Una cadena de argucias

Una cadena de argucias

A favor de la opacidad

Por Jesús Cantú Diario de Yucatan 31/01/2010

La transparencia y el acceso a la información gubernamental enfrentaron obstáculos incluso antes de ser aprobada la ley en el Congreso el 30 de abril de 2002, tal como sucede siempre con las instituciones de la democracia. Así incluso desde antes de que el entonces presidente Vicente Fox presentara la iniciativa al Congreso, se manifestaron cuatro diferencias fundamentales entre el gobierno y las demandas de la sociedad civil.

De las cuatro, dos se salvaron: la forma de designación de los comisionados y la afirmativa ficta; pero fue imposible derogar todas las disposiciones que se opusieran a la nueva legislación y hacer una reforma constitucional, que finalmente se concretó en 2007. Una vez que entró en vigor la legislación el 12 de junio de 2003, aparecieron las resistencias en la aplicación. A pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece “las resoluciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades”, entre el 12 de junio de 2003 y el 31 de diciembre 2005, éstas presentaron 101 amparos en contra de dichas resoluciones. Como los tribunales empezaron a fallar en contra entonces empezaron a presentar los amparos en lo individual (no como servidores públicos) y todavía encontraron una tercera alternativa, vía los particulares, cuya información sería difundida.

También hubo dependencias y servidores públicos que interpusieron recursos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). La Procuraduría General de la República litiga en estos momentos. luego de varias instancias, una resolución del IFAI para entregar la averiguación previa relativa a la desaparición de Rosendo Radilla y 121 personas más, en 1974.

Los obstáculos también surgieron a través de reformas legales: el 23 de enero del año pasado se reformó el artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales para que las averiguaciones previas en las que se determine el no ejercicio de la acción penal (que era públicas) tuvieran carácter de reservado por un lapso entre 3 y 12 años. Por ello no es ninguna sorpresa que la PGR enviara una opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de que las dependencias públicas puedan recurrir las resoluciones de los órganos de transparencia ante otras instancias. La opinión de la PGR surge a raíz de una reforma a la legislación de Campeche, del 30 de junio del año pasado, que permite a las dependencias gubernamentales impugnar las resoluciones de la Comisión de Transparencia ante el Tribunal Superior de Justicia. La relevancia de dicha opinión es que refleja claramente la decisión del gobierno federal de oponerse a la transparencia y es simplemente uno más de los obstáculos que el ejercicio de este derecho ha enfrentado.

Antes se decía que el opositor era el procurador Eduardo Medina Mora, pero la emisión de la opinión por parte del nuevo procurador Arturo Chávez Chávez, deja claro que la decisión es del titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa. De aprobarse dicha disposición, en los hechos, haría nugatoria la garantía constitucional, pues violentaría dos principios fundamentales: la existencia de una autoridad reguladora independiente y la entrega ágil y oportuna de la información. Un golpe letal a la transparencia.— México, Distrito Federal.