¿Prevenir o perseguir? La función policiaca

Catalina Pérez Correa El Universal 18 de Marzo de 2010

“¿Cuál es la función de la policía?”, le pregunto al oficial que, parado frente a su patrulla, come un helado comprado en el McDonald’s cercano. “Salvaguardar los bienes de las personas e instituciones y prevenir todo tipo de delitos”, responde el uniformado mientras termina su helado. Las leyes mexicanas así lo establecen. Por ejemplo, la primera función de la policía preventiva en el Distrito Federal, establecida en el reglamento que la regula, es la de prevenir la comisión de delitos e infracciones a reglamentos. Por su parte, la ley de la policía federal establece como su principal función preservar las libertades y el orden publico y prevenir la comisión de delitos.

La prevención del delito implica menores costos que la persecución de delitos no sólo en términos económicos sino también sociales. Mientras que la procuración, persecución, procesamiento y sanción de delitos implica el costo de operación de ministerios públicos, peritos, médicos legistas, policías judiciales, defensores, jueces, costos de las cárceles, el costo de prevenir el delito es relativamente bajo. En términos sociales también sancionar delitos tiene un costo sumamente elevado: además de implicar la remoción de personas de su entorno familiar en el caso de uso de reclusorios, con las pérdidas que eso significa, conlleva la percepción de una libertad y seguridad reducida por parte de la población general.

En este contexto, el sentido común nos dice que el grueso de los recursos presupuestados a la seguridad pública deberían ser destinados a la prevención del delito. Aun así, la mayor parte del presupuesto actualmente destinado a seguridad pública en el país no está dirigida a la prevención del delito sino a su persecución, procesamiento y sanción. Según un estudio encabezado por Guillermo Zepeda, en el 2009 laboraban más de 390 mil personas en los cuerpos policiacos del país. La mayor parte (92%) eran policías preventivos uniformados, 8% eran policías investigadores. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, a pesar de que la policía uniformada representa el 71% del personal adscrito a seguridad pública, en 2009 sólo recibieron —en sueldos, uniformes, personal administrativo, capacitación, etcétera— el 43% del total del presupuesto destinado a la seguridad. Ese año el presupuesto asignado para seguridad ciudadana, justicia penal y readaptación social fue de 141 mil millones de pesos. En contraste, el gasto nacional para policías uniformadas y prevención del delito fue de 62 mil millones de pesos.

“¿Cómo realiza esta función de prevención la policía?”, le pregunto al oficial que con un gesto se levanta el cincho que lleva en la cintura para que quede a la altura del ombligo. “Con la presencia”, responde. “Nosotros patrullamos la zona, pasamos a todos los comercios y los dueños de los comercios firman nuestra acta para demostrar que sí pasamos frente a sus comercios y estamos haciendo nuestra labor. Incluso la Secretaría luego llama y verifica que las firmas de las actas sean reales”.

Las experiencias en otros países demuestran que, en efecto, la presencia de la policía resulta un factor importante para la prevención del delito. Sin embargo, ni puede entenderse como un mero trámite burocrático de patrullaje diario, ni es el único factor que procura la prevención del delito.

La presencia supone trabajo de atención ciudadana y vínculo con la sociedad; los patrullajes implican un conocimiento claro de las formas de delincuencia y esquemas bien estudiados de las zonas de mayor riesgo. Esto no es posible sin una policía debidamente capacitada. El oficial entrevistado, por dar un ejemplo, pertenece a la policía preventiva del distrito federal. Lleva 22 años trabajando como policía y gana 8 mil pesos mensuales, más una compensación por riesgo; un buen salario si tomamos en cuenta que su nivel de escolaridad es de secundaria (concluida) y que, a nivel nacional, el sueldo promedio de un policía uniformado es de 4 mil pesos. El promedio nacional de escolaridad es de 8.8 años; es decir, secundaria no concluida. Bajo estas condiciones no sorprende que la policía no logre cumplir con su función.

La prevención de delitos del orden común —delitos que constituyen más del 80% del total de los delitos que se cometen— se puede llevar a cabo mediante un amplio rango de posibilidades. Entre las más eficaces encontramos la modificación del ambiente (por ejemplo, el alumbrado público); la reducción de oportunidades de delinquir (modificando las prácticas de potenciales víctimas, por ejemplo, estableciendo horarios de venta de alcohol); el trabajo social con población en alto riesgo de delinquir; las políticas dirigidas a cambios culturales (por ejemplo, para dotar de mayor legitimidad a las autoridades en especial a aquellas, como la policía, que son las encargadas de hacer valer las normas).

“Necesitamos que la ciudadanía se arrime a nosotros”, continúa el uniformado. “En el programa de policía de barrio vamos a las casas a presentarnos, pero la gente no nos abre la puerta”. No es de sorprender que los ciudadanos mexicanos no quieran abrirles las puertas. La policía en México es una de la instituciones peor evaluadas y que más desconfianza producen en la población.

“Deberían de llamarnos directamente al módulo. Nosotros sí contestamos. Si usted llama al 066, por ejemplo, porque ve a alguien sospechoso, tarda hasta 30 minutos en que nos llegue el reporte. O luego le contesta una grabadora, ¿de qué sirve entonces?”.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM