Bolas en la Corte

Reanimada hace unos días la esperanza de justicia en los padres de los 49 niños inmolados en la hoguera en que se convirtió la guardería ABC de Hermosillo por el informe preliminar de la investigación ordenada por la Suprema Corte, ahora resulta que el punto final se metió a la congeladora

Empresa Alberto Barranco El Universal 17 de marzo de 2010

Tendrán, pues, que transcurrir varias semanas para que el documento elaborado por los magistrados de Circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla sea discutido por el pleno.

La razón es simple. Hay que esperar a que bajen las aguas para que la opinión pública no note los parches que se le pondrán… para hacerlo coherente.

Tal cual se plantea el asunto, el Instituto Mexicano del Seguro Social estaría obligado a cerrar las mil 500 guarderías que mantiene subrogadas, y de pasadita cancelar docenas de contratos para operación de terceros en servicio de radiografías, tomografías, electrocardiogramas, hemodiálisis o radiaciones para enfermos de cáncer.

Más aún, se tendrían que fincarle responsabilidades a funcionarios que nada tuvieron que ver con la tragedia, dado que entraron al relevo de los señalados originalmente como responsables.

En la cumbre del descuido, pues, hete aquí que los señores magistrados confundieron la gimnasia con la magnesia, colocando en su lista de presuntos responsables a quienes sustituyeron a los verdaderos culpables.

La parte más grave, sin embargo, plantea una interpretación sesgada de la posibilidad de subrogación de servicios del Instituto, plasmada en los artículos 203, 213 y 261 de la Ley del Seguro Social.

Más aún, el informe omite referirse al artículo 40-f. De entrada, se ubica como facultad obligatoria, en lugar de potestativa, la marcada en el artículo 213 en que se permite que el Instituto celebre convenios de reversión de cuotas y de subrogación con los patrones, cuya redacción no se pudo hacer más explícita dado que el artículo 40-f señala que “en ningún caso el Instituto del Seguro Social podría liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero-patronales”.

Bajo la interpretación de los investigadores, la única posibilidad de subrogación sería cuando las empresas pongan su propia guardería, lo que obligaría a revertirles las cuotas. En consecuencia, las que abren particulares como negocio estarían al margen de la ley.

Más aún, se señala como de urgente revisar las normas emitidas por el Consejo Técnico para conocer cuáles son los esquemas de operación del seguro de guarderías y en qué consiste cada uno.

Sin embargo, el artículo 263 señala la posibilidad de que el Consejo Técnico del organismo se seguridad social elija entre un abanico de opciones para mantener la subrogación.

De acuerdo a éste, se le permite al IMSS convenir subrogaciones con patrones y revertirles cuotas, “si así lo estima conveniente”, es decir se trata de una opción, no una obligación.

De hecho, modificada la Ley del Seguro Social en 1991 para crear el seguro de guarderías, el Senado, en su calidad de Cámara revisora, señaló expresamente que bajo el nuevo marco se le daría un mayor impulso al actual modelo de guarderías “participativas”.

Ahora que en noviembre del 2001 el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó una consulta a la Dirección General Adjunta de Normatividad en Adquisiciones y Servicios para determinar si la subrogación del servicio de guarderías estaba sujeta a los lineamientos de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o bien se trata de un servicio regulado sólo por el organismo.

La respuesta señaló que no sólo se podía, sino se debía aplicar la Ley de Adquisiciones.

De hecho, en diversas consultas la Secretaría de la Función Pública ratificó que las guarderías subrogadas operaban en el marco de la ley, por más que el esquema no es monedita de oro.

Naturalmente, el entredicho se habría evitado sí los directores generales del instituto, a partir de la implantación del seguro de guarderías, hubieran previsto el que se expidiera el reglamento correspondiente.

La facultad la tiene el Presidente de la República sin pasar por el tamiz del Congreso, a menos, claro, que se rompa la frontera entre lo que marca la ley.

El problema, naturalmente, es que el embrollo jurídico en que se metieron los magistrados obstaculizó la expectativa de una suerte de fundamento para que los padres de los niños afectados planteen reclamaciones ante los tribunales.

El caso es que, congelado el asunto, la suspicacia apunta hacia un intento de proteger el ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, dada su cercanía con la familia presidencial.

Se les hizo bolas el engrudo. Lástima.

Balance General

Desatada una guerra entre los laboratorios productores de genéricos, es decir quienes utilizan patentes que perdieron su exclusividad, y los productores de medicinas innovadoras, los obuses vuelan por todos lados.

De entrada, la firma Genomma Lab que encabeza Rodrigo Herrera, propietaria de la marca Primer Nivel, planteó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia contra la totalidad de los fabricantes de medicinas de patente, bajo el alegato de interferir con la venta de sus medicamentos en las diversas cadenas farmacéuticas del país.

Más allá, la andanada de los productores de genéricos apunta a la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la que acusa de permitir violaciones a la Ley General de Salud enmateria de publicidad.

Las empresas en el banquillo por publicitar supuestas propiedades de sus fármacos que no pueden comprobar, son Sanofi-Aventis de Juan Carlos Valdés; Merck, de Rogelio Ambrosi; Novartis, de Sergio Duplan; Eli Lilly de Carlos Baños, y Bayer de Kurt Soland.

La guerra se desató tras de que la Cofepris sacó del mercado a cuatro mil medicamentos genéricos que no pudieron cumplir con los estándares de calidad reclamados para sus comercialización.

“Góber” marino

En los estertores de su mandato en Quintana Roo, el gobernador del Estado Félix González Canto está tratando de amarrar un negocio familiar que le arriende ingresos millonarios.

Estamos hablando de una naviera que permita la transportación de pasajeros de Cozumel a Playa del Carmen y otros puntos de la Rivera Maya, además de Isla Mujeres y Holbox.

Tienda de enfrente, pues, para las empresas privadas del ramo.

En el negocio, cuya facturación alcanzaría 400 millones de pesos anuales, están también la familia González Borge; los hermanos Lenin Matías y Franco González Padrón, padres del gobernador y del alcalde de Cozumel, Juan Carlos González Hernández.

La firma llevaría la razón social Naviera Turística de Quintana Roo, cuya cabeza en el papel es Roberto Borge Martín, padre del diputado federal Roberto Borge Angulo, quien está planteando un capital de al menos 20 millones de dólares del que el 5% se derivaría supuestamente al Ayuntamiento de Cozumel.

La pantalla plantea con ello justificar el carácter comunitario de la naviera.

Priístas, pues, al viejo estilo.

La pregunta es ¿dónde quedó la Secretaría de la Función Pública?