México ante el Comité de DH de la ONU

México ante el Comité de DH de la ONU

Luis Arriaga Valenzuela El Universal 11 de marzo de 2010

México ha asumido responsabilidades internacionales debido a la ratificación de los principales tratados de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Al haberse adherido a éste, debe permitir el examen de su historial acerca de tales derechos. Por la misma ratificación tiene la obligación de dar informes periódicos sobre el estado de los derechos relacionados con el PIDCP y se compromete a cooperar con el órgano creado en virtud de este tratado —el Comité de Derechos Humanos (CDH), integrado por 18 expertos independientes de diversas partes del mundo— adoptando medidas en respuesta a sus observaciones y criterios finales.

El Estado mexicano presentó su informe escrito en julio de 2008. Posteriormente hubo un intercambio de preguntas y respuestas entre el Comité y el Estado. Las organizaciones civiles participaron en el proceso mediante sus propios informes. Así lo dieron a conocer el 1 de marzo. Los días 8 y 9 de este mes, en el marco de la nonagésima octava sesión del CDH, sus miembros han formulado observaciones y preguntas a la delegación mexicana acerca de la información proporcionada. Han estado presentes diversas organizaciones civiles para presenciar la sesión y han realizado observaciones orales al CDH en una serie de intervenciones previas a la evaluación del Estado mexicano.

En 2009, se realizó en Ginebra una evaluación de los derechos humanos en México. Fue notable la negativa a adoptar ocho recomendaciones sobre el arraigo, el fuero militar y la investigación de los crímenes de Estado del pasado. A diferencia de aquella evaluación ésta no es realizada por un órgano intergubernamental compuesto por funcionarios públicos sino por expertos independientes. Una vez analizada la información, el CDH emitirá observaciones y recomendaciones sobre las medidas que deberá adoptar el Estado mexicano a fin de cumplir sus compromisos. Lo formulado por los expertos debe ser difundido alrededor del 26 de marzo.

Los cuestionamientos del CDH al Estado dan idea de los aspectos relevantes: solicita ejemplos concretos de procesos judiciales en los que se haya aplicado el PIDCP; del trabajo realizado por la Fevimtra; de acciones para investigar los feminicidios; de investigación sobre violaciones a derechos humanos de mujeres en maquiladoras; y del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sobre la participación de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado indaga las medidas para subordinar al Ejército a autoridades civiles; medidas para asegurar en la práctica el respeto a los derechos humanos; plazo para retirar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen; número de violaciones a derechos humanos; así como sanciones a los responsables. Otros tópicos: desaparición forzada, desintegración de la Femossp, trato en reclusorios, expulsión arbitraria de extranjeros, amenazas a la libertad de expresión, abuso de menores y participación política de pueblos indígenas.

El Centro Prodh expresó su preocupación sobre casos cuya defensa ha asumido. Señaló que el sistema de justicia propicia la tortura y es empleado para castigar el disenso y la exigencia de derechos. Denunció la falta de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, cuya participación contra el crimen ha provocado una suspensión de facto de garantías así como el alza de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Ha ocupado un lugar la denuncia de impunidad por tortura sexual contra las mujeres en Atenco y el acoso e incluso agresiones contra defensores de derechos humanos.

A partir de esta sesión esperamos tener pronto indicadores de los avances concretos en materia de los derechos civiles y políticos en México, así como los retrocesos y las áreas donde no hay claridad sobre el compromiso del Estado mexicano para respetarlos y garantizarlos. Se contará con indicaciones claras sobre las medidas a tomar para revertir violaciones a estos derechos. Será necesaria la participación de la sociedad civil para vigilar que tales acciones sean cabalmente realizadas.

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez