Todos somos México

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA a.m.com.mx 19 Marzo 2010

Sin demasiada imaginación se ha denominado Todos somos Juárez a la anunciada nueva estrategia para el combate a la violencia criminal en aquella ciudad fronteriza. Como por desgracia ese flagelo no es privativo de ese lugar, aunque allí alcance dimensiones abrumadoras, tendríamos que diseñar y poner en práctica una iniciativa que se llamaría Todos somos México.

Porque es el País entero el que con matices regionales, requiere acciones gubernamentales que, atendiendo el problema de origen (la desigualdad social, la pobreza, la educación precaria, el desempleo, las adicciones) no deje de lado la batida policial contra toda suerte de delincuentes, especialmente aquellos cuya capacidad de fuego y organización los convierte en enemigos temibles de la sociedad. Pero se requiere una acción policial eficaz y generalizada, capaz de ofrecer resultados consistentes no sólo en la captura de agresores claramente identificados, sino también en la detención de los operadores financieros que al final de la cadena delictiva lavan las ganancias del crimen organizado.

Por si algo faltara, en el panorama de la violencia delictiva está presente ahora el factor internacional. El sábado 13 fueron asesinadas en Ciudad Juárez tres personas relacionadas con el consulado norteamericano en ese lugar. Dada la inseguridad imperante en los tres años recientes -los de la actual Administración federal- podría suponerse que esas muertes sólo aumentaron la descomunal suma de las víctimas que todos los días pierden la vida en aquella frontera. Pero nadie puede admitir que sean homicidios simples, comunes y corrientes. Parecen atentados que obedecen a un propósito, la construcción de un mensaje que es preciso descifrar, como es necesario también resolver el enigma de su autoría. En dos ataques realizados en distintos puntos perdieron la vida una empleada norteamericana del consulado, su esposo (estadounidense también) que era guardia en una cárcel de El Paso, al otro lado del lindero internacional; y, por separado, el esposo mexicano de otra empleada del consulado, ella asimismo mexicana. No se trata de dos hechos coincidentes sino de dos momentos de una misma agresión.

El presidente Barack Obama condenó los hechos y se mostró indignado por la muerte de sus nacionales. Y desencadenó con ello acciones y percepciones que presionan al Gobierno de México para que identifique a los matones que arrancaron esas vidas y los someta a proceso. El embajador Carlos Pascual estuvo presente en la tercera visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez en cinco semanas, y entonces y después emite opiniones que parecen dictámenes sobre el modo de encarar la violencia criminal; la secretaria de seguridad interior Janet Napolitano, asegura que la presencia militar en poco ayuda a establecer la seguridad en esa frontera; y el próximo martes, en una visita programada antes de la tragedia sabatina pero que no puede ahora desvincularse de ella, la plana mayor de la Administración norteamericana contra el narcotráfico estará en México, con la secretaria Hillary Clinton a la cabeza.

Si damos crédito a la Operación coordinada Chihuahua, otro crimen que sacudió a la sociedad, la monstruosa matanza de 15 muchachos el 31 de enero (que dio lugar al actual interés volcado sobre Ciudad Juárez, está siendo resuelto. Por lo menos han sido detenidas ocho personas, todas las cuales han admitido ante el Ministerio Público su participación en el homicidio colectivo. Sí, repito, creemos que la indagación ha producido buenos resultados, concluimos que la presión de la opinión pública fue un acicate, un incentivo poderoso para encaminar a los presuntos homicidas hacia el castigo que merece (que podría ser prisión hasta por seiscientos años para quien resulte imputado por la autoría intelectual de la operación, ya que cada homicidio se castiga con cuarenta años y las penas son acumulables).

Una presión pública aun más intensa se ha generado para lograr el esclarecimiento del triple crimen del sábado trece, por lo que podemos esperar que se identifique a los agresores y se les lleve a proceso. También, sin embargo, podemos esperar que las autoridades consigan chivos expiatorios (algo que también podría ocurrir en el caso de Salvárcar, el barrio de la matanza monstruosa) con tal de apaciguar la exigencia pública, especialmente la ejercida por el Gobierno de los Estados Unidos. Pero si la pesquisa es honesta -y condicionará que lo sea la presencia de agentes norteamericanos, que actuarán pese a que se pretenda no admitirlo-, se hace posible que en efecto se encuentre a los responsables, y que éstos no sean bandas que pelean su territorio, sino que tengan otros propósitos.

Con todo cuidado y con responsabilidad, aventuro la hipótesis de que la agresión a ciudadanos e intereses norteamericanos haya sido montada precisamente para legitimar la presencia estadounidense en el combate directo a la inseguridad juarense. Desde hace más de un año, cuando se esbozó la tesis del Estado fallido, se ha cuestionado la capacidad de la autoridad mexicana para contener la violencia a las puertas mismas de Estados Unidos. La propia secretaria Napolitano dijo que en Ciudad Juárez no impera la ley. En consecuencia, acaso en algún oscuro rincón del aparato norteamericano de seguridad podría haberse concebido y practicado la idea de hacer directamente lo que sienten incapaz de hacer al Gobierno federal. Y ante la fuerza de las cosas, éste no tendría más remedio que allanarse.