Militares: responsabilidades sin atribuciones

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ a.m.com.mx 18 Marzo 2010

18 Marzo 2010

Sin duda, para la vida personal de César Nava será muy importante que haya pedido en matrimonio a Patylú, o a algunos les interesará mucho que se haga una encuesta periodística para saber cuál es la más guapa: si la cantante infantil afiliada al PAN, la pareja de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera o la también actriz y esposa de Marcelo Ebrard, Mariagna Prats. Pero mientras tanto, mientras se manipulan tantos distractores, lo realmente imprescindible en la agenda nacional sigue siendo postergado una y otra vez. Ayer decíamos que es una vergüenza que en la actual coyuntura los legisladores nos digan que no podrán tener listas en este periodo ordinario que concluye el 30 de abril ni la ley antisecuestros, que lleva debatiéndose desde hace seis años, ni muy probablemente tampoco la ley de seguridad nacional que viene reclamando la Secretaría de la Defensa desde hace dos años.

No parecen comprenderse cosas básicas y no se entiende si ello es por simple negligencia o por desinterés, pero lo que es indudable es que si se quiere utilizar el potencial real de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado se debe trabajar con seriedad y certidumbre y buena parte de nuestros legisladores no quieren dar ni una ni la otra a los militares. Se equivocan cuando creen que estamos viviendo sólo un problema, grave, de seguridad pública. Tenemos un desafío a la seguridad interior del País y a la seguridad nacional: se están desafiando las instituciones y el Ejército mexicano tiene todas las atribuciones constitucionales para intervenir en una coyuntura de esas características.

Pero saberlo no es suficiente: se deben garantizar unos pocos puntos, tanto en esa ley de seguridad nacional como en su ley reglamentaria, cuando se reconozca que está en peligro la seguridad interior del País. Primero la certidumbre jurídica: es verdad que hay un poco más de un millar de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército, aunque sólo unas 50 se han convertido en recomendaciones de la CNDH. Eso no ha impedido que exista una campaña exigiendo el retiro del Ejército de los lugares más candentes de la lucha contra el narcotráfico por grupos y personajes quizás algunos de ellos bien intencionados pero muchos otros actuando con una lógica que es simétrica respecto a la del crimen organizado y la de ciertas organizaciones muy radicales que es evidente que están trabajando con ellos, particularmente en las zonas marginales de Juárez. ¿En qué se demuestra? En la exigencia que salga el Ejército y la Policía de la plaza y en que no haya por parte de esos grupos una sola recriminación a los verdaderos asesinos que son los grupos criminales y las pandillas asociadas. Durante la visita del presidente Calderón apareció una organización, que se enfrentó con la Policía federal, que se denomina Coordinadora de Resistencia Civil. ¿Contra quién dicen resistir? ¿contra el crimen organizado? No, paradójicamente su resistencia es contra las autoridades y las fuerzas de seguridad.

La campaña tiene su lógica y sus repercusiones: la propia secretaria del Homeland Security estadounidense Janet Napolitano, quizás jugando al policía malo, quizás por simple irresponsabilidad, declaró esta semana que la presencia del Ejército en Juárez “no ha servido para nada”. Es una tontería tan grande, un visión tan maniquea como la de algunos de nuestros políticos que las causas de la violencia la reducen a la venta de armas de Estados Unidos a México.

Lo cierto es que si regresamos al tema y observamos a la mayoría de esas quejas sobre violaciones a derechos humanos, veremos que tratan sobre dos capítulos: allanamiento de moradas en lo que se denomina seguimiento en caliente de presuntos delincuentes y detenciones sin presentación inmediata al Ministerio Público. En ambos casos se deben adaptar las leyes para poder establecer un marco jurídico estricto para la operación militar, pero también para garantizar su capacidad operativa. ¿Alguien podría decir con seriedad que es posible darle al Ejército las actuales responsabilidades sin otorgarle al mismo tiempo certidumbre jurídica y capacidad de investigación y operación? Pues bien, esa es la situación en la que se tiene ahora al Ejército y la solución los legisladores la siguen postergando una y otra vez. Insisto: debería darles vergüenza.