Soberanía política al DF Adolfo Orive B.
El Universal 27 de enero de 2010
El diseño jurídico político actual del Distrito Federal es su principal obstáculo para promover el desarrollo de los capitalinos y así cumplir con al artículo tercero de nuestra Constitución que establece que la democracia sea concebida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y no solamente en una expresión electoral.
Por ello es urgente dotar de una nueva organización política y administrativa a la ciudad de México. Realizar cambios integrales que impliquen la reforma política jurídica de la ciudad capital —incluyendo los poderes económicos que de ahí emanen—, los temas político-electorales y la participación ciudadana.
Se requiere una Constitución Política local, con un gobierno autónomo, con facultades propias de procuración y administración de justicia, de legislación, jurisdicción, recaudación fiscal y fijación de su techo de endeudamiento. Transformar a los órganos de gobierno en poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Establecer la figura de municipios y ayuntamientos, demarcaciones gobernadas cada una por un cabildo, integrado por representación proporcional y un titular del Ejecutivo, que sería el presidente municipal.
Deberá incluir también una dimensión metropolitana que permita la existencia de instancias de coordinación que den solución común a problemas como el agua, la basura y el transporte, que afectan a varias entidades federativas, además de la Ciudad de México.
En materia electoral, queremos posibilitar la reelección por una sola vez de los diputados y presidentes municipales a fin de mejorar la eficacia de sus responsabilidades y permitir la rendición de cuentas ante el electorado.
Es importante recalcar que sería por un solo periodo inmediato a fin de evitar que un funcionario pueda utilizar recursos públicos para comprar el voto y perpetuarse en el cargo que desempeña.
Otro asunto importante es dar oportunidad a los ciudadanos para acceder a cargos de elección popular. Las candidaturas independientes existen en muchos países de Europa y América Latina.
Respecto a la participación ciudadana, no podemos soslayar que el sistema de instituciones de la democracia liberal sustentada en la competencia de partidos políticos pasa por una crisis de credibilidad, a pesar de que en México esté apenas en su infancia.
Tanto en la voz de liberales connotados como de politólogos de izquierda, las reformas de 1977 a 1996 han sido identificadas como procesos de liberalización política, e incluso como la transición definitiva a la democracia. Sin embargo, para una mayoría de ciudadanos, el hecho de que su nivel de vida no haya mejorado en casi tres décadas, ni sus problemas cotidianos estén siendo resueltos, los ha hecho manifestar la necesidad complementaria de otros sistemas de gobierno más allá de la democracia liberal representativa, como por ejemplo los poderes populares y los segundos circuitos de representación que se dan en la democracia participativa.
El problema de la Ley de Participación Ciudadana vigente en el Distrito Federal es que se quedó en una transición interrumpida entre el marco de una democracia liberal y el de una posliberal, pues otorga facultades a la ciudadanía, pero sólo de carácter consultivo. Actualmente, los comités ciudadanos no funcionan y el cambio de dirigentes ya se retrasó varios años.
Y es que un sistema de instituciones electorales sin ciudadanía plena se vuelve propicio a las manipulaciones y los clientelismos que bloquean el desarrollo de la democracia, condenando al sistema de instituciones electorales más perfecto al descrédito ciudadano.
Es necesario legislar para que estas fuerzas ciudadanas no sucumban ante la forma tradicional de hacer política y se vean obligadas a anexarse a un partido político, condicionando o dificultando la consecución de sus objetivos.
Lo anterior representa lo que se conoce como segundo circuito de lo político, donde la planeación y ejecución de políticas públicas se basan tanto en las decisiones de los representantes electos como en las que resultan de la participación directa de los ciudadanos.
Además, mediante el presupuesto participativo queremos que la pertenencia a una comunidad cobre sentido al permitir que los ciudadanos y sus organizaciones asignen – conforme a sus intereses locales o sectoriales — los recursos públicos, de manera que se utilicen en su beneficio. Un ejemplo de ello es lo planteado en la reciente Ley sobre el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
Para realizar lo anterior, ya se establecieron mesas de trabajo conjunto entre las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Consideramos que, por su trascendencia, es el modelo que debe privar en el diseño de la reforma política del Distrito Federal. Ya existe el acuerdo para llevarla a cabo entre los partidos políticos de esta capital, pero es necesario construir el consenso de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión.
Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
El Universal 27 de enero de 2010
El diseño jurídico político actual del Distrito Federal es su principal obstáculo para promover el desarrollo de los capitalinos y así cumplir con al artículo tercero de nuestra Constitución que establece que la democracia sea concebida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y no solamente en una expresión electoral.
Por ello es urgente dotar de una nueva organización política y administrativa a la ciudad de México. Realizar cambios integrales que impliquen la reforma política jurídica de la ciudad capital —incluyendo los poderes económicos que de ahí emanen—, los temas político-electorales y la participación ciudadana.
Se requiere una Constitución Política local, con un gobierno autónomo, con facultades propias de procuración y administración de justicia, de legislación, jurisdicción, recaudación fiscal y fijación de su techo de endeudamiento. Transformar a los órganos de gobierno en poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Establecer la figura de municipios y ayuntamientos, demarcaciones gobernadas cada una por un cabildo, integrado por representación proporcional y un titular del Ejecutivo, que sería el presidente municipal.
Deberá incluir también una dimensión metropolitana que permita la existencia de instancias de coordinación que den solución común a problemas como el agua, la basura y el transporte, que afectan a varias entidades federativas, además de la Ciudad de México.
En materia electoral, queremos posibilitar la reelección por una sola vez de los diputados y presidentes municipales a fin de mejorar la eficacia de sus responsabilidades y permitir la rendición de cuentas ante el electorado.
Es importante recalcar que sería por un solo periodo inmediato a fin de evitar que un funcionario pueda utilizar recursos públicos para comprar el voto y perpetuarse en el cargo que desempeña.
Otro asunto importante es dar oportunidad a los ciudadanos para acceder a cargos de elección popular. Las candidaturas independientes existen en muchos países de Europa y América Latina.
Respecto a la participación ciudadana, no podemos soslayar que el sistema de instituciones de la democracia liberal sustentada en la competencia de partidos políticos pasa por una crisis de credibilidad, a pesar de que en México esté apenas en su infancia.
Tanto en la voz de liberales connotados como de politólogos de izquierda, las reformas de 1977 a 1996 han sido identificadas como procesos de liberalización política, e incluso como la transición definitiva a la democracia. Sin embargo, para una mayoría de ciudadanos, el hecho de que su nivel de vida no haya mejorado en casi tres décadas, ni sus problemas cotidianos estén siendo resueltos, los ha hecho manifestar la necesidad complementaria de otros sistemas de gobierno más allá de la democracia liberal representativa, como por ejemplo los poderes populares y los segundos circuitos de representación que se dan en la democracia participativa.
El problema de la Ley de Participación Ciudadana vigente en el Distrito Federal es que se quedó en una transición interrumpida entre el marco de una democracia liberal y el de una posliberal, pues otorga facultades a la ciudadanía, pero sólo de carácter consultivo. Actualmente, los comités ciudadanos no funcionan y el cambio de dirigentes ya se retrasó varios años.
Y es que un sistema de instituciones electorales sin ciudadanía plena se vuelve propicio a las manipulaciones y los clientelismos que bloquean el desarrollo de la democracia, condenando al sistema de instituciones electorales más perfecto al descrédito ciudadano.
Es necesario legislar para que estas fuerzas ciudadanas no sucumban ante la forma tradicional de hacer política y se vean obligadas a anexarse a un partido político, condicionando o dificultando la consecución de sus objetivos.
Lo anterior representa lo que se conoce como segundo circuito de lo político, donde la planeación y ejecución de políticas públicas se basan tanto en las decisiones de los representantes electos como en las que resultan de la participación directa de los ciudadanos.
Además, mediante el presupuesto participativo queremos que la pertenencia a una comunidad cobre sentido al permitir que los ciudadanos y sus organizaciones asignen – conforme a sus intereses locales o sectoriales — los recursos públicos, de manera que se utilicen en su beneficio. Un ejemplo de ello es lo planteado en la reciente Ley sobre el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
Para realizar lo anterior, ya se establecieron mesas de trabajo conjunto entre las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Consideramos que, por su trascendencia, es el modelo que debe privar en el diseño de la reforma política del Distrito Federal. Ya existe el acuerdo para llevarla a cabo entre los partidos políticos de esta capital, pero es necesario construir el consenso de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión.
Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
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