Julio Pimentel Ramírez PorEsto 4 de abril de 2010
En estos días de vacaciones de Semana Santa, caracterizados por las sincréticas conmemoraciones religiosas mexicanas y su mezcla con el esparcimiento en playas y otros destinos turísticos, continúa la violencia del narcotráfico y el crimen organizado que desde hace tres años mantiene al pueblo en la senda de un calvario sembrado de torturas, levantones, ejecuciones, entre otros actos de dolor y muerte; mientras el gobierno espurio decreta un nuevo gasolinazo que afectará, aún más, al ya deteriorado bolsillo de la mayor parte de la población.
A su regreso los vacacionistas encontrarán este regalo del gobierno espurio: a partir de este sábado 3 de abril de nueva cuenta se incrementan los precios de las gasolinas y el diesel, lo que redundará en aumentos de todos los productos y con ello continúa el saqueo a los contribuyentes y a los consumidores, única forma que conocen para mantener el oneroso gasto de la alta burocracia.
En tanto la violencia en amplias regiones de la República, particularmente en la frontera Norte, no se detiene a pesar del elevado número de policías federales y militares que patrullan sus ciudades y carreteras, lo que avala la crítica de quienes señalan que la estrategia instrumentada por Calderón es un fracaso que ya ha cobrado la vida de más de 19 mil personas, un número creciente de ellas víctimas inocentes que fueron sorprendidas en el lugar equivocado a la hora indebida.
Por más que Felipe Calderón, quien parece sumido en un severo problema de personalidad que disocia la realidad de los deseos, declara que la violencia en México es cuestión de percepción, estudios elaborados en la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señalan que el gobierno federal carece de criterios de evaluación en su política de combate a la delincuencia organizada, incurre en subejercicios del gasto y no ha logrado reducir la evolución de los delitos vinculados a narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidios.
La diputada del PRD, Teresa Incháustegui, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, refiere que el gobierno de Calderón ha decidido transitar por el ejercicio de una política ciega, que busca provocar en la ciudadanía el hartazgo que lleve a demandar acciones autoritarias, lo cual pondría en riesgo los derechos humanos.
El incremento de la presencia del Ejército en el país por el combate al narcotráfico y el desprestigio creciente de corporaciones policíacas ha propiciado que la administración federal incremente el presupuesto a las fuerzas armadas y a las dependencias de seguridad pública.
El gasto federal en seguridad pública creció del periodo 2006 a 2009. El monto aumentó de 25 mil millones de pesos que recibía la Secretaría de la Defensa en 2006 a 43 mil millones el año anterior. La Secretaría de Seguridad Pública en aquel año recibió 9 mil millones de pesos; en 2009 el monto subió a 32 mil millones.
La Procuraduría General de la República tuvo un presupuesto de 9 mil 200 millones en 2006, y para 2009 su gasto alcanzó más de 12 mil millones de pesos. La Secretaría de Marina, que había mantenido un gasto promedio de 2000 a 2006 de 8 mil 500 millones, el año pasado recibió poco más de 15 mil millones de pesos. Hace cuatro años el gasto per cápita en seguridad fue de 502 pesos, y a la fecha supera los mil 39.
Sobre esto, Incháustegui, del PRD, adujo que entre las instancias del gobierno federal no hay idea clara de cuáles objetivos está persiguiendo y qué resultados busca. No existen bases que haya elaborado la Secretaría de Seguridad Pública, ni indicadores de los fondos económicos que se destinan a la seguridad pública en los estados, y concluimos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública carece de instrumentos para comparar objetivos, políticas y criterios.
A la fecha, la fórmula aplicada a la distribución del Fosep (Fondo de Seguridad Pública) es una combinación del tamaño de la población y de la incidencia delictiva, de manera que termina premiando a aquellos estados con tasas delictivas altas y no a la buena práctica de acciones de prevención, encontrándose severos subejercicios en el uso de los fondos económicos.
Ya no sabemos, dice comedida la diputada, si se trata de ceguera y de ineptitud, o si es deliberado porque cuando una política está fallando, que no atinas a resolver los márgenes de inseguridad y no escuchas, se piensa que verdaderamente no entienden y no tienen sensibilidad o, bien, lo que persiguen es que la gente se desespere y acepte esquemas autoritarios, medidas extremas que pongan en riesgo los derechos y las libertades de todos. Y que terminen de abrir las puertas a la intervención del Pentágono en territorio nacional, cabe añadir.
En estos días de vacaciones de Semana Santa, caracterizados por las sincréticas conmemoraciones religiosas mexicanas y su mezcla con el esparcimiento en playas y otros destinos turísticos, continúa la violencia del narcotráfico y el crimen organizado que desde hace tres años mantiene al pueblo en la senda de un calvario sembrado de torturas, levantones, ejecuciones, entre otros actos de dolor y muerte; mientras el gobierno espurio decreta un nuevo gasolinazo que afectará, aún más, al ya deteriorado bolsillo de la mayor parte de la población.
A su regreso los vacacionistas encontrarán este regalo del gobierno espurio: a partir de este sábado 3 de abril de nueva cuenta se incrementan los precios de las gasolinas y el diesel, lo que redundará en aumentos de todos los productos y con ello continúa el saqueo a los contribuyentes y a los consumidores, única forma que conocen para mantener el oneroso gasto de la alta burocracia.
En tanto la violencia en amplias regiones de la República, particularmente en la frontera Norte, no se detiene a pesar del elevado número de policías federales y militares que patrullan sus ciudades y carreteras, lo que avala la crítica de quienes señalan que la estrategia instrumentada por Calderón es un fracaso que ya ha cobrado la vida de más de 19 mil personas, un número creciente de ellas víctimas inocentes que fueron sorprendidas en el lugar equivocado a la hora indebida.
Por más que Felipe Calderón, quien parece sumido en un severo problema de personalidad que disocia la realidad de los deseos, declara que la violencia en México es cuestión de percepción, estudios elaborados en la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señalan que el gobierno federal carece de criterios de evaluación en su política de combate a la delincuencia organizada, incurre en subejercicios del gasto y no ha logrado reducir la evolución de los delitos vinculados a narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidios.
La diputada del PRD, Teresa Incháustegui, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, refiere que el gobierno de Calderón ha decidido transitar por el ejercicio de una política ciega, que busca provocar en la ciudadanía el hartazgo que lleve a demandar acciones autoritarias, lo cual pondría en riesgo los derechos humanos.
El incremento de la presencia del Ejército en el país por el combate al narcotráfico y el desprestigio creciente de corporaciones policíacas ha propiciado que la administración federal incremente el presupuesto a las fuerzas armadas y a las dependencias de seguridad pública.
El gasto federal en seguridad pública creció del periodo 2006 a 2009. El monto aumentó de 25 mil millones de pesos que recibía la Secretaría de la Defensa en 2006 a 43 mil millones el año anterior. La Secretaría de Seguridad Pública en aquel año recibió 9 mil millones de pesos; en 2009 el monto subió a 32 mil millones.
La Procuraduría General de la República tuvo un presupuesto de 9 mil 200 millones en 2006, y para 2009 su gasto alcanzó más de 12 mil millones de pesos. La Secretaría de Marina, que había mantenido un gasto promedio de 2000 a 2006 de 8 mil 500 millones, el año pasado recibió poco más de 15 mil millones de pesos. Hace cuatro años el gasto per cápita en seguridad fue de 502 pesos, y a la fecha supera los mil 39.
Sobre esto, Incháustegui, del PRD, adujo que entre las instancias del gobierno federal no hay idea clara de cuáles objetivos está persiguiendo y qué resultados busca. No existen bases que haya elaborado la Secretaría de Seguridad Pública, ni indicadores de los fondos económicos que se destinan a la seguridad pública en los estados, y concluimos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública carece de instrumentos para comparar objetivos, políticas y criterios.
A la fecha, la fórmula aplicada a la distribución del Fosep (Fondo de Seguridad Pública) es una combinación del tamaño de la población y de la incidencia delictiva, de manera que termina premiando a aquellos estados con tasas delictivas altas y no a la buena práctica de acciones de prevención, encontrándose severos subejercicios en el uso de los fondos económicos.
Ya no sabemos, dice comedida la diputada, si se trata de ceguera y de ineptitud, o si es deliberado porque cuando una política está fallando, que no atinas a resolver los márgenes de inseguridad y no escuchas, se piensa que verdaderamente no entienden y no tienen sensibilidad o, bien, lo que persiguen es que la gente se desespere y acepte esquemas autoritarios, medidas extremas que pongan en riesgo los derechos y las libertades de todos. Y que terminen de abrir las puertas a la intervención del Pentágono en territorio nacional, cabe añadir.
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