En defensa de la república laica

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Lamentablemente hoy, a 204 años del natalicio del forjador de nuestra república laica, Benito Pablo Juárez García, quien a través de su quehacer como legislador, jurista y gobernante garantizó el libre y, para él, muy sagrado derecho de pensar, se enfrenta, como en sus tiempos, ante una nueva embestida de la solución conservadora —así identificada por el maestro Edmundo O´Gorman—, se empeña en prolongar un estado de cosas y así conservarlo, con el único fin de preservar y recuperar canonjías, prebendas, fuero y derechos provenientes de la época colonial, que tanto las leyes de reforma como las Constituciones de 1857 y de 1917, desterraron de nuestra vida nacional. 

Auspiciados en su arcaica visión, un singular número de jerarcas católicos y sus aliados naturales, siguen concibiendo al mundo como un lugar ya hecho desde y para siempre en donde vivimos, pero del cual no somos responsables, y al igual que los conservadores del siglo XIX, aquellos que se aglutinaron bajo el grito de “religión y fueros” contra don Valentín Gómez Farías, siguen pretendiendo imponer figuras ajenas al espíritu republicano, con el único fin de recuperar sus viejos privilegios y en esa malsana y ancestral obsesión clerical, su osadía los ha llevado a instaurar en el país, desde un príncipe austriaco hasta el gobierno espurio que padecemos en pleno siglo XXI. 

Hoy, al igual que en la antepasada centuria, los integrantes de esta solución conservadora esgrimen insostenibles argumentos contra el gobierno del Distrito Federal, a quien atacan no tan sólo por reconocer el derecho a decidir de las mujeres, o por garantizar el derecho universal al contrato de matrimonio civil de las personas sin distingo de género, sino hasta por impulsar el uso intensivo y popular de la bicicleta en la ciudad, que constituye una atinada política promovida por un gobierno preocupado en los enormes problemas de salud pública que genera el sedentarismo de frente a la interesada imposición de una cultura de alimentación chatarra que reditúa pingües ganancias a sus fabricantes.

Por ello, no es de extrañar que los herederos de la solución conservadora, con gran entusiasmo reconozcan —y en la intimidad celebren— aquellas iniciativas de reformas constitucionales que, a través de un halo democratizador que desprecia el triunfo de la república laica, y por ello son profundamente perversas, les permitirán instaurar el “laicismo positivo”, que no es otra cosa que el restituir al poder clerical el ejercicio de su inveterado espíritu injerencista en los asuntos propios del Estado. 

Tales iniciativas legislativas, tan contrarias al legado juarista, sacrifican la posibilidad real de construir una patria laica en la que subsista, como regla invariable la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos, como, desde hace más de 150 años, quedó estipulado en el artículo 1° de nuestras leyes de reforma.