sábado, 13 de febrero de 2010

Como cuates

Doce años después de la privatización de los ex Ferrocarriles Nacionales de México vía tres grandes troncales, las empresas que los operan lograron un acuerdo para fijar las reglas mínimas de convivencia que omitió el gobierno zedillista en su prisa por vender el patrimonio nacional
Empresa Alberto Barranco El Universal 12 de febrero de 2010

Estamos hablando de la fijación de tarifas justas en materia de derechos de paso cuando las rutas se interpongan, además de derechos de arrastre sin coacción alguna.
La falta de acuerdos, naturalmente, afectó la operatividad de la red y obligó a recorrer rutas más largas, con el consiguiente castigo en costos.
Lo inaudito del asunto es que aun con el arbitraje de la autoridad, el acuerdo fue pactado y firmado por particulares, es decir nunca hubo una acción de fondo para imponer reglas, por más que la Comisión Federal de Competencia entregó más de un estudio al respecto para fijar el camino.
Ahora que el arreglo de cuates pone fin a una larga serie de litigios entre las firmas, que oscilan desde una denuncia planteada por Ferromex por una supuesta venta ilegal del troncal Noreste, adquirido originalmente por Transportación Marítima Mexicana, a la firma estadounidense Kansas City Southern, hasta otra planteada por éste por lo que calificó de concentración ilegal de dos de los troncales por parte de propia Ferromex.
El fuego cruzado se volvió interminable.
Del tamaño del diferendo que acotó por más de una década la posibilidad de desarrollo de un ferrocarril de carga en el país, habla una frase que plasmó en uno de sus análisis el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado: “Existe una nula capacidad de la autoridad para hacer cumplir las disposiciones emitidas”.
Gobierno fallido, pues. De acuerdo al esquema trazado sobre las rodillas, la posibilidad de negocio en los tres troncales corría pareja, lo que auguraba una competencia feroz.
Aunque en principio las vías del troncal Pacífico-Norte operado por Ferromex del Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, alcanzan una longitud de más de 50% de las del Noreste, operado, decíamos, por Kansas City Southern, es decir 6 mil 521 kilómetros contra 4 mil 283, en volumen de tráfico de carga corren más o menos parejas.
Lo patético del caso, de ahí la falta de acuerdos durante 12 años, es que el Ferrocarril del Norte se vendió tres veces más caro, en proporción, que el Pacífico-Norte.
El caso es que el desacuerdo impidió a las firmas, otra vez ante la pasividad de la autoridad, realizar las inversiones a que se comprometieron, ya en espuelas, es decir vías conectadas a la principal, centros de consolidación de carga o nuevas vías para ubicar opciones multimodales.
La posibilidad alcanzaría, por ejemplo, a los 57 parques industriales existentes en el país, permitiendo una drástica disminución del tiempo de carga y descarga.
Por lo pronto, aunque el costo por tonelada-kilómetro de carga de ferrocarril equivale a poco menos de la mitad del transporte terrestre (6.28 dólares contra 6.54), la ventaja competitiva la anuló la falta de competencia real.
De hecho, de los 548.1 millones de toneladas métricas transportadas en 2007, sólo 7.08% fue para el sector ferroviario; el 6.44% para el marítimo, y apenas el 0.02% para el aéreo.
El resto, 86.40%, fue para el sector carretero.
La imposibilidad, pues, de un arreglo entre las firmas, volvió aún más triste el de suyo oscuro panorama en la infraestructura de carga en el país.
La paradoja del caso es que el arreglo de cuates permitió un borrón y cuenta nueva frente a los agravios, al punto que las firmas están levantando de la mesa sus denuncias.
A Kansas City Southern, por ejemplo, ya no le interesa impugnar la compra del tercer troncal, es decir el del Sureste, por parte de Ferromex… por más que el caso, tras la resolución contraria a la concentración por parte de la Comisión Federal de Competencia, se litiga en los tribunales.
Lo que no quiso hacer el gobierno lo alcanzaron los particulares.
Balance General
El sainete escenificado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con su renuncia al partido Acción Nacional trasparenta de forma nítida la política de lavadero que se practica en el país, donde las ambiciones electoreras están por encima del bienestar de la población.
El funcionario prefirió lanzar a la hoguera su credencial antes de verse como traidor frente al Partido Revolucionario Institucional con quien había pactado el sí al paquete económicos por parte del Congreso, a cambio de impedir alianzas pragmáticas de su partido para pelearle gubernaturas en su poder.
Protegerle, pues, la espalda a los Ulises Ruiz y demás, a cambio de una cascada de incrementos a los impuestos.
Qué importa si la ortodoxia aconsejaba justo lo contrario para acelerar la reactivación económica del país.
La gran pregunta, es si Gómez Mont le consultó al presidente Felipe Calderón los términos del pacto, o si se fue por la libre. La primera opción, es decir la más viable, exhibiría más al jefe que al empleado.

Obús contra “Napo”
Anticipado en este espacio el golpe, finalmente el tribunal colegiado en materia laboral de la causa rechazó la solicitud de amparo interpuesta por el sindicato minero contra un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en que se declaraba nula la relación laboral entre éste y la empresa Mexicana de Cananea, propiedad del Grupo Minera México.
Ya no hay, pues, para dónde hacerse.
La exposición de motivos de la resolución hablaba de un saqueo al patrimonio de la firma durante el periodo de 30 meses en huelga, documentado en 125 denuncias penales, en cuyo escenario se volvió inviable la relación.
El dictamen previo, con base a su facultad para otorgar concesiones, lo dio la Secretaría de Economía.
Lo curioso del caso es que habiéndose dictado la resolución hace tres semanas, se aplazó el hacerla público hasta calibrar de qué tamaño sería la reacción de los mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
En el paréntesis se emitió una resolución de la propia Junta Federal de Conciliación para permitir el paso del Ejército a las instalaciones, a pretexto de retirar los explosivos que almacenaba la empresa.
La incursión, con sólo un piquete de militares, llegó el miércoles.
Naturalmente, el eje de la maniobra era verificar el número de trabajadores a resguardo, de las banderas rojinegras, señalando el reporte que sólo había unos cuantos.

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