Empoderamiento colectivo

Francisco Valdés El Universal 5 de abril de 2010
 

Pocas reformas se han hecho para fortalecer a la sociedad; para darle armas de defensa y certeza de ser una jugadora en el terreno y no una mera espectadora. Pero la reforma constitucional que se encuentra en curso de aprobación puede ser una de ellas. El Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 17 que hará posibles las “acciones colectivas”.

Una acción colectiva es la que permite a un grupo sumarse a una demanda o denuncia presentada en contra de una autoridad o de un particular que agravia un derecho del primero y que, al ser procesado en un tribunal federal (los jueces federales serán los únicos que conocerán de estas acciones), y llegada la resolución tendría consecuencias generales que ampararían a todos los demandantes en contra del demandado.

Sabemos que uno de los problemas principales de la sociedad mexicana es la gran desigualdad entre quienes tienen acceso a los mecanismos del poder político y los que no lo tienen, que son la inmensa mayoría. A pesar de que la democratización ha modificado este oscuro panorama alentando una prensa (escrita y radiofónica) más libre; que el acceso a la información es mayor que en el pasado autoritario y que, a fin de cuentas, las autoridades electas dependen para serlo del voto de los ciudadanos, sigue habiendo grandes poderes que no han sido modificados.

Las grandes empresas son uno de ellos. Compañías como las que dominan en los mercados de las telecomunicaciones y ofrecen servicios de segundo y hasta de quinto nivel cobrando muy caro por hacerlo. A pesar de que los ejecutivos de estas empresas se empeñan en negarlo, lo cierto es que si esos mercados en que dominan se abrieran a la competencia tendrían que reducir sus ganancias y enfrentar a otros actores mejor equipados para ofrecer servicios más avanzados a precios inferiores. Es un secreto a voces que estas compañías en México gastan verdaderas fortunas en defensa legal para darle la vuelta a la regulación de entes como la Comisión Federal de Competencia o la Procuraduría del Consumidor.

Cualquiera que haya intentado defenderse de un abuso de estas compañías sabe lo inútil que resulta tratar de valerse de los medios disponibles, escasos, caros e ineficaces.

La aprobación de las acciones colectivas en las cámaras del Congreso de la Unión es un paso adelante. Ahora deberá ser autorizada por al menos 16 legislaturas estatales para que pueda ser puesta en vigor. Debemos seguir con atención el curso que adopte este proceso. No podemos descartar que los blancos principales de este cambio traten de influir para que la adición del 17 constitucional se atranque en el camino, ni que algunos gobernadores metan la mano en su favor en los congresos de sus entidades. Aun siendo esto poco probable dado el peso del Congreso General, habrá que ver cuáles serán las estrategias de los oligopolios para evitar o evadir la aplicación de la ley.

Por ahora, además de la aprobación en curso del poder constituyente, deberá formularse la ley reglamentaria para que las acciones colectivas puedan ser un hecho fehaciente. Si al concluir este proceso los ciudadanos fuéramos provistos con un medio de defensa eficiente y eficaz se habrá dado un paso en el camino de emparejar la cancha, que para la sociedad está cuesta arriba y para los de arriba cuesta abajo.

Otra dimensión a la que sin duda contribuiría este cambio es el fomento del desarrollo en número y capacidad a las organizaciones sociales independientes. México es una de las sociedades con un nivel más bajo de organizaciones no gubernamentales por habitante. Pesan la historia y la cultura. Un pasado en que la organización de la sociedad estuvo en manos del Estado y en la que se veía con hostilidad la creación de organizaciones fuera de su esfera de control ha dejado una cicatriz que no ha sanado del todo. Además de la dificultad natural con la que se enfrenta la creación de una organización: tiempo, esfuerzo, recursos personales y escasos que se tienen que invertir en tal empresa, la sociedad sigue teniendo el reflejo condicionado de buscar la solución a sus problemas en “papá gobierno”.

No obstante, el clima de mayores libertades que nos ha traído la democratización es un poderoso incentivo para contrarrestar esas inercias. Hoy hay sociedades de consumidores y productores, ha organizaciones civiles dedicadas a vigilar los actos de los gobernantes en muchas esferas de su actividad.

Hacen falta más organismos independientes, especialmente los que pudieran formarse con base en condiciones compartidas como la de ser usuarios de las telefónicas o de las televisoras, de las farmacéuticas, o ser víctimas de actos abusivos de gobiernos a todos los niveles. Urjamos la aprobación de esta reforma y la expedita formulación de su ley reglamentaria.

ugalde@unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM