Por órdenes superiores

Los Grandes Días 

Manuel Mejido Organización Editorial Mexicana 16 de marzo de 2010

* Ante la imparable violencia, la Casa Blanca presiona a Los Pinos

* Más de 60 asesinatos en todo el país durante las últimas 72 horas

* Las autoridades no quieren regresar a los militares a sus cuarteles

Cuando la llamada "dictablanda" priísta gobernaba en el país, si un documento oficial tenía escritas las siglas P.O.S. (Por Órdenes Superiores), el asunto era atendido de inmediato porque, de no hacerlo, el burócrata era despedido, aunque jamás sabían que "tan superior" era la orden.

La tarde del 7 de febrero de 1985 fueron secuestrados en pleno centro de Guadalajara el agente encubierto del departamento antidrogas estadunidense (DEA), Enrique Camarena Salazar, y el piloto, Alfredo Avelar, que se habían infiltrado en el cártel liderado por Rafael Caro Quintero, a quien la Casa Blanca, más tarde, responsabilizó del plagio.

Fue tanta la presión ejercida por la administración del entonces presidente Ronald Reagan sobre el sumiso Miguel de la Madrid para que esclareciera el rapto, que en un operativo que duró sólo 15 minutos fue aprehendido Caro Quintero en Costa Rica la mañana del 4 de abril de 1985.

Hasta la fecha, así de rápido se esclarecen los delitos cuando la orden llega directamente de la Casa Blanca a Los Pinos.

La detención de quien fuera el narcotraficante más poderoso de México se logró porque en aquellos días el Gobierno de la República, mediante acuerdos secretos, tenía controlada la delincuencia en todo el territorio y sabía perfectamente la ubicación de los capos y sicarios. Los malhechores sólo secuestraban y mataban a los traidores y respetaban la vida del pueblo.

Expertos criminalistas consideran que fue durante el sexenio salinista cuando el crimen organizado y el narcotráfico se infiltraron en la estructura del Estado, al grado de que algunos de sus colaboradores ocuparon y ocupan todavía cargos de elección popular.

Con Ernesto Zedillo aumentaron considerablemente los asesinatos contra el pueblo. Inclusive altos jerarcas católicos fueron tiroteados en lugares públicos. También se fortaleció la llamada "industria del secuestro", teniendo como principal operador a Daniel Arizmendi, conocido como "El Mochaorejas".

El 17 de agosto de 1998, luego de una tumultuaria marcha en las principales ciudades de la República y tras haber secuestrado a dos ciudadanos estadunidenses en Cuernavaca, Morelos, lo que provocó la indignación de la Casa Blanca, la Procuraduría General de la República detuvo al "Mochaorejas". Con eso las autoridades creyeron zanjar el problema de los plagios.

Pero el narcotráfico aumentaba considerablemente, hasta desbordarse durante el primer gobierno panista en Los Pinos.

Las estadísticas comprueban que entre 2000 y 2006 los asesinatos vinculados con la delincuencia organizada se incrementaron hasta en un 500 por ciento, al registrarse nueve mil homicidios en esos seis años, según cifras de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Vicente Fox falló no sólo al pueblo al incumplir sus promesas. También faltó a su palabra, empeñada al "amigo Bush", porque las reformas constitucionales prometidas al estadunidense por el panista nunca fueron aprobadas por los diputados. Se olvidó de gobernar y la violencia aprovechó ese vacío de poder institucional para fortalecerse.

Metaconstitucionalmente, y sin existir una estrategia militar para garantizar la seguridad pública, la primera acción del gobierno calderonista el 1 de diciembre de 2006 fue sacar a las calles a más de diez mil soldados, lo cual ocasionó el descrédito de la única institución respetada por los mexicanos.

Pero ni los más de 50 mil militares desplazados por toda la República consiguieron diezmar la fuerza de los narcotraficantes, sino todo lo contrario. La violencia parece imparable, como lo confirman los 60 asesinatos perpetrados sólo este fin de semana y los 16 mil 822 muertos contabilizados por esta casa editorial en lo que va del sexenio.

Guerrero fue el estado donde se registró el mayor número de muertes violentas. Pero fue Ciudad Juárez la que atrajo la atención de la opinión pública internacional porque tensó las relaciones México-Estados Unidos, luego de que fueran asesinadas la tarde del sábado pasado tres personas relacionadas con empleados consulares, dos de ellos ciudadanos estadunidenses.

Tanto el presidente Barack Obama como la secretaria de Estado, Hillary Clinton, repudiaron la violencia en Juárez, el asesinato de los dos ciudadanos estadunidenses y exigieron a la administración calderonista frenar la ola de homicidios en esa frontera, que registra seis mil muertes vinculadas con el crimen organizado entre el 1 de diciembre de 2006 y el domingo pasado.

Ahora la Casa Blanca ejercerá el poder de intromisión que le garantiza haber destinado a México mil 400 millones de dólares acordados en la Iniciativa Mérida entre Calderón y el expresidente, George W. Bush, para el combate al crimen organizado.

Desde el 2004, el último sábado de junio se realizan movilizaciones en las principales ciudades de la República que cada vez convocan a un mayor número de manifestantes que exigen mejor seguridad para sus vidas, parientes y bienes materiales. La sociedad se agrupa en organizaciones que analizan, proponen y aportan posibles soluciones al conflicto. El pueblo pide a gritos al Gobierno el regreso de los militares a sus cuarteles, frenar la creciente ola de asesinatos y la aplicación pronta y expedita de la ley a los delincuentes.

Pero ningún político, gobernante ni los legisladores escuchan esos reclamos. Ahora que Washington exige erradicar la violencia, ¿el gobierno de la República hará caso? "Por órdenes superiores" Calderón entregará a los asesinos de los estadunidenses, pero eso no acabará con la violencia en México.

mejido@elsoldemexico.com.mx