Manuel Mora MacBeath 18 de Marzo de 2010
Marzo 17, 2010.- Una buena y una mala para quienes quieran fiscalizar la seguridad en las guarderías subrogadas del IMSS.
La buena es que, tras la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el IMSS aceptó abrir los documentos que revelan qué tan seguras son todas y cada una de las guarderías en el País.
La mala es que hay que ser millonario para acceder a esta información: si se desea copia certificada de los resultados de revisiones, hay que pagar 4.5 millones de pesos; pero si se conforma con una copia simple, entonces sólo desembolsará 162 mil 976 pesos.
El costo se reduce si lo que pretende es conocer cómo están las estancias de su estado o municipio; pero en todo caso es el desembolso… o confiar ciegamente en las autoridades. Desgraciadamente, en México no estamos para tener fe ciega en quienes nos gobiernan, pero tampoco para gastar en reproducción de documentos que nos den una idea más o menos cierta de cómo está el lugar en que cuidan a nuestros hijos, de qué tan factible es que suceda o no una tragedia como la ocurrida en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
El acceso a la información, como tal, no tiene costo. Las cuotas, según la Ley vigente, están en la obtención de documentos: aquí es donde empiezan las trabas.
En el artículo 27 de la Ley Federal de Transparencia se establece que los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, y el costo de envío. También dice que los sujetos obligados, en este caso el IMSS, deberán esforzarse por reducir los costos de entrega de información.
No parece haber esfuerzo alguno en reducir de 4.5 millones a 136 mil 8643 pesos el costo por obtener información tan importante como lo es el estado en que se encuentran las guarderías subrogadas en México.
Antes bien, el esfuerzo del IMSS parece estar en bloquear a toda costa el acceso a estos documentos, aunque en estricto sentido sí estén cumpliendo con la Ley; es una maniobra fina. Los hechos dan cuenta de ello.
Primer acto: ampliación de plazo seguido de la tan común declaratoria de inexistencia.
El 3 de agosto de 2009, bajo el folio 0064101304909, se solicitó al IMSS acceso a los documentos que contuvieran los resultados más recientes de peritajes y recomendaciones emitidas a todas las guarderías subrogadas del IMSS en Guanajuato.
A finales de ese mes, el IMSS anunció la ampliación de plazo para dar respuesta, amparándose en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El 30 de septiembre de 2009, casi dos meses después de que se planteó la solicitud, el Comité de Información de IMSS declaró la inexistencia de la información, bajo el argumento de que esta dependencia no realiza peritajes ni recomendaciones.
Ante esta negativa, el 5 de octubre se interpuso recurso de revisión ante el IFAI; uno de los argumentos fue que en diversas notas informativas las autoridades del IMSS han hecho referencia a dichos peritajes, por tanto la inexistencia resulta incongruente.
Segundo acto: que siempre sí, pero…
En su comparecencia ante María Marván, comisionada del IFAI encargada de la ponencia, un representante del IMSS reiteró la negativa argumentando que el Seguro Social no realiza peritaje ni recomendaciones… sólo supervisiones y vigilancia.
La supervisión es un documento extenso, en el que se integran también los compromisos derivados de las observaciones resultado de la misma, dijo el representante del IMSS, según consta en el recurso de revisión número 4615/09.
¡Esas son ganas de no informar! Sabían muy bien qué es lo que quería el solicitante, pero no lo entregaron porque el ciudadano de a pie empleó las palabras incorrectas, o lo que es lo mismo: no tenían perros, pero sí canes, y como no solicitaron canes, entonces no entregaron a los perros.
María Marván lo expresó claramente en su resolución: este Instituto encuentra que es imprescindible que en el trámite de una solicitud de información no se esté a la literalidad absoluta del texto de la misma, sino que éste sea leído con la flexibilidad que permita empatar la pretensión del ciudadano con el tipo de información generada por el sujeto obligado.
Es decir, no puede exigirse a los solicitantes un manejo del léxico preciso utilizado por el sujeto obligado en el desempeño de sus facultades. Cuando la solicitud esté relacionada con actividades propias de la entidad ante quien se presenta aun cuando las palabras utilizadas en ésta no se apeguen a las empleadas por el sujeto obligado, éste tiene la posibilidad de requerir al solicitante para que aclare su solicitud, proveyéndole información que le permita dilucidar si los términos empleados coinciden con los de la administración pública federal.
O dicho de otra forma, el Seguro Social debió decir: estimado solicitante, no tenemos perros pero sí tenemos canes… ¿le sirven?
Evidentemente el IMSS no pidió al solicitante que puntualizara su solicitud de información.
Tercer acto: nada es gratis.
Antes de que el pleno del IFAI modificara la respuesta del IMSS, el propio Seguro Social cambió la respuesta que había ofrecido originalmente. Generalmente cuando esto ocurre el IFAI sobresee el caso, es decir que lo archiva al extinguirse las causales que dieron motivo a la impugnación.
Sin embargo éste no fue el caso.
A través de un correo electrónico, el IMSS informó al solicitante que estaban a su disposición mil hojas con información de revisiones y observaciones a las guarderías en Guanajuato. Sólo había que pagar 500 pesos por copias simples.
Antes de que se realizara el pago, empero, el IMSS modificó por segunda vez su respuesta: ahora fue en apego a la sentencia dictada por el IFAI, y ya no ponían a disposición mil hojas, sino 9 mil 776 que hacían referencia a las guarderías en Guanajuato, y 325 mil 952 páginas con información de todo el País.
La advertencia: no se tiene dicha información en forma electrónica, según consta en el mensaje que envió al peticionario el secretario Técnico del Comité de Información del IMSS, Arturo Betancourt.
Sin duda el hecho de que ya se pueda acceder a estos documentos será muy útil para todo padre de familia... lástima que esta información no está a la mano, en Internet, por ejemplo.
No hay de otra: se tiene que pagar por los documentos (ya sea uno o 300 mil), y agotar el nada expedito proceso de acceso a la información; en este caso la transparencia sigue debiendo en eso de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no cree?
Comentarios a: manuel@mexicoinformate.org
No olvide seguirnos en Twitter!!
Fuente: http://www.derechoasaber.org.mx/editorial_completa.php?id=562
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario