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Traducción del portugués Susana Merino
La Vía Campesina de América del Norte, la Red de Defensa del Maíz y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales realizaron una conferencia pública y una entrevista colectiva para explicar su posición con relación a la Conferencia sobre Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que comenzó el primero de marzo en Guadalajara, Jalisco,México.
Pat Mooney, miembro del Grupo ETC, con sede en Canadá, se mostró decepcionado porque durante 40 años ha asistido a reuniones de la FAO y en esta, se ignora lo que está sucediendo en el país sede. No se está considerando en absoluto la contaminación transgénica del maíz en México, que ya han denunciado ante la FAO, más de mil organizaciones a nivel mundial. La FAO ha respondido que se trata de un “problema nacional” y que por lo tanto no debe intervenir ante el gobierno mexicano.. Lo paradójico es que la FAO realiza una reunión técnica internacional en México y no invita a las organizaciones nacionales que impugnaron la liberación del maíz transgénico por parte del gobierno mexicano y ni se menciona la contaminación impugnada.
Aclaro que su renuncia al Comité asesor de la conferencia se debe, en parte, al hecho de que la FAO ha venido a México a favorecer la biotecnología como supuesta solución al problema del hambre, dado que desde los EEUU se presiona a la FAO para que resista la oposición global a los cultivos transgénicos y legitime las empresas biotecnológicas. En dicho contexto la Conferencia resulta muy conveniente para dichas empresas y para el gobiernos mexicano que han impulsado la liberación del maíz transgénico en el territorio nacional. Otra de ls razones es que en los primeros informes preparatorios de la Conferencia los 14 comentarios de fondo enviados por Mooney no fueron nunca tenidos en cuenta. Además en las reuniones preparatorias realizadas con organizaciones mexicanas, la FAO les había advertido que no podrían participar en la conferencia de Guadalajara pero que no tenían que preocuparse por que Pat Mooney estaría presente y hablaría en sus nombres,“algo completamente falso”.
Verónica Villa del grupo ETC y miembro de la Red en Defensa del Maiz habló sobre lo que la Conferencia organizada por la FAO y el gobierno mexicano significa para las comunidades indígenas y campesinas de México, cuna del maíz. Sirve como justificación para que el gobierno mexicano autorice siembras experimentales (y más adelante la generalización de la siembra) de maíces transgénicos, propiedad de un pequeño grupo de empresas transnacionales ( como Monsanto, Syngenta, Dow y Dupont) que contaminarán irremediablemente las decenas de especies y de variedades de maíces nativos que existen en el territorio mexicano. Los transgénicos independientemente de la definición oficial que se les quiera dar, constituyen para la agricultura nacional la imposición de semillas desfiguradas y extrañas a las necesidades soberanas de las comunidades locales. Con esas semillas transgénicas, las empresas pretenden despojar a las comunidades de lo que constituye la verdadera riqueza de México, su capacidad de darse de comer a sí mismo a partir de lo que producen hace miles de años los pueblos indígenas y los campesinos. Recordó que a principios de 2007 cuando en México explotó la crisis de la tortilla, muchas comunidades campesinas pudieron resistir los aumentos de precios, por conservar todavía su agricultura tradicional. En las ciudades, en cambio la población se vio mucho más afectada porque depende del dinero para adquirir los alimentos de consumo. El gobierno mexicano argumenta que la especie de maíz que produce México es insuficiente, que los campesinos son poco productivos y que son indispensables tecnologías como las de los transgénicos para producirla en mayores cantidades, una noción absolutamente falsa. Con referencia a este tema desde la perspectiva de las empresas, ninguna cantidad de maíz producida por los agricultores nacionales será suficiente porque las empresas y el gobierno no piensan en maíz para alimentar a los mexicanos sino para producir gasolina y otros insumos industriales.
Insisitió en que en México, desde hace años, es imposible recurrir a las leyes para detener la invasión transgénica porque las leyes en estos temas son contrarias en muchos aspectos de la vida nacional a los intereses de la mayoria de la población y favorecen en cambio a ls intereses corporativos. Así sucedió con la reforma del artículo 27 de la Constitución que permite la venta de tierras públicas y comunales, como con la ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal, la Ley de Bioseguridad o la ley de Semillas entre otras. “Ante la sordera legislativa del estado mexicano, la Red de Defensa del Maíz, la Asamblea de los Afectados ambientales y la Vía campesina entendemos que es necesario impulsar la realización de una audiencia pública que nos poporcionen pruebas para acudir a los tribunales internacionales”
Octavio Rosas Landa, de Casifop y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) recordó que en la reciente sesión de la asamblea realizada en Chichicuatla, en noviembre de 2009, más de 1300 delegados de 130 organizaciones de 15 estados del país se pronunciaron unánimemente en contra de la autorización de liberación de la siembra de maíz transgénico en México y a favor de la agricultura campesina. Afirmó también que la siembra de OGM constituye una agresión a la sociedad y al ambiente, que se suma a tantas otras que emprende el gobierno mexicano con total impunidad, como son la apropiación del agua, la contaminación de los suelos, la deforestación, la privatización de los recursos naturales y su entrega las empresas transnacionales de origen usamericano, canadiense, español, japonés, australiano y mexicano. Desde la firma y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el gobierno mexicano ofreció como “ventaja competitiva” del país y con el objeto de atraer a los inversores extranjeros la más completa impunidad ambiental a las empresas es decir que en caso de que las actividades transnacionales afectaran social o ambientalmente a México, el gobierno no haría absolutamente nada para detenerlas sino que por el contrario se encargaría de facilitar sus actividades librándolas de toda oposición social. Advirtió también que “la autorización de sembrar maíz transgénico en México además de ser un crimen de lesa humanidad es un crimen de leso ambiente por eso es actualmente indispensable la convergencia de todas las organizaciones de la sociedad para defender a los campesinos y a los indígenas que producen nuestros alimentos, “porque ellos son la única alternativa real a las múltiples crisis que soportamos”.
Eutimio Díaz, de la comunidad de San Sebastián de la etnia wixárika, afirmó que los pueblos indígenas de México resisten el ataque al maíz y que por lo tanto se están organizando en la Red de Defensa del Maíz y en otras redes, porque el gobierno va contra nuestra agricultura. En el gobierno hay leyes que pueden acabar con nuestros cultivos. En la Red de Defensa del Maiz creemos que podemos comenzar a prestar más atención a nuestro maíz, defendiendo nuestro maíz podemos defender todo lo que existe. Necesitamos curarlo de la enfermedad que representan los transgénicos porque si dejamos que el gobierno termine con nuestras semillas, terminará también con la cultura y la historia, terminaran las lluvias, las selvas y la humanidad, pero nosotros no vamos a permitirlo”
Evanngelina Robles del Colectivo COA y miembro de la Red de Defensa del Maíz, relató que hace dos años el Gobierno Federal, en México dio por terminada la moratoria que impedía la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional y que actualmente existen 24 solicitudes de autorización de siembra de maíz transgénico en el norte del país que el gobierno va a autorizar porque considera que el norte no es el “centro originario” Sin embargo para nosotros todo México es centro originario y por eso rechazamos cualquier siembra de transgénicos ya sea experimental o de cualquier otro tipo. Esto representa una gran amenaza a la alimentación y a la autonomía de los pueblos y a la soberanía alimentaria de las comunidades y del país en su conjunto y exige de nosotros un esfuerzo que documente estas agresiones a partir de evidencias científicas, jurídicas, técnicas, sociales con el fin de construir una denuncia jurídica que permita su presentación en los tribunales internacionales”
Ante la pregunta sobre en qué tribunales se haría la presentación, la abogada respondió que se reservaban el derecho de no decir ante que instancia lo harían porque “en ninguna estrategia jurídica se comunica de antemano cual es el paso siguiente”.
Por último Alberto Gómez, miembro de Vía Campesina de América del Norte reivindicó el derecho de los campesinos a “seguir viviendo de su trabajo, es decir la siembra de alimentos. Somos más de dos millones de familias campesinas que seguimos usando, guardando e intercambiando más de 61 especies y miles de variedades de maíz en más de seis millones de hectáreas. Por otra parte las políticas de los gobiernos como el mexicano y de las organizaciones como la FAO buscan desalentar la propia producción para que esta quede en manos de unas cuantas empresas transnacionales y que sean ellas las que determinen con qué alimentarnos. Por lo tanto nos sumamos al rechazo de la siembra experimental de transgénicos y exigimos la prohibición de cualquier experimento y cultivo de este tipo de maíz y a la revocación – porque no basta una simple reforma – de la Ley de Bioseguridad y también de la Ley de Semillas. Y al mismo tiempo la valorización de la producción campesina de alimentos, aunque para eso sea necesario otro contexto económico y otras políticas de fomento a nuestra capacidad de producir alimentos. Sepan que nosotros los pequeños productores del campo, tenemos total capacidad para producir alimentos en el cantidad y de la calidad que sea necesario.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/55090
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