascendió a 120 mil mdp del presupuesto de egresos de la Federación.

Si los secretarios de Gobernación federal y estatal son susceptibles de juicio político por la promoción y defensa de ese pacto político inconstitucional, el fruto de ese acuerdo, la Ley de Ingresos del 2010, adolece del mismo vicio de origen. Por ello, procede solicitar su derogación (es decir, cancelar los nuevos impuestos y el incremento de los existentes), dejando en su lugar los anteriormente existentes.

Tres años duró esta alianza entre PRI y PAN, mediante la cual el actual gobierno federal sacó adelante las más nocivas reformas en materia de seguridad, pensiones, Pemex y fiscal. Hoy están a la greña por un solo motivo: la sucesión presidencial del 2012, por lo cual se lanzan acusaciones los unos a los otros. Sin embargo, hace muchos años, con el cinismo que le caracterizaba, Gonzalo N. Santos describió las causas de la crisis que hoy vive el PRIAN en dos frases: “Todo político que se dé a respetar debe violar sus pactos”. “En política, sólo los (tont)ejos dejan por escrito sus (tont)ejadas”.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx