1.- Arturo Beltrán Leyva cayó el 16 de diciembre del año pasado. Por esas mismas fechas el número de víctimas asociadas al narcotráfico ascendió a 15 mil 507. La mayoría de ellos fueron ejecutados por los propios narcotraficantes en su disputa por territorios y mercados. La violencia tiene, pues, dos registros: uno, vinculado a los enfrentamientos entre los capos y, otro, a la ofensiva del Estado contra los cárteles. Pero más allá de esa diferencia, es un hecho que en los últimos tres años la espiral de la violencia se ha disparado. Y de continuar esa tendencia, al final del Gobierno de Felipe Calderón la cifra de muertos podría superar los 30 mil.
2.- La Procuraduría General de la República estima que en México se lavan 10 mil millones de dólares al año. El Fondo Monetario Internacional tiene cifras más laxas y más altas: calcula el blanqueo entre 8 mil y 25 mil millones de dólares. Pero hay organizaciones, como la No Money Laundering en Estados Unidos, que afirman que podría alcanzar un 5% del PIB, es decir, alrededor de los 45 mil millones de dólares. Frente a ese mundo de dinero, cualquiera que sea el referente que se escoja, los decomisos del Gobierno federal resultan risibles. Dos millones 900 mil dólares más 4 de millones de pesos fue el monto incautado por la PGR de septiembre de 2008 a julio de 2009.
3.- El senador Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, presentó a principios de enero de 2008 un informe sobre el tráfico de armas en la frontera. Según sus cálculos, cada día se introducen ilegalmente 2 mil armas a México. Se trata en muchos casos de un “movimiento hormiga” difícil de detectar. Pero independientemente de eso, las matemáticas no mienten: en los tres años de Gobierno de Felipe Calderón habrían entrado 2 millones 190 mil armas. En contrapartida, según Eduardo Medina Mora, entonces Procurador de la República, durante los dos primeros años se habrían incautado tan sólo 27 mil armas (El País, 23/11/08).
4.- A lo largo de este sexenio, los cárteles han demostrado que tienen base social, que controlan territorios y que no tienen problemas para reclutar personal para la producción, distribución y formación de escuadrones de sicarios. Basta recordar las movilizaciones de jóvenes, mujeres y niños contra el Ejército, bautizados como “narcobloqueos”, el 18 de febrero del año pasado en una docena de ciudades que incluyeron el cierre de varios puentes fronterizos. El subsecretario de Estado, David Johnson, aseguraba dos semanas después, ante la Cámara de Representantes, que 150 mil personas se hallan vinculadas directamente al narcotráfico y otras 300 mil al cultivo de marihuana y opio. Y esto sin mencionar la cultura del “narcocorrido” y del cinturón piteado que ha permeado en amplios sectores de la población.
5.- El poder de corrupción del narcotráfico es prácticamente ilimitado. El caso del general de división, Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, detenido en 1997, sigue siendo ejemplar. Le siguió Noé Ramírez Mandujano, detenido el 20 de noviembre de 2008. El entonces Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, recibía pagos de los Beltrán Leyva por 450 mil dólares mensuales. El caso del comisionado interino de la Policía Federal Preventiva fue similar. Victor Garay Cadena fue arraigado y luego detenido en el mes de octubre de ese mismo año por sus vínculos con Jesús e Ismael Zambada, socios de “El Chapo”. Pero lo más grave es que el ascenso de Garay Cadena fue consecuencia de la ejecución del comisionado de la Policía Federal Preventiva, Edgar Millán Gómez, el 8 de mayo de 2008, que fue atribuida a los Beltrán Leyva.
6.- Cada vez son más las voces que acusan al Gobierno de Felipe Calderón de haber errado el camino. No tiene sentido declarar una guerra, dicen, cuando no se fijan objetivos concretos ni se define qué se entiende por victoria. O, peor aún, el Presidente dirige las acciones desde Los Pinos y no se expone, tal como advirtió un gobernador priísta. Las críticas, sin embargo, no tienen fundamento. El Gobierno sí definió metas específicas y viables: recuperar territorios y contener el poder de los cárteles. Los tropiezos se han multiplicado, porque el poder de los narcotraficantes es superior a lo esperado, pero también porque ha faltado una estrategia de Estado.
7.- Dicho de otro modo, la guerra se empantanó porque la clase política no ha delineado ni desarrollado una política de Estado. Las divisiones y los enfrentamientos entre los diferentes niveles de Gobierno, para no hablar de los partidos políticos, son la regla, no la excepción. Los gobernadores se mantienen al margen, en el mejor de los casos, o, en el peor, guardan relaciones de tolerancia y complicidad. Las consecuencias más dramáticas son, por una parte, la imposibilidad de avanzar en la creación de una Policía Nacional y, por la otra, las tensiones cada vez mayores, al punto de la violencia, entre el Ejército y las policías municipales y estatales.
8.- El tiempo, sin embargo, no se detendrá. Felipe Calderón terminará su Gobierno y se irá para su casa. Los cárteles seguirán allí y el Estado se habrá debilitado aún más. El próximo Presidente se verá obligado a rectificar, pero tendrá márgenes de maniobra reducidos. Y todo en el contexto de una clase política pichicata que no asume sus responsabilidades. El futuro no pinta bien.
La vieja sentencia: la política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos, sigue siendo cierta.
2.- La Procuraduría General de la República estima que en México se lavan 10 mil millones de dólares al año. El Fondo Monetario Internacional tiene cifras más laxas y más altas: calcula el blanqueo entre 8 mil y 25 mil millones de dólares. Pero hay organizaciones, como la No Money Laundering en Estados Unidos, que afirman que podría alcanzar un 5% del PIB, es decir, alrededor de los 45 mil millones de dólares. Frente a ese mundo de dinero, cualquiera que sea el referente que se escoja, los decomisos del Gobierno federal resultan risibles. Dos millones 900 mil dólares más 4 de millones de pesos fue el monto incautado por la PGR de septiembre de 2008 a julio de 2009.
3.- El senador Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, presentó a principios de enero de 2008 un informe sobre el tráfico de armas en la frontera. Según sus cálculos, cada día se introducen ilegalmente 2 mil armas a México. Se trata en muchos casos de un “movimiento hormiga” difícil de detectar. Pero independientemente de eso, las matemáticas no mienten: en los tres años de Gobierno de Felipe Calderón habrían entrado 2 millones 190 mil armas. En contrapartida, según Eduardo Medina Mora, entonces Procurador de la República, durante los dos primeros años se habrían incautado tan sólo 27 mil armas (El País, 23/11/08).
4.- A lo largo de este sexenio, los cárteles han demostrado que tienen base social, que controlan territorios y que no tienen problemas para reclutar personal para la producción, distribución y formación de escuadrones de sicarios. Basta recordar las movilizaciones de jóvenes, mujeres y niños contra el Ejército, bautizados como “narcobloqueos”, el 18 de febrero del año pasado en una docena de ciudades que incluyeron el cierre de varios puentes fronterizos. El subsecretario de Estado, David Johnson, aseguraba dos semanas después, ante la Cámara de Representantes, que 150 mil personas se hallan vinculadas directamente al narcotráfico y otras 300 mil al cultivo de marihuana y opio. Y esto sin mencionar la cultura del “narcocorrido” y del cinturón piteado que ha permeado en amplios sectores de la población.
5.- El poder de corrupción del narcotráfico es prácticamente ilimitado. El caso del general de división, Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, detenido en 1997, sigue siendo ejemplar. Le siguió Noé Ramírez Mandujano, detenido el 20 de noviembre de 2008. El entonces Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, recibía pagos de los Beltrán Leyva por 450 mil dólares mensuales. El caso del comisionado interino de la Policía Federal Preventiva fue similar. Victor Garay Cadena fue arraigado y luego detenido en el mes de octubre de ese mismo año por sus vínculos con Jesús e Ismael Zambada, socios de “El Chapo”. Pero lo más grave es que el ascenso de Garay Cadena fue consecuencia de la ejecución del comisionado de la Policía Federal Preventiva, Edgar Millán Gómez, el 8 de mayo de 2008, que fue atribuida a los Beltrán Leyva.
6.- Cada vez son más las voces que acusan al Gobierno de Felipe Calderón de haber errado el camino. No tiene sentido declarar una guerra, dicen, cuando no se fijan objetivos concretos ni se define qué se entiende por victoria. O, peor aún, el Presidente dirige las acciones desde Los Pinos y no se expone, tal como advirtió un gobernador priísta. Las críticas, sin embargo, no tienen fundamento. El Gobierno sí definió metas específicas y viables: recuperar territorios y contener el poder de los cárteles. Los tropiezos se han multiplicado, porque el poder de los narcotraficantes es superior a lo esperado, pero también porque ha faltado una estrategia de Estado.
7.- Dicho de otro modo, la guerra se empantanó porque la clase política no ha delineado ni desarrollado una política de Estado. Las divisiones y los enfrentamientos entre los diferentes niveles de Gobierno, para no hablar de los partidos políticos, son la regla, no la excepción. Los gobernadores se mantienen al margen, en el mejor de los casos, o, en el peor, guardan relaciones de tolerancia y complicidad. Las consecuencias más dramáticas son, por una parte, la imposibilidad de avanzar en la creación de una Policía Nacional y, por la otra, las tensiones cada vez mayores, al punto de la violencia, entre el Ejército y las policías municipales y estatales.
8.- El tiempo, sin embargo, no se detendrá. Felipe Calderón terminará su Gobierno y se irá para su casa. Los cárteles seguirán allí y el Estado se habrá debilitado aún más. El próximo Presidente se verá obligado a rectificar, pero tendrá márgenes de maniobra reducidos. Y todo en el contexto de una clase política pichicata que no asume sus responsabilidades. El futuro no pinta bien.
La vieja sentencia: la política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos, sigue siendo cierta.
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