Reforma laboral: está por verse

Editorial El Universal 18 de marzo de 2010

Uno de los diez temas urgentes para el país, que el presidente Felipe Calderón enunció el pasado primero de septiembre, fue la reforma laboral. El asunto ha quedado congelado por más de una década debido a la dificultad de enfrentar a los grandes dirigentes sindicales, cercanos al PRI en su mayoría, pero aliados también en años recientes a las estructuras panista y perredista. Por eso tiene su mérito que el PAN rompa con la inercia y presente una iniciativa en San Lázaro en favor de la transparencia y la democracia sindical, lo lamentable es que esa propuesta siga ceñida a lo posible y no a lo necesario.

El proyecto presentado por los diputados panistas —suponemos con respaldo del Presidente— tiene características virtuosas como introducir el principio de no discriminación en la Ley Federal del Trabajo, en particular hacia mujeres y personas con discapacidad, así como la penalización del trabajo infantil. Atiende además los reclamos empresariales de flexibilizar los requisitos de contratación y despido. En conjunto los cambios podrían transformar algunas de las estructuras más anquilosadas de la relación entre trabajadores y capital. Sin embargo, la propuesta optó por no tocar ni una coma de la Constitución. Los efectos entonces se limitarían al ámbito federal, lo que deja fuera dos de los más grandes lastres del país:

Por un lado, la distinción que hoy se hace entre los trabajadores del Estado y los del sector privado. Esta separación impediría que la transparencia y la democracia promovida para trabajadores del sector privado beneficiara también a los del Estado. Así, la transparencia de los contratos colectivos, el origen y destino de las cuotas, las elecciones de los dirigentes gremiales, entre otras ventajas, no se trasladarían a los empleados del SNTE, Pemex, IMSS, etc.

Otra gran deficiencia es que la propuesta mantiene intocadas a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, herencia corporativa que privilegia la componenda política por encima de la justicia, todo en perjuicio del trabajador. La solución sería un tribunal laboral constituido por jueces que, como en materia civil o penal, estén legalmente separados de presiones políticas.

Las faltas en el proyecto, quizá deliberadas para evitar la ira de los diputados sindicalistas, empañan los avances de la iniciativa panista. La opinión pública habrá de analizar el tema con más detalle para establecer un equilibrio en esta propuesta.

El debate apenas comienza.