Ley de privatización total

Ley de privatización total

Enrique del Val Blanco El Universal 12 de febrero de 2010

El pasado 10 de noviembre, sin darle mayor importancia ni reflejarla en los medios de comunicación, el Ejecutivo federal envió una iniciativa de ley denominada Ley de Asociaciones Público Privadas, así como las reformas a distintos ordenamientos para adecuarlos a la mencionada iniciativa. En términos llanos es una ley que posibilita la privatización de todos los servicios que hasta ahora otorga el Estado.

Es decir, en el remoto caso de que se apruebe, el sector privado podrá no solamente construir sino también operar y cobrar por ello, sistemas de agua potable, hospitales, educación en todos sus niveles, así como presas, ductos, reclusorios, etcétera.

Entre las justificaciones más importantes está la del alto crecimiento demográfico como fuerte presión a las finanzas públicas. Según los expertos, el crecimiento demográfico viene a la baja.

Para que esté contento el sector privado mexicano y extranjero, el Estado podría asociarse con sólo el 1%, dejando el resto de la participación en manos de la iniciativa privada en contratos de largo plazo, de 50 años. Del mismo modo, el sector privado podrá proponer nuevos proyectos y el gobierno deberá estudiarlos y dictaminar si resultan interesantes, en cuyo caso el proponente tendrá preferencia de asignación.

Para lograr lo anterior, la iniciativa de ley considera que ningún proyecto se someterá a las disposiciones de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y de obra pública. Tampoco podrá intervenir la Secretaría de la Función Pública en dichos dictámenes, y tratándose de avalúos no será necesario utilizar al órgano gubernamental responsable, sino que se podrá contratar a cualquier valuador reconocido.

Para dar mayor agilidad a las asignaciones que hagan, se propone desde otorgarlas de manera directa hasta realizar un concurso con reglas sencillas e incluso contratando a empresas privadas que las realicen. En caso de necesitarse alguna expropiación, la utilidad pública se justificará en función de la del particular.

Las anteriores descripciones del contenido de esta iniciativa de ley, más otras muchas, están en 137 artículos con errores, como cuando en la presentación se menciona la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del “Sector Privado”. Es tal su afán que quieren hasta privatizar las leyes federales.

Confiamos en que el Senado de la República rechace la pretensión del Ejecutivo de abrir y concesionar todas sus obligaciones al sector privado, que seguramente estará frotándose las manos. La inefable Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de operar la mencionada ley, ya está cabildeando de manera que, con excepción de los senadores, nadie se entere.

Esta es una muestra más de lo desesperados que están en el gobierno y de cómo continúan dando palos de ciego, tal como lo demuestra esta iniciativa de ley en la cual este gobierno se rinde de sus facultades constitucionales para beneficiar al sector privado mexicano y extranjero. Como dirían los clásicos, ¿Y la nieve, de qué sabor?

Analista político y economista

Enrique del Val Blanco El Universal 12 de febrero de 2010

El pasado 10 de noviembre, sin darle mayor importancia ni reflejarla en los medios de comunicación, el Ejecutivo federal envió una iniciativa de ley denominada Ley de Asociaciones Público Privadas, así como las reformas a distintos ordenamientos para adecuarlos a la mencionada iniciativa. En términos llanos es una ley que posibilita la privatización de todos los servicios que hasta ahora otorga el Estado.

Es decir, en el remoto caso de que se apruebe, el sector privado podrá no solamente construir sino también operar y cobrar por ello, sistemas de agua potable, hospitales, educación en todos sus niveles, así como presas, ductos, reclusorios, etcétera.

Entre las justificaciones más importantes está la del alto crecimiento demográfico como fuerte presión a las finanzas públicas. Según los expertos, el crecimiento demográfico viene a la baja.

Para que esté contento el sector privado mexicano y extranjero, el Estado podría asociarse con sólo el 1%, dejando el resto de la participación en manos de la iniciativa privada en contratos de largo plazo, de 50 años. Del mismo modo, el sector privado podrá proponer nuevos proyectos y el gobierno deberá estudiarlos y dictaminar si resultan interesantes, en cuyo caso el proponente tendrá preferencia de asignación.

Para lograr lo anterior, la iniciativa de ley considera que ningún proyecto se someterá a las disposiciones de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y de obra pública. Tampoco podrá intervenir la Secretaría de la Función Pública en dichos dictámenes, y tratándose de avalúos no será necesario utilizar al órgano gubernamental responsable, sino que se podrá contratar a cualquier valuador reconocido.

Para dar mayor agilidad a las asignaciones que hagan, se propone desde otorgarlas de manera directa hasta realizar un concurso con reglas sencillas e incluso contratando a empresas privadas que las realicen. En caso de necesitarse alguna expropiación, la utilidad pública se justificará en función de la del particular.

Las anteriores descripciones del contenido de esta iniciativa de ley, más otras muchas, están en 137 artículos con errores, como cuando en la presentación se menciona la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del “Sector Privado”. Es tal su afán que quieren hasta privatizar las leyes federales.

Confiamos en que el Senado de la República rechace la pretensión del Ejecutivo de abrir y concesionar todas sus obligaciones al sector privado, que seguramente estará frotándose las manos. La inefable Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de operar la mencionada ley, ya está cabildeando de manera que, con excepción de los senadores, nadie se entere.

Esta es una muestra más de lo desesperados que están en el gobierno y de cómo continúan dando palos de ciego, tal como lo demuestra esta iniciativa de ley en la cual este gobierno se rinde de sus facultades constitucionales para beneficiar al sector privado mexicano y extranjero. Como dirían los clásicos, ¿Y la nieve, de qué sabor?

Analista político y economista