¿A quién sirve la Corte?

Editorial de El Universal 10 de marzo de 2010

En sólo dos semanas los ministros de la Suprema Corte de Justicia han afectado dos veces las garantías individuales de los ciudadanos. El beneficiario es el Poder Ejecutivo. Se trata de una pésima señal desde el Poder Judicial que, se supone, vela por los derechos de la población frente a los abusos del Estado.

Primero, los ministros conculcaron las facultades de las comisiones de derechos humanos para acudir a los tribunales internacionales cuando sus defendidos así lo necesiten o merezcan; quieren ser ellos los únicos jueces en decidir sobre las violaciones. Así lo confirma la segunda decisión de la Corte sobre este mismo tema, tomada apenas ayer. Resulta que para los ministros tiene razón la PGR cuando pide ser únicamente ella quien defina, sin control alguno, cuándo se le entrega o niega a la CNDH una averiguación previa. Al decidir así los juzgadores han ratificado que la procuraduría puede ser al mismo tiempo juez y parte en materia de transparencia y protección de las prerrogativas ciudadanas.

¿De dónde proviene esta tendencia de los integrantes del máximo tribunal del país? Da la impresión de que la Corte preferirá a los gobernantes por encima de los ciudadanos, aunque las potestades de los primeros se excedan, como el presente caso.

Nadie pide que toda averiguación previa se vuelva en automático un documento público; cabe la posibilidad de que algunas investigaciones del MP requieran cierto nivel de discreción ante el eventual daño a las víctimas o a las investigaciones. Sin embargo, alguien diferente al MP —instancia dependiente del Ejecutivo y, por tanto, vulnerable a presiones políticas— debería verificar las razones que llevan a la procuraduría a esconder o compartir la información relacionada con un procedimiento judicial. Una solución sería que el IFAI volviera a ser un órgano competente para decidir sobre el grado de publicidad de un documento, como antes de la reforma penal del presidente Calderón. O quizá pudieran nombrarse jueces especializados cuya labor fuera valorar estos expedientes respecto de su interés público.

Cualquiera que fuera el caso algo es seguro: debe ser alguien diferente a la PGR, o a las procuradurías locales, quien decida sobre la difusión de los documentos en poder de esas instituciones.

A los ministros de la Suprema Corte se les olvida que además de ser la cabeza del Poder Judicial son los responsables de asegurar la prevalencia de la Constitución y las garantías que de ella emanan frente a los actos de los gobiernos.

Deberían estar por encima de los funcionarios públicos, en vez de erigirse como sus comparsas.