La cuadratura

SERGIO SARMIENTO a.m.com.mx 11 Marzo 2010

Simplemente no me cuadran las fechas. Si el propósito del acuerdo entre el PRI y el PAN era lograr el respaldo del PRI al alza de impuestos propuesta por el presidente Calderón, ¿qué sentido tenía firmarlo el 30 de octubre? Para esa fecha la Ley de Ingresos, ya muy diferente de la iniciativa del Presidente, había salido de la Cámara de Diputados. Ese mismo día se aprobó en el Senado. Si el PAN pretendía que la contraprestación del PRI por la firma del acuerdo fuera el apoyo a la propuesta fiscal del presidente Calderón, era ya demasiado tarde.

El “convenio de colaboración” lo firman Beatriz Paredes por el PRI, y César Nava por el PAN. Los testigos de honor son Fernando Gómez Mont, el secretario de Gobernación, y Luis Enrique Miranda Nava. ¿No le suena a usted este último nombre? Se trata del secretario de Gobierno del Estado de México, un hombre de la confianza del gobernador Enrique Peña Nieto.

El convenio señala en su primera cláusula que “las obligaciones y compromisos... son aplicables a sus actividades políticas y electorales en el Estado de México”. No hay mención de Oaxaca, a pesar de lo que dice Beatriz Paredes, ni de la iniciativa fiscal del Presidente, como lo afirma César Nava.

Si hubo acuerdos verbales adicionales, no lo sé. Pero si ya las partes habían acordado poner por escrito un acuerdo sobre el Estado de México, no veo por qué no hacerlo para el caso de Oaxaca. Sin embargo, el hecho de que el mexiquense Miranda Nava, y no alguien del Gobierno de Oaxaca, haya participado como testigo de honor, me ratifica que el acuerdo tenía que ver con el Estado de México y no con Oaxaca.

No creo que el PAN hubiese firmado un acuerdo para abstenerse de “formar coaliciones con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios” sin pedir nada a cambio, como lo señala Beatriz Paredes. ¿Cuál era la contraprestación que otorgaba el PRI? No pudo haber sido, como lo señalo arriba, el respaldo a una iniciativa fiscal del presidente que ya estaba muerta.

Ayer el secretario de Gobernación, Gómez Mont, quien se negó en su momento a revelar las razones de su renuncia al PAN, declaró al salir de un foro sobre política pública y género que el propósito del acuerdo sobre el Estado de México había sido el de “construir gobernabilidad en el País”. No creo que esta declaración haya sido accidental. Me parece que señala que lo que él buscaba con el acuerdo era el apoyo a las reformas de fondo, la política, la fiscal y la laboral, y no simplemente apoyar una propuesta presidencial de alza de impuestos que ya había sido rechazada en la Cámara de Diputados.

El convenio de colaboración entre el PRI y el PAN es fundamentalmente un pacto de no agresión. Su fecha de vencimiento es, significativamente, el 31 de julio de 2011, unos días después de que concluya el proceso electoral en el Estado de México.

El Secretario de Gobernación claramente sintió que el PAN violó el acuerdo por su acuerdo con el PRD en Oaxaca y por eso renunció a su militancia en su partido. Pero la cláusula primera del convenio sólo establece que el convenio se aplicará a las actividades políticas y electorales en el Estado de México. Pretender que el quid pro quo era aprobar en el Congreso la propuesta fiscal del presidente Calderón es, sin embargo, absurdo. Las fechas simplemente no cuadran con esta interpretación.

Opacidad judicial

Me preocupa la decisión de la Suprema Corte de Justicia de limitar la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga acceso a los expedientes de la PGR. La experiencia nos demuestra que la falta de transparencia en los expedientes judiciales no significa una mayor protección para las víctimas, pero sí mayores violaciones a las garantías a los derechos individuales. Donde no hay nada que esconder no se necesita impedir la transparencia de los expedientes.

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