La propuesta de Ley de Competencia

Eduardo Pérez Motta El Universal 8 de abril de 2010
 

El Presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia, orientada a fortalecer la política de competencia en México. El Presidente propone al Congreso de la Unión adoptar una serie de reformas de alto impacto para asegurar el cumplimiento del artículo 28 constitucional, que establece que “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia” las prácticas monopólicas.

La iniciativa es una muestra clara del compromiso del Presidente con los ciudadanos y con el interés público, por encima de cualquier interés privado o grupal. Los principales beneficiarios de una política de competencia sólida que favorece un comportamiento eficiente de los mercados son los consumidores. Son ellos quienes, de acuerdo con un estudio de Carlos Urzúa, pagan sobreprecios de 40% en aquellos mercados donde la competencia no obliga a los agentes económicos a reducir precios y a mejorar la calidad para ganarse y retener a sus clientes. Y estos sobreprecios no sólo merman el ingreso real de las familias, sino que también aumentan los costos de producción y por lo tanto erosionan la competitividad de nuestra economía, de la que dependen su capacidad de generar crecimiento y empleos bien remunerados.

De ser aprobada por el Congreso, la iniciativa del Presidente pondría a México a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de competencia. Se establecerían sanciones monetarias de hasta el 10% de los ingresos de quien comete una práctica monopólica, como se hace en países desarrollados. Se harían efectivas las penas de cárcel que actualmente son letra muerta en el Código Penal, para que las personas directamente involucradas en una conspiración para elevar artificialmente los precios a costa de los consumidores también enfrenten un castigo, más allá de la responsabilidad de la empresa para la que trabajan.

Con la reforma propuesta, la Comisión Federal de Competencia tendría mejores instrumentos para investigar las prácticas anticompetitivas —como la posibilidad de realizar visitas de verificación sin alertar previamente al agente económico involucrado— y podría imponer medidas cautelares que eviten un daño irreparable al proceso de competencia durante la investigación.

Para asegurar que estos instrumentos fortalecidos no sean motivo de abusos por parte de la autoridad, la iniciativa prevé una mayor transparencia de las labores de la comisión, a través de la obligación de emitir lineamientos que expliquen sus metodologías y criterios de decisión, así como de la celebración de audiencias orales donde todas las partes de un procedimiento tengan oportunidad de exponer sus argumentos y defender su posición. La iniciativa prevé un fortalecimiento de los comisionados del Pleno, que ahora nombrarían al secretario ejecutivo y que tendrían en ley el rol de ponentes para los casos presentados al Pleno. Prevé una nueva instancia de revisión de las decisiones de la CFC que incluso supera la práctica internacional, a través de una sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se suma al derecho de defenderse ante el Poder Judicial que tienen actualmente los afectados por una decisión de la comisión.

El Presidente propone al Congreso desregular la notificación de concentraciones donde la experiencia ha mostrado que no hay riesgos para el funcionamiento del mercado. Plantea la opción para los agentes económicos investigados por prácticas monopólicas relativas de una solución no litigiosa, basada en compromisos del agente tendiente a restablecer el proceso de competencia, sin necesidad de incurrir en los costos y la tardanza asociada al procedimiento legal y a los litigios que suelen derivarse de él.

La iniciativa del Presidente crea la oportunidad de poner a México a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de competencia, a través de una autoridad con los instrumentos necesarios para cumplir su mandato constitucional, con mayor rendición de cuentas y con procedimientos más eficaces. Estoy seguro de que el Congreso se sumará a este esfuerzo por eliminar privilegios y poner en el centro del proceso económico a quien lo merece y lo requiere urgentemente: el consumidor.

Presidente de la Comisión Federal de Competencia