Recordar para luchar

Recordar para luchar
PorEsto 2010-01-16

Julio Pimentel Ramírez


Cada día es más claro que las administraciones panistas, ilusoria y falsamente presentadas como parte esencial del cambio, mantienen el modelo que toma como botín los recursos nacionales, perfeccionando la corrupción, la simulación y el cinismo, elevando la desproporción discursiva a lo grotesco, al tiempo que es evidente el fracaso desde la perspectiva de la Nación de un presidente usurpador que en su ambición de poder y riqueza, y en su desesperación por adquirir legitimidad, ha sumido en la pobreza a millones de mexicanos y ha ensangrentado la República con su “guerra” contra el narcotráfico así como con la criminalización de los movimientos sociales.
Es en este marco que nos damos una pausa para recordar, en un ejercicio de rescate de la memoria histórica de las relegadas luchas del pueblo mexicano, sobre todo aquellas que el poder pretende no sólo mantener ocultas sino distorsionar su contenido, el ejemplo de entrega incondicional a las causas populares del revolucionario chihuahuense Diego Lucero, detenido por las fuerzas de la represión el 15 de enero de 1972 y ejecutado extrajudicialmente un día después.

En estas fechas referenciales, cabe anotar que este 14 de enero cumplió años el Director General de POR ESTO!, Mario R. Menéndez Rodríguez, cuya línea de vida, de combate y compromiso, es una referencia obligada para quienes deseen comprender gran parte de las luchas sociales del México de los últimos cincuenta años.
Así pues, el 16 de enero de 1972, en la ciudad de Chihuahua, fue ejecutado extrajudicialmente Diego Lucero Martínez, quien había sido detenido un día antes por integrantes de la Policía Judicial estatal y luego interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.
Recordamos que hace 38 años cayeron en combate Avelina y Oscar siendo detenidos, torturados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente Ramiro, Gaspar y Diego Lucero Martínez, a quienes sus compañeros rinden homenaje y en cuya memoria reivindican el compromiso de continuar en la lucha por la verdad y por la justicia.
La ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, como las de decenas de hombres y mujeres que se comprometieron a transformar la sociedad y enfrentar un sistema antidemocrático y autoritario que controlaba y oprimía las luchas populares, es uno de los delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.
En estos tiempos de violencia irrefrenable, es necesario subrayar que se considera como ejecución extrajudicial, a la privación de forma arbitraria de la vida, llevada a cabo sin que la persona haya sido previamente juzgada por los tribunales establecidos y conforme a las leyes o normas, sistemas normativos vigentes y legítimamente reconocidos por la sociedad.
Diego Lucero Martínez, joven y maduro dirigente revolucionario, fue detenido después de un triple asalto bancario realizado en la ciudad de Chihuahua, existen testigos de que se encontraba con vida en manos de las fuerzas policíacas y que enfrentó con valentía los interrogatorios.
En un comunicado que nos hizo llegar la Fundación Diego Lucero, A.C., se destaca y se alerta: “nuestra organización, que tomó su nombre de un compañero revolucionario que es patrimonio del pueblo trabajador en su conjunto, lucha por la Verdad, la Justicia y contra la Impunidad como una forma de contribuir a que el movimiento social enfrente en mejores condiciones la represión que, desgraciadamente, el Estado sigue aplicando en su contra y que en esta etapa de profundización de la crisis económica, política y social que padece México tiende a agudizarse, tal como lo muestran los encarcelamientos injustos, las sentencias aberrantes, las desapariciones forzadas y los asesinatos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos”.
La denuncia de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero es uno de los casos pendientes, una de las denuncias en las que el Estado mexicano ha denegado justicia, una muestra de que el gobierno de Felipe Calderón ha desplazado a un rincón los derechos humanos y no asume con seriedad las demandas de verdad y justicia de familiares y organizaciones de derechos humanos.
En este lapso que inicia el 2006, el Poder Judicial ha proseguido con sus prácticas alejadas de los estándares más avanzados en materia de derechos humanos. Un ejemplo de esto es el caso del ex presidente Luís Echeverría Álvarez, en el que a pesar de las sólidas pruebas sobre su responsabilidad en los hechos genocidas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, permanece en la impunidad.
Tanto en los casos de detenidos desaparecidos durante la llamada guerra sucia del pasado como los ocurridos recientemente, entre los que se encuentran Francisco Paredes Ruiz, integrante de la Fundación Diego Lucero, y otros más, el aparato de justicia no solamente ha sido inoperante sino que desempeña un papel de encubrimiento de los responsables de este aberrante crimen de lesa humanidad.
El Poder Judicial sigue sin incorporar a su práctica los criterios internacionales más avanzados en materia de derechos humanos, con lo que deja en la indefensión a las víctimas de delitos de lesa humanidad.
Un dato palpable de la inoperancia de la justicia en nuestro país son las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en contra del Estado mexicano: el caso del campo algodonero de la mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el del indígena de Yucatán Ricardo Ucán y el de la detención desaparición de Rosendo Radilla (la sentencia de la CIDH merece especial atención por la trascendencia en cuanto a los demás casos de desaparición forzada), desnudan la falta de justicia y de voluntad política para alcanzarla por parte de las autoridades nacionales.