Esperanza inútil

De mantenerse intacta la agenda prevista por el pleno de la Suprema Corte, esta semana se le aplicará la puntilla a los ahorradores que entablan juicios multimillonarios contra los bancos al exigir letra por letra el cumplimiento de réditos pactados en la época de tasas gordas

Empresa Alberto Barranco El Universal 18 de Marzo de 2010

¿Se acuerda usted del escándalo provocado por el reclamo de una mujer michoacana llamada Celia Reyes, quien exigía al Banco Bital algo así como 400 mil millones de pesos por un par de cuentas abiertas 15 años atrás en el Banco Del Atlántico, al que se engulló éste?

En este caso el eje del conflicto lo ubica una solicitud de amparo de Banamex, filial del Citigroup de Estados Unidos, contra una resolución en firme del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua que ordena pagarle a un cliente el inaudito de 250 mil millones de pesos..

La sentencia, tras un largo y ríspido juicio local, se expidió el 4 de septiembre de 2006, manteniéndose sin ejecución hasta la fecha, ante la presión del banco para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte.

Y aunque el expediente llegó a ésta semanas después, el desahogo se ha demorado una y otra vez ante las presiones del abogado del cliente inconforme, es decir el ex senador Diego Fernández De Cevallos.

La paradoja del caso es que el ex candidato a la presidencia de la República se ubicó justo en la trinchera opuesta frente al otro caso emblemático de lo que podría ubicarse como anatocismo a la inversa, es decir el derecho de los bancos de cobrarle a clientes morosos intereses sobre intereses.

Fernández De Cevallos fue el abogado de Bital en el litigio contra Celia Reyes.

Se diría que en el caso Chihuahua —cuyo nombre del cliente se mantiene bajo siete llaves—, pelea contra los argumentos que en aquel entonces eran válidos para ahorrarle una colosal fortuna a la intermediaria.

Más aún, se da el caso que su entonces rival en el juicio anterior, Víctor Blacke, es hoy su socio en el cambio de chaqueta.

Total, arrieros somos…

Colocada originalmente en 1987 una inversión bajo el esquema de Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento de 400 mil viejos pesos a 28 días, con renovación automática, ésta se pactó a una tasa de interés bruta de 12 por ciento, además de una sobretasa de 81.87.

En total, pues, el rédito alcanzaba 91.35, es decir que año con año la cantidad se duplicaba.

El depósito, concretamente, se realizó el 28 de mayo de 1987, a unas semanas del crack de la Bolsa, a cuyo impacto se generó una crisis que derivó en una inflación de 160%.

Analizado el caso por jueces locales, éste se elevó hasta el Supremo Tribunal de Chihuahua, quien expidió una sentencia contra Banamex que lo obligaba a pagar hace tres años mil 462 millones de pesos… más lo que se fuera acumulando en tanto la resolución permaneciera sin ejecución.

Un cálculo simple hablaría, decíamos, de 250 mil millones.

Naturalmente, Banamex no se quedó con el golpe que le habría colocado en situación de extrema debilidad, logrando que en 2007 el asunto fuera atraído por la Suprema Corte para el punto final.

Tres años después se está colocando el asunto en la orden del día, con la novedad de que de prosperar la ponencia que pondrá a consideración del pleno el ministro Juan Silva Meza, el gozo de Diego, Blacke y cliente anónimo que le acompaña se irá al pozo, al otorgársele el amparo solicitado a Banamex.

La tesis es idéntica a la planteada para disolver la esperanza de la señora Celia Reyes: Ningún banco puede ofrecer tasas ajenas a las que marca el Banco de México como máximo a pagar en depósitos a plazo fijo. El banco, pues, está obligado a cubrir el principal del depósito y los réditos correspondientes… sobre la base de lo que haya determinado el Instituto Central en la época respectiva, o en su caso el artículo 362 del Código de Comercio.

No hay, pues, capitalización de intereses …a diferencia, naturalmente, del anatocismo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación validó como legal hace 10 años.

Lo que para los bancos es bueno, para el cliente es abuso.

Más aún, la ponencia de Silva Meza habla de que no existió ningún pacto expreso para que se capitalizaran los intereses generados por el depósito realizado, además de que la intermediaria incurrió, ¡válgame Dios!, en un acto ilegal al pactar tasas tan elevadas.

La intención de la Corte, naturalmente, es dictar jurisprudencia frente a reclamos similares, con la intención de “crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que en el futuro celebren”.

Tache, pues, para Fernández de Ceballos… por más que se reivindica su tesis cuando se colocó del otro lado de la barra.

Esperanza inútil.

Balance General

Detrás de la ira de los diputados priístas frente a lo que ubican como “raquítica” propuesta de austeridad de la Secretaría de Hacienda que habla de un ahorro de 40 mil 100 millones de pesos para éste y los próximos dos años, hay una serie de datos duros que aterran. Entre el año 2006 y el pasado el número de subsecretarios o su equivalente en el organigrama burocrático saltó de 89 a ¡mil 11!, en una espiral sin fin que dejó pálida la administración de la abundancia de la era lopezportillista.

En paralelo, en el mismo lapso, es decir lo que va de gobiernos panistas, el gasto público corriente, el costo de operación del pesado aparato, creció 37%, saltando de 667 mil millones a un billón 538 mil millones de pesos.

La expectativa de los legisladores al otorgarle un plazo de 120 días a la dependencia para racionalizar el gasto, hablaba de un mínimo de 40 mil millones… por año.

Se diría, pues, que se trató de una tomada de pelo… con la novedad de que llegó con un día de retraso.

Siempre sí…

Negada insistentemente la acusación de incurrir en un conflicto de interés al presentarse como ponente para la resolución de la Suprema Corte en torno a la investigación sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo que cobró la vida de 49 niños, por ser juez y parte en el asunto, finalmente el ministro Fernando Franco González Salas dobló las manos.

El togado, a regañadientes, se declaró incompetente.

La paradoja del caso es que la razón esgrimida fue que uno de sus familiares trabaja para el Instituto Mexicano del Seguro Social, a soslayo de que en su época de subsecretario del Trabajo se integró al Consejo Técnico del organismo, es decir fue parte activa en decisiones como el subrogar las guarderías.

La estafeta se le encargó al ministro Arturo Saldívar, quien seguramente se tomará al menos tres meses para elaborar su propuesta.

Se desiste Azteca

Finalmente Televisión Azteca se desistió del juicio de amparo que había interpuesto frente a una resolución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le cerraba el paso a la posibilidad de ofrecer servicios de video sobre demanda.

La firma, empero, replanteará el asunto bajo un esquema que recoge las nuevas tecnologías.