¿Ahora sí?

Ricardo Monreal Avila PorEsto 18 Marzo 2010

Tuvo que correr sangre diplomática norteamericana por las calles de Juárez para que el gobierno mexicano se declarara dispuesto, ahora sí, a revisar su estrategia de combate al crimen organizado.

La ejecución de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Juárez logró mucho más que las ejecuciones de 18 mil mexicanos en tres años de guerra contra la drogas.

El “manotazo” del Presidente Obama y la indignación del gobierno norteamericano lograron mucho más que las voces de la sociedad civil mexicana, la mayoría del Congreso y la opinión de expertos y académicos sobre el curso fallido del combate al crimen organizado.

Quien haya realizado esas ejecuciones con la finalidad de “reventar” la plaza de Juárez (en términos bélicos), provocar la ira del gobierno norteamericano y jalonar desde el cuello al gobierno mexicano para que tome otros derroteros la guerra contra el crimen organizado, logró de manera consciente o inconsciente su objetivo.

¿Es posible aplicar un esquema de combate al crimen organizado (especialmente el narcotráfico), más allá de la simple militarización de los cuerpos policiacos? A continuación, una relación de los esquemas que es necesario integrar a la experiencia mexicana y que han estado ausentes desde el inicio de esta cruzada.

Perspectiva global: El crimen organizado es un saldo negativo de la globalización. Los traficantes de drogas, armas y personas son los piratas del siglo XXI. Combatir el problema de las drogas únicamente en México, es de una ingenuidad bárbara. Es un problema que se cultiva en Colombia y Perú, se procesa y negocia en Venezuela, se lava en Panamá, se trafica en México y se consume y almidona en Estados Unidos. Iniciar una guerra local sin un esfuerzo conjunto global es tener garantizado el fracaso.

Expropiar bienes, para atacar males: Mientras se dejen intactas las fuentes de ganancias ilegales y los bienes adquiridos con ellas, el crimen seguirá pagando, es decir, autoreproduciéndose. Atacar las finanzas y expropiar las ganancias del crimen organizado, por causas de utilidad pública (los bienes públicos a proteger son la seguridad y la salud de los ciudadanos), es clavar una estaca en el corazón del Frankenstein moderno. Podrán caer capos de todos tamaños, pero mientras no se expropien sus bienes y recursos, no caerán las organizaciones criminales. Esto es cada vez más apremiante por el alto costo fiscal que conlleva para las finanzas públicas de un país una guerra informal como la que libra el gobierno mexicano.

¿Crimen organizado o protegido?: Ninguna industria en México puede prosperar tanto y tan rápido sin protección oficial. Detrás de un gran capo hay un gran protector, que puede ser un policía, un juez o un político, o los tres juntos. A partir de esta protección el crimen se organiza y crece como enredadera. Es la lección de Rusia, con una Perestroika y una Glasnot inconclusas. Después de una transición democrática fallida, el estado centralizado ruso perdió a los soviets, su célula de organización social y política básica, y su lugar fue tomado por las mafias. Estas controlaban las calles y los gobiernos locales. Con un régimen de terror político-policiaco, Vladimir Putin destruyó las redes locales de protección del crimen y centralizó la policía y el ejército. Encarceló o despareció a varios jefes políticos locales. El crimen no desapareció, pero volvió a los esquemas de central del antiguo Estado soviético. Hay quien pide este modelo para México. Sin embargo, si el Estado ha sido incapaz de atrapar en diez años al capo más buscado en la historia del país, mucho menos podrá plantearse acciones de mayor alcance. La corrupción interna es el principal enemigo del gobierno mexicano en su guerra contra las drogas.

Impunidad y violencia: un país donde sólo se castigan 4 de cada 100 delitos denunciados, es el paraíso de la impunidad. Es decir, cuando un delincuente tiene la probabilidad de ser capturado una vez cada 24 delitos cometidos, y además tiene la posibilidad de salir libre en un lapso promedio de tres meses, ese delincuente considerará como un “accidente laboral menor” el ir a la cárcel. Un albañil corre mayores riesgos en su trabajo humilde y digno. Esta impunidad es el terreno fértil de la violencia. Mientras México siga con esos niveles tan altos de impunidad, ninguna guerra contra el crimen avanzará. Cuestión de ver el número de reincidentes de todo tipo de delitos que se encuentran libres en las calles por “falta de méritos”, “errores en la averiguación” o, de plano, por corruptelas en los tribunales.

Participación ciudadana: A la guerra mexicana contra el crimen le sobran policías y le faltan ciudadanos. Con cárceles, uniformes y armas no se ganará una batalla que necesita tener como principal interlocutor y aliado a la sociedad. Es necesario dar mayores atribuciones, facultades y competencias a las comunidades y a la sociedad civil en la prevención, denuncia y calificación de las políticas de seguridad pública. Hay que pensar en elegir a las autoridades policiacas en las comunidades. Que sean los ciudadanos que decidan el tipo de policía, vigilancia y prevención. Que organizaciones civiles independientes realicen la calificación y evaluación de la seguridad. Y proteger a los ciudadanos y medios de comunicación que investiguen y denuncien a los criminales.

Legalizar algunas drogas: Las adicciones son un problema de salud, no de criminalidad. La anomia o desintegración social, propias de las sociedades modernas, produce con frecuencia la pérdida de identidad económica, familiar y cultural de los ciudadanos. La droga es la puerta de huida. Esas personas necesitan reclusión médica, no penal. Un camino es legalizar algunos enervantes, como la mariguana, que representa la mitad del consumo y del negocio ilícito en México. A la guerra mexicana le falta esta prevención y atención a las adicciones. Hoy existen tres veces más adictos que hace tres años y ello ilustra el tamaño del fracaso de la estrategia seguida.

Empleo y educación: Un joven con educación y empleo es potencialmente un delincuente menos en la calle. Por allí empieza la reconstrucción del tejido social. El modelo económico excluyente seguido en los últimos 25 años produjo dos generaciones de jóvenes zetas o “ninis”: ni educación, ni empleo. Una política económica criminal produce criminales. Más de ocho millones de jóvenes extraviados en ciudades perdidas del país son el caldo de cultivo, la carne de cañón, de la delincuencia organizada y de la economía ilegal. Cambiar ese modelo económico criminal es, tal vez, la principal tarea de un nuevo modelo de seguridad pública y nacional.

¿Algo de esto plantea la guerra contra el crimen en México?

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx